Monarquía, Ejército e Iglesia, ¿por qué son las tres instituciones privilegiadas y blindadas en la Constitución de 1978?

agosto 30, 2020

Foto Nueva Tribuna

Cándido Marquesán Millán, Nueva Tribuna, 30 de agosto de 2020

Llama poderosamente la atención que en nuestra Carta Magna hubo tres instituciones  a las que se les concedieron grandes privilegios y que quedaron blindadas: Monarquía, Iglesia y Ejército.

Una fue la Monarquía –especialmente blindada frente a eventuales reformas por el artículo 168, que para su revisión o eliminación se requiere aprobación por 2/3 de ambas Cámaras y disolución de las Cortes; las nuevas Cámaras deberán ratificar y estudiar la revisión por 2/3, y posteriormente referéndum.

Y la segunda, la explícita atribución al Ejército de la tutela de la “integridad territorial” y del propio “orden constitucional” (artículo 8), con un doble objetivo. Por una parte, sancionar el olvido de los crímenes franquistas. Por otro, convertir a la jerarquía militar en guardiana de la “indisoluble unidad de la Nación española” y en factor disuasorio frente a las reivindicaciones de autonomía de las “nacionalidades y regiones”.

La tercera, la Iglesia Católica, a la que se le reconocieron sus intereses básicos en materia educativa (artículo 27) y  la renuncia al reconocimiento del carácter laico –y no simplemente aconfesional– del Estado (artículo 16.3), aunque la aconfesionalidad se incumple  ya que en dicho artículo “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.  Un Estado aconfesional no debe hacer una cita expresa a una religión concreta, ya que esto significa privilegiarla sobre las demás e incumplir el artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna ni por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión…”

Tales privilegios a estas tres instituciones, quizá sea, por el peso de la historia, de la que hablaré luego. Han tenido un protagonismo clave. Las tres son instituciones conservadoras, mejor reaccionarias, jerárquicas, verticales, cuyo poder va de arriba hacia abajo, del centro a la periferia. Y lógicamente han contribuido en gran parte, no sé cuál es su alcance, a determinar y configurar nuestra visión política, social, religiosa, económica de acuerdo con determinados valores. Pero además entre ellas ha habido en general un perfecto ensamblaje, o lo que es lo mismo una Triple Alianza. Se han apoyado siempre. Los roces entre ellas  han sido escasos. Lee el resto de esta entrada »


Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


Adiós a la cristiandad

agosto 21, 2020

Es hora de reubicar la religión en el espacio público: derogar los Acuerdos con la santa Sede, devolver los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela

Adiós a la cristiandad

Interior de la catedral de la Almudena durante una misa retransmitida por Internet en marzo / David Expósito

Juan José Tamayo, El País, 21 de agosto de 2020

Cuatro décadas después, la religión, y más concretamente la Iglesia católica, no ha encontrado su lugar en la sociedad española ni su encaje en la estructura del Estado. La razón de tal situación hay que buscarla, en mi opinión, en el propio texto constitucional, que incurre en una crasa contradicción en el mismo artículo, el 16. Por una parte, reconoce el derecho a la libertad religiosa a nivel individual y comunitario y la no confesionalidad del Estado: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por otra, no respeta los principios de laicidad, neutralidad del Estado y de igualdad de todas las religiones ante la ley al colocar a la Iglesia católica en una situación de precedencia: “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”.

En julio de 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), que hoy resulta a todas luces anacrónica en una sociedad secularizada, con un amplio pluriverso de religiones y espiritualidades y en un clima generalizado y creciente de increencia en sus diferentes manifestaciones: ateísmo, agnosticismo e indiferencia religiosa. En enero de 1979 se habían firmado los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede —Concordato encubierto—, que mantenían buena parte de los privilegios educativos, económicos, fiscales, culturales, sociales e incluso militares concedidos a la Iglesia católica en el Concordato franquista y nacionalcatólico de 1953, sin contrapartida alguna de la Iglesia católica. No pocos juristas consideran dichos acuerdos anticonstitucionales. Lee el resto de esta entrada »


Acabemos con los privilegios de la iglesia en España

julio 3, 2020

La Iglesia católica tiene ventajas fiscales, patrimoniales y educativas en el país. En una España moderna, esa institución debe estar sometida a las mismas normas de transparencia, responsabilidad y respeto a la tolerancia que cualquier otra organización.

