¿Cuáles son los privilegios de la Iglesia en España? El Vaticano y el Régimen del 78

diciembre 19, 2020

Tras el “Origen de las prerrogativas de la iglesia católica”  Alberto García  continúa revisando los históricos privilegios de la iglesia católica en nuestro país, centrándose ahora en los Acuerdos con el Vaticano y el Régimen del 78.

La laicidad y la libertad de conciencia - Observatorio del Laicismo - Europa Laica

El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja y el cardenal Jean Villot firman los Acuerdos con el vaticano en 1979

Alberto García, Hojas de Debate, 19 de diciembre de 2020

En pleno siglo XXI, cuando amplísimos sectores de la sociedad española ha perdido su vinculación eclesial, y los dogmas y delirios clericales se revelan plenamente incompatibles con el conocimiento científico, no conseguimos revertir al Estado competencias que la Iglesia sigue usufructuando de manera indebida.

Ya hemos visto sucintamente qué es un Concordato, una serie de acuerdos de rango internacional que se establecen entre un estado soberano y el Vaticano, y sirven para pactar toda una serie de materias que aun debiendo ser de la exclusiva competencia estatal,  se comparten, hipotecándose a favor de esta confesión religiosa. Por lo que a España respecta,  dando carta de naturaleza a los privilegios insólitos de que viene disfrutando en nuestro país. De ahí que la República los eliminó como fórmula jurídica.

Sin embargo, mostrando una vez más la vinculación existente en España entre el Estado y la Iglesia, cuya soberanía última reside en el Papa, Jefe de Estado de un país extranjero, se procede a la redacción subrepticiamente, de una serie de pactos entre el gobierno provisional de Suarez y el Vaticano, para limitar la potestad de legislar soberanamente sobre ellos a los futuros parlamentarios, como materias que son de plena competencia estatal, despojando de su plena soberanía respecto de ellas al pueblo español y haciendo una cesión inadmisible al Vaticano.

Estamos hablando de los «Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979»[i], mediante los que se reformó el Concordato de 1953[ii], que habían sido precedidos por otro de 1976 al que obviaremos por su limitada, aunque no inexistente, importancia.

Son un ejemplo del más sórdido maquiavelismo clerical. Los negoció con el Vaticano,  en secreto el beato Marcelino Oreja, ministro de Exteriores del gobierno de Suárez, (tío y valedor político del ultra Mayor Oreja) antes de que se aprobara la nueva Constitución, y fueron firmados el 3 de enero de 1979, cinco días después de que entrara en vigor aquélla, que había sido publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Lee el resto de esta entrada »


¿Cuáles son los privilegios de la Iglesia en España? Orígenes de las prerrogativas

diciembre 19, 2020

El débil y lento intento de construcción del estado moderno en España va chocando sistemáticamente con la oposición católica, llegando a los extremos de oponerse a la creación del cuerpo nacional de policía, cuyas competencias la Iglesia pugnaba por mantener en manos de la Inquisición.

Las Reyes en Covadonga saludando al arzobispo Sanz Montes

Alberto García publica en Hojas de Debate una serie de artículos sobre el origen de los privilegios de la iglesia católica en nuestro país. Este es el primero. Le siguen, “El Vaticano y el Régimen del 78”, y “El poder actual de la iglesia católica”

Alberto García, Hojas de Debate, 19 de diciembre de 2020

La total identificación de Monarquía e Iglesia Católica es patente en España desde  tiempos inmemoriales, interesadas ambas instituciones en el mantenimiento del orden establecido necesario para su supervivencia, que descansa en la adhesión de sus súbditos.

Al hablar de Iglesia lo estamos haciendo de la «cúpula curial», identificada por el Papa, los Obispos, como monopolio estricto de poder, que conlleva la formulación de la doctrina, el ejercicio de su jurisdicción, y en general la gobernación con un sistema de poder absoluto sobre sus fieles, que no pretende limitar exclusivamente a ellos. Eventualmente consideraremos incluida en esta figura, a la serie de sectas que sistemáticamente fueron surgiendo a partir de su estructura, tales como Opus, Camino Neocatecumenal, Órdenes religiosas, etc.

