La Justicia y el Tribunal de Cuentas ponen los negocios de la Iglesia bajo la sospecha de beneficiarse de ayudas ilegales

agosto 31, 2020

El órgano fiscalizador apunta a un posible incumplimiento de la legislación europea sobre ayudas de Estado por la financiación de Trece TV vía IRPF

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de agosto de 2020

Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas, el órgano de fiscalización de las administraciones en España, han comenzado a cuestionar que la Iglesia católica haga negocios beneficiándose del dinero público, sea en forma de exención fiscal o de inyección económica.

Puede sonar raro que la Iglesia participe en el juego del mercado. Pero lo hace. Desarrolla actividades lucrativas. Y hace caja. Un ejemplo: la Iglesia, que no es una institución monolítica sino una suma de miles de entidades, pone en alquiler locales por los que no paga impuestos. Además, financia su televisión con dinero salido de las arcas públicas.

Esta última actividad, la que financia a la televisión Trece, acaba de llamar la atención del Tribunal de Cuentas, que la ha puesto bajo sospecha de ser una ayuda de Estado, y por lo tanto ilegal, al dinero salido del bolsillo de los contribuyentes que acaba en las cuentas de esta emisora.

Pero no es el único frente abierto para las actividades comerciales de la Iglesia, que también los tiene en los tribunales españoles y europeos, donde se abren paso los primeros fallos contra sus privilegios económicos. Pese a estos cuestionamientos, las reformas legales en España para que las ayudas a la Iglesia sólo cubran la actividad religiosa y caritativa siguen pendientes.

Del IRPF a Trece

Lee el resto de esta entrada »


Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


El Gobierno fija para septiembre el comienzo de un nuevo sistema fiscal para la iglesia católica

agosto 3, 2020

Los obispos, abiertos a pagar el IBI de los inmuebles no destinados al culto y a analizar qué bienes inmatriculó irregularmente

Manifestación contra las inmatriculaciones de la Iglesia / EFE

Jesús Bastante, El Diario, 3 de agosto de 2020

El Gobierno abrirá en septiembre el ‘melón’ de la nueva fiscalidad de la Iglesia. El conflicto puede desatarse una vez sea público el listado definitivo de inmatriculaciones (bienes que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar su propiedad), según han confirmado a elDiario.es fuentes de Vicepresidencia.

Formalmente, la reunión, en la que participaron el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y los responsables económicos de esta institución, Carlos López y Fernando Giménez Barriocanal, tenía como excusa la presentación de la Memoria de Actividades de la CEE. Pero ha servido para que ambas instituciones marcaran distancia la misma semana en que la vicepresidenta Calvo se reunió con las confesiones minoritarias en un intento de visibilizar la “neutralidad” de los poderes públicos respecto al hecho religioso y el fin de la relación de privilegio de la Iglesia católica con el Ejecutivo en España.

Reformas económicas

Lee el resto de esta entrada »


El Tribunal de Cuentas marca al Gobierno el camino a seguir para cambiar la fiscalidad de la Iglesia católica

agosto 1, 2020

Tras el Canje de Notas de 2006 (el que subió el porcentaje del IRPF del 0,52 al 0,7), la Iglesia se comprometió a elaborar una Memoria Justificativa sobre el destino de esos fondos. 14 años después, el Tribunal de Cuentas constata que lo que se hace llegar al Gobierno no es más que una “memoria de acividades”, en la que la Iglesia explica su labor en sociedad, pero no cuenta a qué se destina, euro a euro, el dinero de la Renta. Y, lo que resulta más grave, deja al Estado sin capacidad de controlar el destino de ese dinero.

Interior de una iglesia, en una imagen de archivo.

Interior de una iglesia, en una imagen de archivo / Fuente

Jesús Bastante, Religión Digital, 1 de agosto de 2020

Los obispos se las prometen muy felices. Han entendido que el informe del Tribunal de Cuentas consagra que llevan 40 años actuando conforme a la ley, y que sus memorias de actividades no han tenido ninguna queja por parte del Gobierno. Dicen bien. Pero hay más, mucho más.

Lo que no dicen -y nos consta que lo saben, de primera mano, porque tontos no son- es que el citado informe -que fiscaliza la acción del Gobierno, y no la de la Iglesia católica- es un arma de doble filo, que la vicepresidenta Calvo está dispuesta a utilizar cuando, a partir de septiembre, se aborde el debate sobre la nueva fiscalidad de la Iglesia católica y se abra el ‘melón’ de las inmatriculaciones.

