¿Educación multiconfesional o laica? Catalunya ofrece clases de religión islámica y reabre un viejo debate

septiembre 24, 2020

Son ya doce las comunidades autónomas que imparten la asignatura en toda España. Mientras las organizaciones laicas lamentan la inclusión en el aula de nuevas materias de carácter dogmático, algunos expertos aplauden una medida que corrige parcialmente la secular discriminación escolar de la comunidad musulmana.

Cataluña empezará a impartir clases de Islam desde primaria en los colegios públicos

Cataluña empezará a impartir clases de religión islámica desde Primaria en los colegios públicos

A. Moreno, Público, 24 de septiembre de 2020

¿La programación de clases de religión islámica nos acerca a la igualdad o nos aleja de la laicidad? Esa es la pregunta que gravita sobre el sempiterno debate reactivado este curso nuevamente tras la implementación por parte de la Generalitat de la asignatura de religión islámica en la escuela pública. El alcance de la medida es muy reducido. Solo cuatro profesores para ocho centros de Tarragona, Girona, Bajo Llobregat y Barcelona. Pero tiene una importancia muy significativa por cuanto Catalunya es la comunidad autónoma con mayor número de musulmanes y su población escolar supera los 90.000 alumnos, casi el doble que Andalucía y Madrid.

El plan piloto se ejecuta en aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la comunidad islámica firmados en 1992, así como del Estatuto de Autonomía. Llega, por lo tanto, 28 años tarde. “Tardísimo”, precisa Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) en Catalunya y secretario estatal. Con todo, El Ghaidouni expresa su “satisfacción” por una decisión política que “anteriores gobiernos autonómicos no tuvieron la valentía de adoptar” y que restituye “un derecho fundamental” de la población musulmana reconocido en la legislación española de forma reiterada.

Ucide ha mantenido numerosas reuniones con la Consejería de Educación para diseñar la puesta en marcha del proyecto, cuyo efecto es muy limitado en este curso. “Nos ha sido imposible dar respuesta a todos los alumnos. No tenemos capacidad”, admite el representante de Ucide Catalunya. La ley establece que los profesores serán designados por la Comisión Islámica de España conforme a criterios de capacitación académica y lingüística, exactamente igual que la Conferencia Episcopal elige a los docentes de religión católica, aunque sus nóminas son sufragadas por el Estado. “Hemos pactado iniciar el curso con cuatro profesores. Este año evaluaremos su funcionamiento para ampliar en el futuro la implantación de más clases de forma progresiva”, precisa El Ghaidouni. Lee el resto de esta entrada »


Un negocio como Dios manda: la Iglesia gana más de 90 millones limpios en tres años

septiembre 7, 2020

Hasta el 80% de las diócesis han llegado a tener ganancias mientras reciben fuertes inyecciones de dinero público que llevan a los laicistas a plantear si el modelo de financiación excede o no el compromiso del Estado para garantizar, hace ya más de 40 años, “su adecuado sostenimiento económico”

Juan José Omella

Juan José Omella, durante la celebración en la Sagrada Familia de una misa por las personas fallecidas a causa de la pandemia. EFE/Quique García

Eduardo Bayona, Público, 7 de septiembre de 2020

“¿Es ‘adecuado sostenimiento’ subvencionar a la Iglesia con más recursos de los que necesita para funcionar?”, plantea Europa Laica en su análisis sobre la última Memoria de Actividades de la Iglesia, referente al ejercicio de 2018, que ha publicado la Conferencia Episcopal.

La pregunta, que también se han hecho instituciones como el Tribunal de Cuentas, cobra mayor relevancia a la vista de los datos de las últimas tres memorias (20162017 y 2018, las únicas en las que el episcopado desglosa las cuentas consolidadas de las 70 diócesis españolas, que arrojan unas ganancias netas de 55,7 millones de euros en esos tres ejercicios a los que hay que añadir otros 39 de la gestión de la asignación tributaria por el episcopado: suman 94,7, a más de 31 por ejercicio.

Según indican esos documentos, las diócesis españolas tuvieron en esos años unos ingresos de entre 924 y 974 millones de euros y unos gastos de 908 a 954, lo que les proporcionó unas ganancias netas de entre 16 y 20,3.

