Les Corts valencianas aprueban, a propuesta de Compromís, que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto

septiembre 29, 2020

Hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos o residencias, serán los inmuebles afectados. La iniciativa de Compromís insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les Corts aprueban que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto - Levante-EMV

Diputada Nathalie Torres, Compromís

Levante / Compromís, 29 de septiembre de 2020

La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, ha aprobado hoy con los votos a favor de Compromís, PSPV y Unides Podem, y los votos en contra de PP, Cs y VOX, una iniciativa de Compromís con la que se insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Según la diputada Torres, “el objetivo es que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios que dedica a actividades que no son para el culto. Hablamos de edificios destinados a actividades económicas como hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos, residencias, entre otros, con una evidente finalidad lucrativa, que gozan de exenciones fiscales como si se tratara de lugares de culto, y entran en clara competencia desleal con otras unidades de negocio que pagan sus impuestos “. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia se ahorra más de 50 millones de euros al año por no pagar impuestos en las cinco ciudades más grandes de España

septiembre 28, 2020

Está exenta del pago del IBI de los inmuebles destinados al culto por los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979. No lo está, sin embargo –y así lo dicta una sentencia de la Justicia europea–, en aquellas propiedades que no sean de culto y por las que obtenga un beneficio económico

Según Recuperando, la Iglesia pagó 4,6 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones de la Sagrada Familia./ sagradafamilia.org

Según Recuperando, la Iglesia pagó 4,6 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones de la Sagrada Familia / sagradafamilia.org

Óscar F. Civieta, Cuarto Poder, 28 de septiembre de 2020

No sólo no pagan, sino que se afanan (con la frecuente anuencia institucional) en ocultar lo que ahorran. Resulta imposible saber con exactitud cuánto deja de desembolsar la Iglesia Católica en España gracias a las exenciones de impuestos. Pero sí es factible realizar una aproximación y, tras consultar diversas fuentes, se puede afirmar que el ahorro, en las cinco ciudades más grandes de España, supera los 50 millones de euros anuales.

Entre los inmuebles por los que la Iglesia no abona impuestos no sólo están los de culto, sino, principalmente, otras propiedades de diversa índole: pisos, garajes, colegios, locales… “La inmensa mayoría del patrimonio de la Iglesia no está destinado al culto. Hacemos la asociación equivocada de que, sobre todo, son iglesias, y no es así”, subraya Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la Coordinadora Recuperando.

Teniendo en cuenta esta variedad de posesiones, en Madrid, el ahorro anual ronda los 31 millones de euros, según Europa Laica. La cifra en Valencia, proporcionada a cuartopoder por su Ayuntamiento, alcanza los 4,56 millones de euros. De ellos, 915.497 euros corresponden a inmuebles destinados al culto y 3.646.634 a otra tipología de predios. “En los lugares de culto entendemos que pueda haber una excepcionalidad al IBI, pero no donde se hace un negocio. Eso es competencia desleal con el resto de personas y con empresas privadas y las Administraciones Públicas debemos regirnos por los principios de igualdad de la ciudadanía”, exponen en el Ayuntamiento de Valencia.

El ahorro en Sevilla, que, según Recuperando, estaría en torno a los 3 millones de euros, es una conjetura: “En 2018, con el único voto en contra del PP, se aprobó una moción en el Ayuntamiento de Sevilla para que se mostrara el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. En 2020 aún no es público. ¿Cómo vamos a saber lo que dejan de pagar si no sacan un listado que debería ser público desde hace dos años?”, se pregunta el portavoz de la Coordinadora. Lee el resto de esta entrada »


La Justicia y el Tribunal de Cuentas ponen los negocios de la Iglesia bajo la sospecha de beneficiarse de ayudas ilegales

agosto 31, 2020

El órgano fiscalizador apunta a un posible incumplimiento de la legislación europea sobre ayudas de Estado por la financiación de Trece TV vía IRPF

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de agosto de 2020

Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas, el órgano de fiscalización de las administraciones en España, han comenzado a cuestionar que la Iglesia católica haga negocios beneficiándose del dinero público, sea en forma de exención fiscal o de inyección económica.

