Granada Laica denuncia el «septiembre confesional» de las instituciones y exige el fin de la «sumisión» política, militar y «sísmica» a la Iglesia

septiembre 13, 2026

Considera «intolerable» el desfile de autoridades en actos eclesiásticos de la capital y «un sinsentido encomendar la sismicidad de Granada a rogativas medievales».

Renovación municipal en 2025 del voto de acción de gracias al Cristo de San Agustín. En el centro de la imagen la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) y el arzobispo de Granada. José María Gil Tamayo  | Archidiocesisgranada.es
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El Independiente de Granada | Granada Hoy, 13 de septiembre de 2026

Granada Laica, sección territorial de Europa Laica, ha manifestado su más enérgico rechazo ante lo que califican como un «secuestro confesional del espacio y la agenda pública» en Granada durante el mes de septiembre. El colectivo denuncia la participación oficial y corporativa de representantes del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y otros estamentos civiles y militares (lo que a menudo denomina la “lista de la vergüenza confesional”) tanto en la renovación del «Voto» y procesión de rogativas del Cristo de San Agustín como en el masivo calendario de cultos y ofrendas a la Virgen de las Angustias.

La asociación califica de «flagrante vulneración del principio constitucional de aconfesionalidad» el hecho de que cargos públicos civiles y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado utilicen sus uniformes, condecoraciones y demás atributos de representación para participar en, o incluso presidir, rituales católicos. “Pueden hacer lo que quieran a título personal, pero no como cargos públicos”, declaran. Y añaden que «quienes representan al Estado -al que la Constitución define como no confesional- no pueden actuar como piadosos devotos de una determinada creencia religiosa. Mezclar símbolos del ejército o de la soberanía civil con desfiles de fe es propio de un nacionalcatolicismo que se suponía felizmente superado».

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La Iglesia católica: privilegios en alza, feligreses a la baja | Ramón Soriano

septiembre 8, 2026

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Eneko
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Ramón Soriano, Público, 8 de septiembre de 2026

En el mes de agosto de 2026 la decisión del Gobierno andaluz de crear 117 plazas de capellanes católicos en hospitales públicos impactó en la opinión pública. Es lógica la alarma social ante el problema de la salud en Andalucía con largas listas de espera, los cribados mal atendidos, la clamorosa falta de médicos y personal sanitario, etc., pero también desvela, una vez más, un grave problema que arrastramos desde 1978, un problema de inconstitucionalidad y privilegios en el que está sumergida y de ahí no sale la Iglesia católica. 

Ayer fueron los capellanes católicos de centros de salud, antier los capellanes católicos militares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mañana serán los profesores de Religión católica de los Institutos de Enseñanza Secundaria. Gobierno tras Gobierno la situación se reproduce y sigue igual. El PP en el Gobierno amplifica el tratamiento inconstitucional dispensado a la Iglesia católica. El PSOE en el Gobierno no se atreve a mover la situación jurídica privilegiada de los católicos/as en nuestro país. 

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Inmatriculaciones, usucapión y expropiación del patrimonio colectivo | Tercera parte

septiembre 4, 2026

Una visión laica y republicana sobre el mayor proceso de apropiación patrimonial de la historia contemporánea de España

Community members review archival property records beneath signs reading “Oficina de Drets Col·lectius” and “El patrimonio es del pueblo.”
Miembros de la comunidad examinan registros históricos de propiedad | IA
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Primera parte: Apartados del 1 al 4
Segunda parte: Apartados del 4 al 8

Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 4 de septiembre de 2026

IX. ¿Usucapión o privilegio?

Uno de los argumentos más utilizados por los defensores de las inmatriculaciones consiste en invocar la usucapión. La tesis es conocida:

La Iglesia habría poseído pacíficamente numerosos bienes durante siglos, por tanto, habría adquirido su propiedad, sin embargo, este razonamiento presenta graves problemas, la posesión no siempre implica propiedad.

Un administrador posee, un usufructuario posee, un arrendatario posee, un depositario posee. La cuestión esencial consiste en determinar el título de la posesión.

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La apropiación masiva de la Iglesia Católica en España: un expolio histórico que exige justicia | Ricardo Guerrero

agosto 23, 2026

La Iglesia Católica no solo mantiene la titularidad de este patrimonio expoliado, sino que genera ingresos millonarios mediante su explotación.

