El Acuerdo con el Vaticano blinda el poder de los obispos en el aula ante la ‘Ley Celaá’

noviembre 19, 2020

La LOMLOE suprime el punto que da a la jerarquía el control de la materia de Religión, pero el pacto España-Santa Sede garantiza la continuidad del modelo

El cardenal Juan José Omella durante la rueda de prensa ofrecida tras ser elegido este martes nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Juan José Omella, presidente de la CEE / EFE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 19 de noviembre de 2020

En España hay alumnos de Primaria que aprenden en la escuela pública a “reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí misma la felicidad”. Así lo establece la Conferencia Episcopal Española (CEE), que diseña los contenidos de la asignatura de Religión, finalmente aprobados por el Ministerio de Educación sin modificación alguna. El articulado de la conocida como Lomloe, todavía pendiente de aprobación, arranca de la letra de la norma central educativa la mención expresa al control que los obispos ejercen sobre el contenido de la asignatura de Religión en la educación española. ¿Cómo? La nueva norma retira el párrafo de la ley orgánica que bendecía esta práctica. No obstante, se trata de un cambio que no hace sino desvelar el poder e influencia que mantienen los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976-1979, que a pesar del cambio legal blindan el control de los contenidos de la asignatura por parte de la jerarquía católica. Estos acuerdos evitan también la exclusión, pretendida por Unidas Podemos, de la asignatura de Religión del horario lectivo.

La ley cambia. Los Acuerdos permanecen.

El acuerdo de 1979

El acuerdo educativo entre España y el Vaticano de 1979 establece que “los planes educativos” a lo largo de todos los ciclos “incluirán la enseñanza de la Religión Católica […] en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.

Es una afirmación que incluye un adjetivo, “equiparable”, en el que han cabido diversas consideraciones de la asignatura, siendo evaluable y no evaluable con el mismo marco. Lo que sí deja claro el acuerdo es que su oferta es obligatoria. Y esto siempre se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. También su docencia en horario lectivo.

El acuerdo con Roma, en su artículo 6, fija también lo siguiente: “A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación”. Es decir, son los obispos los que deciden qué se enseña y proponen con qué materiales.

La LOE y la Lomce Lee el resto de esta entrada »


Los curitas hacen ‘crossfunding’

noviembre 18, 2020
El presidente de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, momentos antes del inicio de una reunión del órgano en la Casa de la Iglesia, en Madrid. E.P./Eduardo Parra

El presidente de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, momentos antes del inicio de una reunión del órgano en la Casa de la Iglesia, en Madrid. E.P./Eduardo Parra

Aníbal Malvar, Público, 19 de noviembre de 2020

Que la iglesia católica nunca ha tenido vocación de ser muy moderna lo sabemos por Galileo, por la ley del divorcio, del aborto, por su ancestral hipocresía con la homosexualidad, y por muchas otras menudencias que no es necesario que os repita aquí. En lo único que han sido siempre muy modernos es en lo de la pela, no cotizando ni donaciones ni entradas a los templos, inmatriculando propiedades ajenas u obligando al estado aconfesional a pagar a los curitas que dan clase sin oposición ni otra sabiduría que el fulgor divino. Por no hablar del siniestro Banco Ambrosiano, fundado en el siglo XIX para ayudar a los que viven de la caridad y enseguida modernizado con capital de la mafia siciliana y más tarde de grupos golpistas dedicados a aplastar cualquier atisbo de democracia al sur del río Pecos.

Ahora, en la cúspide de la modernez, la iglesia se pasa al crowdfunding, emulando así a los anticristos de Podemos. Lo ha anunciado estos días el cardenal arzobispo que preside la Conferencia Episcopal, el muy pío Juan José Omella, que propone a los fieles una “cuota periódica”, pues “lo cepillos se están quedando vacíos” a causa de la covid.