Y es que el Tribunal de Cuentas -es cierto que no con la contundencia del primer borrador, convenientemente filtrado desde Moncloa a los medios para caldear el ambiente- viene a explicar al Gobierno qué tiene que hacer para revertir la actual situación de privilegio fiscal de la Iglesia española. Y lo hace muy claramente, admitiendo que, hoy por hoy, el Estado no tiene conocimiento real de dónde va el dinero procedente del IRPF.

El Canje de Notas de 2006 y la “memoria justificativa”

Tras el Canje de Notas de 2006 (el que subió el porcentaje del IRPF del 0,52 al 0,7), la Iglesia se comprometió a elaborar una Memoria Justificativa sobre el destino de esos fondos. 14 años después, el Tribunal de Cuentas constata que lo que se hace llegar al Gobierno no es más que una “memoria de acividades”, en la que la Iglesia explica su labor en sociedad, pero no cuenta a qué se destina, euro a euro, el dinero de la Renta. Y, lo que resulta más grave, deja al Estado sin capacidad de controlar el destino de ese dinero. Lee el resto de esta entrada »


El Tribunal de Cuentas cree necesario más control de Estado sobre las cuentas de la Iglesia / Informe

julio 29, 2020

El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad el informe de fiscalización del dinero público que en 2017 recibió la Iglesia Católica aunque hay datos que siguen suscitando dudas.

Un momento de la celebración en la Sagrada Familia de una misa por los difuntos durante la pandemia

Un momento de la celebración en la Sagrada Familia de una misa por los fallecidos por el COVID19 oficiada por el cardenal Juan José Omella.

Cadena SER, 29 de julio de 2020

El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad el informe de fiscalización del dinero público que en 2017 recibió la Iglesia Católica y en el que deja clara la falta de transparencia de esa institución, amparada por el desinterés del Estado por controlar el dinero que anualmente le asigna a cargo del 0’7% del IRPF.

El informe al que ha dado su visto bueno el Tribunal de Cuentas ha provocado momentos de tensión entre los vocales durante la celebración del pleno. Y eso que la votación final ha sido unánime y que su contenido no es sustancialmente diferente del proyecto conocido el pasado enero, que provocó una dura reacción de la Conferencia Episcopal al considerarlo un ataque frontal por parte de los socialistas.

En él se señala que las memorias de los años 2016 y 2017 presentadas al Gobierno por la Conferencia Episcopal registran respectivos superávits de 19,3 y 15,9 millones de euros, lo que hace sospechar al Tribunal de Cuentas que pudo recibir más dinero del comprometido por el Estado del que necesita para “la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Lee el resto de esta entrada »


El Tribunal de Cuentas se corrige a sí mismo y niega irregularidades en las finanzas de la Iglesia católica

julio 28, 2020

En su primer borrador acusaba a la CEE de no aclarar el destino del dinero de la ‘X’

El Tribunal de Cuentas cuestiona que la Iglesia pueda financiar a TRECE y seguir recibiendo dinero del IRPF

El Tribunal de Cuentas cuestiona que la Iglesia pueda financiar a TRECE y seguir recibiendo dinero del IRPF

Religión Digital, 28 de julio de 2020

El Tribunal de Cuentas ha rectificado este martes su proyecto de informe sobre la fiscalización de la Iglesia y el destino que se da a los fondos recibidos a través de la “X” en la declaración de la Renta. Según ABC, el documento aprobado por unanimidad subraya que la Iglesia justificó correctamente todo el importe correspondiente a las cantidades recibidas a través de la asignación tributaria correspondiente a 2017.

Este informe contradice notablemente al borrador firmado por Enriqueta Chicano Jávega, filtrado en el mes de febrero a la prensa, en el que se deslizaban acusaciones muy graves contra la Iglesia. El Tribunal de Cuentas subraya que la Iglesia presente cada año “un memoria anual ante el Ministerio de Justicia” sin que “se haya puesto de manifiesto incidencias al respecto por parte del Estado”.

El organismo ve conveniente que pueda darse un superávit en los fondos recibidos por la asignación tributaria ya que puede entenderse como “una manifestación de prudencia financiera y necesaria para hacer frente a años en los que la recaudación sea menor de la esperada”. Tampoco señala en ningún momento que las cantidades destinadas por la Iglesia a la cadena TRECE Televisión resulten indebidas o supongan una infracción contraria a la competencia.