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Ricardo Guerrero, Nueva Revolución, 23 de agosto de 2026

En España, la Iglesia Católica ha acumulado durante décadas un vasto patrimonio de terrenos, edificios y propiedades que, en muchos casos, fueron adquiridos mediante prácticas cuestionables o directamente ilegales. Este proceso, conocido como ‘inmatriculación’, permitió a la jerarquía eclesiástica registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de demostrar su titularidad, amparada por leyes franquistas y reformas posteriores que facilitaron este expolio. Se trata de un escándalo que los sucesivos gobiernos han evitado abordar con determinación, mirando para otro lado mientras la Iglesia sigue lucrándose con la explotación de estos bienes.

Un expolio amparado por el poder

La inmatriculación masiva se intensificó durante el franquismo, cuando la Iglesia, aliada del régimen, obtuvo privilegios extraordinarios. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a los obispados registrar propiedades como propias con la mera certificación de un párroco, sin necesidad de pruebas fehacientes. Este mecanismo, que se mantuvo vigente hasta 2015, resultó en la apropiación de miles de inmuebles: desde ermitas y cementerios hasta terrenos agrícolas, viviendas e incluso plazas públicas. Según el informe del Gobierno de 2021, la Iglesia inmatriculó al menos 34.961 bienes entre 1998 y 2015, aunque se estima que el número total podría superar los 100.000.

Este proceso no solo fue un abuso de poder, sino un robo descarado al patrimonio colectivo. Muchas de estas propiedades eran de dominio público o pertenecían a comunidades locales que, de la noche a la mañana, se vieron despojadas de su derecho histórico. Ejemplos como la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Zaragoza, registrados como propiedad eclesiástica, ilustran la magnitud de esta apropiación.

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Elija: ¿oncólogo o capellán? | María Iglesias

agosto 15, 2026

Ni agosto, ni el eclipse tapan que la Junta de Moreno Bonilla va a pagar 7,4 millones de euros a la Iglesia, por 117 capellanes de hospitales. Dinero para que la gente rece por no morir, en vez de para tratamientos y sanitarios que salven sus vidas. ¿Excentricidad sureña o extendida por España?

Protesta, el 8 de octubre, ante la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por los fallos en los cribados de cáncer de mama, y que logró la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández |  Francisco J.Olmo
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María Iglesias, El Diario, 15 de agosto de 2026

Un adolescente fantástico y cercano ha vivido la espera del eclipse con el íntimo deseo, disfrazado de broma, de que el fenómeno nos convirtiera en superhéroes tipo Marvel. El milagro no se ha dado. Sea porque en la cornisa cantábrica, donde lo observamos, estuvo nublado o porque, según él, para “notar los efectos” hay que esperar a vivir los eclipses de los dos próximos años. Es divertido su apego a la infancia de la que se aleja. Como ha sido emocionante experimentar, incluso nublado, el eclipse que tanto debía sobrecoger, en la Edad Media y la de Piedra.

Sin necesidad de acontecimiento estelar, desde la plena adultez e incluso con la responsabilidad de gobernar, hay quienes, en vez de encarar los retos y problemas pagando gestiones y personal que los resuelvan, deciden gastar nuestros impuestos en rezos. Literal.

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¿Medicina o rezos? | José Antonio Naz Valverde

agosto 13, 2026

Durante todo este tiempo hemos venido encontrando sacerdotes deambulando por las salas de los hospitales públicos como cualquier otro personal sanitario.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, con los arzobispos de Sevilla y Granada, José Ángel Saiz y José María Gil, respectivamente | Foto: Junta de Andalucia
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José Antonio Naz Valverde | Nueva Tribuna, 13 de agosto de 2026

– ¿El paciente de la 40 tiene cura?
– Cura sí, lo que no tiene es médico.

Este mini diálogo, que ha circulado en redes sociales después de conocerse el Convenio del Servicio Andaluz de Salud con los Arzobispados andaluces para el pago de capellanes hospitalarios, refleja con simpleza y fuerza la realidad de nuestro sistema sanitario andaluz. Reducción de recursos, recortes en los cuidados y atención sanitaria y gastos inexplicables y sin sentido como los 7 millones de euros de ese convenio. 

