La justicia europea despeja el camino para exigir el IBI a la Iglesia en España

noviembre 7, 2018

Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo obliga a Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso comercial ***. Fallo que evita que una ventaja fiscal adultere la competencia en el mercado

Monseñor Stefano Russo, secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana. Chiessa Cattolica Italiana / InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 7 de noviembre de 2028

La justicia europea ha golpeado las ventajas fiscales de la Iglesia católica en Italia, su cuna, en una sentencia con irradiación en toda la UE. Incluida España, donde la Iglesia se beneficia de exenciones por inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas, precisamente el aspecto atacado por el fallo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, ha establecido en una sentencia fechada este martes la obligatoriedad del Estado italiano de cobrarle a la institución religiosa el impuesto sobre bienes inmuebles (denominado IBI en España e ICI en Italia) atrasado en establecimientos donde desarrolle actividades comerciales. El TJUE defiende la incompatibilidad de una ayuda de Estado, indirecta o encubierta a través del sistema fiscal, con el funcionamiento libre del mercado. Se trata de impedir que una entidad de la Iglesia se beneficie de una exención fiscal en un inmueble desde el que compite ventajosamente con otras empresas dedicadas a un negocio similar.

Esta situación se puede dar en España, aunque no está cuantificada. La Iglesia tiene alquilados, por ejemplo, aparcamientos en Almería y Lugo y un hotel en Begur sin pagar el IBI ni el Impuesto de Sociedades. Lo hace de forma totalmente legal en España, acogiéndose a la Ley de Mecenazgo, en un régimen que la iguala con fundaciones y ONG. Este blindaje podría verse afectado por la sentencia del TJUE. La resolución europea despliega eficacia erga omnes, es decir, afecta a todos los países de la UE, continuando con la línea jurisprudencial existente sobre la aplicación de esquemas tributarios que encubren ayudas de Estado, explica Aitor Martínez, profesor de Derecho Internacional.

¿Cómo podría ponerse a prueba si las exenciones españolas a inmuebles de la Iglesia o sus entidades en los que se desarrollan actividades económicas están fuera de la ley europea? “Las ayudas de Estado están prohibidas por el Derecho comunitario, porque rompen el mercado interior. Y no sólo las ayudas directas, por ejemplo en forma de subvenciones, sino las ayudas indirectas o encubiertas. Se puede presentar un recurso ante la Comisión Europea, que actúa como guardiana de los tratados europeos, alegando además que ahora hay un precedente jurisprudencial con cierta identidad en el objeto y los sujetos”, señala Martínez. Lee el resto de esta entrada »


Contra los privilegios de la Iglesia

septiembre 25, 2018

Pedro Díaz Cepero, InfoLibre, 25 de septiembre de 2018

A estas alturas parece difícil justificar los privilegios de la Iglesia católica en España, después de cuarenta años de una Constitución que declara laaconfesionalidad del Estado, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Algo puede explicar que es el grupo de presión más importante del país, con capilaridad en los estratos alto, medio y bajo, además de depositario de credenciales para la eternidad y principal agente inmobiliario en la tierra, con mayor fortuna después de las más de 40.000 inmatriculaciones declaradas.

De tiempo en tiempo aparecen artículos (magnífico el reciente reportaje de laSexta) e iniciativas políticas denunciando esos privilegios, señalando incumplimientos reiterados de los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en 1979, de por sí muy favorables para la Iglesia. Pero su influencia y poder disuelven las críticas como azucarillos, hasta las siguientes que correrán la misma suerte. Para la derecha (el PP o Ciudadanos) –que todavía no se ha pronunciado abiertamente contra la dictadura– es su aliado natural, garantía de votos desde el púlpito semanal. Está claro que éstos no van a abrir nunca el melón, todo lo contrario. Mientras tanto, el PSOE ha tenido miedo de asumir el coste electoral de un posible enfrentamiento con la Conferencia Episcopal. Cuando existían unas mejores condiciones objetivas, asistimos a la pusilánime actuación de Zapatero que, para más inri, aumentó un 34 % la dotación a la Iglesia en el IRPF, cuando ésta tiene el compromiso –no cumplido desde hace años– de autofinanciarse. Lee el resto de esta entrada »


