15.163 días. Documental

octubre 14, 2021

Fotograma del documental

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Público, 14 de octubre de 2021

‘15.613 días. Memoria, reconocimiento y justicia’ es un documental periodístico sobre la represión desde la Guerra Civil hasta el final de la Transición en la comarca de Medina del Campo, y de hecho el título coincide exactamente con el número de días que transcurrieron entre uno y otro momento histórico. El objetivo de este documental es «revisar a través de entrevistas con familiares de víctimas y voces autorizadas la represión ejecutada durante décadas, tomando como escenario esa comarca pero con resonancias evidentes en cualquier otra del país».

Más de 42 años de represión política tras el golpe de estado de 1936. Día a día, hasta sumar 15.613 jornadas de asesinatos de disidentes, fosas comunes, consejos de guerra ilegales, encarcelaciones y otras actuaciones que constituyeron en definitiva un genocidio contra una parte del pueblo español. Esto es lo que muestra el documental 15.613 días, una producción de la Asociación Ánfora codirigida por Fran Jiménez y Jose Ramón Rebollada.

El documental fue emitido por Público esta tarde a la vez que se proyectaba en la sede de CC.OO en Madrid.

Documental

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Las protestas contra las inmatriculaciones de la Iglesia llegan a la puerta del Congreso

octubre 6, 2021

La coordinadora estatal ‘Recuperando’ se moviliza este miércoles con el objetivo denunciar los “incumplimientos” por parte del Gobierno a la hora de tratar de recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.

Juan José Omella, presidente de la CEE, durante la reunión de la Comisión permanente el 28 de septiembre / Carlos Luján – Europa Press

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Danilo Albin, Público, 6 de octubre de 2021

La campaña para tratar de poner fin a uno de los grandes privilegios eclesiásticos se dejará sentir este miércoles fuera del Congreso. La coordinadora estatal Recuperando, impulsada con el objetivo de lograr la reversión de los bienes inscritos por la Iglesia católica, se movilizará frente a la sede parlamentaria para pedir que el Gobierno de coalición se atreva a avanzar a esa materia. 

La jornada de “denuncia del incumplimiento del Gobierno para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica” que se celebra este miércoles tiene como una de sus convocatorias principales la concentración que se realizará a la 12.00 ante el Congreso. Luego, a las 18.00, habrá una mesa redonda en la sede del sindicato CCOO, donde la coordinadora informará sobre las propuestas legislativas realizadas en el ámbito de las inmatriculaciones.

En febrero pasado, el Gobierno remitió al Congreso un informe en el que señalaba que entre 1998 y 2015, al calor de una ley del Gobierno de José María Aznar que permitió a la Iglesia registrar bienes en propiedad a través de una simple certificación eclesiástica, se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de dicha institución. 

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Aborto y objeción: los médicos pueden, los hospitales no

octubre 6, 2021

Antonio Martín Pallín, Abogado. Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo

Un momento de la concentración ‘Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible’, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.- EFE/Víctor Lerena

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Antonio Martín Pallín, Público, 6 de octubre de 2021

Hace unos días saltó a los medios de comunicación lo sucedido a una ciudadana, que además es médico, cuando solicitó al Servicio de Ginecología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid una interrupción voluntaria del embarazo ante el catastrófico diagnóstico que le esperaba al feto, expuesto, si llegaba a término, a respirar pero no a vivir en condiciones aceptables para la dignidad de la persona humana. La respuesta negativa que recibió procede de un servicio médico de un Hospital integrado en el Servicio Público de Salud. Todos los  profesionales del Servicio se habían acogido, en bloque, a su derecho a la objeción de conciencia que les concede la Ley Reguladora de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley de 2010 no es, como predican algunos, una ley de aborto sino de reconocimiento del derecho inalienable de la mujer a decidir algo tan personal y con tantas vertientes emocionales, psíquicas y morales, como es poner fin a un embarazo, si se cumplen los requisitos y concurren las circunstancias que exige la ley.

La objeción de conciencia es un derecho individual de cada uno de los médicos, pero en ningún caso puede paralizar el funcionamiento de un servicio de un Hospital Público. En este punto la ley reguladora es tajante. La Sanidad pública no puede permitir, y así lo dice textualmente, que la calidad asistencial de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo pueda resultar menoscabada. Los profesionales del servicio que recibieron esta petición conocían perfectamente el diagnóstico sobre la viabilidad del feto debido a la concurrencia de circunstancias adversas.

