Fraude de ley | José Antonio Bosch

julio 24, 2026

Considero que el objetivo real de la norma no es proteger a la embarazada y a su familia porque, de ser así, el centro de la regulación sería la mujer gestante…Lo que se pretende es acostumbrar a la sociedad a identificar el concepto de «concebido no nacido» con el de «persona»…

Protesta en Madrid por el derecho al aborto seguro y gratuito | Fotografía: Guillermo Gutiérrez Carrascal/SOPA Images/Rex/Shutterstock-Fuente
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José Antonio Bosch, Nueva Revolución, 24 de julio de 2026

El pasado 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid. Aunque el texto presenta algunas aristas jurídicas sobre las que, previsiblemente, terminará pronunciándose el Tribunal Constitucional, no es precisamente lo que dice la ley, su letra, lo que me preocupa, sino lo que no dice: su espíritu y las justificaciones y motivaciones que, al margen de su preámbulo, han venido difundiendo sus promotores.

A grandes rasgos, la nueva norma trata de establecer ayudas a la mujer embarazada y a la familia en la que se produce un embarazo, adelantando en el tiempo determinados beneficios que se obtendrían tras el nacimiento del nuevo miembro. Así, en lugar de tener que esperar al nacimiento para acceder a ciertas ayudas, se tiene por «nacido» al feto meses antes de que su madre dé a luz. Inicialmente, nadie en su sano juicio puede oponerse a que se aprueben ayudas para una familia en un momento en que aumentan sus necesidades y gastos y, además, como consecuencia de una actividad que interesa al conjunto de la sociedad: la reproducción.

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RECUPERANDO pide al Defensor del Pueblo que impulse la nulidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1978

julio 23, 2026

La Coordinadora sostiene que, con la entrada en vigor de la Constitución, la Iglesia católica dejó de poder ser equiparada a una Administración pública y cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron inscribir miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas

Archivo.- Fachada de la sede del Defensor del Pueblo en Madrid | Alejandro Martínez Vélez – Europa Press – Fuente
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Coordinadora Recuperando, 23 de julio de 2026

La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado y registrado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para la defensa de la Constitución, y de este modo, investigar la actuación del servicio público registral que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes inmuebles desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.

La iniciativa plantea una cuestión de fondo que va más allá de discutir caso por caso a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inmatriculado.

Lo que RECUPERANDO cuestiona es la propia validez jurídica del procedimiento que hizo posibles esas inscripciones.

Durante décadas, la Iglesia católica pudo inscribir bienes por primera vez en el Registro de la Propiedad mediante el procedimiento excepcional establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Para ello se aceptaron como título suficiente las denominadas certificaciones eclesiásticas expedidas por los propios obispos, atribuyéndoles en la práctica capacidad certificadora equiparable a la de una Administración pública.

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Asturias impulsa la declaración del Pozu Fortuna y de las fosas comunes de El Sucu en Gijón y El Salvador en Oviedo como Lugares de Memoria Democrática

julio 23, 2026

El consejero de Derechos Ciudadanos ha firmado las resoluciones que abren el procedimiento para reconocer estos tres enclaves de especial relevancia histórica, memorial y simbólica

Ofrenda floral del Ateneo Obrero y la Sociedad Cultural en El Sucu | Foto: David Aguilar Sánchez
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Fuentes Nortes | Portal Actualidad Gobierno de Asturias | Asturias Laica, 23 de julio de 2026

En febrero de este año, el Gobierno de Asturias había promovido la declaración de los primeros ocho lugares de memoria democrática. La consejería de Ordenación presentó a la comisión técnica la propuesta para iniciar la tramitación de estos espacios. La propuesta elaborada por la dirección general de Memoria Democrática incorporaba no solo lugares físicos sino también el reconocimiento de las luchas sociales e históricas.

La propuesta incluía la Fosa del Sucu, en Gijón, promovida por el Instituto Asturiano de Memoria Democrática; la Fosa Común de Oviedo; la Fosa de El Rellán en Gráu; el Pozu Fortuna en Mieres; la Fosa de San Miguel de la Barreda; la Quinta Pedregal en Avilés, El Mazucu, en Llanes y las Huelgas del 62, estas últimas de carácter inmaterial.

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Una asociación lleva las inmatriculaciones de la Iglesia al Defensor del Pueblo y persigue su nulidad

julio 22, 2026

Solicita que investigue «si los actos registrales» fueron «conformes con la Constitución» y que, si se confirma su invalidez, promueva «las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.

