Por Jordi Ayala, Gerente de Presupuestos y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona
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Jordi Ayala, Público, 20 de octubre de 2021
El artículo 31.1 de la Constitución española establece que: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica». A pesar de ello no siempre ocurre así. Bien a causa del fraude fiscal, bien debido a la interpretación de los impuestos que realizan los jueces, algunos ven reducida su carga fiscal en relación a su capacidad económica.
Es lo que conocemos como brecha fiscal y que sufren, de forma generalizada, las economías públicas. La brecha fiscal indica la diferencia entre todo lo que se hubiera de haber recaudado de acuerdo con las leyes fiscales y aquello que realmente se ha recaudado. Diversos estudios de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, han llegado a valorar esta diferencia en un 36% de los impuestos autonómicos.
Las causas de esta brecha fiscal son diversas. La primera, sin duda, es el fraude. Después tenemos la lucha jurídica, es decir, teniendo en cuenta el marco legal, se trata de las discrepancias en la interpretación de las leyes que hacen las administraciones tributarias sobre lo que deben pagar los contribuyentes y la que hacen los propios contribuyentes, especialmente, grandes empresas e instituciones asesoradas por influyentes bufetes de abogados. Así que una misma ley puede tener diferentes interpretaciones que lleven a recaudar un importe distinto al previsto.
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Posted by asturiaslaica 
