Que las sociedades cristianas se hayan vuelto progresivamente más laicas no es mérito del cristianismo, sino de los agentes sociales que han limitado la injerencia de la religión en los asuntos públicos.
Francisco de Goya: Auto de fe de la Inquisición _________________
Me gustó Águilas de El Cairo, la película de Tarik Saleh que seleccionó Suecia para competir en la última edición de los Oscar. Una historia de intrigas palaciegas en Egipto, con el mundo del cine como escenario. Soy lo que antaño se llamaba un completista, así que busqué otros títulos del director (aunque, a qué engañarnos, buena parte del mérito de Águilas de El Cairo es de su protagonista, Fares Fares) y di con Conspiración en El Cairo, premiada en Cannes, que también va de intrigas y tensiones entre poderes, en este caso el del gobierno egipcio y el de la Universidad Al-Azhar.
La cosa iba bien, pero echaba algo en falta. No sabía decir qué era hasta que, transcurrida más de media hora de película, caí en la cuenta de que aún no había salido una sola mujer. Lo cual no es de extrañar, siendo el escenario una universidad islámica. Pero que el director de la película no hiciera el menor subrayado al respecto sí me pareció chocante. Era como ver una película protagonizada exclusivamente por niños. Como Bugsy Malone o El señor de las moscas. Solo que en estas hay niños haciendo de adultos, mientras que en Conspiración en El Cairo son adultos portándose como niños. Y me vino a la memoria la novela Sumisión, del pérfido Houellebecq, que imagina un futuro en el que un partido islamista gana las elecciones presidenciales francesas y legaliza la poligamia, derogando la igualdad entre hombres y mujeres.
El artículo de Antonio Naval Mas publicado en El Diario de Huesca, “La sentencia definitiva sobre el Santuario de Casbas de Ayerbe”, 6-07-2026, tiene miga por sus diversos enfoques que tienen como titular el citado Santuario (obispado de Huesca) y como fondo ciertas referencias a las propiedades de la iglesia, la gestión de sus bienes, el entorno de la catedral oscense y los legados y donaciones.
La Seo de Zaragoza [ábside, cimborrio y torre] desde plaza de San Bruno | Fuente ___________________
Me voy a referir aquí a lo que repite reiteradamente el autor sobre las propiedades de la Iglesia: sus edificios de culto, dando por hecho que “por costumbre inveterada por la aceptación de todos” han sido propiedad de la Iglesia Católica. y que “era el derecho consuetudinario que no ha puesto en cuestión la propiedad de los edificios religiosos”. Dicho esto por Antonio Naval, historiador del arte y sacerdote, entiendo que le asiste el ”Derecho divino” como tal, aserto defendido por la alta jerarquía católica. En su texto, se amontonan los términos propiedad, posesión y gestión, como si fueran similares, pero no lo son. Veamos.
Por mi parte, como historiadora del arte y miembro de la sociedad civil, me rijo por un cierto conocimiento a través de las investigaciones de otros relativas a las propiedad de la I.C. que, curiosamente, tienen que ver con las inmatriculaciones realizadas sobre los inmuebles de culto en las últimas décadas, 1946-1998-2015.
Retirar la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera es un acto justo. Pero si el Estado reconoce que sus teorías pseudocientíficas sirvieron para justificar el robo y la separación de niños y niñas, el siguiente paso debe ser la aprobación de la Ley de Bebés Robados
El psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera | Foto: Archivo Nacional de España ________________
Soledad Luque-Manuel Sánchez Moreno, Bebés Robados, 19 de julio de 2026
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Vallejo-Nájera concedida durante la dictadura, invocando precisamente que sus teorías sirvieron para justificar odio, represión y desigualdad. Es sin duda una buena noticia. Lo es porque ninguna democracia debería mantener honores públicos a quien utilizó la medicina, la psiquiatría y el prestigio de la ciencia para legitimar la represión, la desigualdad y la deshumanización de una parte de la población. Precisamente por eso nos planteamos una pregunta incómoda, si el Estado reconoce hoy que Vallejo-Nájera fue una pieza fundamental de la pseudociencia represiva del franquismo, ¿cómo es posible que siga pendiente una ley de bebés robados? Nos explicamos.
Antonio Vallejo-Nájera no fue un médico cualquiera extraviado por los prejuicios de su tiempo.
