El poder actual de la Iglesia

enero 11, 2021

Tras Origen de las prerrogativas de la iglesia católica y El Vaticano y el Régimen del 78  Alberto García, en esta tercera entrega, continúa revisando los históricos privilegios de la iglesia católica en nuestro país.

Julio Sánchez

Alberto García, Hojas de Debate, 11 de diciembre de 2021

El sesgo ideológico de la actuación económica de la Iglesia en España viene dado por el ultraliberalismo, indisolublemente asociado a la máxima esencial de su devenir histórico en nuestro país, al menos en los últimos 300 años: cuanto peor le va al Estado, mejor le va a la Iglesia.

Hemos visto en dos artículos inmediatamente anteriores –Origen de las prerrogativas de la iglesia católica y El Vaticano y el Régimen del 78, de modo somero, el dificilísimo proceso de adquisición por parte del Estado, en España, de lo que son sus potestades básicas, que estaban generalmente  en manos de la Iglesia Católica, que  ha impedido  o retrasado su pérdida todo lo que ha podido, por cuanto redundaba en disminución de su poder.

Las enormes implicaciones que esta situación ha provocado en la consolidación del estado-nación español, y en su capacidad de establecer un liderazgo aceptable para la sociedad, son evidentes. Sin sanidad, ni educación, ni ayuda a quienes lo necesitan, ni seguridad, en manos del Estado, poco podía éste ofrecer a la población para hacerse agradable, atractivo, para  establecer los mecanismos de consenso social y aceptación general que con mayores o menos éxitos, se iban produciendo en los países avanzados de Europa, de la mano del ascenso de la burguesía, del debilitamiento del autoritarismo extremo, y de la creación de regímenes parlamentarios.

Los tímidos avances que entre nosotros en estos aspectos se fueron produciendo durante el siglo XIX y primer tercio del XX, y los conseguidos bajo el  empuje decidido de la Segunda República, fueron eliminados drásticamente bajo el franquismo, que devolvió todos sus privilegios a la Iglesia, su principal soporte en la sublevación que dio origen a la guerra civil. Lee el resto de esta entrada »


IU pide a la Comisión Europea que aclare si la exención del IBI a la Iglesia y sus donaciones a TRECE TV suponen ayudas de Estado ilegales

octubre 8, 2020

El Tribunal de Cuentas español abre la puerta en su último informe a que se investiguen las aportaciones a la cadena ultraconservadora. Además, dos sentencias del TJUE de 2017 y 2018 confirman que la exención sobre los bienes inmuebles que se dedican a actividades mercantiles puede constituir una ayuda prohibida por la legislación europea.

Sira Rego y Manu Pineda, eurodiputados de IU

Izquierda Unida, 8 de octubre de 2020

Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda han solicitado este jueves a la Comisión Europea que aclare si la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del que goza la Iglesia Católica en España y la donación por un valor de 20 millones de euros a la cadena ultraconservadora Trece TV suponen ayudas prohibidas por la legislación europea.

IU traslada estas cuestiones en dos preguntas parlamentarias. La primera de ellas -sobre las donaciones a Trece TV- hace referencia al informe del Tribunal de Cuentas de España (TC) que el pasado mes de julio advirtió que los 20 millones de euros que la Iglesia dio a la cadena de televisión, gracias al dinero que recibe de la declaración de la renta, pueden ser consideradas ayudas de Estado prohibidas por la Unión Europea.

El TC explica que “debe destacarse que, en las memorias de 2016 y 2017 se señala que se han realizado aportaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia por importe de 20 millones de euros procedentes de la asignación tributaria, que podría ser objeto de análisis por órganos competentes en ello”. Y a continuación, abre la posibilidad de que haya una investigación para comprobar que “respeta lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la sentencia C-74/16 y en la Comunicación 2016/C262/01”.