Más intocable que la tumba de Franco: así es el ‘Concordato bis’ con la Iglesia que nadie se atreve a tocar

junio 24, 2018
* El Congreso, con el apoyo del PSOE, instó en febrero al Gobierno a la derogación de los acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979
* El pacto, de inspiración nacionalcatólica, consagra los privilegios simbólicos, educativos y económicos de la Iglesia
* La propia institución católica ha desatendido su parte del trato: la autofinanciación

Asamblea plenaria de los obispos españoles. EUROPA PRESS / InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 24 de junio de 2018

A menudo cunde el equívoco de que el gobernante puede hacer su voluntad sólo por ocupar el poder. Pero no es así. Ni es tanto su poder, ni su voluntad es ejecutiva. Detrás de los grandes anuncios y compromisos políticos, presentados bajo deslumbrantes neones, se suele esconder una trastienda de dificultades para llevarlos a cabo. El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez ha anunciado la activación de los trámites para sacar Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos,donde permanece como símbolo exaltador de la victoria del bando sublevado contra la República democrática, para solaz de nostálgicos de la dictadura y el nacionalcatolicismo. Sánchez se apoya en una resolución aprobada en mayo de 2017 por el Congreso, no vinculante pero expresiva de la voluntad de la mayoría parlamentaria, que instaba al Gobierno, entonces del PP, a exhumar los restos del dictador. Bien, si el poder legislativo así lo demanda y el poder ejecutivo así lo desea, hágase cuanto antes, ¿no? No es tan fácil. Y no sólo porque el PSOE desee buscar una solución de consenso tanto con el resto de partidos como con la Iglesia,custodia de los restos, sino porque existe una significativa traba legal: los Acuerdos de 1976-1979 entre España y la Santa Sede.

Es una constante. Cada vez que hay una tentativa de limitar, matizar o cuestionar los privilegios de la Iglesia católica en España, aparecen los acuerdos. En esta ocasión, el apartado 1.5 de su apartado jurídico, que establece la “inviolabilidad” de “lugares de culto”. El Gobierno parte con la ventaja de que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se muestra abierto a la exhumación. Los acuerdos no implican que los restos de Franco no puedan ser exhumados, sino que la última palabra la tendrá la Iglesia. Las opciones para evitar a la Iglesia si ésta se opusiera serían, o bien los tribunales, o bien la derogación del pacto internacional España-Vaticano. De hecho, Sánchez podría decir que tiene un mandato para su derogación: si el presidente invoca para sacar los restos de Franco que lo pidió el Congreso, lo mismo valdría para la denuncia de los acuerdos del 79, reclamada por la Comisión de Educación de la cámara en una resolución en febrero con el apoyo del PSOE y recogida en el programa socialista y en las resoluciones del 39º congreso. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia católica ha recibido en diez años 2.491 millones de euros del Estado a través del IRPF

marzo 21, 2018

39 años después de comprometerse a avanzar en su autofinanciación, la iglesia católica continúa recibiendo anualmente 250 millones de euros del erario público vía IRPF

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018./ CEE

 

Elena Herrera, InfoLibre, 21 de marzo de 2018

La Iglesia católica ha recibido 2.491 millones de euros del Estado en los últimos diez años a través del IRPF. Esa cantidad –que ha supuesto alrededor de 250 millones anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.

Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.

El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia católica “declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que “el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa” a través de una “dotación” en los Presupuestos Generales del Estado.