“La caridad eclesial no puede ni debe detenerse. La creatividad y el uso de nuevas tecnologías pueden impulsar nuevas formas de respaldo. Es el momento de estimular el compromiso de todos a través de cuotas periódicas que permitan abordar proyectos a medio y largo plazo”, ha dicho el prelado. Dios les ayude. Porque les va a hacer falta. Lee el resto de esta entrada »


El Opus Dei a la caza de herencias millonarias para su obra… Juicios en Uruguay y Argentina

noviembre 10, 2020

La revista argentina Anfibia acaba de publicar una extensa investigación de la periodista Paula Bistagnino sobre las actuaciones de esta organización religiosa. Describe dos casos que están hoy en los juzgados de Montevideo y Buenos Aires. Uno de ellos afecta a una herencia de aproximadamente 100 millones de dólares.

Danilo Albin, Público, 10 de noviembre de 2020

La generosidad material de los fieles del Opus Dei ha superado las barreras de esta organización y se ha convertido en asunto de justicia terrenal. Actualmente, dos juzgados de Uruguay y Argentina mantienen sendas causas abiertas por unas millonarias herencias que el Opus recibió en esos países. Según revela una investigación publicada este lunes en la revista Anfibia de Buenos Aires, las denuncias fueron formuladas por los familiares de dos personas, un hombre y una mujer, que realizaron importantes donaciones a esta institución religiosa.

“Esta investigación nació hace más de diez años”, afirma a Público la periodista argentina Paula Bistagnino, autora del extenso trabajo elaborado para la revista Anfibia en alianza con la plataforma periodística Connectas. Durante este proceso, la autora ha contado con la colaboración de Julián Maradeo, otro reportero argentino de investigación.

“Desde pequeña me crie en un enclave del Opus en Argentina”, contó Bistagnino a Público en las horas previas a la aparición de este reportaje de investigación en Anfibia. Su espíritu de periodista le hizo interesarse sobre si todo lo que contaban en torno a esa organización era cierto, así que solicitó una entrevista. “No me la dieron”, relata vía Whatsapp mientras amanece en Buenos Aires. Así empezó todo.


La mitad de los ingresos del grupo educativo ligado al Opus en Euskadi y La Rioja proviene de fondos públicos

noviembre 4, 2020

En su memoria del curso pasado, el director de la red de centros religiosos que segregan por sexos critica la Ley de Educación impulsada por el Gobierno y advierte sobre un “escenario político y legislativo incierto”.

El lehendakari Iñigo Urkullu durante su visita al colegio Munabe, del Opus Dei. COLEGIO MUNABE

El lehendakari Iñigo Urkullu durante su visita al colegio Munabe, del Opus Dei. COLEGIO MUNABE

Danilo Albin, Público, 4 de noviembre de 2020

La segregación por sexos en las aulas vascas y riojanas se mantiene, en parte, gracias al dinero recibido en concepto de subvenciones. Según datos oficiales del Grupo Educativo COAS, que actúa bajo la órbita religiosa del Opus Dei y que cuenta con 11 centros educativos concertados en Euskadi y La Rioja, debe un 50% de sus ingresos a las subvenciones de la administración pública. En el curso pasado estos colegios contaron con más de 3.500 alumnas y alumnos, la gran mayoría en clases separadas.

“El itinerario académico-formativo de nuestros alumnos se concreta en una manera de ser, una forma de comportarse que le hace reconocible en cualquier circunstancia de su vida o en cualquier lugar donde se encuentre”, puede leerse en uno de los apartados de la memoria 2019-2020 de COAS. Según pudo comprobar Público, entre sus materiales de catequesis –disponibles en la web del Departamento de Religión– se ofrecen documentos en los que se llega a calificar las relaciones entre personas del mismo sexo como “aberrantes”, ya que son ejercidas de forma “antinatural”.

