El secreto mejor guardado de la Iglesia: la larga lista de inmuebles que pagarían IBI

junio 23, 2018

Unas 100.000 propiedades en España. El gobierno central es el único que puede modificar la norma que afecta a la exención de pago de los tributos de la Iglesia.

UCAM. Universidad Católica de Murcia / La Información

Lucía Gómez, La Información 23 de junio de 2018

Debe pagar la Iglesia el IBI por los inmuebles que no se dedican al culto? En boca de todos ha estado muchas veces la discusión sobre si la Iglesia debe pagar el IBI o no, pero más allá de conversaciones de barra de bar, el verdadero problema reside en la inexistencia de una lista que aúne el conjunto de bienes de la Iglesia Católica en España. Muchos lo han intentado, pero ninguno lo ha logrado. La tan ansiada lista ha sido reclamada por muchos políticos que han tratado de registrar, con distintos fines, el conjunto de bienes inmuebles de la Iglesia.

Hay que remontarse hasta 1953 para entender por qué la Iglesia no paga, entre otros, el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles. Fue en ese año cuando Franco firmó un Concordato con la Santa Sede por el cual otorgaba ciertos favores a la Iglesia católica en España, tanto en el plano económico como en cuanto a la enseñanza. Tras el fin de la dictadura, en1979, se actualizó esta alianza y se establecieron las bases para ciertos beneficios, entre ellos, la exención de pago de algunos impuestos como el IBI o el ICIE, que grava las construcciones y obras.

Para blindar por completo los bienes de este colectivo, en el año 2002, el por aquel entonces gobierno de José María Aznar aprobó la Ley de Mecenazgo sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. A través de esta norma, eximía del pago del IBI y otras prebendas tanto a los inmuebles de culto como a los de otra naturaleza, como viviendas, terrenos… propiedad de este colectivo. Lee el resto de esta entrada »


León logra que San Isidoro y las Carbajalas paguen el IBI por sus negocios hoteleros

junio 3, 2018

La Colegiata abona 81.276,5 euros de recibos arrastrados y empieza a pagar 16.255,3 euros al año por su hospedería

El paseo sobre la muralla en San Isidoro. – Jesús F. Salvadores

Fuente: Diario de León, Álvaro Caballero, 03/06/2018

Después de años de topar con la Iglesia, el Ayuntamiento de León empieza a ingresar al menos los recibos que le da derecho a cursar la ley. El consistorio cobra desde este año la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por su hospedería a la Colegiata de San Isidoro, que ha cumplido además con el abono de los cinco ejercicios reclamados desde que cambió la normativa en 2012. En total, el cabildo isidoriano ha desembolsado ya 91.029,68 euros por la parte de su complejo en la que desarrolla los usos hoteleros y hosteleros. La misma máxima se ha logrado imponer a las Carbajalas, que plantearon menos problemas y empezaron a tributar en 2017 de manera regular, después de liquidar las cuatro anualidades precedentes, lo que supone una cuenta por el momento de 22.177,79 euros.

La regularización de San Isidoro llega después de años en los que los responsables del cabildo, asesorados por expertos, intentaron demorar su sujeción a la reforma en 2012 de la Ley 42/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. La modificación del texto apostilla que la exención que ampara a las entidades sin fines lucrativos, como es el caso de la Iglesia, no existe en aquellos supuestos de «bienes afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades». Al pie de la letra de este artículo, junto con la notificación del Catastro del cambio de usos y condiciones del complejo, los servicios económicos del Ayuntamiento de León requirieron a los responsables de la colegiata que cumplieran con sus obligaciones fiscales.

La solución llegó tras diversas reuniones en las que los técnicos de la Concejalía de Hacienda, dirigida por Agustín Rajoy, expusieron a los representantes del cabildo la necesidad de que pidieran la segregación de usos del complejo. El trámite, gestionado por el Catastro, resolvió que dentro de los 9.060 metros cuadrados totales, en los que se cuenta la basílica, el museo, el claustro, el panteón de los reyes y la biblioteca, tan sólo se pague el IBI por los 3.104 metros cuadrados que ocupa la hospedería, que empezó a explotarse en 2004 como casa de la espiritualidad y en 2010 pasó a gestionarse como hotel con 40 habitaciones, que luego se ampliaron a 50. Este espacio supone un valor catastral segregado de 2.122.102,8 euros, dentro de los 4.235.954,16 euros de la colegiata completa, lo que supone una cuota anual de 16.255,3 euros. La suma de los cinco ejercicios arrastrados, más el 60% de este año, ya que el 40% restante se paga en el segundo plazo, alcanza los 91.029,68 euros. Lee el resto de esta entrada »


Las actividades económicas de la Iglesia católica a la luz de la sentencia del TJUE de 27-6-2017, en referencia al ICIO

junio 3, 2018

Sobre la importancia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 27 de junio de 2017, que sirvió de base para que el Ayuntamiento de Getafe ganara a una congregación religiosa el pleito que tenía con una exención del ICIO (Sentencia 1/2018, de 8 de enero, Proc.247/2014. del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Madrid), de cara a las actuales exenciones de que disfruta la Iglesia católica (Ic) en la actualidad, escribe M. Enrique Ruiz del Rosal

Salón de Actos de los Escolapios, cuyas obras de remodelación fueron objeto de litigio con el Ayuntamiento de Getafe por no haber pagado el ICIO.