Algo menos de la cuarta parte de esos fondos (24%) procedía de la asignación tributaria del Estado, es decir, la parte que los contribuyentes le destinan poniendo la ‘X’ en la casilla confesional del IRPF, mientras algo más de un tercio (36%) les llega vía donativos y el resto (40%) de su actividad comercial, económica y financiera.

Las principales partidas de gastos son las de Personal, con 348 millones el último año entre religiosos y seglares, y la conservación de edificios y el funcionamiento, con 271,7, a cierta distancia de las actividades pastorales (220,7) y de una abultada partida (88,9) de “extraordinarios”.

Más dinero para Trece TV que para Cáritas

Lee el resto de esta entrada »


29 hospitales públicos de Andalucía tienen capillas católicas que financia la Junta

septiembre 6, 2020

1,4 millones de euros le cuesta al año a la administración autonómica el culto católico en los hospitales

Elecciones y laicismo: ¿rebajas o grandes oportunidades?

Velas en una capilla

Raúl Bocanegra, Público, 6 de septiembre de 2020

29 hospitales públicos en Andalucía, casi el 80%, cuentan con una capilla destinada al culto católico, según los datos que maneja el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En esos hospitales, no hay salas específicas destinadas al culto de otras religiones, si bien, apunta el SAS, “si se solicita se habilita una sala para esa finalidad”. 96 sacerdotes católicos han ejercido (a jornada completa o media jornada) su ministerio en los hospitales públicos en 2018 y 2019.

La Junta de Andalucía –no es la única administración autonómica que lo hace– destina más de un millón de euros cada anualidad al mantenimiento del culto católico en los hospitales públicos. Fueron 1.428.660 euros en 2018, cuando gobernaba el PSOE, y 1.451.749 en 2019, cuando gobernaban PP y Ciudadanos. Estos datos constan en la respuesta por escrito que ha dado la Consejería de Salud a una petición de información pública de Más País Andalucía a la que ha tenido acceso Público.

El asunto de las capillas financiadas por fondos públicos hunde sus raíces en la muy católica historia de España y tiene un soporte legal en los acuerdos firmados por el Estado con el Vaticano, que luego, se desarrollan, en este caso, mediante otro pacto del Gobierno con la Conferencia Episcopal en 1985, con Felipe González de presidente. Después, se traslada a legislación andaluza durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), quien autorizó en 1986 a su consejero de Salud a conveniar con los obispos la asistencia religiosa en los hospitales públicos de la Comunidad. Lee el resto de esta entrada »


Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


La objeción de conciencia coarta el derecho al aborto en Cataluña

agosto 25, 2020

En 2018, 482 mujeres tuvieron que desplazarse de sus comarcas para abortar. Una de las causas es que numerosos hospitales están controlados por la Iglesia. Asociaciones feministas denuncian que la Generalitat debe garantizar que se pueda abortar en todo el territorio.

Hospital San Juan de Dios de Manresa. ACN / Estefanía Escolà

Hospital San Juan de Dios de Manresa. ACN / Estefanía Escolà

Paula Ericcson, Público, 25 de agosto de 2020

Abortar en Cataluña (y en el resto de España) es legal desde 1985. Pero que sea legal no significa que sea fácil. La ley de 2010 establece que, cuando se autoriza el aborto en España, la mujer debe someterse a tres días de reflexión. Las dos modalidades más comunes son el aborto farmacológico -posible hasta las nueve semanas- y el quirúrgico -legal más allá de la semana 22 si un comité clínico confirma que el feto tiene una enfermedad incurable-.

En el territorio catalán, los establecimientos para practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se dividen básicamente en dos tipos de centros: clínicas privadas acreditadas -la mayoría situadas en Barcelona- y hospitales.

A pesar de ello, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos indica que en 2018 al menos 482 mujeres tuvieron que desplazarse para abortar porque en sus comarcas no pueden hacerlo. Según los datos proporcionados por el Departamento de Salud no se notificó ningún IVE en 16 comarcas catalanas (Valle de Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, Montsià, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l’Estany, Cerdanya, Alt Urgell y Berguedà). “No me creo que las mujeres en el Montsià no aborten”, sospecha la coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Sílvia Aldavert Garcia.