“En el curso 2019/20 un total de 3.574 alumnos se matricularon en el primer ciclo de Infantil, segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. El 60% fueron chicas (2.158) y el 40% restante, chicos (1.416)”, señala la memoria de COAS. Los centros de Primaria, ESO y Bachillerato disgregan al alumnado en función de su sexo.

En la parte consagrada a los “datos económicos”, se señala en primer lugar que “los colegios no serían sostenibles sin las aportaciones de las familias“. “En el Grupo COAS lo sabemos muy bien: solo vuestra generosidad a lo largo de los cursos ha permitido que este proyecto que, con mucho esfuerzo e ilusión pusieron en marcha unas cuantas familias hace casi cincuenta años, siga vivo”, subraya. Lee el resto de esta entrada »


La reforma educativa (LOMLOE), en la habitual senda confesional

octubre 28, 2020
Las otras aulas vacías: un recorrido por las clases suspendidas de nuestro último siglo

Aula vacía / iStock

Francisco Delgado, Público, 28 de octubre de 2020

Nada nuevo, salvo en el muy breve período de la II República, desde la firma del Concordato isabelino de 1851, el franquista de 1953 y los Acuerdos concordatarios de 1979… la diversidad de sistemas educativos, desde la ley Moyano de 1857, hasta la LOMCE, han estado cargados de un fuerte componente confesional católico, cuya consecuencia ha sido y está siendo, que se segrega al alumnado por cuestiones ideológicas, además de las sociales.

La Declaración Universal de los Derechos  Humanos de 1948 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989, suscritas por el Estado español, que proclaman, aunque sea de forma tibia, el derecho a la libertad de conciencia de niños y niñas, hasta la Constitución de 1979, que -en esta materia- es de una calculada ambigüedad, han ayudado poco para que se hubiera podido construir un modelo de enseñanza laica, cuando, además, nada más aprobarse la Constitución se firmó un Concordato que trataba de amarrar la confesionalidad del sistema.

Ahora bien, tampoco han ayudado demasiado las mayorías parlamentarias de izquierda o centro izquierda habidas desde 1982 (durante varias legislaturas con mayorías absolutas),  ya que desde la ley del Derecho a la Educación  (LODE) de 1985 y la LOPEG de 1995, pasando por las que estructuraban el sistema educativo, LOGSE y LOE, cada vez más se afianzaba una red privada concertada no universitaria, que es mayoritariamente de ideario católico y una “asignatura” de catequesis, como materia optativa dentro del horario lectivo que imparten miles de “delegados diocesanos” (“profes de reli”) designados por los obispos, cuya misión es “cristianizar” a la comunidad educativa, es decir llevar la “palabra de Dios” a los centros educativos. Catequistas cuyos salarios son abonados por el Estado y que, con la LOE de 2006 (mayoría PSOE), han consolidado su relación laboral por encima del profesorado interino, vulnerando -en mi opinión- la Constitución. Ley que, además, apoyó una vieja demanda de los obispos al considerar a la red católica dogmática concertada, como un servicio público. Lee el resto de esta entrada »


Laicidad: la asignatura suspensa de la educación

octubre 6, 2020

“En un Estado aconfesional, con respeto a la libertad de conciencia y libertad de culto, se debe impulsar y fortalecer una escuela laica”

Enrique Javier Díez, Público, 6 de octubre de 2020

En diciembre de 2019 el Consejero de Educación catalán, Josep Bargalló, anunció que en la escuela se impartirían más religiones: islam, evangelismo y judaísmo. Este curso 2020-2021 se ha comenzado a impartir islam para los 2.000 alumnos y alumnas catalanes que lo han demandado, de los más de 80.000 que profesan la religión musulmana.

Bargalló se escuda para ello en que el PSOE sigue sin derogar los acuerdos tardofranquistas con el Vaticano. Algo a lo que se ha comprometido reiteradamente. Este “acuerdo”, impuesto en las postrimerías de la dictadura, impone impartir religión católica en la escuela. No solo no lo ha derogado, sino que mantiene los acuerdos firmados en 1992 con las comunidades evangélicas, israelíes e islámicas. De ahí que se esté impartiendo religión musulmana en las escuelas también en Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón o Euskadi.

