Durante todo este tiempo hemos venido encontrando sacerdotes deambulando por las salas de los hospitales públicos como cualquier otro personal sanitario.
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, con los arzobispos de Sevilla y Granada, José Ángel Saiz y José María Gil, respectivamente | Foto: Junta de Andalucia _________________
José Antonio Naz Valverde | Nueva Tribuna, 13 de agosto de 2026
– ¿El paciente de la 40 tiene cura? – Cura sí, lo que no tiene es médico.
Este mini diálogo, que ha circulado en redes sociales después de conocerse el Convenio del Servicio Andaluz de Salud con los Arzobispados andaluces para el pago de capellanes hospitalarios, refleja con simpleza y fuerza la realidad de nuestro sistema sanitario andaluz. Reducción de recursos, recortes en los cuidados y atención sanitaria y gastos inexplicables y sin sentido como los 7 millones de euros de ese convenio.
El texto pretende justificar el acuerdo como casi una obligación de las distintas normativas jurídicas
El SAS destina hasta 7,4 millones de euros a la asistencia religiosa católica en los hospitales. No discuto el derecho de un creyente a recibir consuelo. Pero me pregunto por qué la sanidad pública organiza y financia ese consuelo para unos mientras los demás deben apañárselas como puedan
Capilla en un centro hospitalario, en una imagen de archivo _____________________
El presupuesto sanitario de Andalucía ha crecido cerca de un 17 % en cuatro años. Hay más dinero. Ya hablaremos de listas de espera, médicos que faltan, centros de salud donde conseguir cita es una tarea casi imposible, profesionales que van a la bulla desde que entran hasta que salen y familias que miden el tiempo sanitario en meses mientras su salud empeora. Pero dinero hay. Y entre esos miles de millones aparece un convenio del Servicio Andaluz de Salud con la Iglesia Católica: 117 capellanes y más de siete millones de euros durante la vigencia de ese convenio.
No sale del cepillo de una parroquia, ni lo paga el Vaticano, ni de una colecta en la misa de los domingos. Lo paga el SAS y sale del presupuesto sanitario, del dinero de todos. Y esto tiene guasa. No porque un sacerdote entre en un hospital cuando un enfermo lo pide —faltaría más—, sino por un agravio comparativo directo y claro.
Ábside Media agrupa a COPE y Trece TV y recibe fondos del IRPF, pero no revela quiénes son sus dueños ni cuánto dinero público recibe por publicidad institucional
Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal | infoLibre __________________
Ábside Media, el holding de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la asamblea de los obispos católicos españoles, controla la cadena COPE y el canal de televisión Trece. El grupo se financia en parte con dinero público procedente del IRPF y de la publicidad institucional del Estado. Pero no publica quiénes son sus dueños ni cuánto recibe por publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, algo a lo que está obligado por ley.
COPE y Trece son las dos piezas centrales de la batalla cultural y política que la Iglesia libra a través de sus medios. Pero no son las únicas marcas del grupo. Ábside Media agrupa también tres cadenas de radio musical, Cadena 100, RockFM y MegaStarFM.
A ellas se suman dos marcas poco conocidas, VivaFe y Ábside Media Producciones, según su propia página oficial. VivaFe se presenta como “una comunidad digital de jóvenes que busca acercarse a Dios a través de la música, dando visibilidad a nuevos músicos católicos, produciendo temas y proyectos como el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España”. Ábside Media Producciones es la productora audiovisual de Trece, descrita como el “brazo de producción multimedia del grupo para desarrollar documentales, formatos especiales y otros contenidos”.
De nuevo, vandalizado el monolito republicano del MAZUCU. Una vez más intentan atacar la memoria de quienes defendieron la República y la libertad. La memoria no se borra, la memoria se defiende
El monolito republicano del Alto de la Tornería vuelve a ser vandalizado
Las organizaciones memorialistas hacen un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en su reparación (puede hacerse mediante bizum a 619081924) y reivindican la defensa activa de los lugares de memoria democrática.
Se trata de un espacio de memoria creado por FAMYR y dedicado a quienes defendieron la República y las libertades democráticas frente al golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista. No es, por tanto, un elemento ornamental ni un monumento carente de significado: forma parte de la memoria democrática de Asturias y del reconocimiento público a quienes lucharon por la libertad.
El nuevo ataque vuelve a poner de manifiesto la necesidad de proteger, conservar y dignificar los lugares vinculados a la memoria democrática.
El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.
Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno. Hasta ahí la interpretación contiene alguna nebulosa, pero hay un hecho sin discusión posible: los bienes públicos son del Estado, pero el Estado lo forma el común de sus habitantes censados. Luego esos bienes pertenecen al común y al ser de propiedad única y exclusiva del común, nadie los puede enajenar. Aquellas inmatriculaciones muy posiblemente estuvieran forzadas por una interpretación que confundía Estado y Gobierno. O bien, las entendieron posibles, por destinar unos bienes del común a unas necesidades económicas también del común.
La defensa de la familia patriarcal y del rol tradicional de la esposa-madre es una piedra angular y definitoria de las derechas
Trump escucha el discurso de Dean Fondulin junto a la familia de este en un acto político en la Wheeler High School, en Georgia | Erik S. Lesser (AP Photo) __________________
María Eugenia Rodríguez Palop, El País, 9 de agosto de 2026
La propuesta “una familia, un voto” ha vuelto a irrumpir con fuerza en EE UU y ha abierto las puertas al enésimo debate reaccionario. Desde la constelación ideológica del supremacismo blanco, el masculinismo y la machosfera de MAGA se apuesta ahora por el eliminar el voto de las mujeres y se defiende su sometimiento al esposo como forma de garantizar la estabilidad del orden familiar tradicional. Parece increíble pero la mera circulación pública de esta propuesta sirve ya para desplazar el umbral de lo aceptable.
La unidad familiar como sujeto de derechos políticos hunde sus raíces en la coverture, una doctrina propia del common law anglosajón según la cual una mujer casada quedaba jurídicamente sometida a los intereses de su marido que a cambio se comprometía a otorgarle protección. El hogar debía concebirse como una célula indisoluble dirigida por el varón y, en esa lógica, el voto no se entendía como un derecho individual sino como parte de la estructura familiar jerárquica que representaba el esposo.
Esta idea alimentó argumentos para limitar la autonomía de las mujeres casadas en todas sus dimensiones. Casarse era equivalente a perder el control de sus bienes, su salario y buena parte de su capacidad de disposición. Se trataba de regular el matrimonio bajo el principio de la autoridad marital y la dependencia económica. La Decimonovena Enmienda, ratificada en 1920, consolidó el voto femenino en Estados Unidos y rompió con esta forma de representación familiar.
En el Reino Unido, la coverture formó parte del clima que hizo plausible exigir a las mujeres condiciones específicas para votar que no se exigían a los varones. La gran reforma de 1918 concedió el voto a los hombres adultos y a las mujeres mayores de 30 años que cumplían ciertos requisitos como estar casadas con un elector, ser cabeza de familia o tener un título universitario. El varón, solo por serlo, era un sujeto político presunto pero la mujer debía demostrar que lo era. La igualdad plena no llegó hasta 1928, cuando se equiparó el voto femenino y masculino bajo los mismos términos.
En Europa, la resistencia al sufragio femenino fue muy fuerte, pero no adoptó la forma de una regla explícita basada en la familia. La España orgánica del franquismo fue la gran anomalía. El Tercio Familiar concedía todo el peso político a los cabezas de familia asumiendo la visión piramidal que representaba el “voto por familia”.
La nueva ola conservadora que vemos hoy en EE UU conecta con este programa. No se mueve solo por motivaciones antifeministas, oportunistas o electorales. La defensa de la familia patriarcal y del rol tradicional de la esposa-madre es una piedra angular y definitoria de las derechas porque resulta funcional a la lectura represiva de las tradiciones, las iglesias, la raza, la clase social, la nación y el Estado. El familismo y el natalismo aseguran sus presupuestos tradicionalistas, racistas, nacionalistas y clasistas, y garantiza, además, un esquema económico basado en la privatización.
La familia no solo es una pieza constitutiva del conservadurismo clásico sino también un elemento dinamizador del proyecto neoliberal. El neoliberalismo necesita una unidad sólida y estable a la que trasladar los costes del bienestar, las obligaciones de cuidado y los mecanismos de transmisión de la riqueza. Y la familia es el espacio ideal para privatizar los riesgos sociales que suponen la enfermedad, la dependencia, la crianza, la vejez y la precariedad laboral. Funciona como un sustituto parcial del Estado social y como el soporte material del mercado. Por una parte, cuando se recortan gastos en políticas sociales, las cargas y los cuidados acaban recayendo en el ámbito doméstico. Por otra, en el hogar se sostiene el consumo y se compensa la inseguridad laboral cuando las prestaciones no bastan. Así que, aunque no lo parezca, el neoliberalismo y el conservadurismo han acabado siendo buenos aliados tácticos.
