De nuevo, vandalizado el monolito republicano del MAZUCU. Una vez más intentan atacar la memoria de quienes defendieron la República y la libertad. La memoria no se borra, la memoria se defiende
El monolito republicano del Alto de la Tornería vuelve a ser vandalizado
Las organizaciones memorialistas hacen un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en su reparación (puede hacerse mediante bizum a 619081924) y reivindican la defensa activa de los lugares de memoria democrática.
Se trata de un espacio de memoria creado por FAMYR y dedicado a quienes defendieron la República y las libertades democráticas frente al golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista. No es, por tanto, un elemento ornamental ni un monumento carente de significado: forma parte de la memoria democrática de Asturias y del reconocimiento público a quienes lucharon por la libertad.
El nuevo ataque vuelve a poner de manifiesto la necesidad de proteger, conservar y dignificar los lugares vinculados a la memoria democrática.
El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.
Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno. Hasta ahí la interpretación contiene alguna nebulosa, pero hay un hecho sin discusión posible: los bienes públicos son del Estado, pero el Estado lo forma el común de sus habitantes censados. Luego esos bienes pertenecen al común y al ser de propiedad única y exclusiva del común, nadie los puede enajenar. Aquellas inmatriculaciones muy posiblemente estuvieran forzadas por una interpretación que confundía Estado y Gobierno. O bien, las entendieron posibles, por destinar unos bienes del común a unas necesidades económicas también del común.
La defensa de la familia patriarcal y del rol tradicional de la esposa-madre es una piedra angular y definitoria de las derechas
Trump escucha el discurso de Dean Fondulin junto a la familia de este en un acto político en la Wheeler High School, en Georgia | Erik S. Lesser (AP Photo) __________________
María Eugenia Rodríguez Palop, El País, 9 de agosto de 2026
La propuesta “una familia, un voto” ha vuelto a irrumpir con fuerza en EE UU y ha abierto las puertas al enésimo debate reaccionario. Desde la constelación ideológica del supremacismo blanco, el masculinismo y la machosfera de MAGA se apuesta ahora por el eliminar el voto de las mujeres y se defiende su sometimiento al esposo como forma de garantizar la estabilidad del orden familiar tradicional. Parece increíble pero la mera circulación pública de esta propuesta sirve ya para desplazar el umbral de lo aceptable.
La unidad familiar como sujeto de derechos políticos hunde sus raíces en la coverture, una doctrina propia del common law anglosajón según la cual una mujer casada quedaba jurídicamente sometida a los intereses de su marido que a cambio se comprometía a otorgarle protección. El hogar debía concebirse como una célula indisoluble dirigida por el varón y, en esa lógica, el voto no se entendía como un derecho individual sino como parte de la estructura familiar jerárquica que representaba el esposo.
Esta idea alimentó argumentos para limitar la autonomía de las mujeres casadas en todas sus dimensiones. Casarse era equivalente a perder el control de sus bienes, su salario y buena parte de su capacidad de disposición. Se trataba de regular el matrimonio bajo el principio de la autoridad marital y la dependencia económica. La Decimonovena Enmienda, ratificada en 1920, consolidó el voto femenino en Estados Unidos y rompió con esta forma de representación familiar.
En el Reino Unido, la coverture formó parte del clima que hizo plausible exigir a las mujeres condiciones específicas para votar que no se exigían a los varones. La gran reforma de 1918 concedió el voto a los hombres adultos y a las mujeres mayores de 30 años que cumplían ciertos requisitos como estar casadas con un elector, ser cabeza de familia o tener un título universitario. El varón, solo por serlo, era un sujeto político presunto pero la mujer debía demostrar que lo era. La igualdad plena no llegó hasta 1928, cuando se equiparó el voto femenino y masculino bajo los mismos términos.
En Europa, la resistencia al sufragio femenino fue muy fuerte, pero no adoptó la forma de una regla explícita basada en la familia. La España orgánica del franquismo fue la gran anomalía. El Tercio Familiar concedía todo el peso político a los cabezas de familia asumiendo la visión piramidal que representaba el “voto por familia”.
La nueva ola conservadora que vemos hoy en EE UU conecta con este programa. No se mueve solo por motivaciones antifeministas, oportunistas o electorales. La defensa de la familia patriarcal y del rol tradicional de la esposa-madre es una piedra angular y definitoria de las derechas porque resulta funcional a la lectura represiva de las tradiciones, las iglesias, la raza, la clase social, la nación y el Estado. El familismo y el natalismo aseguran sus presupuestos tradicionalistas, racistas, nacionalistas y clasistas, y garantiza, además, un esquema económico basado en la privatización.