La situación institucional a que aludimos es muy particular: se rige por un sistema absolutista, de poder jerárquico del Papa, que es Jefe de un Estado –el Vaticano- reconocido internacionalmente, autoridad a la que juran obediencia todos los sacerdotes, independientemente de su nacionalidad y del país donde residan.

Como nos indica Gonzalo Puente Ojea[i]: «por lo que se refiere a la concepción filosófica básica del ser humano y de la sociedad, la Monarquía y la Iglesia funcionaban en armónica simbiosis y estrecha cooperación en la tarea de asegurar la obediencia de los súbditos a las formas de dominación de ambas instancias de poderLee el resto de esta entrada »


La escuela y la religión

diciembre 1, 2020

“Reconozcamos que, sin la excusa católica, el movimiento de la escuela concertada no pasaría de ser una cosa de “niños pijos”, carente de asidero lógico alguno. Nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas”

Marcelino Flórez, (La Opinión de los socios y socias), El Diario,
1 de diciembre de 2020

El conflicto que vive España en torno a la escuela sólo es comprensible si se tiene en cuenta el factor católico. Sin el lobby católico no existirían ni el artículo 16 ni el artículo 27 de la Constitución, tampoco tendríamos un pacto internacional específico para una religión. Cada día que pasa, este factor se hace más anacrónico, pero sigue ahí inmutable y sirve para articular otros intereses, que van más allá del puro interés económico, con ser éste muy importante. La alianza de los poderes conservadores con el catolicismo español más que en el dinero, pone la vista en la formación ideológica de la ciudadanía bajo los determinados y particularísimos valores del sistema económico vigente: competencia entre personas y entidades, individualismo extremo, libertad personal sin límites sociales. Pero dejaremos esto a un lado y nos limitaremos a tratar de descubrir dónde nace y en qué se fundamenta ese factor católico.

Para comprender lo que está pasando hoy con la educación en España, tenemos que retrotraernos al Concilio Vaticano I de 1869-1870, el que decretó la infalibilidad del papado y condenó los “errores modernos” del pensamiento, recogidos en el Syllabus. El teólogo holandés Edward Schilebeeckx calificó a ese concilio como la “asamblea de una jeraquía feudal en un mundo moderno”; y pone en boca del Papa convocante del concilio, Pío IX, unas palabras que niegan la libertad de conciencia, algo que había reconocido siempre la tradición cristiana: ” De esta repugnante fuente del indiferentismo mana la afirmación absurda y errada o, más concretamente, la locura de que todos los hombres poseen libertad de conciencia y pueden reclamarla. El camino a este pernicioso error lo ha preparado la exigencia de completa e inmoderada libertad de opinión, que se propaga furiosa en la dirección de la aniquilación de lo sagrado y lo revelado”.

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De aquí a la eternidad

noviembre 26, 2020

El trato escandalosamente favorable por parte del Estado a la Iglesia lleva camino de eternizarse

De aquí a la eternidad / GREGOR

Antonio Piazuelo, El Periódico de Aragón, 26 de noviembre de 2020

Tomo el título prestado de una famosa y oscarizada película de mediados de la centuria pasada porque viene al pelo con el tema de estas líneas: nuestra santa y costosísima madre Iglesia, que lleva veinte siglos empeñada en hacernos la eternidad más llevadera a los mortales (queramos o no) y cuyo trato escandalosamente favorable por parte del Estado, eso que llamamos concordato para entendernos, lleva camino también de eternizarse. Como llevo camino de eternizarme yo recordando una vez tras otra las promesas de los gobernantes que, cuando son de izquierdas y están en la oposición, se llenan la boca asegurando que denunciarán esos abusivos acuerdos con el Vaticano nada más llegar al poder y sufren una amnesia repentina cuando pisan los despachos de Moncloa y los ministerios.

Bueno, lo de la amnesia es una forma de hablar, porque me consta que a algunos no se nos han olvidado esas promesas, realizadas en el comité federal ¡hace 40 años!