Puede sonar raro que la Iglesia participe en el juego del mercado. Pero lo hace. Desarrolla actividades lucrativas. Y hace caja. Un ejemplo: la Iglesia, que no es una institución monolítica sino una suma de miles de entidades, pone en alquiler locales por los que no paga impuestos. Además, financia su televisión con dinero salido de las arcas públicas.

Esta última actividad, la que financia a la televisión Trece, acaba de llamar la atención del Tribunal de Cuentas, que la ha puesto bajo sospecha de ser una ayuda de Estado, y por lo tanto ilegal, al dinero salido del bolsillo de los contribuyentes que acaba en las cuentas de esta emisora.

Pero no es el único frente abierto para las actividades comerciales de la Iglesia, que también los tiene en los tribunales españoles y europeos, donde se abren paso los primeros fallos contra sus privilegios económicos. Pese a estos cuestionamientos, las reformas legales en España para que las ayudas a la Iglesia sólo cubran la actividad religiosa y caritativa siguen pendientes.

Del IRPF a Trece

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Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


El Gobierno fija para septiembre el comienzo de un nuevo sistema fiscal para la iglesia católica

agosto 3, 2020

Los obispos, abiertos a pagar el IBI de los inmuebles no destinados al culto y a analizar qué bienes inmatriculó irregularmente

Manifestación contra las inmatriculaciones de la Iglesia / EFE

Jesús Bastante, El Diario, 3 de agosto de 2020

El Gobierno abrirá en septiembre el ‘melón’ de la nueva fiscalidad de la Iglesia. El conflicto puede desatarse una vez sea público el listado definitivo de inmatriculaciones (bienes que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar su propiedad), según han confirmado a elDiario.es fuentes de Vicepresidencia.

Formalmente, la reunión, en la que participaron el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y los responsables económicos de esta institución, Carlos López y Fernando Giménez Barriocanal, tenía como excusa la presentación de la Memoria de Actividades de la CEE. Pero ha servido para que ambas instituciones marcaran distancia la misma semana en que la vicepresidenta Calvo se reunió con las confesiones minoritarias en un intento de visibilizar la “neutralidad” de los poderes públicos respecto al hecho religioso y el fin de la relación de privilegio de la Iglesia católica con el Ejecutivo en España.

Reformas económicas

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Acabemos con los privilegios de la iglesia en España

julio 3, 2020

La Iglesia católica tiene ventajas fiscales, patrimoniales y educativas en el país. En una España moderna, esa institución debe estar sometida a las mismas normas de transparencia, responsabilidad y respeto a la tolerancia que cualquier otra organización.

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David Jiménez, The New York Times, 3 de julio de 2020

 ¿Sigue España siendo un país católico? La pregunta, en uno de los bastiones centenarios de la Iglesia católica, habría resultado absurda hace tan solo unos años. Y, sin embargo, la respuesta hoy es que sí y no. O, dicho de otro modo: si los españoles seguimos siendo católicos, lo disimulamos muy bien. Según un estudio del año pasado del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dos tercios de los ciudadanos declaran serlo, pero solo dos de cada diez van a misa. Las celebraciones religiosas de bautizos, comuniones y bodas se han desplomado. “Si no cambia la cosa, dentro de poco solo celebraremos funerales”, admite un obispo.

Las razones del declive son diversas, pero todas llevan al mismo punto: la Iglesia y el público al que se dirige viven en siglos diferentes y aspiran a modelos de sociedad cada vez más incompatibles. El papa Francisco lo explica mejor en una de las citas que le atribuye la película Los dos papas: “Hemos pasado estos últimos años censurando a cualquiera que no estaba de acuerdo con nosotros sobre el divorcio, el control de la natalidad y la homosexualidad. Mientras nuestro planeta estaba siendo destruido y la desigualdad creció como un cáncer. […] Todo el tiempo, el peligro real estaba dentro”.

Solo una reforma que haga a la Iglesia más inclusiva, incorpore a la mujer, se distancie de la política, acompañe su discurso moral del ejemplo y abrace la tolerancia, especialmente hacia quienes no comparten sus códigos morales, evitará que su irrelevancia vaya a más. Pero nada indica que ese sea el camino escogido por los dirigentes eclesiásticos. Al contrario: persiste el propósito de entrometerse en las políticas de Estados aconfesionales, empujar conceptos retrógrados sobre la sexualidad, negar el papel de la ciencia como motor del progreso y aferrarse a privilegios de otras épocas.