Una de las principales razones de esta cifra es la objeción de conciencia. El artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 establece que puede haber ginecólogos objetores de conciencia -que se nieguen a practicar abortos por creencias religiosas pero los centros médicos deben garantizar que haya algún profesional dispuesto a hacerlo. Esto no ocurre en gran parte del territorio catalán. “El sistema de salud en Cataluña es absolutamente perverso, porque muchos de los hospitales catalanes son concertados con la Iglesia católica, como el Hospital de Sant Pau, el de Manresa o el de la Seo de Urgel. Se definen objetores porque los jefes del hospital son los obispos “, denuncia Aldavert. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia inmatriculó en Catalunya decenas de casas y templos propiedad de los agricultores

agosto 17, 2020

El sindicato agrario que destapó las inscripciones eclesiales rechaza la oficina de mediación impulsada por la Generalitat para solucionar el conflicto originado por el registro a nombre de los obispos de más de 3.720 propiedades en toda la comunidad autónoma. La Unión de Payeses reclama la intervención directa de la administración del Estado

Iglesia Sant Pere de Castellfollit del Boix / Wikipedia

Iglesia Sant Pere de Castellfollit del Boix / Wikipedia

A. Moreno, Público, 17 de agosto de 2020

Joan Casajoana, agricultor catalán, descubrió un buen día que una casona familiar, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo a su nombre. Atónito por la usurpación de bienes que habían pertenecido a sus antepasados desde tiempo inmemorial, se presentó en el Obispado para aclarar la confusión. El prelado se cerró en banda y reclamó documentación que acreditara su propiedad. Es decir: invirtió la carga de la prueba.

Casajoana logró documentos fiables. Y, después de meses de litigios, el obispo admitió en un acto de conciliación propiciado por el registrador de la propiedad, que la casa y el terreno usurpados habían sido inmatriculados por error. Con la iglesia románica y el cementerio, en cambio, no transigió. “He presentado hasta 40 documentos. Y el obispo dice que ni el templo ni el cementerio los devuelve porque tienen derecho de custodia de los difuntos. ¡Pero si son mis difuntos!”. La iglesia se aferra a la posesión en el tiempo de ambos edificios como argumento para reclamar su propiedad, aunque ni los construyó, ni los rehabilitó, ni jamás puso un euro para su mantenimiento.

Esta fue la chispa que desencadenó en Catalunya hace más de tres años la primera investigación del controvertido caso de las inmatriculaciones de la Iglesia. Joan Casajoana había formado parte durante 25 años de la ejecutiva de la Unión de Payeses, el sindicato mayoritario de agricultores, y en su nombre inició un exhaustivo estudio en varias comarcas catalanas que, a día de hoy, ya ha aflorado más de 800 inmatriculaciones. Muchas de ellas resultaron ser inscripciones de casas rectorales e iglesias privadas construidas por los payeses desde el siglo X en sus propias fincas. Pero la jerarquía eclesiástica, al tratarse de templos católicos y haber cedido un sacerdote para la liturgia, los ha ido registrando a su nombre sin informar al dueño y al amparo del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria que permitía a los obispos autocertificar propiedades sin aportar pruebas de titularidad por escrito.

“Me di cuenta entonces de que las ermitas o cementerios privados de payeses representaban solo un 2% o un 3% del total de las inmatriculaciones”, argumenta Casajoana. El resto se trataba, en su mayoría, de bienes pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de los pueblos. “Todos esos edificios han sido pagados históricamente por los agricultores. ¿Cómo? Los documentos antiguos prueban que se construían para beneficio de todos. Los agricultores que tenían dinero aportaban dinero. Y quien no tenía dinero aportaba trabajo. Así se edificaron durante siglos las iglesias rurales, las casas pastorales o los cementerios”. En 2018, el trabajo tenaz de Joan Casajoana ya había logrado identificar 430 propiedades inmatriculadas en tres comarcas catalanas: Bages, Berguedà y L’Anoia. Un total de 203 ermitas, iglesias y capillas; 52 casas rectorales; 95 terrenos; y 50 cementerios, además de huertos y otro tipos de propiedades. Hoy la lista ya suma más de 800 inmatriculaciones, que la Unión de Payeses entregará a la Generalitat. Lee el resto de esta entrada »