Mientras, los purpurados monseñores no se están quietos, no. En lugar de agradecer esa votación, lanzan una feroz ofensiva desde los púlpitos, la prensa cavernaria y los escaños de la derecha extrema y la extrema derecha contra el tímido anuncio gubernamental de que la futura Ley de Educación establecerá la prioridad de la enseñanza pública frente a la concertada. Otro mecanismo, este de la enseñanza concertada, que proporciona a la Iglesia católica no solo el privilegio de adoctrinar a millones de ciudadan@s desde su más tierna infancia, sino también pingües beneficios económicos. Esto es lo que no quieren de la ley Celaá. O sea, lo que es de Dios y lo que es del César, que todo aprovecha para el convento.

Intolerables beneficios

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La costosa factura de los tratos con el Vaticano: la Iglesia acumula más de 40 años de favores presidenciales

octubre 24, 2020

Los mayores privilegios se concentran en la educación y el apoyo económico, gracias a los acuerdos de 1976-1979 y su desarrollo posterior en leyes:  González implantó la casilla del IRPF, Aznar la afinó a gusto del episcopado y Zapatero elevó el dinero por cada equis en un pacto con la Santa Sede. Rajoy entregó la ley educativa más acorde a los deseos de la cúpula eclesial, que aún saca partido de la ley de conciertos de 1985 Sánchez tiene pendiente un amplio catálogo de compromisos laicistas

Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal de 1999 a 2005 y de 2008 a 2014.

Un análisis, presidente a presidente, del catálogo de logros conquistados por la jerarquía en su trato con los sucesivos gobiernos democráticos, por Ángel Munárriz

Ángel Munárriz, InfoLibre, 24 de octubre de 2020

La diplomacia vaticana es enemiga acérrima de la casualidad. Una institución no ve pasar los siglos y las eras, no ve nacer y morir naciones e imperios sin cuidar los detalles de la alta política. Dicho de otro modo, la Iglesia sabe lo que se hace y no da puntada sin hilo. Así se explican las expectativas que ha despertado la reunión programada para este sábado entre el presidente, Pedro Sánchez, y el papa Francisco en el Vaticano. No es un encuentro más en la agenda internacional del presidente.

Con Roma de por medio, y por ser la historia de España la que es, una cita así es algo más. El Gobierno ha destacado, ya antes del encuentro, la “gran sintonía” del presidente con el papa. Hay muchas cejas enarcadas. Hay expectación en la Iglesia, cuyo episcopado no ha terminado aún de sintonizar con el papa argentino. Pero también en los sectores laicistas, que advierten de una “agenda oculta” y temen que se posterguen –otra vez– los históricos compromisos de la izquierda. Los antecedentes aconsejan máxima atención.

ADOLFO SUÁREZ (1976-1981): UN MARCO VENTAJOSO

Se acercaba la democracia. La Iglesia, una institución que se precia de pensar en décadas y hasta en siglos, sabía que tocaba cambio. Venía de una insostenible consustancialidad con el Estado, consagrada en el Concordato de 1953. Eso se caía. La jerarquía, liderada por Tarancón, era consciente de que, con la llegada de la democracia, era necesario que estas relaciones hicieran su propia transición. Aunque los obispos no orientaron por una posición determinada en el referéndum y hubo sectores inmovilistas, como el Grupo de Don Marcelo, que llamaron al voto contra una Constitución “sin dios”, a efectos prácticos la Conferencia Episcopal remó a favor de su aprobación. Obviamente, la Iglesia perdió su carácter oficial, incompatible con el salto democrático. Pero, visto en perspectiva, salvó con holgura el tránsito constitucional.

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Monarquía, Ejército e Iglesia, ¿por qué son las tres instituciones privilegiadas y blindadas en la Constitución de 1978?

agosto 30, 2020

Foto Nueva Tribuna

Cándido Marquesán Millán, Nueva Tribuna, 30 de agosto de 2020

Llama poderosamente la atención que en nuestra Carta Magna hubo tres instituciones  a las que se les concedieron grandes privilegios y que quedaron blindadas: Monarquía, Iglesia y Ejército.