(Foto de ARCHIVO) Vista del interior de la Mezquita de Córdoba | Madero Cubero-Europa Press
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Raúl Bocanegra, Público, 22 de julio de 2026

La Coordinadora Recuperando, una asociación que pretende «la recuperación del patrimonio inmatriculado» por la Iglesia Católica, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. En ella, solicita que la institución investigue la actuación de los registros de la propiedad que, señalan a Público, «permitieron a la Iglesia inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015″. 

La queja, según explican desde la asociación a este periódico, «no pide al Defensor que determine quién es el propietario de cada inmueble«: «Lo que solicita es que investigue si los actos registrales que hicieron posibles esas inmatriculaciones fueron conformes con la Constitución y que, si se confirma su invalidez, promueva ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.

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Salvaos vosotras | Xandru Fernández

julio 21, 2026

Que las sociedades cristianas se hayan vuelto progresivamente más laicas no es mérito del cristianismo, sino de los agentes sociales que han limitado la injerencia de la religión en los asuntos públicos.

Francisco de Goya: Auto de fe de la Inquisición
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Xandru Fernández, Nortes, 21 de julio de 2026

Me gustó Águilas de El Cairo, la película de Tarik Saleh que seleccionó Suecia para competir en la última edición de los Oscar. Una historia de intrigas palaciegas en Egipto, con el mundo del cine como escenario. Soy lo que antaño se llamaba un completista, así que busqué otros títulos del director (aunque, a qué engañarnos, buena parte del mérito de Águilas de El Cairo es de su protagonista, Fares Fares) y di con Conspiración en El Cairo, premiada en Cannes, que también va de intrigas y tensiones entre poderes, en este caso el del gobierno egipcio y el de la Universidad Al-Azhar.

La cosa iba bien, pero echaba algo en falta. No sabía decir qué era hasta que, transcurrida más de media hora de película, caí en la cuenta de que aún no había salido una sola mujer. Lo cual no es de extrañar, siendo el escenario una universidad islámica. Pero que el director de la película no hiciera el menor subrayado al respecto sí me pareció chocante. Era como ver una película protagonizada exclusivamente por niños. Como Bugsy Malone o El señor de las moscas. Solo que en estas hay niños haciendo de adultos, mientras que en Conspiración en El Cairo son adultos portándose como niños. Y me vino a la memoria la novela Sumisión, del pérfido Houellebecq, que imagina un futuro en el que un partido islamista gana las elecciones presidenciales francesas y legaliza la poligamia, derogando la igualdad entre hombres y mujeres.

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El alcance de las propiedades de la Iglesia Católica y las inmatriculaciones de los bienes de culto

julio 20, 2026

El artículo de Antonio Naval Mas publicado en El Diario de Huesca, “La sentencia definitiva sobre el Santuario de Casbas de Ayerbe”, 6-07-2026, tiene miga por sus diversos enfoques que tienen como titular el citado Santuario (obispado de Huesca) y como fondo ciertas referencias a las propiedades de la iglesia, la gestión de sus bienes, el entorno de la catedral oscense y los legados y donaciones.

La Seo de Zaragoza [ábside, cimborrio y torre] desde plaza de San Bruno | Fuente
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Belén Boloqui Larraya, Coordinadora Recuperando, 20 de julio de 2026

Me voy a referir aquí a lo que repite reiteradamente el autor sobre las propiedades de la Iglesia: sus edificios de culto, dando por hecho que “por costumbre inveterada por la aceptación de todos” han sido propiedad de la Iglesia Católica. y que “era el derecho consuetudinario que no ha puesto en cuestión la propiedad de los edificios religiosos”. Dicho esto por Antonio Naval, historiador del arte y sacerdote, entiendo que le asiste el ”Derecho divino” como tal, aserto defendido por la alta jerarquía católica. En su texto, se amontonan los términos propiedad, posesión y gestión, como si fueran similares, pero no lo son. Veamos.

Por mi parte, como historiadora del arte y miembro de la sociedad civil, me rijo por un cierto conocimiento a través de las investigaciones de otros relativas a las propiedad de la I.C. que, curiosamente, tienen que ver con las inmatriculaciones realizadas sobre los inmuebles de culto en las últimas décadas, 1946-1998-2015.