El texto pretende justificar el acuerdo como casi una obligación de las distintas normativas jurídicas

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Arderéis en el infierno, ateos | Paco Sanmartín

agosto 11, 2026

El SAS destina hasta 7,4 millones de euros a la asistencia religiosa católica en los hospitales. No discuto el derecho de un creyente a recibir consuelo. Pero me pregunto por qué la sanidad pública organiza y financia ese consuelo para unos mientras los demás deben apañárselas como puedan

 Capilla en un centro hospitalario, en una imagen de archivo
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Paco Sanmartín, La Voz del Sur, 11 de agosto de 2026

El presupuesto sanitario de Andalucía ha crecido cerca de un 17 % en cuatro años. Hay más dinero. Ya hablaremos de listas de espera, médicos que faltan, centros de salud donde conseguir cita es una tarea casi imposible, profesionales que van a la bulla desde que entran hasta que salen y familias que miden el tiempo sanitario en meses mientras su salud empeora. Pero dinero hay. Y entre esos miles de millones aparece un convenio del Servicio Andaluz de Salud con la Iglesia Católica: 117 capellanes y más de siete millones de euros durante la vigencia de ese convenio. 

No sale del cepillo de una parroquia, ni lo paga el Vaticano, ni de una colecta en la misa de los domingos. Lo paga el SAS y sale del presupuesto sanitario, del dinero de todos. Y esto tiene guasa. No porque un sacerdote entre en un hospital cuando un enfermo lo pide —faltaría más—, sino por un agravio comparativo directo y claro. 

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El brazo opaco de agitación mediática de los obispos que se financia (en parte) con tus impuestos

agosto 10, 2026

Ábside Media agrupa a COPE y Trece TV y recibe fondos del IRPF, pero no revela quiénes son sus dueños ni cuánto dinero público recibe por publicidad institucional

Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal | infoLibre
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Fernando Varela, InfoLibre, 10 de agosto de 2026

Ábside Media, el holding de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la asamblea de los obispos católicos españoles, controla la cadena COPE y el canal de televisión Trece. El grupo se financia en parte con dinero público procedente del IRPF y de la publicidad institucional del Estado. Pero no publica quiénes son sus dueños ni cuánto recibe por publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, algo a lo que está obligado por ley.

COPE y Trece son las dos piezas centrales de la batalla cultural y política que la Iglesia libra a través de sus medios. Pero no son las únicas marcas del grupo. Ábside Media agrupa también tres cadenas de radio musical, Cadena 100, RockFM y MegaStarFM. 

A ellas se suman dos marcas poco conocidas, VivaFe y Ábside Media Producciones, según su propia página oficial. VivaFe se presenta como “una comunidad digital de jóvenes que busca acercarse a Dios a través de la música, dando visibilidad a nuevos músicos católicos, produciendo temas y proyectos como el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España”. Ábside Media Producciones es la productora audiovisual de Trece, descrita como el “brazo de producción multimedia del grupo para desarrollar documentales, formatos especiales y otros contenidos”.

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El poder de la Iglesia Católica en España: un patrimonio forjado a base de privilegios e injusticias | Ricardo Guerrero

agosto 6, 2026

El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad

Foto: Mateo Lanzuela (Europa Press) / Getty images | Fuente
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Ricardo Guerrero, Nueva Revolución, 6 de agosto de 2026

La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.

Patrimonio: Un imperio inmobiliario

La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando.

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Inmatriculaciones, usucapión y expropiación del patrimonio colectivo | Segunda parte

agosto 6, 2026

Una visión laica y republicana sobre el mayor proceso de apropiación patrimonial de la historia contemporánea de España

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Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 6 de agosto de 2026

IV. El título III de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933

  • El artículo 11: la propiedad pública nacional

El artículo 11 establecía un principio revolucionario:

Los templos de toda clase y sus edificios anexos pertenecían a la propiedad pública nacional. La ley incluía: iglesias; catedrales; parroquias; capillas; ermitas; palacios episcopales; casas rectorales; seminarios; monasterios; dependencias auxiliares.

Asimismo, incorporaba bienes muebles vinculados al culto: imágenes; retablos; joyas; objetos litúrgicos; ornamentos.

La importancia histórica de este artículo resulta enorme. Por primera vez una ley española afirmaba expresamente que el patrimonio religioso histórico no pertenecía a una corporación privada sino a la nación. La República reconocía que dichos bienes habían sido construidos mediante el esfuerzo acumulado de generaciones enteras. Por tanto, debían permanecer vinculados al patrimonio común.

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