Aunque los datos muestran la tendencia a la baja de la fe religiosa, la Iglesia se mantiene en pie de guerra y con sus privilegios intacto
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Tania Lezcano, Contrainformación.es, 18 de octubre de 2021
11.000 millones de euros. Es la cantidad que cada año se destina a la Iglesia Católica directamente desde las arcas públicas, es decir, de los bolsillos de la ciudadanía española, aunque hay que añadir más beneficios, como veremos. Sea uno creyente o no, parte de sus impuestos financian a la Iglesia. La casilla de la declaración de la renta es solo un paripé más que sí se deja a gusto de cada individuo.
Precisamente, Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una iniciativa para pedir la anulación del Concordato con la Santa Sede, firmado en 1953 con el fin de consolidar los lazos entre la institución y la dictadura. Tras la Transición no se derogó. De hecho, en 1979 se firmaron los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede para adaptar sus privilegios a la nueva situación. Todo esto a pesar de que la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado en su artículo 16: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal».
En el artículo se añade que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Aunque cooperación no significa necesariamente financiación y los acuerdos firmados en 1979 animan a la Iglesia a conseguir su propia autonomía financiera, también comprometen al Estado a garantizar el «adecuado sostenimiento de la Iglesia». El resultado es que, a día de hoy, esa autonomía no existe.
Escrito por asturiaslaica 