En febrero** de este año Rego y Pineda junto con los eurodiputados y eurodiputadas de Unidas Podemos pidieron a la Comisión que explicara su posición sobre estas ayudas y la vicepresidenta Margrethe Vestager contestó que hasta que el TC no hiciera público su informe definitivo no se podría estudiar el caso. Los eurodiputados de IU creen que el documento final hecho público en julio prueba la irregularidad de las donaciones. Lee el resto de esta entrada »


Les Corts valencianas aprueban, a propuesta de Compromís, que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto

septiembre 29, 2020

Hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos o residencias, serán los inmuebles afectados. La iniciativa de Compromís insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les Corts aprueban que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto - Levante-EMV

Diputada Nathalie Torres, Compromís

Levante / Compromís, 29 de septiembre de 2020

La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, ha aprobado hoy con los votos a favor de Compromís, PSPV y Unides Podem, y los votos en contra de PP, Cs y VOX, una iniciativa de Compromís con la que se insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Según la diputada Torres, “el objetivo es que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios que dedica a actividades que no son para el culto. Hablamos de edificios destinados a actividades económicas como hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos, residencias, entre otros, con una evidente finalidad lucrativa, que gozan de exenciones fiscales como si se tratara de lugares de culto, y entran en clara competencia desleal con otras unidades de negocio que pagan sus impuestos “. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia se ahorra más de 50 millones de euros al año por no pagar impuestos en las cinco ciudades más grandes de España

septiembre 28, 2020

Está exenta del pago del IBI de los inmuebles destinados al culto por los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979. No lo está, sin embargo –y así lo dicta una sentencia de la Justicia europea–, en aquellas propiedades que no sean de culto y por las que obtenga un beneficio económico

Según Recuperando, la Iglesia pagó 4,6 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones de la Sagrada Familia./ sagradafamilia.org

Según Recuperando, la Iglesia pagó 4,6 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones de la Sagrada Familia / sagradafamilia.org

Óscar F. Civieta, Cuarto Poder, 28 de septiembre de 2020

No sólo no pagan, sino que se afanan (con la frecuente anuencia institucional) en ocultar lo que ahorran. Resulta imposible saber con exactitud cuánto deja de desembolsar la Iglesia Católica en España gracias a las exenciones de impuestos. Pero sí es factible realizar una aproximación y, tras consultar diversas fuentes, se puede afirmar que el ahorro, en las cinco ciudades más grandes de España, supera los 50 millones de euros anuales.

Entre los inmuebles por los que la Iglesia no abona impuestos no sólo están los de culto, sino, principalmente, otras propiedades de diversa índole: pisos, garajes, colegios, locales… “La inmensa mayoría del patrimonio de la Iglesia no está destinado al culto. Hacemos la asociación equivocada de que, sobre todo, son iglesias, y no es así”, subraya Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la Coordinadora Recuperando.

Teniendo en cuenta esta variedad de posesiones, en Madrid, el ahorro anual ronda los 31 millones de euros, según Europa Laica. La cifra en Valencia, proporcionada a cuartopoder por su Ayuntamiento, alcanza los 4,56 millones de euros. De ellos, 915.497 euros corresponden a inmuebles destinados al culto y 3.646.634 a otra tipología de predios. “En los lugares de culto entendemos que pueda haber una excepcionalidad al IBI, pero no donde se hace un negocio. Eso es competencia desleal con el resto de personas y con empresas privadas y las Administraciones Públicas debemos regirnos por los principios de igualdad de la ciudadanía”, exponen en el Ayuntamiento de Valencia.

El ahorro en Sevilla, que, según Recuperando, estaría en torno a los 3 millones de euros, es una conjetura: “En 2018, con el único voto en contra del PP, se aprobó una moción en el Ayuntamiento de Sevilla para que se mostrara el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. En 2020 aún no es público. ¿Cómo vamos a saber lo que dejan de pagar si no sacan un listado que debería ser público desde hace dos años?”, se pregunta el portavoz de la Coordinadora. Lee el resto de esta entrada »


La Justicia y el Tribunal de Cuentas ponen los negocios de la Iglesia bajo la sospecha de beneficiarse de ayudas ilegales

agosto 31, 2020

El órgano fiscalizador apunta a un posible incumplimiento de la legislación europea sobre ayudas de Estado por la financiación de Trece TV vía IRPF

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de agosto de 2020

Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas, el órgano de fiscalización de las administraciones en España, han comenzado a cuestionar que la Iglesia católica haga negocios beneficiándose del dinero público, sea en forma de exención fiscal o de inyección económica.

Puede sonar raro que la Iglesia participe en el juego del mercado. Pero lo hace. Desarrolla actividades lucrativas. Y hace caja. Un ejemplo: la Iglesia, que no es una institución monolítica sino una suma de miles de entidades, pone en alquiler locales por los que no paga impuestos. Además, financia su televisión con dinero salido de las arcas públicas.