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El Gobierno debe decidir si renueva al arzobispo castrense, un privilegio medieval amparado por el franquismo

octubre 4, 2021

España aún conserva el privilegio medieval de presentación de prelados en el Ejército. Tras el fallecimiento del anterior, la Nunciatura del Vaticano y el Ministerio de Asuntos Exteriores deben acordar una terna de candidatos para que el rey elija a uno de ellos, conforme a los preconstitucionales Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1976.

Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros tras el parón estival, 24 de agosto de 2021 / Pool Moncloa / Europa Press

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Aristóteles Moreno, Público, 4 de octubre de 2021

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta en las próximas semanas a una espinosa cuestión de enorme calado simbólico, que calibrará su compromiso real con la laicidad del Estado, tal como figura en el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. En breve, deberá decidir si renueva al arzobispo castrense, que proporciona asistencia religiosa al Ejército y a la Casa Real, en sustitución del fallecido Juan del Río en enero pasado como consecuencia del Covid.

La designación del arzobispo castrense no solo choca con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado, también adolece de un flanco singularmente controvertido en su forma de nombramiento. Hasta 1976, España mantenía un privilegio medieval, recuperado por Francisco Franco tras la II República, según el cual ostentaba el derecho de presentación de obispos al Vaticano. Muerto el dictador, el rey Juan Carlos I renunció expresamente a esa prerrogativa propia de Estados confesionales. Lo hizo con una sola excepción: el arzobispo castrense, cuya elección mantiene la fórmula arcaica de intervención del Estado en el nombramiento de un prelado de la Iglesia católica.

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Estado laico o más sufrimiento

octubre 3, 2021

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Plenario Conferencia Episcopal Española / EFE

Ana Pardo de Vera, Público, 3 de octubre de 2021

No sé si nuestros gobernantes y políticos son tan ingenuos como parecen a veces o simplemente, se lo hacen. Tampoco sé qué es peor de las dos cosas, porque si hablamos de ingenuidad, entramos en la incapacidad de ser conscientes de las cuestiones de fondo de los problemas que atañen al país, y si nos referimos a hacer la vista gorda, el cinismo rayano con la crueldad resulta insoportable hasta para quienes estamos curados de espanto.

Hace unos días, gracias al preciso y valiente testimonio de Marta Vigara en la Ser, contando su experiencia sobre un aborto por un embarazo de riesgo, pudimos conocer en toda su dimensión y muy bien ilustrada la distancia que existe entre aprobar leyes que amplíen derechos y libertades y la garantía de que se cumplan. El testimonio de la médico Vigara, víctima de una despiadada violencia institucional y obstetricia, inauguró un camino informativo con el que llevamos ya varios días. Por desgracia, además, la espita que abrió Marta es una fuente inagotable de casos abocados al dolor y al sufrimiento, porque en España no se garantizan los derechos al aborto y a la eutanasia. Entre otros, sin duda, como el de la cobertura de la dependencia, la vivienda digna, la salud mental, etc. etc.

Todos estos derechos básicos se recogen en leyes meridianamente claras, aprobadas por mayoría de la voluntad popular representada en las Cortes e, incluso, en muchos casos, plasmados en la Constitución Española de 1978, manoseada para las cosas de hiperventilados (banderas, unidad territorial, himnos y monarcas) e ignorada para estas otras del vivir que cito.

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El integrismo fundamentalista asalta de nuevo León: un San Jorge gigante ‘atado’ a su caballo se colocará ante el Hospital de León

septiembre 28, 2021

La propuesta confronta abiertamente la aconfesionalidad que debe presidir una institución pública con la cofinanciación o la cesión de terrenos para instalar esa escultura gigante de un San Jorge “cabalgando sobre su caballo lucha contra los virus”.

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Obras en la glorieta para la instalación de la estatua

Obdulia Díaz Álvarez – Enrique Javier Díez, Público, 28 de septiembre de 2021

En pleno siglo XXI y de la mano de un Gobierno socialista se detrae dinero público de todos y todas para un nuevo monumento religioso del santoral católico en la ciudad de León. En una de las capitales de la España el Gobierno municipal alega que así se honrará a los profesionales sanitarios del hospital de León que han luchado contra el covid durante esta pandemia.

