La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro rechazó este jueves que el Gobierno foral financie con dinero público una investigación de laIglesia católica sobre los bienes inmatriculados a su nombre –tal y como había solicitado la organización eclesiástica–, al considerar que no se puede equiparar el interés de esta institución por defender sus propiedades con la obligación legal de los ayuntamientos y concejos de recuperar el patrimonio comunal. En una rueda de prensa, la plataforma expresó su “sorpresa” por las declaraciones de representantes de la Iglesia en Navarra, que solicitaron financiación pública para investigar posibles inmatriculaciones de bienes comunales y mostraron su malestar por no disponer de información sobre las propiedades que están siendo examinadas.
“La investigación que realizan las entidades locales y la que pueda querer desarrollar la Iglesia Católica no son equiparables y, por tanto, no tienen por qué recibir el mismo tratamiento económico”, defendió la plataforma. La organización recordó que el Gobierno de Navarra destinó una partida de 50.000 euros a financiar los trabajos impulsados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), con el objetivo de determinar si entre los bienes inmatriculados por la Iglesia existen propiedades que históricamente pertenecieron a los pueblos. La investigación comenzó en febrero de 2025 mediante un convenio entre el Ejecutivo foral y la FNMC, mientras que en abril de ese mismo año el Gobierno anunció que disponía de un primer listado de bienes susceptibles de reclamación. Además, desde la pasada legislatura existe una relación de 2.952 bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Navarra, elaborada a partir de la información registral.
El Patronato de Protección a la Mujer, esa «Gestapo a la española contra las mujeres» como la define Consuelo García del Cid, fue una de las tantas herramientas que el franquismo empleó para controlar los comportamientos, actitudes y cuerpos de miles y miles de mujeres. Funcionó como un instrumento de represión y control moral de la dictadura franquista sobre la sexualidad y el comportamiento femenino y fue gestionado por distintas órdenes religiosas que aún hoy en día, «reconvertidas», continúan recibiendo subvenciones para obras sociales.
S.S. Berlanga reúne nombres de esas congregaciones (Cruzadas Evangélicas, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Adoratrices, Auxiliares del Buen Pastor, Oblatas…), explicando brevemente qué papel desempeñó cada una en esa institución franquista en la que además de someter a las internas a vejaciones, trabajos forzados, se cometieron crímenes de lesa humanidad como el robo de bebés.
Sus altos cargos hablan de un cambio “radical” de la institución eclesiástica que tiene a 13 de sus miembros y exmiembros señalados por encubrir, silenciar u ocultar casos
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el pasado día 5 en Valladolid, ciudad de la que es arzobispo | Nacho Gallego (EFE) __________________
La Conferencia Episcopal Española (CEE) cumple 60 años y desde el departamento de prensa han publicado una serie de entrevistas a modo de especial. A tres de sus presidentes les han preguntado por los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, cuyo número estimado de víctimas, según el informe del Defensor del Pueblo de 2023, es de 440.000. España, según ese trabajo, es el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Este periódico, que lleva investigando el escándalo de pederastia en el clero español desde 2018 ha contabilizado (es la única contabilidad existente en España) 1.632 acusados y 3.138 víctimas. Estas siguen sin recibir un acto público de reparación y perdón colectivos. Y, según dijo el propio secretario general de la CEE, César García Magán, no lo habrá. “No está encima de la mesa”, comentó tras la visita del Papa León XIV.
Según sus expresidentes y según el propio Argüello, actual presidente, se están haciendo “bien” las cosas. Argüello hasta califica de “radical” el cambio de la Iglesia en la cuestión de los abusos. Son 13 los cargos de la CEE, entre expresidentes (4), exvicepresidentes (2), exsecretarios generales (2), miembros de la comisión permanente (3) y de la comisión ejecutiva (2), que están señalados por haber encubierto, silenciado u ocultado casos de abusos a menores en sus diócesis y órdenes.
Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015 la Iglesia Católica en España ha inmatriculado diferentes inmuebles, suponiendo una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad.
Jorge Alberto García González en un momento de la charla | Captura de pantalla ________________________
El lunes, día 9 de noviembre de 2026, a las 19.00 horas en La Pantera Rossa (San Vicente Paúl 28, 50001 de Zaragoza), la Escuela Republicana presentó la charla impartida por Jorge Alberto García González (expresidente de MHUEL) «Inmatriculaciones: un expolio monumental».
Sin contar con lo llevado a cabo por la iglesia católica, merced al privilegio franquista «mejorado» por Aznar, durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015 la Iglesia en España ha inmatriculado diferentes inmuebles, suponiendo una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad.
En opinión de una mayoría social crítica la persistencia de estos privilegios patrimoniales vulnera el carácter aconfesional del Estado y el interés público.
Recordar y honrar a las víctimas de una tragedia colectiva y arropar a sus familias requiere el máximo respeto institucional, lo que es incompatible con la imposición de ceremonias litúrgicas y la presencia de autoridades públicas sometidas a ritos religiosos.
Un momento del funeral por los fallecidos en el accidente de Urda celebrado en la catedral de Toledo | Fuente _____________________
Europa Laica, 12 de noviembre de 2026
Comunicado
La organización lamenta que las más altas instituciones del Estado hayan vuelto a hacer de un rito católico (la misa funeral celebrada el pasado martes en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda) su forma de homenaje, en lugar de un acto civil, plural e inclusivo.
Recordar y honrar a las víctimas de una tragedia colectiva y arropar a sus familias requiere el máximo respeto institucional, lo que es incompatible con la imposición de ceremonias litúrgicas y la presencia de autoridades públicas sometidas a ritos religiosos.