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¿Pueden los obispos poner peros a la renta básica? La Iglesia sí vive acomodada al “subsidio permanente” del Estado

abril 22, 2020

La Conferencia Episcopal afirma que una renta básica “permanente” llevaría a muchos a vivir “de manera subsidiada” y a desincentivar la búsqueda de recursos propios

La institución católica, que paga sueldos de curas y obispos con dinero público, incumple la autofinanciación recogida en el acuerdo España-Vaticano de 1979

“Preferimos una renta mínima que una cola en el comedor de Cáritas”, indica Europa Laica, que acusa a la jerarquía católica de vivir de la pobreza

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta.

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta / CEE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 22 de abril de 2020

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”. Pocas frases describen mejor a la Iglesia, tan dada al disimulo, a nadar y guardar la ropa, a la zona de grises, a la selección cuidadosa de cada palabra, a la diplomacia de seda. Así fue –o quiso ser– la respuesta de monseñor Argüello sobre la renta mínima. Un sí, pero no.

Pero a Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), es decir, portavoz de la jerarquía católica, le salió una respuesta problemática [ver en este vídeo]. Problemática, sobre todo, para su propia institución. Porque al alertar sobre los riesgos de desincentivar la búsqueda de recursos propios que implicaría la medida si se aplicara con carácter “permanente”, hizo lo que parecía de la A a la Z una descripción de la dependencia del Estado que aqueja a la Iglesia. Y condujo a una pregunta: ¿tiene la institución de la cruz autoridad para advertir del riesgo de vivir “de manera subsidiada”?

A tenor del funcionamiento de su economía, no.

Vayamos a las palabras de Argüello. “La necesidad perentoria de una renta básica en este momento no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el poder ejercer un trabajo y desarrollar sus capacidades”, dijo. Se diría que estaba hablando del diseño de la financiación pública de la Iglesia que hicieron el Estado español y el Vaticano en la Transición, supuestamente provisional, pero que ha terminado enquistándose. “Una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un horizonte deseable a largo plazo”, añadió Argüello. Y es una frase que trae a la memoria cómo la Iglesia ha enterrado la prometida autofinanciación. Lee el resto de esta entrada »


Los hospitales de la Iglesia compiten con ventaja en la sanidad privada gracias a sus privilegios fiscales

abril 10, 2020

A través de órdenes y movimientos religiosos, controla más de medio centenar de hospitales en España, con cerca de 12.000 camas, un 7,3% del total

Hospital La Milagrosa de Madrid. E.P.

Hospital La Milagrosa de Madrid / E.P.

Vicente Clavero, Público, 11 de abril de 2020

La Iglesia católica ha ido tejiendo en España a lo largo de los años una espesa red asistencial, de la que forman parte decenas de hospitales, pertenecientes a distintas órdenes o movimientos religiosos.

Aunque compiten a cara de perro con las empresas privadas, la mayoría de esos hospitales tienen la consideración de entidades sin ánimo de lucro, lo que les proporciona jugosas ventajas fiscales.

Sobre su número exacto existen algunas discrepancias, que se explican por las distintas metodologías que utilizan las organizaciones que emiten datos al respecto. Según la última Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal, correspondiente a 2017, ese año había en España 66 hospitales de la Iglesia. Sin embargo, el Catálogo Nacional de Hospitales de 2019, que elabora el Ministerio de Sanidad, los cifra en 59.

Esos 59 hospitales representan un 7,3% de los 806 que recoge el catálogo y prácticamente todos son de tamaño medio (menos de 500 camas), como ocurre en general con los hospitales privados. Más de 500 camas sólo tienen actualmente 75 centros en España, de los que 48 pertenecen al Sistema Nacional de Salud, y superan las mil nada más que 17, todos ellos públicos menos uno. Lee el resto de esta entrada »


Europa Laica llevará el IBI de la Iglesia ante la UE para que fije un criterio claro

marzo 6, 2020

El TJUE ya sentenció en 2017 que la entidad católica está obligada a pagar el impuesto de obras en actividades lucrativas pero la organización laicista quiere evitar que el tributo municipal se atasque en la maraña judicial.