Enrique Ruiz del Rosal:

1.- Desde que España se integró efectivamente en la actual Unión Europea (UE, en adelante) el 1 de enero de 1986, nuestro país está obligado a acatar sus normas, así como a eliminar las normas anteriores a la incorporación que sean incompatibles con el Derecho europeo. Ningún Acuerdo o Tratado firmado por España puede tener preferencia, ni desvirtuar el total sometimiento a las normas comunitarias, de acuerdo a lo estipulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, en adelante).

Así pues, el Derecho europeo es de aplicación directa y no sólo genera obligaciones para los países miembros, sino que también origina derechos para los particulares, los cuales pueden invocar las normas europeas, tanto ante la jurisdicción nacional como ante la europea.

En la vista previa celebrada el 10 de enero de 2017 en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, en adelante), ante 15 jueces, en la que intervinieron el Abogado del Estado, por el reino de España, la Comisión Europea (la Comisión, en adelante), la Congregación religiosa y el Ayuntamiento de Getafe, el propio Tribunal llegó a indicar que si España consideraba que el Acuerdo sobre Asuntos Económicos con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, impedía denegar a la Iglesia católica (Ic, en adelante) la exención del ICIO, debería plantearse la posibilidad de denunciar el Acuerdo; también se preguntó directamente al representante del Estado si nuestro país estaría dispuesto a denunciar el Acuerdo.

Tanto la congregación religiosa como el Reino de España utilizaron los mismos argumentos: justificaban la exención sobre la base del referido Acuerdo de 1979, negaron que fuera una Ayuda de Estado o que, en su caso, de serlo, se trataba de una ayuda existente, cuya adopción era anterior a la entrada de España en la Unión Europea (UE, en adelante)

2.- Cabe comenzar aclarando que el ICIO es un impuesto indirecto desde el punto de vista económico (somete a gravamen una manifestación indirecta de la capacidad económica) y real (grava una manifestación de la riqueza con independencia de su titular), que supuso para los Ayuntamientos españoles una recaudación global superior a los mil millones de euros en el año 2010,…sufriendo su recaudación, a partir de entonces, un sensible retroceso por la grave crisis del sector de la construcción. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia hace caja libre de impuestos con el alquiler de edificios sin uso religioso

mayo 15, 2018

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018. CEE / InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 16 de mayo de 2018

  • La institución católica, la mayor propietaria privada de patrimonio en España, se acoge a las exenciones para ONG para arrendar pisos y locales sin pagar IBI
  • La organización Europa Laica pide a los ayuntamientos que identifiquen exenciones injustificadas a parroquias, diócesis y congregaciones

“Es increíble que en 2018 siga siendo la sociedad civil la que se tenga que dedicar a expurgar los datos, mientras la mayoría de ayuntamientos no hace nada para comprobar cuándo la exención está justificada y cuándo no”. Son palabras de Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica y obstinado buscador de información acerca de las exenciones del IBI a los inmuebles de la Iglesia. Su valoración viene al hilo de la información, publicada por infoLibre, que desvela que una sentencia firme ha obligado al Obispado de Mallorca a pagar el IBI por tres negocios vinculados al santuario de Lluc, en Escorca, un hito destacado en el cuestionamiento de los privilegios fiscales de la institución católica. ¿Cuántos casos similares hay en los que los consistorios no hacen nada, como sí hizo el alcalde de Escorca, para averiguar si la exención se basa realmente en los supuestos previstos por la ley o se está produciendo una suerte de exención generalizada consagrada por la inercia de décadas de manga ancha?, se pregunta Picó. La Conferencia Episcopal no responde si la sentencia de Escorca es extrapolable a otros bienes. Son, asegura, datos de cada diócesis. La Federación Española de Municipios y Provincias afirma que no ha tocado el tema del IBI. La Agencia Tributaria no tiene datos.