La familia no solo es una pieza constitutiva del conservadurismo clásico sino también un elemento dinamizador del proyecto neoliberal. El neoliberalismo necesita una unidad sólida y estable a la que trasladar los costes del bienestar, las obligaciones de cuidado y los mecanismos de transmisión de la riqueza. Y la familia es el espacio ideal para privatizar los riesgos sociales que suponen la enfermedad, la dependencia, la crianza, la vejez y la precariedad laboral. Funciona como un sustituto parcial del Estado social y como el soporte material del mercado. Por una parte, cuando se recortan gastos en políticas sociales, las cargas y los cuidados acaban recayendo en el ámbito doméstico. Por otra, en el hogar se sostiene el consumo y se compensa la inseguridad laboral cuando las prestaciones no bastan. Así que, aunque no lo parezca, el neoliberalismo y el conservadurismo han acabado siendo buenos aliados tácticos.
En un contexto de crisis del modelo, no parece descabellado que se quiera tutelar otra vez a las mujeres cuyo desempeño como reinas del hogar es de gran relevancia para su sostenimiento. Tampoco sorprende que se eche mano de la clásica “operación” pseudofilosófica que las caracterizaba como seres ontológicamente inmanentes e irracionales, incapaces de ejercer como ciudadanas de pleno derecho.
Uno de los soportes filosóficos más importantes en la jerarquización del género ha consistido en asociar la mente, la razón y el espíritu con lo masculino, y el cuerpo, la sensibilidad y la emoción con lo femenino. La oposición entre razón masculina y emoción femenina se ha manoseado durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres del espacio público. A esa oposición apelan ahora quienes esperan que las mujeres hagan concesiones en favor de sus esposos, como si ellos, solo por ser varones, exhibieran cualidades “naturales” para el manejo de la política. Lo cierto es que no las exhiben y que no hay ningún motivo especial para confiar en ellos. Más bien al contrario. Puestos a fabular, dado que son las mujeres las que garantizan los bienes comunes que la política debería proteger, sería más razonable que fueran los varones quienes nos cedieran su voto.
María Eugenia Rodríguez Palop es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Defenderse es lo que mejor saben hacer. Y como buenos estrategas, saben que la mejor defensa es un buen ataque. Ya no cuentan con el potro, descubridor absoluto de todos los “pecados” buscados por el verdugo. El potro murió de viejo, pobre animal, con lo cual ya no tienen guardias (policía) propia, ni potestad para juzgar y condenar, y lo de Pedro Botero ya no cuela, pero siguen contando con un nutrido ejército de seguidores, fanáticos como aquellos, desinformados, por eso muy fieles, dispuestos a defender sus actos por encima de cualquier razón.
Ahora hay quien se escuda en su licenciatura o doctorado en Historia. Por cierto, el torero dijo “Hay gente pa tó”, y en ese grupo se auto incluyen algunos “historiadores”, destacados por su pasión en repetir la versión oficialista, la más reaccionaria y fantasiosa, y como si la repetición pudiera hacer verdad la mentira, defienden como indiscutibles las batallas de La Janda (para algunos de Guadalete), Covadonga o incluso Clavijo. Historiadores chicos creídos poder ser grandes haciendo chicos a quienes no se conforman con lo ya escrito, por el contrario buscan, investigan, analizan, quieren llegar al fondo, por eso llegan con frecuencia, ahí están, frente a los pseudo historiadores, Américo Castro, Hijano del Río, de Villar o Ruiz Romero para enseñar qué significa la palabra “historiador/a”. Otros se conforman con repetir. Es el caso del prestigiado Sánchez Albornoz, quien no satisfecho con dar por bueno el episodio de Pelayo, se toma la molestia de imaginar la alocada huida de los vencidos, muchos de ellos despeñados en su ciega carrera para librarse de la derrota.
El Ministerio confirma que, desde 2022, solo ha reconocido la condición de víctima a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores.
Olmo Gómez Aldaz, el único hijo reconocido hasta ahora por la Ley de Memoria Democrática como víctima de una sustracción sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores, considera que su adopción encubre esa sustracción y está demandando judicialmente su nulidad. «La adopción en España es irrevocable», lamenta.
La confirmación procede de una respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, fechada el 28 de julio de 2026. Según el documento, la única Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal concedida a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores es la de Olmo Gómez Aldaz, firmada el 19 de febrero de 2026.
«Al ser el único hijo reconocido, siento una responsabilidad especial: visibilizar lo ocurrido y contribuir a que otras víctimas puedan encontrar respuestas y reclamar su reparación», afirma Olmo Gómez Aldaz.
El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad
La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.
Patrimonio: Un imperio inmobiliario
La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando.
Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 6 de agosto de 2026
IV. El título III de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933
El artículo 11: la propiedad pública nacional
El artículo 11 establecía un principio revolucionario:
Los templos de toda clase y sus edificios anexos pertenecían a la propiedad pública nacional. La ley incluía: iglesias; catedrales; parroquias; capillas; ermitas; palacios episcopales; casas rectorales; seminarios; monasterios; dependencias auxiliares.
La importancia histórica de este artículo resulta enorme. Por primera vez una ley española afirmaba expresamente que el patrimonio religioso histórico no pertenecía a una corporación privada sino a la nación. La República reconocía que dichos bienes habían sido construidos mediante el esfuerzo acumulado de generaciones enteras. Por tanto, debían permanecer vinculados al patrimonio común.
«Define un territorio, establece una ciudadanía regional, crea instituciones legislativas y ejecutivas, organiza una Hacienda propia y distribuye competencias entre la región y el Estado», afirma el historiador Pablo Martínez, que localizó el documento
Dos páginas del proyecto legal hallado en el Archivo Militar de Ávila ______________________
Los anhelos de autogobierno de Asturias no son un fenómeno reciente. Se remontan históricamente, al menos, a los tiempos de la Guerra Civil española, según atestigua un valioso documento hallado por investigadores de «La Trókola», una asociación asturiana dedicada al estudio, la investigación, la recuperación y la divulgación de la memoria histórica y social. El último hallazgo de este colectivo ha tenido como escenario el Archivo Militar de Ávila, donde han localizado un texto que califican de «excepcional» y que lleva por título «Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León».
«Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León» es el título del valioso documento que ha sacado a la luz un grupo de investigadores denominado «La Trókola» en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata, ni más ni menos, del primer proyecto de estatuto de autonomía de Asturias, elaborado en Gijón por republicanos poco después del inicio de la Guerra Civil. Según explica Pablo Martínez Corral, profesor de Secundaria, historiador y principal artífice del descubrimiento, se trata de «un proyecto articulado», compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias, con el siguiente contenido básico: «Define un territorio, establece una ciudadanía regional, crea instituciones legislativas y ejecutivas, organiza una Hacienda propia y distribuye competencias entre la región y el Estado».
Muchos de los directivos y consejeros del Ibex 35 comparten lazos al proceder de las mismas consultoras, escuelas de negocios o ciertos puestos de administración pública. Los expertos advierten de los riesgos de estas redes de poder por su carácter endogámico
Imagen Daniel Diosdado __________________
Fuente: Miguel Moreno Mendieta, El País, 5 de agosto de 2026
Una red de hilos invisibles conecta a los directivos y consejeros de las grandes compañías españolas. El haber pasado por ciertas consultoras empresariales de élite, escuelas de negocios o puestos de la Administración abre más puertas que cualquier agencia de cazatalentos. Abogados del Estado en excedencia en los consejos de administración de empresas del Ibex, exdirectivos de la firma McKinsey en los despachos más poderosos del sector financiero y antiguos alumnos de Icade o del IESE ocupando puestos relevantes en multinacionales muestran esa red de influencias -tan sutil como tenaz- que se ha ido tejiendo en las élites empresariales.
Alumnos del Opus y de los jesuitas
Una cantera ingenieril para las élites directivas españolas es el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas. Este centro privado está controlado por la Compañía de Jesús, la institución católica que tiene más peso en la educación en España, junto con el Opus Dei.
Capítulo XXII de su libro “Crímenes contemporáneos de la Iglesia Católica: Patrones de abuso, expolio económico y silencios institucionales”
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José Ramón Martínez Robles, Blog Spais de llibertá, (Fundació Ferrer i Guàrdia), 4 de agosto de 2026
Uno de los mecanismos más sutiles y eficaces de perpetuación del poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) consiste en la práctica sistemática del bautismo infantil. Se administra a recién nacidos —seres humanos sin capacidad de consentimiento ni discernimiento— y se utiliza después para inflar artificialmente el número de “fieles católicos” con los que la institución negocia privilegios económicos, políticos y fiscales ante los Estados. Lo que en teoría es un sacramento de iniciación libre se convierte, en la práctica, en un contrato unilateral e irrevocable que vincula al menor de por vida, salvo que este inicie un complicado y a menudo obstruido proceso de apostasía.
El Código de Derecho Canónico (CIC) lo regula con claridad. El canon 868 /1 exige, para el bautismo lícito de un niño, el consentimiento de al menos uno de los padres y “esperanza fundada” de que será educado en la fe católica. Para los adultos, en cambio, el canon 865 exige que manifiesten personalmente su deseo, estén instruidos y probados en la vida cristiana. La diferencia es abismal: al menor se le impone una marca “indeleble” (c. 849) sin su voluntad; al adulto se le exige conciencia plena. El bautismo infantil actúa, por tanto, como un contrato de adhesión impuesto a quien carece de capacidad jurídica para contraerlo.
Posted by asturiaslaica 