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David Jiménez, The New York Times, 3 de julio de 2020

 ¿Sigue España siendo un país católico? La pregunta, en uno de los bastiones centenarios de la Iglesia católica, habría resultado absurda hace tan solo unos años. Y, sin embargo, la respuesta hoy es que sí y no. O, dicho de otro modo: si los españoles seguimos siendo católicos, lo disimulamos muy bien. Según un estudio del año pasado del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dos tercios de los ciudadanos declaran serlo, pero solo dos de cada diez van a misa. Las celebraciones religiosas de bautizos, comuniones y bodas se han desplomado. “Si no cambia la cosa, dentro de poco solo celebraremos funerales”, admite un obispo.

Las razones del declive son diversas, pero todas llevan al mismo punto: la Iglesia y el público al que se dirige viven en siglos diferentes y aspiran a modelos de sociedad cada vez más incompatibles. El papa Francisco lo explica mejor en una de las citas que le atribuye la película Los dos papas: “Hemos pasado estos últimos años censurando a cualquiera que no estaba de acuerdo con nosotros sobre el divorcio, el control de la natalidad y la homosexualidad. Mientras nuestro planeta estaba siendo destruido y la desigualdad creció como un cáncer. […] Todo el tiempo, el peligro real estaba dentro”.

Solo una reforma que haga a la Iglesia más inclusiva, incorpore a la mujer, se distancie de la política, acompañe su discurso moral del ejemplo y abrace la tolerancia, especialmente hacia quienes no comparten sus códigos morales, evitará que su irrelevancia vaya a más. Pero nada indica que ese sea el camino escogido por los dirigentes eclesiásticos. Al contrario: persiste el propósito de entrometerse en las políticas de Estados aconfesionales, empujar conceptos retrógrados sobre la sexualidad, negar el papel de la ciencia como motor del progreso y aferrarse a privilegios de otras épocas.

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Podemos-Equo denuncia que Emulsa limpia jardines privados de iglesias en Gijón

febrero 22, 2020

El grupo, tras tener conocimiento de que trabajadores de Emulsa realizaron labores de jardinería en la parroquia de Laviada, pide que se retire el acuerdo de 1983 que lo permite

La fotografía aportada por el grupo municipal de Podemos-Equo con trabajadores realizando las labores de jardinería de la iglesia de la Resurrección, en Laviada

La fotografía aportada por el grupo municipal de Podemos-Equo con trabajadores realizando las labores de jardinería de la iglesia de la Resurrección, en Laviada / Podemos-Equo

Fuentes: La Voz de Asturias / La Nueva España, 22 de febrero de 2020

El grupo municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Gijón ha pedido este viernes que los empleados de la Empresa Municipal de Servicios del Medio Ambiente Urbano (Emulsa) dejen de realizar trabajos en fincas de propiedades privadas. En concreto, se realiza esta petición tras conocer que trabajadores de Emulsa han realizado labores de jardinería en la finca cerrada de la parroquia de la Resurrección, en el barrio de Laviada.

Podemos-Equo denunció ayer que “de forma habitual” se vienen realizando trabajos de jardinería en fincas privadas. “Creemos en la separación del Estado y de la Iglesia, y ese camino pasa por acabar con los privilegios que venían disfrutando como la exención de impuestos o el cuidado por parte del Ayuntamiento, en este caso, de una propiedad que no es pública y sin acceso a la ciudadanía para su uso y disfrute”, criticó la concejal Laura Tuero. Desde la formación morada aseguran que “no es un caso aislado, según nos confirman desde el gobierno local”. “Realizar labores de jardinería en la finca de la parroquia no es la labor de los trabajadores de Emulsa; es el mismo caso que si los empleados públicos actuaran en el jardín de una casa familiar”, reprochó Tuero.

