El procedimiento para declarar el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985) como Lugar de Memoria Democrática se inició formalmente con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2026. El 28 de octubre se publica en el B.O.E la resolución por la que pasa a ser declarado Lugar de Memoria Democrática.
Paritorio «la Dolorosa» de Peñagrande | Fuente: Directorio Institucional de Cultura de la Junta de Andalucía/ El Salto ____________________
El Gobierno ha declarado este miércoles lugar de memoria democrática el Patronato de Protección a la Mujer, que se mantuvo activo tras la muerte del dictador Francisco Franco, al considerarlo una «expresión institucionalizada de la represión específica ejercida sobre las mujeres» durante el franquismo.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles esta declaración de lugar de memoria, una figura recogida en la ley de memoria democrática de 2022 con la que el Gobierno pretende reconocer y explicar la historia que hay detrás de espacios físicos o de patrimonios inmateriales vinculados a la represión franquista o a la lucha por la democracia.
«El Patronato de Protección a la Mujer posee un destacado valor histórico e intangible como expresión institucionalizada de la represión específica ejercida sobre las mujeres durante la dictadura franquista«, señala el texto del BOE.
¿Cómo es posible que una Democracia asentada no haya investigado ni reparado los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura nacionalcatólica que se impuso tras una guerra que empezaron los que no se conformaron con un fallido golpe de Estado?
En el programa de hoy, Ana Baragaña y José Antonio Naz nos brindan una invitada, Mirta Núñez Díaz-Balart, que nos desvelará las claves de la estrategia que urdieron entre Estado e Iglesia para aterrorizar y escarmentar a los impíos enemigos de la Patria y a todo su entorno, que acabó imponiendo un silencio protector intergeneracional y que contó con el beneplácito internacional tras la Guerra Fría y una elaborada propaganda nacionalcatólica. El olvido fomentado por la «Transición pactada» remató el borrado y blanqueamiento de esa Justicia militar con manto religioso aplicada a civiles.
Se ha presentado este viernes 9 en Córdoba el libro de Jesús Pozo La mala memoria. Pobreza, Iglesia y represión en los colegios del franquismo, en un acto organizada por Europa Laica junto a la Universidad de Córdoba, El Mono Libre Editorial y Prometeo.
El viernes 9 de octubre, a las 19:15 h, el Antiguo Rectorado de la Universidad de Córdoba (calle Alfonso XIII) acogió la presentación de La mala memoria. Pobreza, Iglesia y represión en los colegios del franquismo, del periodista y promotor cultural Jesús Pozo, publicado por El Mono Libre Editorial en su tercera edición, con prólogo de Nieves Concostrina y epílogo de Carlos Santos.
El libro reconstruye, a través del reportaje, la crónica y la memoria personal, la influencia de la Iglesia en la educación durante la posguerra y la Transición, con especial atención al impacto que aquel sistema tuvo sobre las mujeres.
En el acto han intervenido, junto al autor, el escritor Manuel Molina y Ana Baragaña, vicepresidenta de Europa Laica. La presentación correrá a cargo de Inmaculada Romero, coordinadora de Córdoba Laica. han intervenido
En el caso de Asturias, (una de las provincias desde las que se enviaron más de 1.000 cuerpos documentados), los traslados masivos de restos comenzaron oficialmente a partir de marzo de 1959. El Ministerio de Justicia tiene constancia nominalizada de 1.162 asturianos identificados enterrados en las criptas.
Recordando…En 1959 se iniciaba el traslado de restos humanos de la Guerra Civil en proporción adecuada al gigantismo del monumento. El 23 de mayo de 1958 el entonces ministro de la Gobernación y Presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, Camilo Alonso Vega, remitió una circular a los Gobernadores Civiles solicitando que se recabara la colaboración de los “Alcaldes, Guardia Civil, Párrocos y Autoridades locales” para el traslado de cuerpos de la guerra al Valle.