Un reconocimiento histórico con décadas de retraso
Dos reconocimientos oficiales:
El 19 de febrero de 2026, el Gobierno de España emitió una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. En ella declaró acreditado que Olmo Gómez Aldaz padeció persecución durante la dictadura franquista, que en 1971 fue sustraído y adoptado sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores y que debía ser considerado víctima.
El 6 de julio de 2026, Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos) emitió una segunda resolución administrativa que reconoce su condición de víctima del golpe militar y de la dictadura franquista al amparo de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
Tribuna erigida en la Pradera de San Isidro de Valladolid para la celebración del segundo aniversario del Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1938. En la imagen, sacerdotes católicos celebran una misa | Wikipedia ________________
Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 18 de julio de 2026
El golpe que abrió las puertas al fascismo: Consecuencias, memoria y lecciones para el presente
Cuando en la tarde del 17 de julio de 1936 las primeras unidades del Ejército de África se sublevaron en Melilla, culminaba un proceso conspirativo que se había gestado durante años. La insurrección militar no fue el fruto de un arrebato provocado por el deterioro del orden público durante la primavera de 1936, ni la respuesta inevitable a una supuesta revolución en marcha. Fue la consecuencia de la decisión adoptada por una parte del Ejército, respaldada por importantes sectores económicos, políticos, religiosos y sociales, de impedir por la fuerza la continuidad de un régimen democrático cuya legitimidad emanaba de las urnas.
La historia posterior ha demostrado que el objetivo inicial de los conspiradores no consistía en desencadenar una guerra prolongada. Su propósito era reproducir el modelo clásico del pronunciamiento militar español: ocupar los centros de poder, detener a las autoridades republicanas, controlar las principales ciudades y constituir un gobierno de excepción que liquidara el orden constitucional. No lo consiguieron.
Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 18 de julio de 2026
La cuenta atrás hacia el 18 de julio: apoyos internacionales, el asesinato de Calvo Sotelo y la decisión definitiva de los conspiradores
La victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 supuso el punto de no retorno para quienes llevaban años preparando el derribo de la Segunda República. Aquellos comicios, celebrados con todas las garantías legales y reconocidos por las instituciones del Estado, devolvieron el Gobierno a una coalición de partidos republicanos y de izquierda que se comprometía a reactivar las reformas paralizadas durante el bienio conservador. El resultado fue recibido con esperanza por amplios sectores populares y con auténtica alarma por buena parte de las élites económicas, militares y religiosas. Desde ese momento, la conspiración dejó de ser una posibilidad para convertirse en un plan operativo.
Los contactos clandestinos se multiplicaron. Los enlaces militares intensificaron sus desplazamientos. Las organizaciones monárquicas aceleraron la captación de recursos económicos, los requetés incrementaron su instrucción paramilitar, la Falange recrudeció su campaña de violencia callejera, y los principales generales comprometidos con la conspiración comenzaron a preparar el reparto de responsabilidades para el futuro golpe.
Lejos de improvisarse durante el verano de 1936, la sublevación respondía ya a un calendario cuidadosamente elaborado.
Ha exigido la revocación inmediata de la cesión de la parcela E-7 en Entrenúcleos en Dos Hermanas y que sea blindada de forma exclusiva para construir infraestructuras educativas y sociales de gestión y titularidad 100% públicas
La parcela en Entrenúcleos cedida a la Archidiócesis por el Ayuntamiento de Dos Hermanas | Andalucía Información _____________________
Andalucía Laica ha denunciado la cesión de más de 27.000 m² de suelo público del Ayuntamiento de Dos Hermanas (PSOE) al Arzobispado de Sevilla y ha pedido su inmediata revocación, al considerar que es un «atropello a la aconfesionalidad del Estado» que se destinen a construir un colegio privado-concertado católico y una nueva iglesia en lugar de destinar la parcela de equipamiento a “la red de educación pública, neutral y de calidad, no en financiar el adoctrinamiento religioso”.
Comunicado
La organización califica de «atropello a la aconfesionalidad del Estado» la cesión gratuita de una gigantesca parcela comunitaria en Entrenúcleos para construir un colegio privado-concertado católico y una nueva iglesia.