Esta última actividad, la que financia a la televisión Trece, acaba de llamar la atención del Tribunal de Cuentas, que la ha puesto bajo sospecha de ser una ayuda de Estado, y por lo tanto ilegal, al dinero salido del bolsillo de los contribuyentes que acaba en las cuentas de esta emisora.

Pero no es el único frente abierto para las actividades comerciales de la Iglesia, que también los tiene en los tribunales españoles y europeos, donde se abren paso los primeros fallos contra sus privilegios económicos. Pese a estos cuestionamientos, las reformas legales en España para que las ayudas a la Iglesia sólo cubran la actividad religiosa y caritativa siguen pendientes.

Del IRPF a Trece

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Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


El Gobierno fija para septiembre el comienzo de un nuevo sistema fiscal para la iglesia católica

agosto 3, 2020

Los obispos, abiertos a pagar el IBI de los inmuebles no destinados al culto y a analizar qué bienes inmatriculó irregularmente

Manifestación contra las inmatriculaciones de la Iglesia / EFE

Jesús Bastante, El Diario, 3 de agosto de 2020

El Gobierno abrirá en septiembre el ‘melón’ de la nueva fiscalidad de la Iglesia. El conflicto puede desatarse una vez sea público el listado definitivo de inmatriculaciones (bienes que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar su propiedad), según han confirmado a elDiario.es fuentes de Vicepresidencia.

Formalmente, la reunión, en la que participaron el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y los responsables económicos de esta institución, Carlos López y Fernando Giménez Barriocanal, tenía como excusa la presentación de la Memoria de Actividades de la CEE. Pero ha servido para que ambas instituciones marcaran distancia la misma semana en que la vicepresidenta Calvo se reunió con las confesiones minoritarias en un intento de visibilizar la “neutralidad” de los poderes públicos respecto al hecho religioso y el fin de la relación de privilegio de la Iglesia católica con el Ejecutivo en España.

Reformas económicas

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El Tribunal de Cuentas marca al Gobierno el camino a seguir para cambiar la fiscalidad de la Iglesia católica

agosto 1, 2020

Tras el Canje de Notas de 2006 (el que subió el porcentaje del IRPF del 0,52 al 0,7), la Iglesia se comprometió a elaborar una Memoria Justificativa sobre el destino de esos fondos. 14 años después, el Tribunal de Cuentas constata que lo que se hace llegar al Gobierno no es más que una “memoria de acividades”, en la que la Iglesia explica su labor en sociedad, pero no cuenta a qué se destina, euro a euro, el dinero de la Renta. Y, lo que resulta más grave, deja al Estado sin capacidad de controlar el destino de ese dinero.

Interior de una iglesia, en una imagen de archivo.

Interior de una iglesia, en una imagen de archivo / Fuente

Jesús Bastante, Religión Digital, 1 de agosto de 2020

Los obispos se las prometen muy felices. Han entendido que el informe del Tribunal de Cuentas consagra que llevan 40 años actuando conforme a la ley, y que sus memorias de actividades no han tenido ninguna queja por parte del Gobierno. Dicen bien. Pero hay más, mucho más.

Lo que no dicen -y nos consta que lo saben, de primera mano, porque tontos no son- es que el citado informe -que fiscaliza la acción del Gobierno, y no la de la Iglesia católica- es un arma de doble filo, que la vicepresidenta Calvo está dispuesta a utilizar cuando, a partir de septiembre, se aborde el debate sobre la nueva fiscalidad de la Iglesia católica y se abra el ‘melón’ de las inmatriculaciones.

Y es que el Tribunal de Cuentas -es cierto que no con la contundencia del primer borrador, convenientemente filtrado desde Moncloa a los medios para caldear el ambiente- viene a explicar al Gobierno qué tiene que hacer para revertir la actual situación de privilegio fiscal de la Iglesia española. Y lo hace muy claramente, admitiendo que, hoy por hoy, el Estado no tiene conocimiento real de dónde va el dinero procedente del IRPF.