Coronavirus: Los dineros del capellán y los rastreadores voluntarios

agosto 13, 2020
Ilustración: Verónica Montón Alegre

Ilustración: Verónica Montón Alegre

Enrique Ortega, Foro Ágora Salud, Público, 13 de agosto de 2020

Estamos inmersos en una nueva eclosión del coronavirus, con brotes que se producen por doquier y con un número de positivos equiparables a los del mes de abril. El mayor porcentaje de nuevos casos se está dando en Aragón, Cataluña, Madrid y Navarra. Son, probablemente, frutos de la estupidez humana y de estrafalarias teorías negacionistas que acaban produciendo un daño irreparable en vidas, y también acrecentando el daño económico y social. Ocurre también que, en algunas de las comunidades autónomas, como Madrid y Cataluña, a fecha de hoy no se ha contratado el personal de rastreo necesario para abortar los rebrotes realizando un seguimiento de los contactos de cada persona diagnosticada.

En este contexto, la presidenta de la comunidad de Madrid se ha aprestado a contratar un total 73 capellanes, uno por cada 100 camas hospitalarias, en una operación que costará anualmente un millón de euros, “para garantizar el derecho a la asistencia religiosa”. Se refiere a la religión católica, desde luego, y así se especifica: “reconocer, proteger y posibilitar el ejercicio garantizado constitucional, legal y convencionalmente, del derecho a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y sus familiares o allegados en los centros hospitalarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud”. Y al resto de la ciudadanía de Madrid que profese otras religiones, que la zurzan; no cabe ni el reconocimiento, ni la protección, ni posibilitar el ejercicio garantizado constitucionalmente en estos casos, a no ser que la ingeniosa presidenta nos sorprendiera ofertando igualmente, rabinos, imanes, pastoras o sacerdotes budistas, etc. ¿Y qué pasa con los agnósticos?

No es que estemos abogando porque todas las confesiones y sectas deban disfrutar de las prebendas que se ha otorgado a la católica, más bien parece justo que sean las propias organizaciones las que sufraguen, formen, aconsejen y conforten espiritualmente a quien lo demande, pero con sus propios medios.

Flipo colorines

Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno valenciano, tras la pista de las inmatriculaciones de la Iglesia

agosto 10, 2020

En una misiva enviada a finales de julio, la Conselleria de Transparencia solicita al Gobierno de España un listado de los bienes inmatriculados por las autoridades eclesiásticas en el País Valenciano. El objetivo: la recuperación del patrimonio público expoliado. Movimientos ciudadanos siguen denunciando los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Catedral de Valencia

Catedral de Valencia

Héctor Serra, Público, 10 de agosto de 2020

Un listado de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica en territorio valenciano desde 1996 hasta 2015. La demanda es clara y la firma la Generalitat Valenciana. A través de una carta dirigida a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encuadrada en el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Transparencia del Gobierno valenciano solicita una relación de los bienes inmuebles y patrimonio histórico del que se hayan podido apropiar las instituciones eclesiásticas.

En la misiva, el departamento dirigido por la consellera Rosa Pérez Garijo advierte que “durante el período democrático entre 1996 y 2015 el patrimonio público de la Comunitat Valenciana ha podido verse afectado bajo preceptos presumiblemente inconstitucionales, privando a las valencianas y valencianos de su uso, y en su caso, de la rentabilidad patrimonial que pudiera derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas”.

“Es totalmente inexplicable que esto haya podido pasar y es fruto de la situación privilegiada que ha vivido la institución eclesiástica en este país; aún nos falta mucho para ser una democracia”, declara para este artículo Pérez Garijo. La consellera espera cuanto antes una respuesta por parte del Ministerio con el propósito de poder determinar posibles apropiaciones ilegítimas y retornar estos bienes a su propiedad original.

“Deberíamos ver los casos que afectan a los ayuntamientos para que las administraciones locales pudieran emprender también las acciones que consideraran necesarias. En el caso de las propiedades autonómicas, nos pondremos en contacto con la Abogacía de la Generalitat para abordar una hoja de ruta que marque acciones legales con el objetivo de recuperar esos bienes”, detalla la consellera.