La exención del IBI, asentada en el acuerdo económico entre el Estado español y el Vaticano de 1979 y desarrollada legalmente con posterioridad, está en teoría diseñada para proteger el culto y las funciones pastoral y social de la Iglesia católica, no para dar cobertura a actividades lucrativas. Un puñado de ayuntamientos han hecho intentos, a lo largo de la última década, por cobrar el IBI cuando han considerado que había bienes exentos que no entraban en estos supuestos. Ayuntamientos como los de Valencia, Lugo, Zamora, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Leganés (estos cuatro en Madrid), Badalona (Barcelona), Miranda de Ebro (Burgos), Aspe, Elda (ambas en Alicante), Alboraia (Valencia), Carballiño y Allariz (Ourense) y Alegría-Dulantzi (Álava) están entre los que han anunciado o realizado intentos por girar recibos a la diócesis o la congregación de turno.

Aunque cada caso ha tenido sus particularidades, el privilegio de la Iglesia ha demostrado ser un muro difícil de franquear. Sus victorias judiciales han sido constantes y abrumadoras. Entre ellas han destacado una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 contra Amoeiro, Coles, A Peroxa y Villamarin, cuatro municipios de la provincia de Ourense constituidos en la Mancomunidad Concellos de Santa Águeda, que sentó jurisprudencia, y un fallo del Constitucional de 2013 que tumbó la ley navarra que obligaba a la Iglesia pagar el IBI por los inmuebles no destinados al culto. La sentencia sobre Escorca del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que la Diócesis de Mallorca ha renunciado a recurrir, constituye un caso excepcional. Si la Iglesia no paga el IBI por aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo, ni siquiera por un hotel de cuatro estrellas en Begur, en la Costa Brava, ¿qué hace diferente a la panadería, la hospedería y la tienda de regalos del Santuario de Lluc?

La diferencia es que la explotación en Escorca es directa, mientras que en Almería, Lugo y Begur, así como en incontables pisos y locales en toda España, los bienes están en alquiler. Y el alquiler de la Iglesia no paga ni impuesto de sociedades ni IBI.

Un porqué escondido en la ley Lee el resto de esta entrada »


La iglesia católica, la mayor inmobiliaria de Asturias (información 2015)

abril 25, 2018

Seminario de Oviedo

En Asturias el Grupo de Inmatriculaciones está trabajando para que los  Ayuntamientos asturianos presenten mociones a fin de saber qué bienes tiene la iglesia católica registrados a su nombre. En algunos se han presentado ya (Castrillón, Siero, Corvera, Gijón y Oviedo  por ejemplo), y también la Mesa de Peticiones de la Junta General ha admitido a trámite una petición para que solicite al Registro de la Propiedad un listado general y así poder valorar la magnitud de las inmatriculaciones,  pero mientras se recaban y se conocen los datos actuales, rescatamos la información elaborada en noviembre de 2015 por Mar Díaz para Asturias Diario

La Iglesia, la mayor inmobiliaria de Asturias

El Arzobispado es propietario de unos 16.000 inmuebles en Astu­rias. Desde la Catedral y el Semi­nario Metropolitano de Oviedo, a 3.000 capillas, 950 templos, 800 casas rectorales, cementerios, fin­cas y hasta pequeñas huertas. La venta y alquiler de sus bienes, le reporta unos ingresos de 318.000 euros al año (según los presupues­tos de 2014, y 2015, que alcanzan los 11,5 millones). Solo en el con­cejo de Oviedo, hay 51 parroquias y cientos de inmuebles escritura­dos a nombre del Arzobispado. El Ayuntamiento quiere que la Iglesia empiece a pagar el IBI de los inmue­bles que no están dedicados al culto o a ‘actividades pastorales’. Pero el alcalde, Wenceslao López, reconoce que no disponen de ningún registro, y el Arzobispado no parece dispues­to a colaborar. La Iglesia se aferra a una sentencia del Tribunal Constitu­cional de 2013, donde se la conside­ra exenta del IBI al tratarse de una ‘organización sin ánimo de lucro’, pero el Ayuntamiento ha cambiado el epígrafe del IBI para aclarar que “los bienes inmuebles propiedad de confesiones religiosas que no estén destinados al culto o a labores so­ciales o asistenciales desarrolladas por aquellas, no se considerarán exentos del impuesto”. Aún así, la normativa local siempre estará por debajo de la doctrina del Tribu­nal Constitucional. Avilés, Mieres y Pola de Lena ya intentaron ‘cargar’ el recibo del IBI a la Iglesia, e inclu­so consiguieron un listado de sus propiedades. Pero el cobro del tri­buto chocó con la Iglesia y sus pri­vilegios municipales. El ‘diezmo’ del IBI fue paralizado por el Principado que alegó que vulneraba la ley de Haciendas Locales y la ley de Me­cenazgo de 2002, que también protege a la Iglesia. Además, los Acuer­dos firmados en 1979, por el Estado español y el Vaticano blindan’ a los Arzobispados en cuestiones de tributos.