El alcalde de León parece querer recuperar la medieval ocurrencia de que la sanidad y la salud deben estar bajo la cobertura divina, retrocediendo a la época de la magia y proponiendo sacar este nuevo santo católico a pasear cuando viene una pandemia.

Como si no tuviéramos bastantes efigies religiosas poblando las calles y lugares emblemáticos de nuestras ciudades y pueblos, recordándonos aún la herencia nacionalcatólica que se impuso con la dictadura. A pesar de las leyes de memoria histórica, lo único que se ha logrado es que fueran sustituidas algunas calles o monumentos dedicados a ensalzar la figura de destacadas figuras de la criminal dictadura. Pero ningún gobierno ha incluido la eliminación de todo el listado de figuras religiosas del santoral nacionalcatólico que, aprovechando la connivencia y colaboración directa de la jerarquía católica con la dictadura, se impusieron en todos los espacios públicos del Estado y que ahí permanecen.

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La Iglesia ha inmatriculado casi 2.500 cementerios en toda España

septiembre 27, 2021

Muchos municipios que no disponían de escrituras han perdido sus camposantos en beneficio de los obispos aunque siguen haciendo frente a los gastos de mantenimiento de lo que históricamente ha constituido un servicio público.

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Cementerio de Pola de Siero (Asturias), inmatriculado por la iglesia católica /Fuente foto

Aristótles Moreno, Público, 27 de septiembre de 2021

Hace apenas semana y media, el pequeño Ayuntamiento asturiano de Yernes y Tameza descubrió que el cementerio municipal aparecía en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Tras una investigación en el archivo local, el Consistorio constató que el camposanto se encontraba inventariado como propiedad municipal y acordó escriturarlo a su nombre. El caso de Yernes y Tameza podría no ser la única necrópolis pública que ha terminado privatizada a nombre de los obispos, al amparo del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que les permitió registrar bienes sin aportar título escrito de propiedad.

El listado de inmatriculaciones episcopales publicado por el Gobierno a principios de año incluye casi 2.500 cementerios de toda España. De ninguno de ellos, la Iglesia tenía prueba documental de dominio, más allá de la tradicional afectación religiosa del camposanto y la autocertificación del obispo. Buena parte de estos bienes hunden sus raíces en épocas pretéritas y fueron levantados, en algunos casos, sobre terrenos comunales o incluso municipales, tal como denuncian las organizaciones patrimonialistas. Es el ejemplo de Yernes y Tameza. En su caso, el Ayuntamiento había inventariado el cementerio municipal, pero puede haber otros muchos que no hayan tenido nunca la precaución de catalogarlos como propios.

“Quien niegue la existencia del privilegio eclesiástico es que desconoce el desarrollo de la legislación hipotecaria”

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El Islam en la escuela: otra concesión más a la intolerancia y al clericalismo

septiembre 8, 2021

Aula de un centro escolar / EFE-Público

Antonio Gómez Movellán, Observatorio del laicismo,
8 de septiembre de 2021

Algunas comunidades autónomas están implantando la clase de religión islámica en la enseñanza Primaria y Secundaria. Esto, en verdad, deriva de unos acuerdos -ley del año 1992 que el PSOE impulsó con el apoyo del PP- que a modo de mini concordatos con cada religión minoritaria (islam, evangélica y judía) se reproducen, con menores prerrogativas, los privilegios que tiene el catolicismo en el Concordato del año 1979.

En estos mini concordatos, al igual que en el Concordato con el Vaticano del año 1979 , se prevé la posibilidad de introducir el adoctrinamiento religioso confesional en las escuelas. Si bien para el catolicismo es de oferta obligatoria en todos los centros y niveles educativos (en la actualidad, las diferentes administraciones pagan más de 700 millones de euros a más de 18.000 catequistas católicos esparcidos por el sistema educativo para dar “clase” de religión), para estas religiones minoritarias, como el islam, lo serán en los centros que de común acuerdo se establezcan.