Una fue la Monarquía –especialmente blindada frente a eventuales reformas por el artículo 168, que para su revisión o eliminación se requiere aprobación por 2/3 de ambas Cámaras y disolución de las Cortes; las nuevas Cámaras deberán ratificar y estudiar la revisión por 2/3, y posteriormente referéndum.

Y la segunda, la explícita atribución al Ejército de la tutela de la “integridad territorial” y del propio “orden constitucional” (artículo 8), con un doble objetivo. Por una parte, sancionar el olvido de los crímenes franquistas. Por otro, convertir a la jerarquía militar en guardiana de la “indisoluble unidad de la Nación española” y en factor disuasorio frente a las reivindicaciones de autonomía de las “nacionalidades y regiones”.

La tercera, la Iglesia Católica, a la que se le reconocieron sus intereses básicos en materia educativa (artículo 27) y  la renuncia al reconocimiento del carácter laico –y no simplemente aconfesional– del Estado (artículo 16.3), aunque la aconfesionalidad se incumple  ya que en dicho artículo “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.  Un Estado aconfesional no debe hacer una cita expresa a una religión concreta, ya que esto significa privilegiarla sobre las demás e incumplir el artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna ni por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión…”

Tales privilegios a estas tres instituciones, quizá sea, por el peso de la historia, de la que hablaré luego. Han tenido un protagonismo clave. Las tres son instituciones conservadoras, mejor reaccionarias, jerárquicas, verticales, cuyo poder va de arriba hacia abajo, del centro a la periferia. Y lógicamente han contribuido en gran parte, no sé cuál es su alcance, a determinar y configurar nuestra visión política, social, religiosa, económica de acuerdo con determinados valores. Pero además entre ellas ha habido en general un perfecto ensamblaje, o lo que es lo mismo una Triple Alianza. Se han apoyado siempre. Los roces entre ellas  han sido escasos. Lee el resto de esta entrada »


Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


Adiós a la cristiandad

agosto 21, 2020

Es hora de reubicar la religión en el espacio público: derogar los Acuerdos con la santa Sede, devolver los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela

Adiós a la cristiandad

Interior de la catedral de la Almudena durante una misa retransmitida por Internet en marzo / David Expósito

Juan José Tamayo, El País, 21 de agosto de 2020

Cuatro décadas después, la religión, y más concretamente la Iglesia católica, no ha encontrado su lugar en la sociedad española ni su encaje en la estructura del Estado. La razón de tal situación hay que buscarla, en mi opinión, en el propio texto constitucional, que incurre en una crasa contradicción en el mismo artículo, el 16. Por una parte, reconoce el derecho a la libertad religiosa a nivel individual y comunitario y la no confesionalidad del Estado: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por otra, no respeta los principios de laicidad, neutralidad del Estado y de igualdad de todas las religiones ante la ley al colocar a la Iglesia católica en una situación de precedencia: “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”.

En julio de 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), que hoy resulta a todas luces anacrónica en una sociedad secularizada, con un amplio pluriverso de religiones y espiritualidades y en un clima generalizado y creciente de increencia en sus diferentes manifestaciones: ateísmo, agnosticismo e indiferencia religiosa. En enero de 1979 se habían firmado los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede —Concordato encubierto—, que mantenían buena parte de los privilegios educativos, económicos, fiscales, culturales, sociales e incluso militares concedidos a la Iglesia católica en el Concordato franquista y nacionalcatólico de 1953, sin contrapartida alguna de la Iglesia católica. No pocos juristas consideran dichos acuerdos anticonstitucionales. Lee el resto de esta entrada »


Acabemos con los privilegios de la iglesia en España

julio 3, 2020

La Iglesia católica tiene ventajas fiscales, patrimoniales y educativas en el país. En una España moderna, esa institución debe estar sometida a las mismas normas de transparencia, responsabilidad y respeto a la tolerancia que cualquier otra organización.