Asamblea plenaria CEE / Foro, Conferencia Episcopal

A. Moreno, Público, 6 de marzo de 2020

Europa Laica prepara una reclamación ante la Comisión Europea para que ponga fin al caos y la confusión sobre el pago del IBI por parte de la Iglesia a los ayuntamientos, que en la práctica representa una casi total exención del pago de decenas de millones de euros en todo el país. La organización católica escamotea gran parte de sus obligaciones fiscales, amparada en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y la Ley del Mecenazgo de 2002, aunque las dos normas estipulan la dispensa de su contribución únicamente en actividades relacionadas con el culto pero no en aquellas que comporten un rendimiento lucrativo.

El TJUE dictaminó que la Iglesia está obligada a pagar tributos en actividades económicas

Así lo sentenció además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2017 en el marco de un litigio que enfrentó al Ayuntamiento de Getafe con las Escuelas Pías por el impago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El TJUE dictaminó que la Iglesia está obligada a pagar tributos en actividades económicas cuando actúa como un operador más en el mercado. De lo contrario, las exenciones serían declaradas ayudas ilegales del Estado y representarían un caso claro de competencia desleal. Aunque el fallo judicial se refería al ICIO, algunos expertos consideran que los fundamentos jurídicos tienen carácter extensivo a todo tipo de impuestos.

Europa Laica ya trabaja con asesoramiento jurídico y prepara iniciativas concretas ante la UE para lograr un dictamen que ordene el desconcierto fiscal que permite a la Iglesia eludir el pago de tributos en España. El equipo de juristas que protagonizó con éxito el proceso judicial de Getafe sostiene que, con la sentencia del ICIO en la mano, los ayuntamientos ganarían sus litigios por el IBI en el caso de que la jerarquía católica siga remisa a abonar el impuesto. Solo tendrían que solicitar a los jueces ordinarios una consulta prejudicial ante el TJUE. Lee el resto de esta entrada »


El Vaticano sí paga IBI: pagó en 2019 9,3 millones de euros en impuestos por sus inmuebles

febrero 29, 2020

Los obispos españoles parecen empeñados en ser una excepción, no sólo en nuestro país, sino en el conjunto de la Iglesia católica.

Jasús Bastante, Religión Digital / El Diario.es, 29 de febrero de 2020

Los obispos españoles parecen empeñados en ser una excepción, no sólo en nuestro país, sino en el conjunto de la Iglesia católica. Así, mientras la Conferencia Episcopal se niega sistemáticamente a pagar el IBI por sus edificios no destinados al culto, sosteniendo que no se trata de privilegio alguno, sino de un derecho, el mismísimo Vaticano ha anunciado que paga, anualmente, un total de 9,3 millones de euros a la Comunidad de Roma en tasas e impuestos inmobiliarios.

“Es un mito que la Iglesia no pague impuestos por sus bienes inmuebles”, sostiene, en un artículo en la revista Vita Pastorale, el presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa), Nunzio Galantino, que cuantifica las cantidades. Así, el organismo vaticano que gestiona las propiedades registradas directamente por la Santa Sede abonó en 2019 “5.750.000 euros de Imu y 354.000 euros de Tasi, pagados en más del 90% a la Ciudad de Roma, donde se encuentran las propiedades. Si añadimos 3.200.000 euros de Ires, llegamos a un total de más de 9.300.000 euros”, explica Galantino. Estos tres impuestos son similares al IBI español.

El ‘modelo italiano’ es el elegido por Carmen Calvo para negociar con la Iglesia española

De hecho, el modelo italiano es uno de los elegidos como ejemplo por la vicepresidenta Carmen Calvo para modificar la fiscalidad de la Iglesia española. Un modelo avalado por el Vaticano, como expuso en su día el secretario de Estado Pietro Parolin. En cambio, los obispos españoles continúan aferrándose a la Ley de Mecenazgo para negarse a pagar sus tasas, y menos aún si no lo hacen sindicatos, ONG, partidos políticos u otras iglesias. Lee el resto de esta entrada »