El clero de las religiones minoritarias en España, al entender que es imposible acabar con los privilegios de la Iglesia católica, se conforma con recibir algunas migajas del Estado y asimilarse a los privilegios de ésta. Tradicionalmente, por ejemplo, el evangelismo español era defensor radical del Estado laico, sin embargo, desde hace ya años se está alejando de la perspectiva histórica del laicismo que venían siempre defendiendo los pastores de sus iglesias y en la actualidad el clero de las iglesias evangélicas de origen nacional negocia con el Estado un tratamiento similar al de la Iglesia católica, exigiendo financiación para su culto: una verdadera traición a los dirigentes históricos del evangelismo español que siempre defendieron, bajo el franquismo, un Estado laico, y que denunciaron el vergonzoso concordato con el Vaticano y algunos pagaron con la cárcel la defensa de la libertad de conciencia.

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Lo que nos jugamos en la pugna por el derecho al aborto

septiembre 6, 2021
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Un grupo de activistas protesta contra la disposición que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, el pasado 1 de septiembre, frente a una corte federal en Houston, Texas (EE.UU.).- EFE

Beatriz Gimeno, Público, 6 de septiembre de 2021

Si la violencia contra las mujeres es la muestra más evidente del patriarcado ejercido en nombre de hombres particulares sobre las mujeres (aunque apoyados por el sistema), la prohibición del aborto es la muestra más evidente del poder patriarcal ejercido por el propio sistema. Ambas cosas nos recuerdan cada día donde estamos las mujeres y ambas cosas nos recuerdan que, aunque en el cómputo global avancemos, los retrocesos son siempre posibles, e incluso habituales, casi siempre después de una época de avances. La violencia ejercida por los hombres contra las mujeres es muy complicada de combatir y no bastan las leyes (aunque son imprescindibles) ni la voluntad política,  sino que requiere de un cambio cultural profundo que implica trasnversalizar el feminismo en todos los aspectos de la vida. Es complicado y, sobre todo, a los políticos les basta con manifestarse en contra de la violencia mientras que no hacen nada para combatirla; les permite mantener una posición relativamente cómoda.

Para garantizar el derecho al aborto, en cambio, sí pueden bastar las leyes y por eso es ahí donde se da una profunda y áspera batalla entre el feminismo y el patriarcado y sus defensores. También por eso es más fácil ganarlo, si bien nunca se ha terminado de ganar del todo. Es posible aprobar una ley de derecho al aborto, como en España y en la mayoría de las democracias y, al mismo tiempo, poner decenas de obstáculos para dificultarlo, también como en España. No obstante, dado el poder simbólico de este derecho,  su mero reconocimiento es fundamental; aquí es más difícil jugar a dos bandas.  Y es aquí donde los antifeministas mantienen una lucha en la que llevan años invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en todo el mundo. Acaban de ganar una importante batalla en Texas que nos tiene que poner alertas. El derecho al aborto no es un derecho más para las mujeres, es la clave de bóveda de los demás derechos y es también un derecho fundamental en una batalla global para extender o mantener un determinado orden social.

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El lento pero imparable avance de los tribunales que condena a la Iglesia a pagar el IBI

septiembre 2, 2021

El reciente aval de los tribunales para que el Ayuntamiento de Barcelona cobre el IBI a la Iglesia por un edificio que alquila supone un hito más dentro de un largo camino que comienza a ver resultados. 

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Iglesia de la Purísima Concepción en Puebla de la Sierra, a 5 de agosto de 2021 en Madrid / Rafael Bastante – Europa Press

Público, 2 de septiembre de 2021

Una decisión importante si nos atenemos a la atávica dificultad de encausar a la Iglesia en materia de impuestos. Un asunto peliagudo que, en palabras de Andrés Valentín, al frente de Recuperando, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, responde a “la testarudez de la Iglesia y la debilidad del Gobierno”.

Pese a que el Ayuntamiento de Barcelona no ha concretado ni la ubicación del edificio ni la congregación afectada, lo cierto es que sí que ha trascendido que la Iglesia recurrió la demanda interpuesta por el Instituto Municipal de Hacienda alegando que era para uso educativo, sin embargo la sentencia señala que la propiedad estaba dada de alta del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como entidad dedicada al alquiler.

Todo responde, según Valentín, al hecho de que los tribunales europeos están “dando vara” a un Iglesia que “compite con ventaja con respecto a otras iniciativas empresariales que hacen los mismos negocios teniendo que pagar impuestos, algo que la Unión Europea no acepta”.

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