Exige que los recursos y suelos destinados a equipamiento docente se inviertan exclusivamente en la red de educación pública, neutral y de calidad, no en financiar el adoctrinamiento religioso.
Un escrito de la asociación regional de fotoperiodistas motiva la aplicación del proceso de reparación de memoria democrática, que anula las competencias del tribunal «ilegal» que encarceló al gijonés durante años y le impidió ejercer
Constantino Suárez, retratado en la playa de San Lorenzo, Gijón ______________
El fotógrafo Constantino Suárez es, ahora oficialmente, una víctima del franquismo. Lo es gracias a una resolución del Ministerio de Patrimonio y Memoria Democrática que señala que el gijonés fue encarcelado a manos de un tribunal «ilegal e ilegítimo» que truncó su carrera profesional. La declaración surge gracias a una petición de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias, que desde hace años trabaja junto a otras entidades en la labor de recuperar la figura de un fotógrafo que, pese a haber sido uno de los grandes retratistas de la región, se jubiló con una pensión mínima y con una carrera hacía décadas truncada por la represión del régimen, que lo reprobó por ejercer como fotoperiodista durante la Guerra Civil.
La declaración ya ha quedado inscrita en el registro de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática y ha sido notificada a la asociación de fotoperiodistas mediante un escrito de Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas, que traslada al grupo el «honor» de poder formalizar el trámite. Su equipo considera «acreditado» que Constantino Suárez «padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista» y que ingresó en prisión condenado por un consejo de guerra «ilegal». Con esta resolución, en concreto, el Gobierno de España invalida las competencias del tribunal que juzgó al fotógrafo y declara además nula la condena que se le impuso.
Un prior de la orden le pidió al denunciante, un antiguo colaborador de la residencia, retirar la demanda: “¿Me meto yo si en tu casa se hacen lentejas o garbanzos?»
Martín Alexis González y su mano derecha, Luis Carlos Rodríguez, en una imagen cedida de archivo _________________________
Lo que hacía Fray Martin Alexis González, acusado de apropiarse indebidamente de más de 260.000 euros de los religiosos con demencia y problemas mentales a los que cuidaba, no era un secreto. Lo hablaban entre las trabajadoras de la residencia de los Dominicos El Vedat de Torrent (Valencia), donde viven frailes de edad avanzada que requieren atención específica o que no pueden cuidarse por sí mismos. Además, el denunciante, un antiguo colaborador en ese centro, lo puso en conocimiento del antiguo prior del convento, Juan Mengual, que restó importancia a los hechos y le llegó a pedir que retirase la denuncia.
La persona que dio origen a la investigación policial asegura que también reveló lo sucedido a Jesús Díaz Sariego, entonces prior provincial y actual presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Díaz Sariego ha declinado hacer ningún comentario a este periódico, mientras que Juan Mengual está recluido en el convento en el que se produjeron los hechos. Consultada por este periódico por los audios, la orden se remite a un comunicado que emitieron hace ocho meses, en el que dicen que están cooperando “plenamente con el juzgado”.
Sanjurjo y otros oficiales en el banquillo de acusados, durante su juicio (1932) | Wikipedia __________________
Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 15 de julio de 2026
El fracaso de la Sanjurjada no supuso el final de los intentos por derribar la Segunda República. Constituyó, por el contrario, un aprendizaje. Los conspiradores comprendieron que un pronunciamiento militar al estilo del siglo XIX ya no bastaba para acabar con un régimen que contaba con un amplio respaldo popular y con una legitimidad emanada de las urnas. Si querían triunfar, el próximo golpe debía ser cuidadosamente planificado, contar con apoyos políticos y económicos sólidos y garantizar la adhesión de las principales guarniciones militares del país.
Entre 1933 y el verano de 1936 fue tejiéndose una compleja red de complicidades en la que confluyeron generales, aristócratas, grandes propietarios, financieros, dirigentes monárquicos, tradicionalistas, falangistas y una parte significativa de la jerarquía eclesiástica. Aquella alianza no respondía a un proyecto político único; coexistían en ella monárquicos alfonsinos, carlistas, conservadores autoritarios y fascistas. Sin embargo, todos compartían un objetivo inmediato: destruir el régimen republicano antes de que las reformas emprendidas desde 1931 modificaran definitivamente la estructura económica, social y política de España.