Una encuesta oficial muestra que solo un 47% de los que profesan la religión están de acuerdo con este sistema, clave para la financiación de la institución
Un sacerdote da misa en 2020, durante la pandemia de covid, ante las fotografías que le mandaron sus feligreses, que no podían asistir | Biel Aliño (EFE) ____________________
Pocas cosas hay más difíciles de medir que la religiosidad, la fe, las creencias, la espiritualidad y todo lo que las rodea. Pero ese es el empeño de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Presidencia, con su Barómetro sobre Religión y Creencias en España, elaborado a partir de 4.742 entrevistas online realizadas en marzo y publicado ahora. Como adelantó EL PAÍS el sábado, el estudio muestra una sociedad profundamente secularizada, sobre todo entre los jóvenes. Menos de la mitad de la población se considera católica, mientras avanzan nuevas formas de espiritualidad. Pero el barómetro permite algo más que una primera toma de la —baja— temperatura religiosa en España. A lo largo de sus 152 páginas, que constituyen la primera entrega de una serie que Pluralismo y Convivencia quiere ampliar cada dos años, las respuestas dibujan una actitud hacia lo religioso llena de claroscuros.
«La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades», se lee en los pactos de 1979. Desde entonces, no se ha avanzado.
El crucifijo de la iglesia Santa María del Mar, en Barcelona / Archivo. Europa Press _____________________
Los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede recogen una cláusula que jamás se ha aplicado a través de la que la Iglesia católica se compromete a autofinanciarse. Este es un escenario que se ha convertido en una auténtica quimera. Por el contrario, el dinero que cada año destina el Estado a través de la, así llamada, asignación tributaria, al sostenimiento del clero católico y de los asuntos terrenales de la Conferencia Episcopal -que supone casi un cuarto, un 23%, de sus ingresos totales, según se recoge en sus memorias- es cada vez mayor y no tiene fecha alguna de caducidad.
«La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera […] por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado».
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en una única ocasión el dinero público que se destina a las confesiones religiosas a través de los presupuestos, y, singularmente por su relevancia, la asignación tributaria a la Iglesia católica, por la que cada año recibe cientos de millones de euros: en 2023 fueron más de 382 millones.
El ejercicio de aquella sola fiscalización fue el 2017, el informe se publicó en el año 2020, y en octubre de 2022 el Congreso aprobó asumir el contenido del trabajo, «así como sus conclusiones y recomendaciones» e instó al Gobierno a cumplir con ellas.
El Tribunal de Cuentas, en este momento, no tiene prevista una nueva fiscalización: «El Pleno aprueba una vez al año su programa de fiscalizaciones. En el de 2025 no está prevista ninguna fiscalización sobre este asunto, tampoco sobre seguimiento de recomendaciones sobre este informe específico», dijeron a Público. Sobre actuaciones futuras, las fuentes oficiales del Tribunal afirmaron: «A día de hoy no podemos saber qué incluirá el programa para 2026, ya que se aprueba a finales de año«.
Mientras en parroquias se celebra el lavatorio, la cúpula eclesiástica sigue sin pedir perdón por los abusos, su silencio en el franquismo y su alianza con la ultraderecha
Cada Jueves Santo se repite el gesto. Un obispo se arrodilla y lava los pies de doce personas. Dice que es humildad. Dice que sigue el ejemplo de Jesús. Pero mientras repite el rito, no se escucha ni una palabra sobre los miles de cuerpos que yacen en cunetas, ni un gesto hacia las víctimas de abusos sexuales, ni una condena al odio que alimentan los púlpitos del odio. El agua bendita no limpia el encubrimiento.
2023 fue el año en que la Iglesia española fue señalada por más de 1.800 casos de abusos sexuales reconocidos oficialmente en el informe del Defensor del Pueblo. La cifra es parcial. Es simbólica. Es, como siempre, la punta del iceberg. Porque durante décadas, sacerdotes, obispos, cardenales y Papas construyeron un muro de silencio para proteger a los suyos. Un muro de sotanas, impunidad y chantaje espiritual.
Pero no solo callaron. También pactaron. En 1953 firmaron un Concordato con la dictadura franquista que les garantizaba privilegios, dinero y control sobre las conciencias. Se convirtieron en el ministerio de la moral del régimen. Nunca pidieron perdón por su papel durante la dictadura. No lo han hecho ni tras la exhumación de Franco ni ante las familias de las víctimas. La jerarquía católica —no sus bases, no las comunidades de base, no quienes arriesgaron su vida por la justicia social—, sino esa cúpula endogámica, rica y ultraconservadora, sigue sin romper con el franquismo.
El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad
La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.
Patrimonio: Un imperio inmobiliario
La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando. Este vasto conjunto incluye iglesias, conventos, terrenos agrícolas y viviendas, muchas de las cuales fueron adquiridas o consolidadas a lo largo de la historia mediante donaciones, privilegios reales y, en tiempos más recientes, procesos controvertidos como las inmatriculaciones. Durante el franquismo (1939-1975), la Iglesia recibió un trato de favor excepcional: el régimen le permitió registrar a su nombre miles de bienes sin necesidad de justificar su propiedad, amparándose en la Ley Hipotecaria de 1946. Este mecanismo, que se prolongó hasta 2015, le otorgó la titularidad de inmuebles como la Mezquita de Córdoba, desatando críticas por lo que muchos consideran un «robo legalizado».
«La Iglesia española es una de las mayores potencias económicas del país y ha construido parte de su patrimonio inscribiendo sus bienes sin demostrar que son de su propiedad»
Desde hace décadas, la Iglesia ha inscrito a su nombre miles de bienes en España, muchos de ellos de origen público o comunitario. La falta de transparencia y las dificultades para reclamar estos bienes han generado un conflicto que sigue sin resolverse.