Esta “situación irregular”, sostiene la edil podemista, se remonta a 1983 tras un acuerdo de Junta de Gobierno, según les informaron ayer en Comisión. Es por ello que ahora, desde el grupo municipal de Podemos-Equo solicitan “que se retire ese acuerdo, que no tiene sentido, y que se proporcione información de todos aquellos trabajos de Emulsa en propiedades privadas para comprobar que, efectivamente, se dejan de hacer”, requirió la concejala. Lee el resto de esta entrada »


Diez cosas que probablemente no sabías sobre las cuentas de la Iglesia

febrero 21, 2020

La casilla del IRPF no es el único privilegio que tiene la Iglesia. Solo un tercio de los contribuyentes se declara católico en la Renta, pero todos los españoles pagamos

Reunión de la Conferencia Episcopal

Reunión de la Conferencia Episcopal / CEE

Iganacio Escolar, El Diario.es, 21 de febrero de 2020

1. ¿Cuántos católicos hay en España? La respuesta más exacta está en la renta: en los datos de la casilla de la Iglesia en el IRPF. Son bastante menos de los que algunos creen: apenas un tercio de los contribuyentes españoles. Solo el 32,3% se declara como católico ante Hacienda, según los datos más recientes. La inmensa mayoría, el 67,68%, se niega a apoyar a la Iglesia Católica con sus impuestos.

Esa mayoría de dos tercios paga igualmente a la Iglesia. Aunque no quiera.

2. La casilla del IRPF sale gratis a quien decide ‘donar’ parte de sus impuestos a la Iglesia. No supone ningún esfuerzo. En otros países, como Alemania, tachar esa casilla implica pagar más impuestos: entre un 8% y un 10% adicional, que el Estado recauda y entrega a la Iglesia que corresponda. No así en España, donde ‘escoger’ que el 0,7% de tus impuestos se destine a la Iglesia se paga con la caja de todos. Sale barato a los feligreses, y caro al resto de los españoles.

3. En 2018, la Iglesia recaudó 284 millones de euros por medio de la casilla del IRPF. Es el récord histórico en dinero, que no en el número de contribuyentes. La Iglesia gana más porque la recaudación total ha aumentado, pero está perdiendo fieles y peso en la sociedad española. En el año 2015, eran el 35,2% de los contribuyentes. Hoy son casi dos puntos menos: el 33,3%.

4. ¿En qué se gasta ese dinero? La mayor parte va a pagar los salarios de los curas y obispos, pero un pellizco importante se lo lleva Trece TV: esa televisión conservadora que apenas ven el 2% de los espectadores. En los últimos años, la Iglesia ha gastado allí más de 82 millones de euros recaudados con la casilla de la Renta.

Los obispos gastan en Trece TV unos 11 millones anuales de la Renta. Casi el doble de lo que emplean en Cáritas, donde solo invierten seis millones, según sus propios datos. Lee el resto de esta entrada »


Los privilegios que la Iglesia no quiere perder

enero 26, 2020

La institución episcopal mantiene aún privilegios en educación, tributos, financiación y registro de inmuebles 40 años después de su separación formal del Estado.

Visita del rey a la Conferencia Episcopal. / CONFERENCIA EPISCOPAL

Visita del rey a la Conferencia Episcopal. / CONFERENCIA EPISCOPAL

A. Moreno, Público, 26 de enero de 2020

La Constitución de 1978 representó de facto por primera vez en la historia de España la separación Iglesia-Estado, con el único paréntesis frustrado de la II República. Hasta entonces, durante al menos ocho siglos, la institución eclesiástica había sido un organismo incrustado en las entrañas del poder civil, que había asumido el catolicismo como religión oficial hegemónica. Esa realidad permitió a la Iglesia disfrutar de privilegios cuasi omnímodos en todos los órdenes sociales, políticos, económicos, jurídicos o educativos.