En el Valle de los Caídos, señalan en EpData, yacen los restos registrados de 33.833 personas, víctimas de uno y otro lado de la contienda, que desde 1959 hasta 1983 fueron llevados en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias de España, salvo Orense, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife, para ser depositadas en columbarios individuales y colectivos. De los restos inhumados desde 1954 alrededor de 21.423 son de víctimas identificadas y 12.410 de personas desconocidas, según información del Ministerio de Justicia. La gran mayoría de la gente que está enterrada en el Valle de los Caídos son hombres, aunque el censo elaborado por el Ministerio de Justicia recoge el nombre de 203 mujeres cuyos restos fueron trasladados al monumento a partir de 1959.
Una buena amiga interrumpe este verano eterno para informarme de que el DOE, en la resolución que inicia el proceso para declarar BIC la cruz de los caídos de Cáceres, publicada el día 18 en el aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca, utiliza mis apellidos como fuente de autoridad para avalar su protección patrimonial. Al instante pienso que será un error, una inocentada a destiempo o una errata de la IA. Pero no, ahí estoy, abriendo el anexo I, atribuyéndome exactamente lo contrario de lo que llevo defendiendo durante dos décadas con miles de horas de investigación en archivos a mis espaldas.
Cualquiera que haya leído mis libros y artículos científicos o escuchado mis intervenciones públicas sabe que sostengo exactamente lo contrario, y no lo hago por una cuestión ideológica, allá cada cual con sus colores, sino por ética profesional, porque no puedo sostener lo contrario de lo que fue.
La Cruz de El Valle de Cuelgamuros fue construida en solo 3 años con una estructura hueca levantada sin andamios y con un montacargas en su interior. Una proeza para aquellos tiempos que no causó ningún muerto. Con Franco y José Antonio fuera del Valle la Cruz se convierte en el principal obstáculo a resolver para que el monumento sea admitido por la izquierda.
El obelisco es hoy día un instrumento de memoria ideal para conmemorar guerras, héroes o caídos aceptado por todo tipo de países, culturas y religiones. En América, Europa y España la mayoría de los grandes obeliscos se han construido en los últimos 100 años.
Para la transformación de la Cruz en un obelisco habría que eliminar los brazos y añadir en la punta el remate piramidal con ventanas para su uso como mirador visitable, después de poner en uso el ascensor y la escalera que circulan por su interior y dotarlo de iluminación como faro. Quedaría un obelisco de 150 m de altura, el 3º más grande del mundo y el mayor de Europa.
Esta alternativa del obelisco es la única opción que puede ser aceptada por ambas partes como algo neutro y homologable; se sitúa en un punto intermedio entre la cruz y la destrucción preconizada por parte de la izquierda del máximo símbolo de la cristiandad en un país de mayoría católica que «solo haría más negra el alma de muchos». Con el tiempo hasta los católicos reconocerán que el obelisco les gusta.
Una institución estatal, gestionada por religiosas, que recluyó, castigó y sometió a mujeres hasta bien entrada la democracia
Las supervivientes Paquita Beltrán, Loli Benito, Mariona Roca, Fátima Díez y Consuelo García del Cid durante la grabación de este documental sonoro | RNE __________________
Entre 1941 y 1985 miles de jóvenes fueron encerradas y vulneradas en la institución represora más longeva y desconocida del franquismo. El Patronato de Protección a la Mujer tenía como objetivo «la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica», aunque en la práctica distó mucho de protegerlas.
Fue un instrumento de control sobre la moral y los cuerpos que buscaba reprimir a cualquiera que transgrediera el modelo femenino impuesto. Este organismo, cuyo antecedente directo es el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas de 1902, dependía del Ministerio de Justicia, pero su gestión estaba en manos de congregaciones religiosas. Se contemplaba la reclusión de chicas de entre 16 y 21 años, aunque en ocasiones se extendía hasta los 25 y se internaba a niñas de corta edad.
