La plataforma ciudadana que defiende la recuperación del acceso libre al Patio de los Naranjos ha denunciado hoy una nueva ocupación del espacio público por parte del Cabildo Catedralicio de Sevilla en el entorno de la Puerta del Perdón, una actuación que consideran injustificada y contraria al interés general de la ciudadanía.
Como cada tercer jueves de mes, integrantes de la plataforma se concentraron en las inmediaciones del Patio de los Naranjos para informar a vecinos y visitantes sobre la campaña de recogida de firmas en favor de la apertura libre de este espacio histórico. Durante la jornada comprobaron que la zona reservada para la gestión de los flujos turísticos de la Catedral ha sido ampliada mediante la instalación de postes, cintas y señalización que ocupan buena parte de un espacio destinado tradicionalmente al tránsito peatonal.
Calle de Oviedo/Uviéu en la que fue asesinado el transportista en huelga _______________
Fuente Diego Díaz Alonso, Nortes, 19 de junio de 2026
Una comisión impulsada por el Gobierno sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad en el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, dos de las cuales murieron en Oviedo/Uviéu y en Xixón por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente.
La primera de las víctimas registrada en Asturias es el transportista Valeriano Martínez Pérez, de 41 años, quien murió en Oviedo/Uviéu el 19 de septiembre de 1979 en el contexto de una huelga del ramo.
Casado y con tres hijos, Martínez Pérez formaba parte de un piquete y recibió un disparo de un cabo de la Guardia Civil en un forcejeo entre camioneros y la escolta de un convoy, en el barrio de La Tenderina, cuando los huelguistas trataban de bloquear los accesos a la capital asturiana.
“Había algo en aquella falta de información [sobre el Patronato de Protección a la Mujer] que parecía deliberado, una especie de borrado institucional que había conseguido dejar fuera de la narrativa oficial a miles de mujeres”.
He quedado verdaderamente impresionado tras la lectura del libro Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), escrito por la historiadora española Carmen Guillén y publicado en 2026. Impresionado por su calidad historiográfica, por tanto, por su magnífica literatura (sin una correcta expresividad literaria la Historia no sirve para gran cosa), y por su valor, su indudable valía, social, civil. Estamos ante una obra perdurable, imprescindible para apuntalar cuanto sabemos sobre el franquismo y cuanto sabemos sobre el desprecio y maltrato con que se ha tratado en líneas generales a las mujeres que no cumplían los requisitos inmarcesibles marcados por el poder y las convenciones sociales dominadas por él.
El franquismo no inventó el control sobre las mujeres, pero sí “lo sistematizó y lo convirtió en política de Estado”.
Que hasta hace relativamente poco el Patronato de Protección a la Mujer estuviera fuera del foco de cuantos estudiábamos el franquismo es muy llamativo.
La organización denuncia que la propuesta de despenalizar el delito de «ofensas a los sentimientos religiosos» (artículo 525) y dejar intactos los artículos 522, 523 y 524 del Código Penal, perpetua la sumisión del Estado de derecho a dogmas religiosos.
Ante el reciente anuncio de acuerdo parlamentario entre el PSOE y Sumar para reformar la denominada ‘Ley Mordaza’ y despenalizar las injurias a la Corona y el delito de «ofensas a los sentimientos religiosos», Europa Laica quiere manifestar su rechazo ante lo que considera una reforma a medias, claramente insuficiente.
Valorando positivamente cualquier avance que suponga eliminar el anacrónico artículo 525 del Código Penal, utilizado históricamente por sectores ultracatólicos como un ariete de censura y persecución civil contra creadores, activistas y librepensadores, alertamos de que esta medida se queda coja si no va acompañada de la derogación o reforma profunda de los artículos 522, 523 y 524.
Al acotar la reforma exclusivamente a las «ofensas» (blasfemias) del artículo 525, el Gobierno de coalición consolida un marco jurídico de excepción que sigue blindando los privilegios de las confesiones religiosas, y muy especialmente de la Iglesia católica. Europa Laica denuncia que mantener el resto del articulado penal supone:
Estos días la noticia se llama ZP y otras cuestiones judiciales y mediáticas, además de la preocupante crispación política que paraliza políticas, pero no me resigno a volver con el eterno tema, una vez más y sin solución. De origen bíblico “predicar en el desierto” hoy, en el argot común, tiene varios significados: “esfuerzo inútil” y/o “nadie se da por aludido”.