La Transición puso formalmente punto final a un sistema confesional incompatible con un Estado moderno, pero toleró a la jerarquía episcopal ventajas y prerrogativas, que hoy son discutidas por amplios sectores sociales y políticos. De hecho, los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede fueron firmados el 3 de enero de 1979, apenas cinco días después de la ratificación de la Constitución, sometida a consulta popular el 6 de diciembre de 1978. Es decir: fue un Gobierno no constitucional quien diseñó y suscribió un acuerdo internacional de la trascendencia del suscrito con el Vaticano. Es evidente que la UCD se apresuró a amarrar ciertos privilegios eclesiásticos antes de que las elecciones de marzo de 1979 dictaran una aritmética parlamentaria menos complaciente con la Iglesia.

Las prerrogativas que la institución católica logró conservar en aquel acuerdo son muchas y notables. Empezando por una de singular calado histórico: el rey y jefe de Estado está obligado a jurar (no a prometer) la Carta Magna. No es un detalle menor en un país construido sobre la alianza centenaria entre el altar y el trono. Pero la Iglesia dispone de más prebendas.

Aquí reseñamos las más importantes:

La financiación y la casilla del IRPF Lee el resto de esta entrada »


De inmatriculaciones y otros privilegios

diciembre 26, 2019

Las mentiras resultan a menudo mucho verosímiles, más atractivas para la razón, que la realidad, pues quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera o desea oír.

Hannah Arendt

catedral cordoba

Antonio Chazarra, Entreletras, 26 de diciembre de 2019

Podemos observar que la izquierda ha dejado de ser anticlerical. Ofreciendo en este aspecto sensibles diferencias con el pasado. Ahora bien, abandonar el anticlericalismo, en modo alguno puede significar dejar de criticar a la Iglesia cuando su comportamiento es egoísta, incívico y contrario a los valores de una sociedad democrática y de los principios que sientan las bases de una justicia social.

Voy a tratar en este breve ensayo, de las inmatriculaciones. Por cierto, un buen número de ciudadanos ignoran qué es eso y gracias, precisamente a esa ignorancia, se continúan perpetrando abusos y atropellos.

Probablemente, no sea ocioso a este efecto, indicar que desde 1998 hasta 2018 han tenido lugar más de treinta mil inmatriculaciones. El número es sin duda escalofriante. Podemos hablar, por poner algunos ejemplos, de plazas públicas como la de Alcalá de Henares, mezquitas como la de Córdoba, que fue registrada por treinta euros y cuya visita cuesta diez, a cualquier ciudadano deseoso de contemplar esa maravilla de la época musulmana. He ahí, por tanto, un suculento negocio. Si seguimos enumerando, nos encontraremos asimismo con cementerios, ermitas, garajes, fuentes, casas y un largo etcétera.

Esto de inmatricular es un privilegio que sigue la estela del franquismo y frente al que es preciso adoptar una actitud crítica e incluso, emprender una serie de medidas tendentes a subsanar lo que de escandaloso tienen estas apropiaciones indebidas. Durante mucho tiempo se ha venido mintiendo, tergiversando y obteniendo pingües beneficios. Ya es hora de poner fin a estas cínicas actitudes.

Antes de seguir adelante, conviene señalar que obispos, arzobispos y otros cargos eclesiásticos podían auto-concederse la propiedad de los bienes, simplemente emitiendo un certificado sin tener que aportar documento alguno de propiedad. Lee el resto de esta entrada »


¿Qué hacemos con la Iglesia?

diciembre 15, 2019

Si por fin se conforma un Gobierno de izquierdas entre el PSOE y Podemos, debe asumir como una prioridad la revisión del concordato con la Santa Sede y el fin de los injustificables privilegios de la religión católica

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Clara Usón, El Periódico, 15 de diciembre de 2019

Un ministro de Hacienda denunciaba en un informe que los bienes de la Iglesia católica no tributaban a la Hacienda real, en grave perjuicio a la misma y al resto de contribuyentes. Era el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, en su informe reservado de 1787. Más de dos siglos después, en el año 2019, cuando España ya no es una monarquía absoluta, sino una democracia aconfesional y parlamentaria, ese privilegio de la Iglesia permanece incólume, con el agravante de que en el ínterin ha adquirido muchas más prebendas.