Por último, el Tribunal de Cuentas recuerda además al Estado su obligación de incluir en las sucesivas liquidaciones de la asignación tributaria en favor de la Iglesia “el importe estimado de las declaraciones extemporáneas”; es decir, aquellas declaraciones que se presentan en otros años posteriores o la inspecciones paralelas que realiza la Agencia Tributaria.

 

Vida Nueva: El Tribunal de Cuentas se autocorrige: no hay opacidad en la fiscalización de la Iglesia


Un exigente listado de promesas laicistas pendientes aguarda al Gobierno tras el hito simbólico del homenaje aconfesional

julio 16, 2020

La Vicepresidencia de Carmen Calvo negocia con los obispos sobre fiscalidad, educación, inmatriculaciones y medidas contra los abusos

Funeral de Estado: Unidos en el recuerdo a las víctimas del covid-19

Fuente foto

Ángel Munárriz, InfoLibre, 17 de julio de 2020

Pedro Sánchez ha marcado dos hitos simbólicos. El 2 de agosto de 2018, tras la moción de censura que envió a Mariano Rajoy de vuelta al registro de la propiedad, el líder socialista tomó posesión como presidente sin símbolos religiosos en la ceremonia, gesto imitado por el resto de su Gobierno. Los integrantes del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos lo volvieron a hacer, tras las elecciones de noviembre de 2019. Ahora Presidencia ha organizado el primer homenaje de Estado aconfesional a las víctimas de una tragedia, rompiendo con ello un hilo histórico de asimilación litúrgica Iglesia-Estado en ocasiones solemnes. Dos hitos, pues. Y reconocidos incluso por las organizaciones laicistas, tan minoritarias como poco dadas a la complacencia con las autoridades. Pero estos dos hitos están lejos –muy lejos, en realidad– de colmar la lista de tareas pendientes del Gobierno sobre la relación Iglesia-Estado.

Fue el propio Sánchez quien generó elevadas expectativas. El programa electoral del PSOE de 2016 incluía la “supresión de la referencia a la Iglesia” en la Constitución, que debía incluir el “principio de laicidad”. Ambicioso, sin duda. También recogía la “denuncia” de los acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, la retirada de exenciones fiscales para los bienes sin uso religioso o social y el avance hacia la “autofinanciación”, la “reclamación de la titularidad” de bienes inmatriculados… El documento de su candidatura en las primarias de 2017 sostenía que España debía “consolidar su condición de Estado laico“, mediante la derogación de los acuerdos de 1976-1979. “Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar”, señalaba. Había más en las resoluciones del 39º Congreso del PSOE, que recogían en la exclusión de la “religión confesional” del “currículo”. El congreso socialista también aprobó acabar con las exenciones, singularmente del IBI, cuando los bienes generen ingresos o no sirvan a finalidades sociales o de culto. A ello se añadió la aprobación en el Congreso, en febrero de 2018, de una proposición no de Ley (PNL) que instaba al Ejecutivo, entonces del PP, a “dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del horario escolar”, y a la “derogación” de los acuerdos con el Vaticano. Lee el resto de esta entrada »


De Diócesis a parroquias: Montero pone bajo el radar a las entidades de la Iglesia

julio 3, 2020

Hacienda dispone una nueva casilla informativa en el Impuesto para identificar a las entidades eclesiásticas tras detectar errores en sus declaraciones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero / EFE

Bruno Pérez, La Información, 3 de julio de 2020

El Ministerio de Hacienda ha dado un paso adelante para identificar a todas las entidades dependientes de la Iglesia que perciben rentas y como tales tienen la condición de declarantes del Impuesto de Sociedades. El departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido introducir en el formulario para la Declaración de Sociedades – el conocido como ‘modelo 200’ – de este año una casilla específica a cumplimentar por diócesis, provincias religiosas o entidades eclesiásticas de menor nivel que le permitirá por primera vez disponer de un censo actualizado año tras año de las entidades vinculadas a la Iglesia que declaran por el impuesto.

El cambio regulatorio introducido por Hacienda tiene como objetivo declarado “mejorar la identificación de los contribuyentes y la caracterización de la declaración para poder prestar asistencia de una forma más personalizada en la cumplimentación del modelo”, es decir, que se enmarca en el programa de asistencia iniciado este año bajo el nombre de ‘Sociedades Web’, que permite a las empresas confeccionar de forma sencilla y rápida su declaración a partir de los datos fiscales disponibles en la base de datos de la Agencia Tributaria, al estilo del ‘Borrador de la Declaración de la Renta’ que revolucionó y simplificó el trámite fiscal de los contribuyentes particulares hace ya unos cuantos años.