Hasta cuándo seguiremos arrastrando esta “anomalía española” en el panorama de la Unión Europea y del “mundo civilizado”. Hasta cuándo seguiremos consintiendo, en pleno siglo XXI, que se utilice la escuela de todos y de todas para que las jerarquías religiosas difundan sus creencias y sus dogmas, su catequesis, buscando prosélitos y adeptos a su ideología en las aulas.

Es hora de que la nueva Ley Educativa que está en trámite parlamentario, la LOMLOE, establezca de una forma definitiva una educación laica que respete la libertad de conciencia en todos los centros educativos, que eduque sin dogmas y que elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Y esto exige que el gobierno derogue inmediatamente, de forma exprés, ese acuerdo de privilegios con la jerarquía católica, herencia del nacionalcatolicismo de la dictadura. Lee el resto de esta entrada »


¿Educación multiconfesional o laica? Catalunya ofrece clases de religión islámica y reabre un viejo debate

septiembre 24, 2020

Son ya doce las comunidades autónomas que imparten la asignatura en toda España. Mientras las organizaciones laicas lamentan la inclusión en el aula de nuevas materias de carácter dogmático, algunos expertos aplauden una medida que corrige parcialmente la secular discriminación escolar de la comunidad musulmana.

Cataluña empezará a impartir clases de Islam desde primaria en los colegios públicos

Cataluña empezará a impartir clases de religión islámica desde Primaria en los colegios públicos

A. Moreno, Público, 24 de septiembre de 2020

¿La programación de clases de religión islámica nos acerca a la igualdad o nos aleja de la laicidad? Esa es la pregunta que gravita sobre el sempiterno debate reactivado este curso nuevamente tras la implementación por parte de la Generalitat de la asignatura de religión islámica en la escuela pública. El alcance de la medida es muy reducido. Solo cuatro profesores para ocho centros de Tarragona, Girona, Bajo Llobregat y Barcelona. Pero tiene una importancia muy significativa por cuanto Catalunya es la comunidad autónoma con mayor número de musulmanes y su población escolar supera los 90.000 alumnos, casi el doble que Andalucía y Madrid.

El plan piloto se ejecuta en aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la comunidad islámica firmados en 1992, así como del Estatuto de Autonomía. Llega, por lo tanto, 28 años tarde. “Tardísimo”, precisa Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) en Catalunya y secretario estatal. Con todo, El Ghaidouni expresa su “satisfacción” por una decisión política que “anteriores gobiernos autonómicos no tuvieron la valentía de adoptar” y que restituye “un derecho fundamental” de la población musulmana reconocido en la legislación española de forma reiterada.

Ucide ha mantenido numerosas reuniones con la Consejería de Educación para diseñar la puesta en marcha del proyecto, cuyo efecto es muy limitado en este curso. “Nos ha sido imposible dar respuesta a todos los alumnos. No tenemos capacidad”, admite el representante de Ucide Catalunya. La ley establece que los profesores serán designados por la Comisión Islámica de España conforme a criterios de capacitación académica y lingüística, exactamente igual que la Conferencia Episcopal elige a los docentes de religión católica, aunque sus nóminas son sufragadas por el Estado. “Hemos pactado iniciar el curso con cuatro profesores. Este año evaluaremos su funcionamiento para ampliar en el futuro la implantación de más clases de forma progresiva”, precisa El Ghaidouni. Lee el resto de esta entrada »


Un negocio como Dios manda: la Iglesia gana más de 90 millones limpios en tres años

septiembre 7, 2020

Hasta el 80% de las diócesis han llegado a tener ganancias mientras reciben fuertes inyecciones de dinero público que llevan a los laicistas a plantear si el modelo de financiación excede o no el compromiso del Estado para garantizar, hace ya más de 40 años, “su adecuado sostenimiento económico”