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Vallejo Nájera: Retirar medallas no basta | Soledad Luque – Manuel Sánchez Moreno

julio 19, 2026

Retirar la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera es un acto justo. Pero si el Estado reconoce que sus teorías pseudocientíficas sirvieron para justificar el robo y la separación de niños y niñas, el siguiente paso debe ser la aprobación de la Ley de Bebés Robados

El psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera | Foto: Archivo Nacional de España
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Soledad Luque-Manuel Sánchez Moreno, Bebés Robados, 19 de julio de 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Vallejo-Nájera concedida durante la dictadura, invocando precisamente que sus teorías sirvieron para justificar odio, represión y desigualdad. Es sin duda una buena noticia. Lo es porque ninguna democracia debería mantener honores públicos a quien utilizó la medicina, la psiquiatría y el prestigio de la ciencia para legitimar la represión, la desigualdad y la deshumanización de una parte de la población. Precisamente por eso nos planteamos una pregunta incómoda, si el Estado reconoce hoy que Vallejo-Nájera fue una pieza fundamental de la pseudociencia represiva del franquismo, ¿cómo es posible que siga pendiente una ley de bebés robados? Nos explicamos.

Antonio Vallejo-Nájera no fue un médico cualquiera extraviado por los prejuicios de su tiempo.

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Bebés Robados en España: El Caso de Olmo Gómez Aldaz y la Lucha por el Reconocimiento Institucional

julio 18, 2026

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Foto del 6 de agosto de 1940. Imagen del Auxilio Social. En la foto, habitación de uno de los centros de maternidad | © Efe – Fuente
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Miguel Espinoso, Agencia 6 | Olmo Gómez Aldaz, 18 de julio de 2026

Un reconocimiento histórico con décadas de retraso

Dos reconocimientos oficiales:

El 19 de febrero de 2026, el Gobierno de España emitió una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. En ella declaró acreditado que Olmo Gómez Aldaz padeció persecución durante la dictadura franquista, que en 1971 fue sustraído y adoptado sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores y que debía ser considerado víctima.

El 6 de julio de 2026, Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos) emitió una segunda resolución administrativa que reconoce su condición de víctima del golpe militar y de la dictadura franquista al amparo de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

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La larga conspiración contra la República (IV) | El golpe que abrió las puertas al fascismo

julio 18, 2026

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Tribuna erigida en la Pradera de San Isidro de Valladolid para la celebración del segundo aniversario del Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1938. En la imagen, sacerdotes católicos celebran una misa | Wikipedia
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Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 18 de julio de 2026

El golpe que abrió las puertas al fascismo: Consecuencias, memoria y lecciones para el presente

Cuando en la tarde del 17 de julio de 1936 las primeras unidades del Ejército de África se sublevaron en Melilla, culminaba un proceso conspirativo que se había gestado durante años. La insurrección militar no fue el fruto de un arrebato provocado por el deterioro del orden público durante la primavera de 1936, ni la respuesta inevitable a una supuesta revolución en marcha. Fue la consecuencia de la decisión adoptada por una parte del Ejército, respaldada por importantes sectores económicos, políticos, religiosos y sociales, de impedir por la fuerza la continuidad de un régimen democrático cuya legitimidad emanaba de las urnas.

La historia posterior ha demostrado que el objetivo inicial de los conspiradores no consistía en desencadenar una guerra prolongada. Su propósito era reproducir el modelo clásico del pronunciamiento militar español: ocupar los centros de poder, detener a las autoridades republicanas, controlar las principales ciudades y constituir un gobierno de excepción que liquidara el orden constitucional. No lo consiguieron.

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La larga conspiración contra la República (III) | La cuenta atrás hacia el 18 de julio

julio 18, 2026

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Requetés navarros, voluntarios
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Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 18 de julio de 2026

La cuenta atrás hacia el 18 de julio: apoyos internacionales, el asesinato de Calvo Sotelo y la decisión definitiva de los conspiradores

La victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 supuso el punto de no retorno para quienes llevaban años preparando el derribo de la Segunda República. Aquellos comicios, celebrados con todas las garantías legales y reconocidos por las instituciones del Estado, devolvieron el Gobierno a una coalición de partidos republicanos y de izquierda que se comprometía a reactivar las reformas paralizadas durante el bienio conservador. El resultado fue recibido con esperanza por amplios sectores populares y con auténtica alarma por buena parte de las élites económicas, militares y religiosas.  Desde ese momento, la conspiración dejó de ser una posibilidad para convertirse en un plan operativo.

Los contactos clandestinos se multiplicaron. Los enlaces militares intensificaron sus desplazamientos. Las organizaciones monárquicas aceleraron la captación de recursos económicos, los requetés incrementaron su instrucción paramilitar, la Falange recrudeció su campaña de violencia callejera, y los principales generales comprometidos con la conspiración comenzaron a preparar el reparto de responsabilidades para el futuro golpe.

Lejos de improvisarse durante el verano de 1936, la sublevación respondía ya a un calendario cuidadosamente elaborado.

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