Un 24,8% de los españoles que hicieron la Declaración de la Renta correspondiente a los ingresos de 2025 destinaron el 0,7% del IRPF a la Iglesia Católica, ya sea marcando solo la casilla de la Iglesia o ambas casillas, la de la Iglesia y la de Fines Sociales, según el avance de resultados de Opinión Pública y Política Fiscal, publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Así, de los datos se desprende que un 11,1% de los entrevistados que hicieron la Declaración de la Renta marcó la casilla de la Iglesia católica y un 13,7% dice haber marcado ambas, la de la Iglesia y la de Fines Sociales.
Un 66,9% ha dejado sin marcar la casilla de la iglesia (7,6% NS/NR)
Además, según el CIS, un 29,2% de los españoles asegura haber marcado solo la casilla de Fines Sociales y otro 37,7% señala que no ha marcado ninguna de las casillas.
Europa Laica considera que «la libertad religiosa es un derecho individual a respetar, pero la atención espiritual debería ser sufragada en su totalidad por las confesiones e iglesias o sus propios fieles».
El arzobispo José Ángel Saiz, el consejero Antonio Sanz y el arzobispo José María Gilen la firma del convenio, junio de 2026 | Fuente foto _________________
El Gobierno andaluz ha renovado en fechas recientes el acuerdo con la Iglesia católica para la atención religiosa en los hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El gasto previsto, según consta en el propio convenio, que tiene una vigencia para cuatro años, prorrogables, y fue rubricado por el consejero Antonio Sanz (PP) y por los arzobispos de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y de Granada, José María Gil Tamayo, es de 1.849.676 euros anuales destinados al pago de los salarios de 117 capellanes, de los que 34 serán contratados con jornada parcial. El acuerdo recoge que la «contraprestación económica» se hará «a las provincias eclesiásticas de Andalucía», es decir, a los obispados. La cantidad total destinada a esos sacerdotes ha aumentado de los 1,4 millones de 2018, el último año de Gobierno del PSOE en la comunidad, a los 1,8 millones de ahora.
También el número se ha incrementado desde los 96 de entonces a los 117 de ahora.
Un 31 de julio de 1826, el maestro Gaietà Ripoll era ahorcado en la plaza del Mercado de València por orden de la Junta de la Fe, órgano continuador del Santo Oficio. Tenemos el dudoso honor de ser la ciudad donde la Inquisición ajustició a la última víctima en el mundo. Sin embargo, la mayoría de ‘patriotas’ valencianos no sabe quién fue Ripoll
Fue hace doscientos años, un 31 de julio de 1826, el maestro Gaietà Ripoll era ahorcado en la plaza del Mercado de València por orden de la Junta de la Fe, órgano continuador del Tribunal del Santo Oficio. Tenemos el dudoso honor de ser la ciudad donde la Inquisición ajustició a la última víctima en el mundo. Pero también ostentamos el triste récord, no ya de haber olvidado, sino que tan siquiera la mayoría de patriotas valencianos sabe quién fue Gaietà, cuyo proceso, constituye uno de los episodios más nefastos de represión ideológica y religiosa en nuestra historia contemporánea.
Por supuesto que antes de Gaietà Ripoll hubo muchísimas más víctimas, y algunas siguen presentes en la memoria.
Justo un año después de que el Arzobispado de Madrid interviniese mediante un decreto la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso (HAM), el cardenal José Cobo ha firmado la disolución de esta organización, de tintes sectarios e investigada por una amplia gama de abusos
Justo un año después de que el Arzobispado de Madrid interviniese mediante un decreto la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso (HAM), el cardenal José Cobo ha decretado la supresión de esta organización, de tintes sectarios e investigada por una amplia gama de abusos, entre ellos, sexuales, pero también de prácticas exorcistas a menores, terapias de conversión, culto a los fundadores, entre ellos, María Milagrosa Pérez Caballero, más conocida como Marimí.
Cierre total. Sin más prórrogas. Después de intentar reconducir a la asociación, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha decretado la supresión de las HAM, tras dar verosimilitud a acusaciones de abusos estructurales de poder, conciencia y sexuales.
La propuesta, marginal hasta hace poco, gana visibilidad en la América de Trump gracias a defensores como el pastor del secretario de Defensa, ‘influencers’ ultraconservadoras y líderes de la ‘machosfera’
El pastor Douglas Wilson en la Conferencia Nacional Conservadora en Washington, en julio de 2024 | ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo (Alamy Stock Photo) ____________________
El teólogo y pastor Doug Wilson lleva desde los años 70 predicando desde su rincón, literal y metafórico, de Estados Unidos. Es cofundador de su propia denominación cristiana, que lleva el nombre de Comunión de Iglesias Reformistas Evangélicas y cuenta con unas 170 congregaciones por todo el país. También es líder de un emporio de ideas ultraconservadoras que cuenta con una pequeña universidad y una escuela de primaria y secundaria, un servicio de streaming y una editorial. Todo ello lo maneja desde la localidad de Moscow, en Idaho, uno de los Estados más conservadores de la Unión.
Hay muchos predicadores como él en un país en el que la religión es también un suculento negocio, pero no todos cuentan entre sus feligreses con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ha llegado a invitar a Wilson al Pentágono para que dé un sermón.
Su autor, Olmo Gómez Aldaz, bebé robado, tras años de pelea por recuperar su identidad de origen, en febrero de este año recibió la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal: «ha quedado acreditado que […] padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista.» | «en 1971 fue sustraído y adoptado sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores.» | «su circunstancia le hace ser considerado como “víctima” según lo contemplado en el artículo 3.1 de la Ley 20/2022.»
