Hace unos meses, en una entrevista con este periódico, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, aseguraba que en Euskadi todavía no se había tocado fondo en el proceso de secularización. El prelado decía que, antes del pequeño «rebrote» de creyentes que auguran, el declive de fieles en el territorio se iba a
agravar. Y lo ha hecho. Solo el 42% de los vizcaínos se definen como católicos, once puntos menos que en 2021. El dato viene además de la propia Diócesis, que cada cuatro años elabora un informe sobre la imagen que proyecta la institución en el territorio.
El último análisis, de finales del pasado año, recoge por primera vez -la serie empieza en 2013- un porcentaje de creyentes inferior al 50%. El desplome es inédito. Entre 2017 y 2021, por ejemplo, la identificación con la religión católica se contrajo apenas cuatro puntos. No se puede entender esa falta de vinculación con el catolicismo sin reparar en cómo ha empeorado la percepción que tiene la población sobre esta religión tras los sucesivos escándalos financieros y de abusos, las dificultades para adaptarse a las nuevas realidades sociales…
Una resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incluye el “Monumento a los Héroes del Simancas” en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Rechaza las alegaciones de la Compañía de Jesús, considera que incumple la legalidad y da seis meses a la Compañía para retirarlo
Colegio de los jesuitas en Gijón con el monumento a los «Héroes del Simancas» | Fuente foto ________________
El Gobierno de España ha ordenado la retirada del llamado Monumento a los Héroes del Simancas, en homenaje a los militares sublevados en julio de 1936 contra la República, tras incluirlo en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. La resolución, firmada el 1 de septiembre por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, establece que no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su conservación.
El 9 de febrero de 2026 la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 4.1 del Real Decreto 1040/2025, de 19 de noviembre, por el que se establece el procedimiento para la confección del Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y se crea la Comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, acordó incoar de oficio el procedimiento de inclusión en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática del “Monumento a los Héroes del Simancas” (Gijón)…
Revisadas y analizadas las alegaciones el Informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática concluye
J.A. Franco ha remitido al Observatorio del Laicismo este documento para facilitar la presentación de alegaciones ante la medida adoptada por la Junta de Extremadura para intentar proteger el monumento franquista. El plazo culmina el próximo 9 de septiembre: Descargar aquí el modelo de alegaciones, rellenar y firmar. Para presentar electrónicamente poner en el buscador: “Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental”, Junta de Extremadura.
Una nueva aberración ultraderechista nos aflige en estos meses de calor. La Junta de Extremadura sale al rescate de un símbolo franquista en Cáceres. El trámite de información pública para presentar alegaciones se publicó en el Diario Oficial de Extremadura este 18/08/2026, el mismo día que fusilaron a Lorca.
La Cruz de los Caídos de Cáceres no surge como obra arquitectónica neutra a la que después se atribuye un significado político. Se concibió como instrumento conmemorativo de la Guerra Civil para mayor loa del bando sublevado y en la fase de consolidación de la dictadura franquista.
El objetivo “prevaricador” es claro, utilizar la declaración BIC como artefacto legal para impedir la aplicación de la legislación estatal de memoria democrática, en el marco de la cual se exige su retirada (resolución del 17/04/2026). La misma estrategia jurídica ad hoc seguida por la Junta de Extremadura en el caso de la construcción ilegal de la urbanización de la Isla de Valdecañas.
Esta palabra no es una forma de expresar un estado de ánimo, corresponde a un tipo penal. Y las acciones de Israel en Palestina cumplen los requisitos citados por la ONU para recibir esa calificación, según se sostiene en ‘Gaza y el sentido del mundo’, un libro de Santiago Alba Rico del que ‘Ideas’ adelanta un extracto
Palestinos rezan delante de los cuerpos de dos palestinos asesinados por un ataque israelí en Gaza el pasado 10 de febrero | Mohammed M Skaik ( AFP / Getty images) __________________
Fuente: Santiago Alba Rico, El País, 1 de septiembre de 2026
Como sabemos, el tipo penal del “genocidio” es muy reciente. Se incorpora al derecho internacional después de la II Guerra Mundial, al mismo tiempo que el de “crímenes contra la humanidad”. Estas dos innovaciones decisivas, ambas hechura de juristas judíos, son en realidad la base del nuevo orden mundial forjado en la fragua de los juicios de Núremberg y en la cuna de las Naciones Unidas, un orden pensado para corregir el surgido tras la Paz de Westfalia (1648), cuando Europa puso fin a la guerra de los Treinta Años y estableció el régimen geopolítico aún vigente. Recordemos que esos famosos acuerdos establecían la soberanía de los príncipes frente a los imperios o, si se prefiere, de los Estados nación frente al Sacro Imperio Romano y sus pretensiones territoriales, lo que implicaba la aceptación de dos principios fundamentales para la diplomacia moderna: el de la libertad religiosa y el de la no intervención en los asuntos internos de otro país.
Pedro María Fernández Sandino, Euskadi Leikoa, 31 de agosto de 2026
La portada de El Correo del 25-08 ofrecía una imagen que, para muchos bilbaínos, forma parte de la tradición y de la memoria sentimental del Athletic, jugadores y representantes del club en la Basílica de Begoña. El pie de foto resumía la escena con una frase contundente: «El Athletic se encomienda a la Amatxu».
