El SAS destina hasta 7,4 millones de euros a la asistencia religiosa católica en los hospitales. No discuto el derecho de un creyente a recibir consuelo. Pero me pregunto por qué la sanidad pública organiza y financia ese consuelo para unos mientras los demás deben apañárselas como puedan
Capilla en un centro hospitalario, en una imagen de archivo _____________________
El presupuesto sanitario de Andalucía ha crecido cerca de un 17 % en cuatro años. Hay más dinero. Ya hablaremos de listas de espera, médicos que faltan, centros de salud donde conseguir cita es una tarea casi imposible, profesionales que van a la bulla desde que entran hasta que salen y familias que miden el tiempo sanitario en meses mientras su salud empeora. Pero dinero hay. Y entre esos miles de millones aparece un convenio del Servicio Andaluz de Salud con la Iglesia Católica: 117 capellanes y más de siete millones de euros durante la vigencia de ese convenio.
No sale del cepillo de una parroquia, ni lo paga el Vaticano, ni de una colecta en la misa de los domingos. Lo paga el SAS y sale del presupuesto sanitario, del dinero de todos. Y esto tiene guasa. No porque un sacerdote entre en un hospital cuando un enfermo lo pide —faltaría más—, sino por un agravio comparativo directo y claro.
El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad
La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.
Patrimonio: Un imperio inmobiliario
La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando.
Muchos de los directivos y consejeros del Ibex 35 comparten lazos al proceder de las mismas consultoras, escuelas de negocios o ciertos puestos de administración pública. Los expertos advierten de los riesgos de estas redes de poder por su carácter endogámico
Imagen Daniel Diosdado __________________
Fuente: Miguel Moreno Mendieta, El País, 5 de agosto de 2026
Una red de hilos invisibles conecta a los directivos y consejeros de las grandes compañías españolas. El haber pasado por ciertas consultoras empresariales de élite, escuelas de negocios o puestos de la Administración abre más puertas que cualquier agencia de cazatalentos. Abogados del Estado en excedencia en los consejos de administración de empresas del Ibex, exdirectivos de la firma McKinsey en los despachos más poderosos del sector financiero y antiguos alumnos de Icade o del IESE ocupando puestos relevantes en multinacionales muestran esa red de influencias -tan sutil como tenaz- que se ha ido tejiendo en las élites empresariales.
Alumnos del Opus y de los jesuitas
Una cantera ingenieril para las élites directivas españolas es el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas. Este centro privado está controlado por la Compañía de Jesús, la institución católica que tiene más peso en la educación en España, junto con el Opus Dei.
Capítulo XXII de su libro “Crímenes contemporáneos de la Iglesia Católica: Patrones de abuso, expolio económico y silencios institucionales”
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José Ramón Martínez Robles, Blog Spais de llibertá, (Fundació Ferrer i Guàrdia), 4 de agosto de 2026
Uno de los mecanismos más sutiles y eficaces de perpetuación del poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) consiste en la práctica sistemática del bautismo infantil. Se administra a recién nacidos —seres humanos sin capacidad de consentimiento ni discernimiento— y se utiliza después para inflar artificialmente el número de “fieles católicos” con los que la institución negocia privilegios económicos, políticos y fiscales ante los Estados. Lo que en teoría es un sacramento de iniciación libre se convierte, en la práctica, en un contrato unilateral e irrevocable que vincula al menor de por vida, salvo que este inicie un complicado y a menudo obstruido proceso de apostasía.
El Código de Derecho Canónico (CIC) lo regula con claridad. El canon 868 /1 exige, para el bautismo lícito de un niño, el consentimiento de al menos uno de los padres y “esperanza fundada” de que será educado en la fe católica. Para los adultos, en cambio, el canon 865 exige que manifiesten personalmente su deseo, estén instruidos y probados en la vida cristiana. La diferencia es abismal: al menor se le impone una marca “indeleble” (c. 849) sin su voluntad; al adulto se le exige conciencia plena. El bautismo infantil actúa, por tanto, como un contrato de adhesión impuesto a quien carece de capacidad jurídica para contraerlo.
ANDALUCÍA: El Gobierno andaluz ha renovado en fechas recientes el acuerdo con la Iglesia católica para la atención religiosa en los hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El gasto previsto, según consta en el propio convenio, que tiene una vigencia para cuatro años, prorrogables, y fue rubricado por el consejero Antonio Sanz (PP) y por los arzobispos de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y de Granada, José María Gil Tamayo, es de 1.849.676 euros anuales destinados al pago de los salarios de 117 capellanes, de los que 34 serán contratados con jornada parcial. (Público)
2022
En el centro sanitario de Melilla constan en plantilla un capellán a tiempo completo y otro a media jornada. El salario es de 14.329,00 euros y 7.251,58 euros anuales respectivamente. Son de Religión Católica. En el Centro Sanitario de Ceuta, consta en plantilla un capellán. El salario es de 10.710 euros anuales. Es de Religión Católica» (CeutaTV)
Un 24,8% de los españoles que hicieron la Declaración de la Renta correspondiente a los ingresos de 2025 destinaron el 0,7% del IRPF a la Iglesia Católica, ya sea marcando solo la casilla de la Iglesia o ambas casillas, la de la Iglesia y la de Fines Sociales, según el avance de resultados de Opinión Pública y Política Fiscal, publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Así, de los datos se desprende que un 11,1% de los entrevistados que hicieron la Declaración de la Renta marcó la casilla de la Iglesia católica y un 13,7% dice haber marcado ambas, la de la Iglesia y la de Fines Sociales.