En un contexto de crisis del modelo, no parece descabellado que se quiera tutelar otra vez a las mujeres cuyo desempeño como reinas del hogar es de gran relevancia para su sostenimiento. Tampoco sorprende que se eche mano de la clásica “operación” pseudofilosófica que las caracterizaba como seres ontológicamente inmanentes e irracionales, incapaces de ejercer como ciudadanas de pleno derecho.
Uno de los soportes filosóficos más importantes en la jerarquización del género ha consistido en asociar la mente, la razón y el espíritu con lo masculino, y el cuerpo, la sensibilidad y la emoción con lo femenino. La oposición entre razón masculina y emoción femenina se ha manoseado durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres del espacio público. A esa oposición apelan ahora quienes esperan que las mujeres hagan concesiones en favor de sus esposos, como si ellos, solo por ser varones, exhibieran cualidades “naturales” para el manejo de la política. Lo cierto es que no las exhiben y que no hay ningún motivo especial para confiar en ellos. Más bien al contrario. Puestos a fabular, dado que son las mujeres las que garantizan los bienes comunes que la política debería proteger, sería más razonable que fueran los varones quienes nos cedieran su voto.
María Eugenia Rodríguez Palop es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Defenderse es lo que mejor saben hacer. Y como buenos estrategas, saben que la mejor defensa es un buen ataque. Ya no cuentan con el potro, descubridor absoluto de todos los “pecados” buscados por el verdugo. El potro murió de viejo, pobre animal, con lo cual ya no tienen guardias (policía) propia, ni potestad para juzgar y condenar, y lo de Pedro Botero ya no cuela, pero siguen contando con un nutrido ejército de seguidores, fanáticos como aquellos, desinformados, por eso muy fieles, dispuestos a defender sus actos por encima de cualquier razón.
Ahora hay quien se escuda en su licenciatura o doctorado en Historia. Por cierto, el torero dijo “Hay gente pa tó”, y en ese grupo se auto incluyen algunos “historiadores”, destacados por su pasión en repetir la versión oficialista, la más reaccionaria y fantasiosa, y como si la repetición pudiera hacer verdad la mentira, defienden como indiscutibles las batallas de La Janda (para algunos de Guadalete), Covadonga o incluso Clavijo. Historiadores chicos creídos poder ser grandes haciendo chicos a quienes no se conforman con lo ya escrito, por el contrario buscan, investigan, analizan, quieren llegar al fondo, por eso llegan con frecuencia, ahí están, frente a los pseudo historiadores, Américo Castro, Hijano del Río, de Villar o Ruiz Romero para enseñar qué significa la palabra “historiador/a”. Otros se conforman con repetir. Es el caso del prestigiado Sánchez Albornoz, quien no satisfecho con dar por bueno el episodio de Pelayo, se toma la molestia de imaginar la alocada huida de los vencidos, muchos de ellos despeñados en su ciega carrera para librarse de la derrota.
El Ministerio confirma que, desde 2022, solo ha reconocido la condición de víctima a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores.
Olmo Gómez Aldaz, el único hijo reconocido hasta ahora por la Ley de Memoria Democrática como víctima de una sustracción sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores, considera que su adopción encubre esa sustracción y está demandando judicialmente su nulidad. «La adopción en España es irrevocable», lamenta.
La confirmación procede de una respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, fechada el 28 de julio de 2026. Según el documento, la única Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal concedida a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores es la de Olmo Gómez Aldaz, firmada el 19 de febrero de 2026.
«Al ser el único hijo reconocido, siento una responsabilidad especial: visibilizar lo ocurrido y contribuir a que otras víctimas puedan encontrar respuestas y reclamar su reparación», afirma Olmo Gómez Aldaz.
El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad
La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.
Patrimonio: Un imperio inmobiliario
La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando.
Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 6 de agosto de 2026
IV. El título III de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933
El artículo 11: la propiedad pública nacional
El artículo 11 establecía un principio revolucionario:
Los templos de toda clase y sus edificios anexos pertenecían a la propiedad pública nacional. La ley incluía: iglesias; catedrales; parroquias; capillas; ermitas; palacios episcopales; casas rectorales; seminarios; monasterios; dependencias auxiliares.
La importancia histórica de este artículo resulta enorme. Por primera vez una ley española afirmaba expresamente que el patrimonio religioso histórico no pertenecía a una corporación privada sino a la nación. La República reconocía que dichos bienes habían sido construidos mediante el esfuerzo acumulado de generaciones enteras. Por tanto, debían permanecer vinculados al patrimonio común.
Posted by asturiaslaica 