No pretendo discutir esa tradición, ni mucho menos cuestionar la libertad religiosa de quienes participan en ella. Tampoco pretendo enfrentar al Athletic con la religión, ni al fútbol con la Iglesia. Sería absurdo. El Athletic tiene una historia, unas costumbres y unos vínculos con Bilbao que merecen ser conocidos y respetados.
Mi reflexión es otra y tiene que ver con algo más general, la necesidad de distinguir entre una tradición religiosa, la creencia personal de quienes participan en ella y la representación de una institución que pertenece a una sociedad plural.
Relación de los prelados señalados de haber encubierto, silenciado y ocultado casos de abusos a menores en sus diócesis y órdenes
Obispos españoles entran al Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en Getafe, en una fotografía de archivo |Ricardo Rubio / Europa Press (Europa Press) ___________________
Julio Núñez |Íñigo Domínguez, El País, 31 de agosto de 2026
Los cientos de casos de pederastia en la Iglesia española sacados a la luz por la investigación iniciada por EL PAÍS en 2018 incluyen numerosos episodios de ocultamiento, silenciamiento y encubrimiento. Emergen de sentencias judiciales y canónicas, publicaciones periodísticas, documentos y denuncias de las víctimas. En este momento, aunque este diario actualiza periódicamente la información, es una lista que incluye siete cardenales, 61 obispos y 26 superiores de órdenes religiosas.
Las acusaciones apuntan a que estos prelados impidieron que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente. Los obispos siguieron diversas maniobras: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país.
Performance en el primer paseo por el patrimonio inmatriculado de Sevilla, organizado por la Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla. Actuación del inmatriculador (obispo) y su cómplice (Aznar) | ________________
Hay quien cree que los verdaderos prodigios de la era moderna ocurrieron en los laboratorios de Silicon Valley o en la carrera espacial. ¡Ilusos! El mayor acto de prestidigitación inmobiliaria de la historia contemporánea de España no necesitó tecnología punta, sino algo mucho más eficaz: un BOE, un Gobierno amigo y la bendita pluma de José María Aznar.
Porque, reconozcámoslo, hay amigos que te invitan a unas cañas y hay amigos que te ponen a nombre propio cerca de 35.000 inmuebles sin despeinarse. A finales de los noventa, el Ejecutivo de Aznar decidió que la Iglesia Católica tenía un problema gravísimo: no podía poner a su nombre hasta el último cortijo, ermita, solar y piso con la misma facilidad con la que un curilla firma un bautizo. Y claro, ante semejante «discriminación» —la de tener que demostrar que algo es tuyo igual que el resto de los mortales—, papá Estado acudió al rescate.
Cuando el viejo Estado confesional reaparece vestido de legalidad democrática
Ilustración de Fede Yankelevich | Fuente ___________________
Pedro María Fernández Sandino, Euskadi Laikoa, 30 de agosto de 2026
Hay normas que sobreviven a los regímenes que las alumbraron, cambian los uniformes, cambian las instituciones, cambia la Constitución y cambia incluso el lenguaje con el que se justifican. Pero determinadas concepciones del poder pueden permanecer incrustadas en el ordenamiento jurídico, como restos de una época anterior que nadie se ha atrevido a retirar. El artículo 525 del Código Penal español es, desde esta perspectiva, un caso especialmente significativo.
No porque pueda decirse, en sentido estrictamente histórico, que el artículo 525 sea «una ley franquista». El Código Penal vigente fue aprobado en 1995. La cuestión es más profunda, el delito de escarnio de los sentimientos religiosos es la continuidad democrática de una tradición penal mucho más antigua que, durante el franquismo, estuvo integrada en un Estado confesional católico, en el nacionalcatolicismo, y que protegía jurídicamente una determinada concepción de la religión y de su posición en la sociedad. El problema, por tanto, no es únicamente la antigüedad de una norma, es la supervivencia de una lógica: la lógica según la cual determinadas creencias merecen una protección jurídica especial frente a la irreverencia, la burla o el escarnio.
Durante décadas, distintas asociaciones y generaciones han reclamado la demolición de esta construcción, adosada a la iglesia de San Bartolomé, como paso imprescindible para recuperar la configuración original de la plaza, un espacio comunal hasta 1929, año en que el obispado lo inmatriculó a su nombre en el Registro de la Propiedad. (La Laguna Ahora)
La Casa del Cura de Tejina, a la izquierda de la iglesia. | El Día __________________
Los informes encargados por el Ayuntamiento de La Laguna no han detectado elementos claros que impidan la demolición de la Casa del Cura del Tejina, un inmueble ubicado junto a la iglesia de San Bartolomé y cuyo derribo han pedido insistentemente desde la zona con el objetivo de ampliar la plaza. Se trata de un asunto que viene de lejos y que tiene como clave principal la situación patrimonial del edificio.
En 2023, el consistorio lagunero anunció que modificaría el vigente catálogo de protección municipal para descatalogar la construcción. El Cabildo, en cambio, observó razones para su preservación. En agosto de 2024, el Ayuntamiento dio a conocer el encargo de un estudio independiente. Ya en mayo de 2025, la Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina reiteró en un comunicado el deseo de que la Casa del Cura fuese demolida, mientras que el sacerdote Daniel Padilla manifestó que la Iglesia también apoyaba el derribo. Y poco más se había sabido hasta ahora.
El artículo critica que el Gobierno no ha condenado las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia, a pesar de ser considerado un fraude y una malversación.
El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.
Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno.
Posted by asturiaslaica 