La opacidad como constante

Lee el resto de esta entrada »


¿Por qué el patrimonio histórico de Francia y Portugal es propiedad de sus ciudadanos y en España, de la Iglesia?

agosto 10, 2020

La polémica de las inmatriculaciones, que el Gobierno afrontará en los próximos meses, pone en el centro del debate la propiedad del ingente legado cultural de España. Pero, ¿qué ocurre en otros estados vecinos? Francia, Portugal y México abanderan el grupo de países que lo consideran patrimonio público. Grecia, Austria o Alemania, por contra, admiten con matices la titularidad de las organizaciones religiosas

Interior de una Iglesia / Pixabay

Interior de una Iglesia / Pixabay

A. Moreno, Público, 10 de agosto de 2020

La controvertida privatización del patrimonio histórico español, a través del subterfugio jurídico de las inmatriculaciones, ha permitido que la Iglesia registre a su nombre 3.111 monumentos, gran parte de ellos de enorme valor arquitectónico y cultural. El hecho contrasta con la situación del legado histórico de, al menos, nuestros dos vecinos directos. En Francia y Portugal todos los monumentos histórico artísticos son propiedad del Estado. La Iglesia católica, en ambos casos, conserva el derecho de uso para sus actividades litúrgicas, pero la titularidad es pública.

El argumento jurídico que lo fundamenta es idéntico para los dos países. Todos esos bienes han sido edificados a lo largo de la historia gracias al esfuerzo nacional para un uso común de todos los ciudadanos. Tanto en Francia como en Portugal la católica ha sido la religión oficial del Estado durante siglos, que ha asumido los gastos de mantenimiento del culto y también del clero. Y con la secularización y la separación de facto entre la religión y el Estado, todo ese ingente patrimonio cultural fue desafectado y quedó bajo el dominio de la administración pública. En términos técnicos, no se produce una expropiación. Lo que hay es un reconocimiento expreso de la propiedad nacional de esos bienes.

Este es básicamente el razonamiento histórico y jurídico que justifica la titularidad pública del patrimonio cultural de carácter religioso en Francia y Portugal, pero también en otros países. Sin embargo, su aplicación práctica fue diametralmente distinta. Mientras que en el vecino galo fue producto de una decisión unilateral por parte del Estado, lo que desencadenó una ruptura diplomática con el Vaticano, en Portugal fue como consecuencia de un pacto concordado con la Iglesia.

Francia, Portugal, México y otros países sudamericanos lideran el grupo de estados que reconocen jurídicamente el patrimonio histórico de naturaleza religiosa como parte del tesoro nacional. Otros tantos, en cambio, o no han resuelto legislativamente la cuestión o admiten la titularidad de las organizaciones religiosas. En este reportaje examinamos los ejemplos más significativos.

Francia

Lee el resto de esta entrada »


Bautizos, comuniones y bodas católicas rompen sus peores récords y caen a mínimos históricos

julio 29, 2020

Cada vez se casa menos gente por la Iglesia y disminuye el número de madres y padres que deciden bautizar a sus criaturas o llevarlas a la primera comunión. Así se desprende de los datos publicados desde 2007 por la Conferencia Episcopal en sus memorias anuales, donde también reconoce un descenso en el número de asistentes a las misas.

Cura de Espinardo EFE

Cura de Espinardo / EFE

Danilo Albin, Público, 29 de julio de 2020

La curva de la fe sigue en línea descendente. Cada vez son menos las familias que bautizan a sus criaturas, del mismo modo que caen las comuniones y se registran menos bodas por el ritual católico. No hay celebración litúrgica que crezca: según datos oficiales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), desde 2007 en adelante ha aumentado considerablemente la distancia entre la ciudadanía y los altares. De momento no hay campaña publicitaria que cambie esta tendencia.

Según figura en la memoria de actividades de 2018 de la Iglesia católica –entregada la pasada semana al Gobierno por el secretario general de la CEE, Luis Argüello–, ese año hubo 41.975 bodas por la Iglesia, una cifra que en 2007 –primer año del cual hay datos disponibles en la Conferencia Episcopal– había llegado a las 113.187, lo que supone una caída del 62,9%. En ese mismo periodo, las bodas en España descendieron en términos generales un 18,1%. Esa cifra incluye también los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, que evidentemente quedan fuera del recuento de la Iglesia.

En lo que concierne a bodas religiosas, el desplome ha sido evidente: en 2008 bajaron a 104.010, en 2009 quedaron ya por debajo de las 100.000 (91.281, concretamente) y así hasta llegar a las casi 42.000 de 2018. De acuerdo a estos datos oficiales –extraídos de las respectivas memorias anuales de la Conferencia–, no ha habido año en el que no se registraran disminuciones en el número de matrimonios por el rito católico.

Lee el resto de esta entrada »