Antes y posterior a la visita del jefe de las y los católicos a España, ningún político de todo sexo y colorín (salvo muy escasas excepciones) se daban/dan por aludidos, hacen oídos sordos. Es más, practican, institucionalmente, de forma muy generalizada un catolicismo cutre y casposo, más cercano a la época del nacionalcatolicismo que a un Estado de derecho y de democracia formal que la Constitución, remarca: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Y en ello están la inmensa mayoría de alcaldes/as, concejales/as, presidencias de las CCAA diputados provinciales y autonómicos, cargos públicos estatales, ministras y ministros, con el presidente al frente.
El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983. La comisión prevista en la Ley de Memoria para estudiar vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 excluye a asesinados por los GAL. Según el PP, pretendía blanquear a ETA
Los padres de Juan Félix Domínguez, de dos años, muerto por disparos de la Guardia Civil en un control de carretera, velan el cadáver del niño en Getafe en febrero de 1983 | Ricardo Martín _____________________
Fuentes El País (Natalia Junquera) |El Diario, 18 de junio de 2026
El Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación económica a los republicanos
El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978.
Si el profesor de un colegio religioso se dirige a su grupo de alumnos advirtiéndoles de la amenaza que entraña sentir atracción hacia personas de su mismo género, prometiéndoles redirigir su deseo e instándoles a cortar sus relaciones íntimas, es posible que a ojos de la justicia no sea autor de un delito. Tampoco quien en una misa vincule la transexualidad con el infierno, el mal y la inmoralidad. Ni aquellos que promocionen remedios sin aval científico para aliviar los supuestos males que colman el corazón de los homosexuales.
La Comisión de Igualdad del Congreso, con los votos en contra de PP y VOX, ha decidido este miércoles poner remedio a esta situación, tipificando las mal llamadas terapias de conversión como un delito en la legislación española.
Cuando se matricula a un hijo en un centro concertado católico, la familia acepta un ideario educativo que, por ley, debe estar publicado en el boletín oficial correspondiente y ser claro, accesible y veraz. Lo que muchas familias desconocen es que en diversos centros, especialmente en Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y el Levante, el ideario real no coincide plenamente con el ideario formal: en la práctica, la orientación religiosa no es la general de la Iglesia católica, sino la de un movimiento concreto, el Camino Neocatecumenal, fundado por Kiko Argüello y Carmen Hernández en 1964 en Palomeras Altas.
El patrón organizativo: legal, pero no siempre transparente
El modelo que puede repetirse en los centros es el siguiente:
La libertad religiosa es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Consiste en el derecho de cada persona a profesar una religión, cambiar de creencias o no seguir ninguna, sin sufrir coerción ni discriminación. Este principio, reconocido en numerosos tratados internacionales y constituciones, nació como una garantía frente a los abusos del poder político y religioso.
Sin embargo, en diversos países ha surgido un debate sobre los límites entre la legítima expresión de las convicciones religiosas y lo que algunos consideran intentos de imponer esas convicciones al conjunto de la sociedad. La cuestión no es nueva, pero ha adquirido especial relevancia en un contexto de creciente pluralismo cultural, religioso e ideológico.
Miguel Hurtado, activista y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya, asegura que el ministro ha “incumplido con su compromiso”. Según Justicia, “no existe un consenso amplio”. ERC y Podemos han solicitado su comparecencia
Miguel Hurtado, responsable de la convocatoria y portavoz de la plataforma Reparación Integral Ya (RIYA), delante del Congreso, este martes | Eleonora Giovio __________________
El Congreso aprobó, en noviembre de 2024, estudiar un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra menores (penados con más de cinco años de cárcel) no prescriban. Tras esa toma en consideración, empezó la tramitación parlamentaria (con la aprobación de 310 diputados). El plazo para presentar enmiendas se cerró este pasado mes de febrero y los activistas que han luchado para la reforma de la ley se han concentrado este martes frente al Congreso para denunciar “la parálisis” de la reforma y el “incumplimiento del compromiso del ministro de Justicia, Félix Bolaños”.
Posted by asturiaslaica 