En España, hay un misterio sin resolver que afecta a miles de propiedades: ¿a quién pertenecen realmente muchas de las iglesias, plazas, terrenos e incluso monumentos históricos que han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica? Para responder a esta pregunta, hay que remontarse a una práctica poco conocida pero de gran impacto: lasinmatriculaciones.
Las inmatriculaciones son el proceso mediante el cual una entidad inscribe un bien en el Registro de la Propiedad por primera vez. Desde 1946 y hasta 2015, la Iglesia pudo hacerlo sin necesidad de presentar pruebas de propiedad, gracias a una ley franquista que le otorgaba el privilegio de actuar como notaria de sí misma. Esto significa que bastaba la firma de un obispo para registrar terrenos, templos y hasta plazas públicas sin que nadie pudiese cuestionarlo.
Ha registrado este miércoles en el Congreso una reforma legal para extender a las confesiones con notorio arraigo el régimen fiscal establecido para la Iglesia católica, rescatando la propuesta y el acuerdo al que había llegado el Gobierno en 2023 con esas confesiones
Vista por fuera de la catedral Santa María Magdalena de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Madrid / Gustavo Valiente – Europa Press – Archivo ____________________
El PSOE ha registrado este miércoles en el Congreso una reforma legal para extender a las confesiones con notorio arraigo –mormones, budistas, testigos de Jehová, la Iglesia ortodoxa y la Fe bahá’í– el régimen fiscal establecido para la Iglesia católica y el resto de confesiones que tienen firmados Acuerdos con el Estado –musulmanes, judíos y evangélicos–, para que todas ellas estén exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Se trata de una de las 37 enmiendas que el PSOE ha registrado al proyecto de Ley de Función Pública que actualmente tramita el Congreso y con la que se rescata la propuesta que los socialistas ya defendieron hace dos años y acodaron con las propias confesiones religiosas, pero que se frustró por el adelanto de las elecciones generales.
En concreto, los socialistas proponen añadir una disposición final nueva a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley de Mecenazgo).
«Si la financiación singular de Cataluña es un proyecto, la de la Iglesia católica es una realidad consolidada al menos desde 1979. Frente al futurible catalán muchos se rasgan las vestiduras, pero ningún partido político alza la voz contra el privilegio de los obispos, a quienes financiamos todos y todas, independientemente de nuestras creencias religiosas»
Misa Crismal, en la Catedral de Segovia / KAMARERO-Fuente __________________
Eugenio Piñero, El Diario, 19 de septiembre de 2024
En las últimas semanas, la esfera política española gira bastante exaltada alrededor de la financiación singular de Cataluña. Se critica de modo puntual desde los propios partidos del gobierno de coalición, y se critica de manera general desde la derecha y la ultraderecha. En todos los casos, los motivos en los que sustentan sus críticas son los mismos: se trata de un privilegio de unos españoles sobre otros, es insolidaria, atenta contra los principios básicos del estado de derecho y es inconstitucional.
Quienes defienden o critican el modelo de financiación singular para Cataluña utilizan, de momento, argumentos especulativos. Realmente nadie ha aclarado cómo se llevará a cabo esa propuesta ni las consecuencias que puede tener para la hacienda catalana y española. Políticos y periodistas no pueden más que especular a partir de la escasa información disponible. El remate sobre esta cuestión lo ponen las interpretaciones contradictorias que hacen los propios firmantes del acuerdo. La crítica más contundente que se puede hacer en este momento es la falta de transparencia.
Lo peor del poder de la iglesia católica no se percibe a simple vista, lo llevamos como prejuicio en el subconsciente colectivo. Y sigue jugando a favor de las derechas, las élites y las ideas más retrógadas del arco ideológico.
A las personas que vemos los credos religiosos desde las afueras, ya sea como ateas, agnósticas o simplemente críticas con el hecho cultural en sí, no nos causa extrañeza la impunidad y silencio con el que se lleva tratando desde hace décadas, a veces entre bastidores y otras con sensacionalismo amarillista, los miles de casos de pederastia de clérigos católicos en todo el mundo y muy singularmente en España. La impunidad es histórica y los privilegios son muchos y variados.
Como dejara dicho negro sobre blanco el gran escritor y diplomático Gonzalo Puente Ojea, las dos grandes hipotecas de la Hispania celtíbera son la cruz cristiana, apostólica y romana y la monarquía, sobre todo la borbónica. Cabría añadir como tercera y cuarta hipotecas institucionales el estamento ultra militar y la judicatura elitista, montaraz y conservadora apegada a valores cuasi medievales..
El catolicismo español está asociado como uña y carne al fascismo de Franco. A pesar de las décadas transcurridas, los privilegios de la iglesia católica en la España laica y constitucional son de muy diverso orden.
Sumar insta al Gobierno(1) a actualizar los Acuerdos con la Santa Sede para «suprimir los privilegios» de la Iglesia
“El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición por la que insta al Gobierno a suprimir los «privilegios existentes» para la Iglesia Católica en España.
Sumar recuerda en la exposición de motivos de la proposición, que los cuatro acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede se firmaron el 3 de enero de 1979. Mediante estos, se reformaba el antiguo concordato nacionalcatólico de 1953.
«Estos acuerdos, con más de 44 años de vigencia, mantienen incontables privilegios para el clero católico provenientes de la época franquista en asuntos jurídicos, económicos y en la enseñanza, hecho que ha sido repetidamente denunciado por diferentes colectivo tanto laicos como cristianos», subraya Sumar.
En esta misma línea, precisa que el colectivo Cristianos de Base y la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII han realizado diversas peticiones a los diferentes gobiernos del Estado para eliminar estos privilegios”
Posted by asturiaslaica 