Imagen a partir de la portada del libro ___________________
Asturias Laica, 27 de julio de 2026
El título: DOGA: es el acrónimo de la Declaración de Olmo Gómez Aldaz, el nombre que dio al documento de declaración personal ante las instituciones de Memoria para que el Estado reconociera que encajaba en la Ley de Memoria Democrática que describe como niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores (bebés robados). El mismo reconocimiento le llegaría también de Euskadi, de dónde eran sus padres adoptivos.
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Víctimas
1. A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en particular a:
[…] h) Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.
Un análisis de las tarifas de acceso a las principales catedrales, mezquitas y basílicas de la Iglesia católica española, la mayoría inmatriculadas con los privilegios franquistas, revela una recaudación multimillonaria exenta de impuestos
Sagrada Familia, Barcelona | Fuente ___________________
Los datos recopilados por Europa Laica sobre 55 templos españoles confirman que la Iglesia católica obtiene una recaudación superior a los 312 millones de euros anuales solo por la venta de entradas turísticas, una cifra que se suma a sus ya conocidas exenciones fiscales.
Un negocio de más de 23 millones de visitantes
El monumento religioso más visitado y más rentable es la Sagrada Familia de Barcelona, con 4.877.567 visitas y 126,8 millones de euros de ingresos, seguido por la Catedral de Sevilla (2,4 millones de visitas, 33,6 millones de euros) y la Mezquita de Córdoba (más de 2 millones de visitas, casi 33 millones de euros). Esta última cifra coincide con recientes informes periodísticos que sitúan la recaudación de la mezquita cordobesa en torno a los 22-35 millones de euros anuales. En conjunto, los templos analizados suman más de 23,4 millones de visitas registradas en 2025 y 2026.
La Conferencia Episcopal afirma a ‘Público’ que no dispone de los datos agregados de la gestión del patrimonio, del que destacan en su memoria anual su valor «evangelizador» y «cultural». | El turismo religioso se «consolida como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», según un estudio al respecto promovido por empresas del sector | Europa Laica acusa de «opacidad» a la Iglesia y destaca que estos ingresos no tributan por IVA. Algunos de los monumentos fueron inmatriculados, lo que cuestiona la asociación Recuperando.
Turistas fotografían el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, este lunes cuando según informe del Cabildo en el año 2024 se ha registrado el número récord de 2.186.774 visitantes, una cifra superior en un 5% a la registrada en 2019 y un 13% a la contabilizada en 2023 | EFE/Salas ___________
Diferentes entidades católicas gestionan el inmenso patrimonio que acumula la Iglesia en España. Son exactamente 3.161 bienes de interés cultural (BIC) los que son propiedad de las instituciones católicas, según los datos que ofrece la Conferencia Episcopal en su última memoria. Los viajes vinculados a la fe y al conocimiento de los monumentos mueven millones de personas al año. Los 12 templos y catedrales más visitadas -la Iglesia tiene 87 y 638 santuarios en toda España, según sus datos- superan ya los 23 millones de visitantes en los dos últimos años, según el estudio Turismo Religioso en España, un viaje al interior de un segmento en transformación, de ObservaTur, creado por relevantes empresas del sector. «Esta tradición se ha consolidado como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», afirma ese trabajo. ¿Cuánto recauda la Iglesia por la gestión de todo este patrimonio y por el cobro de entradas a los monumentos? ¿A qué destina ese dinero?
Considero que el objetivo real de la norma no es proteger a la embarazada y a su familia porque, de ser así, el centro de la regulación sería la mujer gestante…Lo que se pretende es acostumbrar a la sociedad a identificar el concepto de «concebido no nacido» con el de «persona»…
Protesta en Madrid por el derecho al aborto seguro y gratuito | Fotografía: Guillermo Gutiérrez Carrascal/SOPA Images/Rex/Shutterstock-Fuente _________________
El pasado 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid. Aunque el texto presenta algunas aristas jurídicas sobre las que, previsiblemente, terminará pronunciándose el Tribunal Constitucional, no es precisamente lo que dice la ley, su letra, lo que me preocupa, sino lo que no dice: su espíritu y las justificaciones y motivaciones que, al margen de su preámbulo, han venido difundiendo sus promotores.
A grandes rasgos, la nueva norma trata de establecer ayudas a la mujer embarazada y a la familia en la que se produce un embarazo, adelantando en el tiempo determinados beneficios que se obtendrían tras el nacimiento del nuevo miembro. Así, en lugar de tener que esperar al nacimiento para acceder a ciertas ayudas, se tiene por «nacido» al feto meses antes de que su madre dé a luz. Inicialmente, nadie en su sano juicio puede oponerse a que se aprueben ayudas para una familia en un momento en que aumentan sus necesidades y gastos y, además, como consecuencia de una actividad que interesa al conjunto de la sociedad: la reproducción.
La Coordinadora sostiene que, con la entrada en vigor de la Constitución, la Iglesia católica dejó de poder ser equiparada a una Administración pública y cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron inscribir miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas
Archivo.- Fachada de la sede del Defensor del Pueblo en Madrid | Alejandro Martínez Vélez – Europa Press – Fuente ________________
La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado y registrado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para la defensa de la Constitución, y de este modo, investigar la actuación del servicio público registral que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes inmuebles desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.
La iniciativa plantea una cuestión de fondo que va más allá de discutir caso por caso a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inmatriculado.
Lo que RECUPERANDO cuestiona es la propia validez jurídica del procedimiento que hizo posibles esas inscripciones.
Durante décadas, la Iglesia católica pudo inscribir bienes por primera vez en el Registro de la Propiedad mediante el procedimiento excepcional establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Para ello se aceptaron como título suficiente las denominadas certificaciones eclesiásticas expedidas por los propios obispos, atribuyéndoles en la práctica capacidad certificadora equiparable a la de una Administración pública.