El Canje de Notas de 2006 y la “memoria justificativa”

Tras el Canje de Notas de 2006 (el que subió el porcentaje del IRPF del 0,52 al 0,7), la Iglesia se comprometió a elaborar una Memoria Justificativa sobre el destino de esos fondos. 14 años después, el Tribunal de Cuentas constata que lo que se hace llegar al Gobierno no es más que una “memoria de acividades”, en la que la Iglesia explica su labor en sociedad, pero no cuenta a qué se destina, euro a euro, el dinero de la Renta. Y, lo que resulta más grave, deja al Estado sin capacidad de controlar el destino de ese dinero. Lee el resto de esta entrada »


El Tribunal de Cuentas cree necesario más control de Estado sobre las cuentas de la Iglesia / Informe

julio 29, 2020

El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad el informe de fiscalización del dinero público que en 2017 recibió la Iglesia Católica aunque hay datos que siguen suscitando dudas.

Un momento de la celebración en la Sagrada Familia de una misa por los difuntos durante la pandemia

Un momento de la celebración en la Sagrada Familia de una misa por los fallecidos por el COVID19 oficiada por el cardenal Juan José Omella.

Cadena SER, 29 de julio de 2020

El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad el informe de fiscalización del dinero público que en 2017 recibió la Iglesia Católica y en el que deja clara la falta de transparencia de esa institución, amparada por el desinterés del Estado por controlar el dinero que anualmente le asigna a cargo del 0’7% del IRPF.

El informe al que ha dado su visto bueno el Tribunal de Cuentas ha provocado momentos de tensión entre los vocales durante la celebración del pleno. Y eso que la votación final ha sido unánime y que su contenido no es sustancialmente diferente del proyecto conocido el pasado enero, que provocó una dura reacción de la Conferencia Episcopal al considerarlo un ataque frontal por parte de los socialistas.

En él se señala que las memorias de los años 2016 y 2017 presentadas al Gobierno por la Conferencia Episcopal registran respectivos superávits de 19,3 y 15,9 millones de euros, lo que hace sospechar al Tribunal de Cuentas que pudo recibir más dinero del comprometido por el Estado del que necesita para “la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Lee el resto de esta entrada »


El Tribunal de Cuentas se corrige a sí mismo y niega irregularidades en las finanzas de la Iglesia católica

julio 28, 2020

En su primer borrador acusaba a la CEE de no aclarar el destino del dinero de la ‘X’

El Tribunal de Cuentas cuestiona que la Iglesia pueda financiar a TRECE y seguir recibiendo dinero del IRPF

El Tribunal de Cuentas cuestiona que la Iglesia pueda financiar a TRECE y seguir recibiendo dinero del IRPF

Religión Digital, 28 de julio de 2020

El Tribunal de Cuentas ha rectificado este martes su proyecto de informe sobre la fiscalización de la Iglesia y el destino que se da a los fondos recibidos a través de la “X” en la declaración de la Renta. Según ABC, el documento aprobado por unanimidad subraya que la Iglesia justificó correctamente todo el importe correspondiente a las cantidades recibidas a través de la asignación tributaria correspondiente a 2017.

Este informe contradice notablemente al borrador firmado por Enriqueta Chicano Jávega, filtrado en el mes de febrero a la prensa, en el que se deslizaban acusaciones muy graves contra la Iglesia. El Tribunal de Cuentas subraya que la Iglesia presente cada año “un memoria anual ante el Ministerio de Justicia” sin que “se haya puesto de manifiesto incidencias al respecto por parte del Estado”.

El organismo ve conveniente que pueda darse un superávit en los fondos recibidos por la asignación tributaria ya que puede entenderse como “una manifestación de prudencia financiera y necesaria para hacer frente a años en los que la recaudación sea menor de la esperada”. Tampoco señala en ningún momento que las cantidades destinadas por la Iglesia a la cadena TRECE Televisión resulten indebidas o supongan una infracción contraria a la competencia.

Por último, el Tribunal de Cuentas recuerda además al Estado su obligación de incluir en las sucesivas liquidaciones de la asignación tributaria en favor de la Iglesia “el importe estimado de las declaraciones extemporáneas”; es decir, aquellas declaraciones que se presentan en otros años posteriores o la inspecciones paralelas que realiza la Agencia Tributaria.

 

Vida Nueva: El Tribunal de Cuentas se autocorrige: no hay opacidad en la fiscalización de la Iglesia