En el siglo XIX, durante los Gobiernos liberales, y también bajo el Gobierno conservador de O’Donnell, la mayor parte de las propiedades de la Iglesia fueron nacionalizadas mediante los procesos de desamortización de Mendizábal y Madoz. En aquella época, España era mayoritariamente católica y se libraron las cruentas guerras carlistas; aun así, se consiguió reducir el inmenso poder material de la Iglesia católica.

Vulneración de un principio constitucional

En el siglo XXI, la Iglesia católica vuelve a ser la mayor propietaria de España, gracias en parte al firme apoyo del franquismo, pero, sobre todo, al descarado (e inconstitucional) favoritismo de los gobernantes de la democracia. En 1979, el Gobierno español firmó con la Santa Sede unos acuerdos que prolongaban el concordato firmado por el franquismo en 1953, en clara vulneración del principio constitucional de aconfesionalidad de la democracia española. Gracias a esos acuerdos, que siguen vigentes, la Iglesia católica continua exenta de impuestos, la religión católica sigue siendo una asignatura evaluable, el Estado paga los sueldos de los profesores de religión y de todo el clero español, las escuelas católicas reciben ingentes subvenciones, a través de la ‘x’ de la casilla de renta la Iglesia ingresa cada año 250 millones de euros, y, en conjunto, según cálculos de Europa Laica, el Vaticano percibe anualmente de los contribuyentes españoles alrededor de 11.000 millones de euros, una cifra escandalosa.

A ello debemos sumar la irregular reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar, que ha permitido a la iglesia inscribir a su nombre 30.000 propiedades, solo con la palabra de los obispos, en un procedimiento opaco donde los haya. Lee el resto de esta entrada »


El Concordato, Franco y la autodeterminacion se cuelan en la campaña electoral

octubre 31, 2019

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica

Los asistentes al acto de Falange realizan el saludo fascista en el Ateneo.

26O: Los asistentes al acto de Falange realizan el saludo fascista en el Ateneo de Madrid / Fuente

Antonio Gómez Movellán, Público, 31 de octubre de 2019

En las últimas semanas se ha hablado mucho en nuestro país de la reasignación de los símbolos. La exhumación de la momia de Franco, en medio de una retrasmisión televisa con cierto olor a naftalina ha concitado, por un lado, la alegría de todas las personas que sufrieron la represión franquista y por otro, la incomodidad de una derecha española que nunca ha roto su cordón umbilical con el franquismo. Ha sido Nicolás Sánchez de Albornoz quien ha puesto los puntos sobre las ies sobre el futuro del monumento nacional católico: “tengo la esperanza de que un día al mirar la gran cruz, ésta haya desaparecido”.

En España los símbolos del franquismo se han mantenido durante más de cuarenta años y todavía muchos persisten por aquí o por allá. Por ejemplo, en la ciudad de Santander la estatua ecuestre de Franco presidió la plaza central de la ciudad desde el año 1964 hasta el año 2009 y con la aquiescencia explicita de todos los partidos políticos de la ciudad. La realidad es difícil de explicar, pero en España, tras la muerte de Franco, se produjo una reforma, lo que se vino en denominar transición, que fue dirigida por los capitostes del régimen franquista en un contexto de fortísimas movilizaciones sociales. En cierta forma la Constitución española de 1978 tiene, como dice Pérez Royo, más de Carta otorgada que de Constitución radicalmente democrática. La transición española requiere de una urgente revisión histórica y de su desmitificación y el régimen surgido de ella de un reseteo que abra la vía a cambios políticos y constitucionales profundos. El resultado de estas elecciones de 10 N determinará, en gran medida, si se avanza en un sentido de ruptura o bien se consolida un bipartidismo monárquico que ya no cabe en sus costuras.  Desde luego, las reformas que se puedan emprender necesitarán de una fuerte presión popular. Lee el resto de esta entrada »