Una buena amiga interrumpe este verano eterno para informarme de que el DOE, en la resolución que inicia el proceso para declarar BIC la cruz de los caídos de Cáceres, publicada el día 18 en el aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca, utiliza mis apellidos como fuente de autoridad para avalar su protección patrimonial. Al instante pienso que será un error, una inocentada a destiempo o una errata de la IA. Pero no, ahí estoy, abriendo el anexo I, atribuyéndome exactamente lo contrario de lo que llevo defendiendo durante dos décadas con miles de horas de investigación en archivos a mis espaldas.
Cualquiera que haya leído mis libros y artículos científicos o escuchado mis intervenciones públicas sabe que sostengo exactamente lo contrario, y no lo hago por una cuestión ideológica, allá cada cual con sus colores, sino por ética profesional, porque no puedo sostener lo contrario de lo que fue.
La Cruz de El Valle de Cuelgamuros fue construida en solo 3 años con una estructura hueca levantada sin andamios y con un montacargas en su interior. Una proeza para aquellos tiempos que no causó ningún muerto. Con Franco y José Antonio fuera del Valle la Cruz se convierte en el principal obstáculo a resolver para que el monumento sea admitido por la izquierda.
El obelisco es hoy día un instrumento de memoria ideal para conmemorar guerras, héroes o caídos aceptado por todo tipo de países, culturas y religiones. En América, Europa y España la mayoría de los grandes obeliscos se han construido en los últimos 100 años.
Para la transformación de la Cruz en un obelisco habría que eliminar los brazos y añadir en la punta el remate piramidal con ventanas para su uso como mirador visitable, después de poner en uso el ascensor y la escalera que circulan por su interior y dotarlo de iluminación como faro. Quedaría un obelisco de 150 m de altura, el 3º más grande del mundo y el mayor de Europa.
Esta alternativa del obelisco es la única opción que puede ser aceptada por ambas partes como algo neutro y homologable; se sitúa en un punto intermedio entre la cruz y la destrucción preconizada por parte de la izquierda del máximo símbolo de la cristiandad en un país de mayoría católica que «solo haría más negra el alma de muchos». Con el tiempo hasta los católicos reconocerán que el obelisco les gusta.
La organización Ending Clergy Abuse (ECA) pide al juez Daniel Rafecas personarse en la investigación por la captación para servidumbre de niñas y adolescentes en Argentina, advierte sobre el riesgo de prescripción y exige que se considere la situación de extrema vulnerabilidad de las víctimas
Imagen de archivo de algunas de las mujeres que han denunciado al Opus Dei por trata y explotación laboral vestidas como sirvientas ________________
Paula Bistagnino, El Diario, 9 de septiembre de 2026
La visita del papa León XIV a Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, no solo mueve la arena política en el país. La semana pasada, una organización internacional que lucha contra el abuso eclesiástico en todo el mundo, Ending Clergy Abuse (ECA), presentó un escrito ante la justicia argentina para pedir que avance la causa en la que se acusa al Opus Dei de trata y explotación laboral de al menos 43 mujeres como sirvientas religiosas de sus jerarquías, ante el peligro de que acabe prescribiendo.
“Una investigación diligente y sin demoras injustificadas es la única vía para evitar la impunidad y proteger los derechos humanos fundamentales de las víctimas”, señala el escrito de más de 30 páginas por el que ECA pide al juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 y quien tiene la causa a cargo desde hace dos años, que la acepte como amicus curiae. Se trata de una figura que permite a un tercero, que no forma parte de un litigio, intervenir en él de forma voluntaria.
En 1897 el prelado Jacinto María Cervera se levantó contra la desamortización de más de 850 hectáreas en un monasterio de Mallorca y arremetió contra el político Juan Navarro Reverter al que excomulgó, sin autorización papal. Este es el hecho que Nieves Concostrina relata, en esta nueva «lección de historia con humor» de Acontece que no es poco: «15 septiembre de 1897: El obispo de Palma excomulga al ministro de Hacienda».
Santuario de Lluc
Uno de los espacios más sagrados de Mallorca. Situado en mitad de la Serra de Tramuntana, que es Patrimonio de la Humanidad, ha sido el lugar de peregrinaje por excelencia en la isla a lo largo de la historia. Dicen en el templo que su Mare de Déu –la virgen– fue durante años “la Reina de las montañas de Lluc”. Hasta aquel fatídico 1897 en que sus dominios –al menos los forestales– se vieron reducidos a una mínima parte. Una expropiación que llegó en nombre del Gobierno y como un último coletazo de la desamortización y que enfureció al obispo de Mallorca hasta el punto de decretar la excomunión del ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter.
En el mes de agosto de 2026 la decisión del Gobierno andaluz de crear 117 plazas de capellanes católicos en hospitales públicos impactó en la opinión pública. Es lógica la alarma social ante el problema de la salud en Andalucía con largas listas de espera, los cribados mal atendidos, la clamorosa falta de médicos y personal sanitario, etc., pero también desvela, una vez más, un grave problema que arrastramos desde 1978, un problema de inconstitucionalidad y privilegios en el que está sumergida y de ahí no sale la Iglesia católica.
Ayer fueron los capellanes católicos de centros de salud, antier los capellanes católicos militares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mañana serán los profesores de Religión católica de los Institutos de Enseñanza Secundaria. Gobierno tras Gobierno la situación se reproduce y sigue igual. El PP en el Gobierno amplifica el tratamiento inconstitucional dispensado a la Iglesia católica. El PSOE en el Gobierno no se atreve a mover la situación jurídica privilegiada de los católicos/as en nuestro país.