Hacienda ha apuntado básicamente a tres colectivos en esta estrategia de ‘personalización’ de la asistencia para hacer la declaración de Sociedades: las entidades dadas de alta en la Zona Especial Canaria en régimen de consolidación fiscal;  las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas; y las ya mencionadas entidades vinculadas a la Iglesia. ¿Por qué se ha centrado en estos colectivos, precisamente? “Porque son sectores en los que se han detectado errores habituales a la hora de hacer la declaración de Sociedades, que han dado lugar a numerosos requerimientos. Se quieren evitar esos errores en la cumplimentación de la declaración y también facilitarles a partir del año que viene datos fiscales más completos para cumplir con Hacienda”. Lee el resto de esta entrada »


Acabemos con los privilegios de la iglesia en España

julio 3, 2020

La Iglesia católica tiene ventajas fiscales, patrimoniales y educativas en el país. En una España moderna, esa institución debe estar sometida a las mismas normas de transparencia, responsabilidad y respeto a la tolerancia que cualquier otra organización.

merlin_171498786_b94ae390-aea9-4b5c-a429-b627451c53d7-superJumbo

David Jiménez, The New York Times, 3 de julio de 2020

 ¿Sigue España siendo un país católico? La pregunta, en uno de los bastiones centenarios de la Iglesia católica, habría resultado absurda hace tan solo unos años. Y, sin embargo, la respuesta hoy es que sí y no. O, dicho de otro modo: si los españoles seguimos siendo católicos, lo disimulamos muy bien. Según un estudio del año pasado del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dos tercios de los ciudadanos declaran serlo, pero solo dos de cada diez van a misa. Las celebraciones religiosas de bautizos, comuniones y bodas se han desplomado. “Si no cambia la cosa, dentro de poco solo celebraremos funerales”, admite un obispo.

Las razones del declive son diversas, pero todas llevan al mismo punto: la Iglesia y el público al que se dirige viven en siglos diferentes y aspiran a modelos de sociedad cada vez más incompatibles. El papa Francisco lo explica mejor en una de las citas que le atribuye la película Los dos papas: “Hemos pasado estos últimos años censurando a cualquiera que no estaba de acuerdo con nosotros sobre el divorcio, el control de la natalidad y la homosexualidad. Mientras nuestro planeta estaba siendo destruido y la desigualdad creció como un cáncer. […] Todo el tiempo, el peligro real estaba dentro”.

Solo una reforma que haga a la Iglesia más inclusiva, incorpore a la mujer, se distancie de la política, acompañe su discurso moral del ejemplo y abrace la tolerancia, especialmente hacia quienes no comparten sus códigos morales, evitará que su irrelevancia vaya a más. Pero nada indica que ese sea el camino escogido por los dirigentes eclesiásticos. Al contrario: persiste el propósito de entrometerse en las políticas de Estados aconfesionales, empujar conceptos retrógrados sobre la sexualidad, negar el papel de la ciencia como motor del progreso y aferrarse a privilegios de otras épocas.

Lee el resto de esta entrada »


Compromís: El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos partidario de mantener los privilegios económicos de la Iglesia Católica.

marzo 27, 2020

El Gobierno ha dejado sin respuesta varias preguntas formuladas en el Senado por Carles Mulet, acerca de los Acuerdos con el Vaticano y la financiación de la iglesia católica. Compromís considera que el Gobierno es partidario de mantener los privilegios económicos de la iglesia católica

Entrevista Carmen Calvo- Cardenal Parolín

Coalició Compromís / Senado, 27 de marzo de 2020

Texto de la pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet

La Constitución Española de 1978 configura a España como un Estado aconfesional. Textualmente, el artículo 16 dispone que «ninguna confesión podrá tener carácter estatal».  Y añade que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas” , citando expresamente a la Iglesia católica.

Obviamente esta referencia se realiza dentro del artículo que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los españoles. Por tanto, su contenido se debe enmarcar dentro de la regulación del derecho constitucional a la libertad religiosa. Todo ello, teniendo en cuenta que el precepto citado no habla de cooperación económica, sino de cooperación a secas, por lo que, en definitiva, el texto constitucional ni exige la cooperación económica con las confesiones religiosas, ni la prohíbe.

Dice el punto 5 del Art. 2 del IV ACUERDO sobre los Asuntos Económicos de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado” Lee el resto de esta entrada »