Más de 39 años después de la aprobación del acuerdo económico, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, la ley de presupuestos para el año 2007 estableció con carácter “indefinido” que el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido. Esta norma también actualizó el coeficiente que recibe el episcopado de los fieles que marcan la casilla, que hasta entonces era del 0,52%. Lee el resto de esta entrada »


Fernando Esteban Lozada en Gijón-Oviedo (Audio)

marzo 16, 2018

Conferencia: La clericalización del Estado argentino a través de las dictaduras

Conferencia en Oviedo. En la imagen Fernando Lozada y José Luis Iglesias, presidente de Asturias Laica

Conferencia en Gijón

Los días 15 y 16 de marzo, Fernando Esteban Lozada, referente del  librepensamiento en América Latina, invitado por Asturias Laica dio dos conferencias en Asturias, la primera en Gijón y más tarde en Oviedo. El título en ambos casos “La clericalización del Estado Argentino a través de las dictaduras”.

Las relaciones de los distintos gobiernos argentinos*** con el Vaticano, los privilegios que  la iglesia católica iba adquiriendo durante las distintas dictaduras argentinas (y que se mantenían y mantien en períodos democráticas) o el papel del actual papa Francisco, fueron algunos de los temas, que a través de un eje cronológico que se iniciaba a finales del siglo XIX y finalizaba en la actualidad con Macri, Fernando Lozada abordó en sus conferencias***.

Audio

Presentación Gijón:

La conferencia en Gijón (Biblioteca Pública Jovellanos) estuvo organizada por Asturias Laica y la Sociedad Cultural Gijonesa. Y así la presentación corrió a cargo del presidente de Asturias Laica, José Luis Iglesias, pñor un lado y de un representante de la Sociedad Cultural Gijonesa

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Herido en mis sentimientos laicos

marzo 16, 2018

Alberto Granados, (blog personal), 15 de marzo de 2018

 

El rollo que no cesa: constitucionalmente somos un país aconfesional, pero en la práctica diaria la iglesia católica cuenta con una insultante prevalencia que me resulta injustificable y la grey católica tiene una disposición, parece que congénita, a sentirse ofendida en sus sentimientos religiosos a la menor broma, a un simple tweet o un meme que sobrevuela las redes. Todo sería anecdótico si los jueces tuvieran claro que la iglesia católica, como cualquier otra confesión, solo tienen una autoridad moral sobre los fieles que voluntariamente acaten el dogma y la moral católicos, siendo nula en los demás casos; si la institución fundada por Cristo asumiera que su reino no es de este mundo y que los temas políticos son competencia exclusiva de los cargos, electos o designados, que tienen la obligación de llevar a cabo las medidas políticas que en cada caso se requieran; si se aceptara que el humor, incluso el más chabacano o despiadado, es solo una válvula de escape del espíritu humano y que no tiene por qué autocensurarse en razón de esa moderna filosofía de lo políticamente correcto, una forma encubierta (una más) de censura. Ya estoy harto de ver sentencias en que se arruina la vida de alguien por haber publicado en las redes una simple broma, por zafia que pueda ser, mientras los políticos, empresarios y famosos corruptos quedan impunes una y otra vez, pese a que nos están empobreciendo a todos. ¿Hemos perdido el norte definitivamente?

La iglesia asumió sin el menor reparo ético los postulados del franquismo, al que recubrió de ideología católica en el vano intento de enmascarar la realidad: que unos generales ambiciosos se habían rebelado contra el gobierno legal para hacerse con un poder absoluto e inmisericorde, secuestrando a un país durante cuarenta años de partido único, censura de prensa, ausencia de libertades civiles, durísima represión que llenó de muertos nuestras cunetas y, eso sí,  una escenografía religiosa más propia del barroco que del s. XX. Algo tan repugnante, tan violento y tan revanchista que la iglesia católica camufló y justificó con una desvergonzada complicidad. La iglesia obtuvo a cambio la prevalencia social, la presencia en las Cortes franquistas, el estar presente en la legislación, en el centro mismo del poder.