A propósito de lo afirmado ya hace días por Barbón, «Todos los años, el 8 de septiembre voy a misa, otra cosa es el lugar», Luis Fernández le recomendaba en este escrito que «o se independiza el Día de Asturias de la festividad religiosa de Covadonga (separando fechas) o, para evitar situaciones inasumibles por la ciudadanía, Adrián Barbón elige otro de los muchos centros de culto donde puede participar, sin riesgos, en la misa católica que desea». Hoy confirmaba [1] el Presidente del Principado, en Castropol, la segunda opción: no asistirá a la misa en Covadonga, aunque sí en otro lugar.
Santuario de Nuestra Señora de Pastur (Asturias) | Arzobispado de Oviedo _________________
Luis Fernández, Asturias Laica, 7 de septiembre de 2026
Otra vez se acerca el 8 de septiembre y otra vez nace el debate sobre la asistencia de Barbón a la misa de Covadonga.
Él ya ha dicho a la prensa: «Todos los años, el 8 de septiembre voy a misa, otra cosa es el lugar».
Es indudable que el ciudadano Barbón tiene libertad para asistir a una misa católica el 8 de septiembre como cualquier otro día del año, y que esa libertad incluye elegir el lugar donde participar en ella.
El problema aparece cuando el 8 de septiembre es el Día de Asturias, es decir, el día de toda la ciudadanía asturiana. El respeto a sus derechos y el respeto a la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la Constitución Española obliga al Presidente del Principado a participar como tal en un acto institucional aconfesional, ajeno a cualquier creencia. Y tiene que hacerlo de una forma que sea públicamente reconocible.
Una institución estatal, gestionada por religiosas, que recluyó, castigó y sometió a mujeres hasta bien entrada la democracia
Las supervivientes Paquita Beltrán, Loli Benito, Mariona Roca, Fátima Díez y Consuelo García del Cid durante la grabación de este documental sonoro | RNE __________________
Entre 1941 y 1985 miles de jóvenes fueron encerradas y vulneradas en la institución represora más longeva y desconocida del franquismo. El Patronato de Protección a la Mujer tenía como objetivo «la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica», aunque en la práctica distó mucho de protegerlas.
Fue un instrumento de control sobre la moral y los cuerpos que buscaba reprimir a cualquiera que transgrediera el modelo femenino impuesto. Este organismo, cuyo antecedente directo es el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas de 1902, dependía del Ministerio de Justicia, pero su gestión estaba en manos de congregaciones religiosas. Se contemplaba la reclusión de chicas de entre 16 y 21 años, aunque en ocasiones se extendía hasta los 25 y se internaba a niñas de corta edad.
Se trata de cinco monumentos y dos escudos que se encuentran en Murcia, León, Segovia, Gijón y Cantabria y cuyos titulares tendrán ahora un plazo de seis meses para su retirada voluntaria
El monumento Héroes del Simancas, en la fachada del Colegio de la Inmaculada, en Gijón | Inés García Rábade ___________________
Fuentes Público | Diario crítico | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, 6 de septiembre de 2026
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la retirada de siete nuevos vestigios franquistas ubicados en Murcia, León, Segovia, Gijón y Cantabria, al constituir expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Así lo indica el Ministerio en un comunicado, en el que explica que serán incorporados al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática.
La decisión, avalada por la Comisión Técnica de Expertos, afecta a monumentos, escudos e inscripciones que ensalzan el golpe militar de 1936, la contienda bélica y la posterior dictadura.
Los datos recogidos en el estudio son tajantes: la fe católica disminuye considerablemente en la sociedad, pero la financiación pública sigue tal cual. Según la tendencia, en pocos años la población no religiosa superará a la religiosa.
Montaje de la estatua gigante de Jesús, en Swiebodzin, Polonia __________________
El informe ofrece una radiografía actualizada y rigurosa sobre el estado de la secularización y la religiosidad en el Estado español. Los datos, extraídos de fuentes oficiales como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o la Agencia Tributaria, entre otras, confirma una tendencia imparable: la sociedad avanza hacia un modelo donde las opciones no religiosas son cada vez más mayoritarias, aunque persisten importantes resistencias, y estas desgraciadamente son institucionales. Iglesia y Estado siguen sin ser asuntos separados.
Curioso que el informe fue publicado justo antes de la fiebre impuesta con la visita del papa León XIV a España, que para algunas personas, como un servidor, supuso vivir unos días vergonzosamente bochornosos para un supuesto estado laico. Lo sé, nunca lo hemos sido, pero la entrega de las instituciones democráticas al representante de una teocracia medieval pasó de castaño oscuro. El informe de la Fundación Ferrer i Guàrdia confirma que ni la influencia papal, ni la de otros promotores de la religión pueden luchar contra el acercamiento en cifras del bloque católico-apostólico y el no religioso durante los últimos años, y eso que los no religiosos seguimos jugando en clara desventaja.
Se contará con los autores Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno Villafaina
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Asturias Laica, 6 de septiembre de 2026
El próximo martes 15 de septiembre la Antigua Escuela de Comercio de Gijón acogerá la presentación del libro El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, publicado por la editorial Akal. La cita es a las 19:00 h. y la presentación correrá a cargo de sus autores, Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina.
El libro
El libro se mete de lleno en el tema del registro a nombre de la iglesia católica de bienes públicos que la ha convertido en el mayor propietario inmobiliario de España: desde monumentos nacionales hasta edificios, fincas, plazas o huertos, el afán inmatriculador de la jerarquía católica española no ha tenido fin. Arranca con un mecanismo legal heredado de una ley franquista de 1946 que permitía a los obispos inscribir a su nombre miles de bienes sin más prueba que su propia certificación, ampliado luego con la reforma de Aznar en 1998 que permitió también inmatricular lugares de culto. Es decir, bastaba con afirmar algo es suyo, sin necesidad de aportación documental alguna, para que quedara registrado como tal.
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