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David Jiménez, The New York Times, 3 de julio de 2020

 ¿Sigue España siendo un país católico? La pregunta, en uno de los bastiones centenarios de la Iglesia católica, habría resultado absurda hace tan solo unos años. Y, sin embargo, la respuesta hoy es que sí y no. O, dicho de otro modo: si los españoles seguimos siendo católicos, lo disimulamos muy bien. Según un estudio del año pasado del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dos tercios de los ciudadanos declaran serlo, pero solo dos de cada diez van a misa. Las celebraciones religiosas de bautizos, comuniones y bodas se han desplomado. “Si no cambia la cosa, dentro de poco solo celebraremos funerales”, admite un obispo.

Las razones del declive son diversas, pero todas llevan al mismo punto: la Iglesia y el público al que se dirige viven en siglos diferentes y aspiran a modelos de sociedad cada vez más incompatibles. El papa Francisco lo explica mejor en una de las citas que le atribuye la película Los dos papas: “Hemos pasado estos últimos años censurando a cualquiera que no estaba de acuerdo con nosotros sobre el divorcio, el control de la natalidad y la homosexualidad. Mientras nuestro planeta estaba siendo destruido y la desigualdad creció como un cáncer. […] Todo el tiempo, el peligro real estaba dentro”.

Solo una reforma que haga a la Iglesia más inclusiva, incorpore a la mujer, se distancie de la política, acompañe su discurso moral del ejemplo y abrace la tolerancia, especialmente hacia quienes no comparten sus códigos morales, evitará que su irrelevancia vaya a más. Pero nada indica que ese sea el camino escogido por los dirigentes eclesiásticos. Al contrario: persiste el propósito de entrometerse en las políticas de Estados aconfesionales, empujar conceptos retrógrados sobre la sexualidad, negar el papel de la ciencia como motor del progreso y aferrarse a privilegios de otras épocas.

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Podemos-Equo denuncia que Emulsa limpia jardines privados de iglesias en Gijón

febrero 22, 2020

El grupo, tras tener conocimiento de que trabajadores de Emulsa realizaron labores de jardinería en la parroquia de Laviada, pide que se retire el acuerdo de 1983 que lo permite

La fotografía aportada por el grupo municipal de Podemos-Equo con trabajadores realizando las labores de jardinería de la iglesia de la Resurrección, en Laviada

La fotografía aportada por el grupo municipal de Podemos-Equo con trabajadores realizando las labores de jardinería de la iglesia de la Resurrección, en Laviada / Podemos-Equo

Fuentes: La Voz de Asturias / La Nueva España, 22 de febrero de 2020

El grupo municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Gijón ha pedido este viernes que los empleados de la Empresa Municipal de Servicios del Medio Ambiente Urbano (Emulsa) dejen de realizar trabajos en fincas de propiedades privadas. En concreto, se realiza esta petición tras conocer que trabajadores de Emulsa han realizado labores de jardinería en la finca cerrada de la parroquia de la Resurrección, en el barrio de Laviada.

Podemos-Equo denunció ayer que “de forma habitual” se vienen realizando trabajos de jardinería en fincas privadas. “Creemos en la separación del Estado y de la Iglesia, y ese camino pasa por acabar con los privilegios que venían disfrutando como la exención de impuestos o el cuidado por parte del Ayuntamiento, en este caso, de una propiedad que no es pública y sin acceso a la ciudadanía para su uso y disfrute”, criticó la concejal Laura Tuero. Desde la formación morada aseguran que “no es un caso aislado, según nos confirman desde el gobierno local”. “Realizar labores de jardinería en la finca de la parroquia no es la labor de los trabajadores de Emulsa; es el mismo caso que si los empleados públicos actuaran en el jardín de una casa familiar”, reprochó Tuero.

Esta “situación irregular”, sostiene la edil podemista, se remonta a 1983 tras un acuerdo de Junta de Gobierno, según les informaron ayer en Comisión. Es por ello que ahora, desde el grupo municipal de Podemos-Equo solicitan “que se retire ese acuerdo, que no tiene sentido, y que se proporcione información de todos aquellos trabajos de Emulsa en propiedades privadas para comprobar que, efectivamente, se dejan de hacer”, requirió la concejala. Lee el resto de esta entrada »