Juan José Omella

Juan José Omella, durante la celebración en la Sagrada Familia de una misa por las personas fallecidas a causa de la pandemia. EFE/Quique García

Eduardo Bayona, Público, 7 de septiembre de 2020

“¿Es ‘adecuado sostenimiento’ subvencionar a la Iglesia con más recursos de los que necesita para funcionar?”, plantea Europa Laica en su análisis sobre la última Memoria de Actividades de la Iglesia, referente al ejercicio de 2018, que ha publicado la Conferencia Episcopal.

La pregunta, que también se han hecho instituciones como el Tribunal de Cuentas, cobra mayor relevancia a la vista de los datos de las últimas tres memorias (20162017 y 2018, las únicas en las que el episcopado desglosa las cuentas consolidadas de las 70 diócesis españolas, que arrojan unas ganancias netas de 55,7 millones de euros en esos tres ejercicios a los que hay que añadir otros 39 de la gestión de la asignación tributaria por el episcopado: suman 94,7, a más de 31 por ejercicio.

Según indican esos documentos, las diócesis españolas tuvieron en esos años unos ingresos de entre 924 y 974 millones de euros y unos gastos de 908 a 954, lo que les proporcionó unas ganancias netas de entre 16 y 20,3.

Algo menos de la cuarta parte de esos fondos (24%) procedía de la asignación tributaria del Estado, es decir, la parte que los contribuyentes le destinan poniendo la ‘X’ en la casilla confesional del IRPF, mientras algo más de un tercio (36%) les llega vía donativos y el resto (40%) de su actividad comercial, económica y financiera.

Las principales partidas de gastos son las de Personal, con 348 millones el último año entre religiosos y seglares, y la conservación de edificios y el funcionamiento, con 271,7, a cierta distancia de las actividades pastorales (220,7) y de una abultada partida (88,9) de “extraordinarios”.

Más dinero para Trece TV que para Cáritas

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29 hospitales públicos de Andalucía tienen capillas católicas que financia la Junta

septiembre 6, 2020

1,4 millones de euros le cuesta al año a la administración autonómica el culto católico en los hospitales

Elecciones y laicismo: ¿rebajas o grandes oportunidades?

Velas en una capilla

Raúl Bocanegra, Público, 6 de septiembre de 2020

29 hospitales públicos en Andalucía, casi el 80%, cuentan con una capilla destinada al culto católico, según los datos que maneja el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En esos hospitales, no hay salas específicas destinadas al culto de otras religiones, si bien, apunta el SAS, “si se solicita se habilita una sala para esa finalidad”. 96 sacerdotes católicos han ejercido (a jornada completa o media jornada) su ministerio en los hospitales públicos en 2018 y 2019.

La Junta de Andalucía –no es la única administración autonómica que lo hace– destina más de un millón de euros cada anualidad al mantenimiento del culto católico en los hospitales públicos. Fueron 1.428.660 euros en 2018, cuando gobernaba el PSOE, y 1.451.749 en 2019, cuando gobernaban PP y Ciudadanos. Estos datos constan en la respuesta por escrito que ha dado la Consejería de Salud a una petición de información pública de Más País Andalucía a la que ha tenido acceso Público.

El asunto de las capillas financiadas por fondos públicos hunde sus raíces en la muy católica historia de España y tiene un soporte legal en los acuerdos firmados por el Estado con el Vaticano, que luego, se desarrollan, en este caso, mediante otro pacto del Gobierno con la Conferencia Episcopal en 1985, con Felipe González de presidente. Después, se traslada a legislación andaluza durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), quien autorizó en 1986 a su consejero de Salud a conveniar con los obispos la asistencia religiosa en los hospitales públicos de la Comunidad. Lee el resto de esta entrada »


Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.