Pero tras la Constitución de 1978, en vez de asumir su nuevo papel (el de una institución desprovista de poder civil y vinculada exclusivamente a la conciencia de sus fieles) ha seguido maniobrando y movilizando a su grey, de manera que no ha cesado de presionar en temas legislativos tales como el divorcio, el aborto, los matrimonios homosexuales, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la legislación educativa, ni de reclamar un dinero y unos bienes que no le pertenecen, demostrando que su espiritual universo es bastante más de este mundo de lo que evangelio asegura. Lee el resto de esta entrada »


La Justicia sonríe a la institución católica…

febrero 23, 2018

El Constitucional blinda la exención del impuesto de transmisiones
El Supremo avala la concesión de la medalla al mérito policial a la Virgen del Amor
Sentencias anteriores certifican el trato de favor a la Iglesia en IBI, casilla de la renta y conciertos educativos

Imagen de archivo de una visita de miembros de la Conferencia Episcopal Española al papa. E.P.

 

¿Que por qué es necesario derogar los Acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas?  Basta revisar el reportaje de Ángel Munárriz para infoLibre, (23 de febrero de 2018),  y comprobar cómo la justicia una y otra vez sentencia favoreciendo a confesiones religiosas, con la iglesia católica a la cabeza. Las últimas, la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial, con carácter honorífico, a favor de Nuestra Señora María Santísima del Amor en 2014 a manos del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (PP) o la anulación de una norma foral  de Guipuzkoa de 2012 que pretendía que las confesiones religiosas pagaran el impuesto sobre transmisiones.

La Justicia consagra la bula fiscal y los honores de Estado para la Iglesia

La Justicia sonríe a la institución católica. Dos sentencias, una sobre impuestos y otra sobre honores de Estado, ambos temas especialmente sensibles en la relación de las confesiones religiosas con el sistema democrático, acaban de apuntalar la posición de privilegio de la Iglesia en España, donde queda establecido al máximo nivel jurídico que sus vírgenes pueden recibir medallas oficiales y sus compraventas de bienes se realizan sin pagar el impuesto sobre transmisiones.

El Tribunal Constitucional, en un fallo aprobado por unanimidad el 8 de febrero y publicado este miércoles, ha anulado una norma foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa de 2012 que pretendía obligar a las confesiones religiosas a pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Dicho privilegio está asentado, en el caso de la Iglesia católica, en los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano de 1979, y se trasladó a la legislación foral en 1987. No obstante, también se ha hecho extensivo a confesiones religiosas que tienen acuerdos con España, como la musulmana.

En concreto, el acuerdo con la Comisión Islámica de España establece la exención de este impuesto “siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas o asistenciales”. Precisamente el conflicto que ha dado lugar a esta sentencia proviene de la comunidad musulmana Tawasol de Elgoibar, que adquirió en 2014 un local por 77.000 euros para dedicarlo al culto y pagó 5.390 euros en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales.

Los musulmanes querían que les fuera devuelto el dinero y llevaron el asunto a los tribunales. Llegado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, éste planteó una cuestión de constitucionalidad. La resolución ha dado la razón a la comunidad Tawasol. Y, por extensión, beneficia a todas las confesiones religiosas con acuerdos con el Estado, señaladamente a la Iglesia católica, la de mayor presencia y actividad económica. Es la que más ventajas extrae de la exención de un impuesto cedido a las autonomías que grava la compra de bienes y los actos ante notario.

Vulneración de derechos fundamentales

Los parlamentos forales de las provincias vascas son competentes para legislar sobre los impuestos concertados con la Administración central, como IRPF, Sociedades o Transmisiones Patrimoniales. No obstante, el Constitucional considera que en este caso Gipuzkoa se ha extralimitado y ha invadido competencias estatales.

La sentencia señala que es el Estado el que debe “garantizar la libertad de culto”, por lo que no procede eliminar esta exención en una comunidad autónoma en concreto. El artículo 16 de la Constitución española garantiza la libertad de culto en todo el Estado y no se puede menoscabar desde una autonomía. El fallo se eleva así a la condición de reproche en toda regla por vulneración de derechos fundamentales.

Acuerdos de Estado

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