El cacereño César Rina y el granadino Miguel Ángel del Arco critican el uso fragmentado que se hace de sus investigaciones | El Gobierno regional lo niega y les recuerda que pueden presentar alegaciones en el procedimiento
Imagen tomada el 16 de octubre de 1938 de la jura de bandera de los alféreces provisionales en la Cruz de los Caídos de la plaza de América | HOY _________________
Miguel Ángel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, es uno de los mayores especialistas de España en las llamadas ‘cruces de los caídos’ que erigió la dictadura en memoria de los muertos del bando nacional en la Guerra Civil, las cuales considera evidentes símbolos de exaltación franquista. Por eso le ha sorprendido, primero, e indignado, después, ver su nombre en la resolución que la semana pasada publicó la Junta de Extremadura para iniciar el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos de Cáceres[1].
Es más. Del Arco forma parte de la comisión de expertos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ha incluido la Cruz cacereña en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, y solicitado su retirada del espacio público. «Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa», afirma en una conversación telefónica con HOY sobre los fragmentos descontextualizados que aparecen en los informes que acompañan la incoación del expediente para declararla BIC, y que forman parte de su libro ‘Cruces de memoria y olvido’, publicado en 2022.
Durante la contienda, la Dirección General de Bellas Artes creó en Madrid la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico para proteger las obras de arte de todo el país
Acondicionamiento de ‘La familia de Carlos IV’ de Goya para su traslado a Valencia durante la Guerra Civil | Fondo de la Junta del Tesoro Artístico/Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura _____________________
El 17 de julio de 1936, tras el fallido golpe de Estado del bando franquista y el estallido de la Guerra Civil que se cobró miles de vidas, se desencadenó la mayor evacuación de obras de arte de la historia de España, que cumple ahora 90 años. Solo unos días después, la Dirección General de Bellas Artes creó en Madrid la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, origen de las diversas Juntas que se formaron en la España republicana e integradas por funcionarios y voluntarios encargados de salvaguardar el patrimonio artístico, y encargada de salvar las obras de arte del Museo del Prado de las bombas.
Durante décadas, el régimen franquista construyó un relato muy diferente. La dictadura acusó a la República de azuzar a los grupos revolucionarios para quemar iglesias e imágenes religiosas. La realidad fue muy diferente. Si bien se destruyeron obras arquitectónicas, no fue con el beneplácito del Gobierno. Todo lo contrario. Su objetivo fue protegerlas. Es más, la vuelta de las obras salvadas y reunidas al finalizar la contienda fue resultado de la acción previa de la República y no de las autoridades franquistas. Todo empezó en la capital.
Sobre el significado del hallazgo del proyecto de Estatuto que dibujaba una región asturleonesa
Consejo Interprovincial de Asturias y León, Gijón enero de 1937 | Foto original Constantino Suárez / Museo del Pueblo de Asturias [1] _________________
El historiador Pablo Martínez Corral está detrás del descubrimiento de un valioso documento en el Archivo General Militar de Ávila, ya desgranado por LA NUEVA ESPAÑA. Se trata de un proyecto de Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León, alumbrado en plena contienda de la Guerra Civil y que planteaba aglutinar, junto al territorio asturiano, a León, Zamora y Salamanca, así como un esbozo de instituciones y objetivos para articular su autonomía dentro del marco estatal. El historiador reflexiona en este artículo sobre el significado de un hallazgo al que los expertos dan mucha importancia.
Pablo Martínez Corral, La Nueva España, 17 de agosto de 2026
Asturias no estaba condenada a llegar a 1981 de la mano de Pelayo. La historia del autogobierno asturiano no puede reducirse a una línea que conduzca inevitablemente desde Covadonga hasta el Estatuto. Esa es una genealogía construida, no el único camino posible. Asturias existió antes como comunidad y sobre ella se proyectaron formas muy diferentes –y muchas veces enfrentadas– de entender el país. Las élites construyeron con enorme éxito la Asturias de Covadonga y la Reconquista: una tierra singular porque habría sido la cuna de España. Ese relato permitió reconocer Asturias y, al mismo tiempo, neutralizar políticamente su singularidad. El país podía ser exaltado siempre que su historia terminase desembocando en una España unitaria. El franquismo llevó esa tradición hasta convertirla en uno de los grandes mitos del nacionalcatolicismo.
Posted by asturiaslaica 