El Ayuntamiento de Oviedo tampoco tiene una estimación de lo que tendría que pagar, llegado el caso, la Iglesia asturiana en con­cepto de IBI. En 2013, la Conferen­cia Episcopal anunció que el pago del IBI, a nivel nacional, supondría un desembolso anual cercano a los 100 millones. Un año antes, el en­tonces líder del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, disparó la cifra has­ta los 3.000 millones. Con cientos de pisos e inmuebles, la factura en Oviedo supondría, al menos, unos 100.000 euros.

El patrimonio de la Iglesia

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Una sentencia firme golpea la bula fiscal de la Iglesia al obligarla a pagar el IBI por tres negocios

abril 19, 2018

♦ El Obispado de Mallorca renuncia a recurrir un fallo que permite cobrar el impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos
♦ La sentencia parte de una reclamación del Ayuntamiento de Escorca, del PP
♦ 
La diócesis defendía que la actividad comercial era “auxiliar” al culto religioso

 

Santuario de Lluc, en Escorca, al norte de la isla de Mallorca. Consorcio Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial / InfoLibre

 

Ángel Munárriz, InfoLibre, 20 de abril de 2018

Si la Iglesia desarrolla directamente una actividad económica en un local comercial, tiene que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), incluso aunque el establecimiento esté integrado en un complejo religioso. Así lo ha establecido la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en una sentencia firme. El Obispado de Mallorca debe abonar el IBI al Ayuntamiento de Escorca (Mallorca, 217 habitantes) por los inmuebles en los que se ubican una panadería, una tienda de recuerdos y una hospedería en el Santuario de Lluc. El fallo, de junio de 2017, no ha sido recurrido, confirma a infoLibre el Obispado. Es un hito en la batalla municipal contra las exenciones fiscales a la Iglesia católica y sus organizaciones.

El litigio parte del intento del Ayuntamiento de Escorca, gobernado por el PP, de cobrar el IBI de 2014 por las fincas con actividades no vinculadas al culto en el Santuario de Lluc, gestionado por la congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones. El Obispado de Mallorca se opuso por la vía administrativa, para intentar no pagar en ningún caso. El caso terminó en los tribunales centrándose en tres fincas. Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno tapona los intentos del Congreso de quitarle privilegios a la Iglesia

marzo 31, 2018

Los límites del Estado aconfesional.

Asamblea Plenaria de los obispos españoles. Europa Press / InfoLibre

En abril del año pasado, en la Comisión de Justicia y presentada por el PSOE, resultó aprobada una Proposición no de Ley “Relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia”, y dos meses antes en la Comisión de Hacienda había resultado también aprobada otra Proposición No de Ley  relativa a la financiación de la iglesia católica. presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Pues bien, como recoge el reportaje de Infolibre, un año después ambas PNLs se han convertido en “papel mojado”….

Justicia recuerda que la iniciativa aprobada para limitar el caudal de dinero público no es “vinculante”

El listado oficial de inmatriculaciones de la Iglesia, pendiente de un informe del Colegio de Registradores, no irá acompañado de una reclamación de titularidad

Fuente: Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de mrzo de 2018

El Congreso empuja, pero sin fuerza. Y el Gobierno no cede. Los privilegios económicos de la Iglesia católica han sido objeto de cuestionamiento en la presente legislatura, pero el recorrido de los intentos por limitarlos es escaso. Está por ver el alcance de la anunciada fiscalización de los recursos presupuestarios del Estado dedicados a las confesiones religiosas, que rompe con la histórica línea del Tribunal de Cuentas de quedarse al margen de las cuentas de la Iglesia. Lo que ya es posible asegurar es que las iniciativas parlamentarias para arrojar luz sobre los detalles de su particular estatus y poner coto a sus beneficios fiscales y legales se han quedado en nada, al menos de momento.

Según ha comprobado infoLibre, el Gobierno ha frenado las proposiciones aprobadas en la Cámara Baja. La coordinadora estatal Recuperando solicitó en enero del pasado año al Congreso que elaborase un listado de los bienes inscritos, invocando un fallo de la justicia europea a favor de una empresa ganadera en el caso de la inmatriculación de una Iglesia en Palencia. Dicha sentencia, según Recuperando, abre la vía a la posible nulidad de miles de inmatriculaciones. En la estela de esta petición, el Congreso aprobó en abril de 2017, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE que exigía al Gobierno elaborar en un plazo de seis meses un estudio con los bienes inmatriculados desde 1998 y “reclamar la titularidad” si la inscripción se hizo “sin título material”. Hace casi un año de eso. El plazo está más que vencido.

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