Un 66,9% ha dejado sin marcar la casilla de la iglesia (7,6% NS/NR)
Además, según el CIS, un 29,2% de los españoles asegura haber marcado solo la casilla de Fines Sociales y otro 37,7% señala que no ha marcado ninguna de las casillas.
Un 31 de julio de 1826, el maestro Gaietà Ripoll era ahorcado en la plaza del Mercado de València por orden de la Junta de la Fe, órgano continuador del Santo Oficio. Tenemos el dudoso honor de ser la ciudad donde la Inquisición ajustició a la última víctima en el mundo. Sin embargo, la mayoría de ‘patriotas’ valencianos no sabe quién fue Ripoll
Fue hace doscientos años, un 31 de julio de 1826, el maestro Gaietà Ripoll era ahorcado en la plaza del Mercado de València por orden de la Junta de la Fe, órgano continuador del Tribunal del Santo Oficio. Tenemos el dudoso honor de ser la ciudad donde la Inquisición ajustició a la última víctima en el mundo. Pero también ostentamos el triste récord, no ya de haber olvidado, sino que tan siquiera la mayoría de patriotas valencianos sabe quién fue Gaietà, cuyo proceso, constituye uno de los episodios más nefastos de represión ideológica y religiosa en nuestra historia contemporánea.
Por supuesto que antes de Gaietà Ripoll hubo muchísimas más víctimas, y algunas siguen presentes en la memoria.
Justo un año después de que el Arzobispado de Madrid interviniese mediante un decreto la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso (HAM), el cardenal José Cobo ha firmado la disolución de esta organización, de tintes sectarios e investigada por una amplia gama de abusos
Justo un año después de que el Arzobispado de Madrid interviniese mediante un decreto la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso (HAM), el cardenal José Cobo ha decretado la supresión de esta organización, de tintes sectarios e investigada por una amplia gama de abusos, entre ellos, sexuales, pero también de prácticas exorcistas a menores, terapias de conversión, culto a los fundadores, entre ellos, María Milagrosa Pérez Caballero, más conocida como Marimí.
Cierre total. Sin más prórrogas. Después de intentar reconducir a la asociación, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha decretado la supresión de las HAM, tras dar verosimilitud a acusaciones de abusos estructurales de poder, conciencia y sexuales.
Su autor, Olmo Gómez Aldaz, bebé robado, tras años de pelea por recuperar su identidad de origen, en febrero de este año recibió la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal: «ha quedado acreditado que […] padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista.» | «en 1971 fue sustraído y adoptado sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores.» | «su circunstancia le hace ser considerado como “víctima” según lo contemplado en el artículo 3.1 de la Ley 20/2022.»
Imagen a partir de la portada del libro ___________________
Asturias Laica, 27 de julio de 2026
El título: DOGA: es el acrónimo de la Declaración de Olmo Gómez Aldaz, el nombre que dio al documento de declaración personal ante las instituciones de Memoria para que el Estado reconociera que encajaba en la Ley de Memoria Democrática que describe como niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores (bebés robados). El mismo reconocimiento le llegaría también de Euskadi, de dónde eran sus padres adoptivos.
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Víctimas
1. A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en particular a:
[…] h) Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.
La Conferencia Episcopal afirma a ‘Público’ que no dispone de los datos agregados de la gestión del patrimonio, del que destacan en su memoria anual su valor «evangelizador» y «cultural». | El turismo religioso se «consolida como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», según un estudio al respecto promovido por empresas del sector | Europa Laica acusa de «opacidad» a la Iglesia y destaca que estos ingresos no tributan por IVA. Algunos de los monumentos fueron inmatriculados, lo que cuestiona la asociación Recuperando.
Turistas fotografían el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, este lunes cuando según informe del Cabildo en el año 2024 se ha registrado el número récord de 2.186.774 visitantes, una cifra superior en un 5% a la registrada en 2019 y un 13% a la contabilizada en 2023 | EFE/Salas ___________
Diferentes entidades católicas gestionan el inmenso patrimonio que acumula la Iglesia en España. Son exactamente 3.161 bienes de interés cultural (BIC) los que son propiedad de las instituciones católicas, según los datos que ofrece la Conferencia Episcopal en su última memoria. Los viajes vinculados a la fe y al conocimiento de los monumentos mueven millones de personas al año. Los 12 templos y catedrales más visitadas -la Iglesia tiene 87 y 638 santuarios en toda España, según sus datos- superan ya los 23 millones de visitantes en los dos últimos años, según el estudio Turismo Religioso en España, un viaje al interior de un segmento en transformación, de ObservaTur, creado por relevantes empresas del sector. «Esta tradición se ha consolidado como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», afirma ese trabajo. ¿Cuánto recauda la Iglesia por la gestión de todo este patrimonio y por el cobro de entradas a los monumentos? ¿A qué destina ese dinero?