Ante la celebración de la misa funeral en la Catedral de Toledo, presidida por el arzobispo con la asistencia de las máximas autoridades del Estado, Europa Laica manifiesta su más enérgico rechazo a la utilización de actos institucionales y de Estado para la escenificación de cultos religiosos particulares.
El Patronato funcionó entre 1941 y 1985 como un aparato de control social sobre mujeres jóvenes consideradas “desviadas”, “rebeldes” o “inmorales”
Un grupo de internas en un Patronato de Protección de la Mujer, en una imagen del archivo de la Junta de Andalucía _________________
Lucio Martínez Pereda, Nueva Revolución, 10 de noviembre de 2026
Durante décadas, el Estado español, la Iglesia católica, las órdenes religiosas y empresas obtuvieron beneficios del encierro, la disciplina y el trabajo gratuito de miles de mujeres y adolescentes recluidas por el Patronato de Protección a la Mujer. Hoy, algunas órdenes religiosas ofrecen disculpas por aquel pasado, pero el perdón no paga la deuda. Pedir perdón puede ser un gesto necesario de reconocimiento, pero no puede convertirse en un recurso para eludir la reparación económica que corresponde a las víctimas.
El Patronato funcionó entre 1941 y 1985 como un aparato de control social sobre mujeres jóvenes consideradas “desviadas”, “rebeldes” o “inmorales”. Muchas fueron internadas sin proceso judicial, sometidas a un régimen carcelario y obligadas a trabajar sin salario en limpieza, talleres, servicio doméstico, fábricas de conservas y otras actividades. Lo que se presentaba como “reeducación moral” fue, en muchos casos, una forma de explotación laboral y económica. No se trata solo de un daño moral, psicológico o simbólico. Fue también un daño material. Las mujeres del Patronato limpiaron instalaciones, cosieron, montaron productos, envasaron mercancías, trabajaron en fábricas y sirvieron en domicilios privados. En muchos casos, el fruto de ese trabajo fue percibido por las órdenes religiosas, por personas privadas y por empresas que se beneficiaron de una mano de obra sometida y gratuita.
El Papa llega a Perú mientras ya han salido a la luz 250 víctimas del extinto grupo ultraconservador de este país y la Santa Sede aún busca su dinero oculto para poder indemnizarlas
Camila Bustamante, periodista y víctima de abusos psicológicos en el grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana, con un ejemplar de su libro ‘Siervas’, en un parque de Majadahonda, Madrid, el pasado miércoles | Carlos Rosillo _____________________
El Papa llega este miércoles a Perú, donde libró como obispo su principal batalla contra la pederastia de la Iglesia en el Sodalicio de Vida Cristiana, uno de los más poderosos grupos católicos ultraconservadores de Latinoamérica, nacido en este país en 1971 e inspirado en la Falange española. Es una pelea que aún continúa y le creó muchos enemigos, cuyas maniobras intentaron desacreditarle durante el último cónclave. Después de que Francisco liquidara la entidad en enero de 2025, León XIV afrontó en mayo la reparación de las víctimas con el envío de un comisario especial, el sacerdote español Jordi Bertomeu, que abrió una oficina de escucha para afectados en Lima durante un mes. La investigación vaticana ha sacado a la luz 250 víctimas, muchas más de las que se conocían, y ha ampliado la dimensión de los abusos en una organización con rasgos de secta. Además de sexuales, son de poder, psicológicos, físicos y espirituales.
La extrema derecha ansía endurecer el ultraje a los símbolos, el enaltecimiento del terrorismo o la ofensa a los sentimientos religiosos, delitos que siguen en el Código Penal
La «Santina de Queervadonga» en la manifestación del 8M de Gijón | Europa Press __________________
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 9 de noviembre de 2026
Sábado, 8 de marzo de 2025. Un paso morado recorre el centro de Gijón. «Contra el fascismo, ella nos guía», puede leerse en el mismo. El mensaje se refiere a la imagen divina que media docena de personas alza en plena manifestación feminista. Se trata de laSantina Queer, una reinterpretación de la Virgen de Covadonga con gafas de sol cubierta por un manto que remata una tira arcoíris. La performance es similar a la del Coño Insumiso o la del Chumino Rebelde. Y también ha terminado en los tribunales. Igual que, en los últimos años, la procesión de la Santa Baldana, la portada del belén satírico de la revista Mongolia, los chistes sobre el Valle de Cuelgamuros o los comentarios en redes sociales contra la Familia Real.
La eliminación de los delitos de expresión es la eterna promesa incumplida, además de una asignatura pendiente a nivel internacional. El Consejo de Europa, sin ir más lejos, ha pedido en alguna ocasión que se impulse una reforma del Código Penal que garantice en nuestro país «la libertad de expresión y opinión». Sobre todo, de las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, un tipo penal que los ultras no han dudado en utilizar para silenciar a activistas, artistas o humoristas. Dos delitos que en plena ola reaccionaria siguen muy vivos. Todos los intentos impulsados desde la izquierda parlamentaria para acabar con ellos han sido un fracaso absoluto. El último, el más avanzado de todos, descarriló con el adelanto electoral.
Los datos del CIS muestran que el 34% de los católicos practicantes prefiere al PP, el 18,8% se inclina por el PSOE y el 15,8% apoya a Vox. Los católicos no practicantes eligen en un 27,4% al PSOE, en un 21,9% al PP y en un 17% a Vox.
Archivo Una monja vota en el Colegio San Agustín, a 28 de mayo de 2023, en Madrid | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press ____________________
El papa León XIV, el estadounidense Robert Prevost, quien ha cuestionado buena parte de las decisiones del presidente de su país, Donald Trump, votó en las midterms del pasado martes; los obispos españoles se han señalado en numerosas ocasiones en la arena política -ahí ha estado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello reclamando elecciones anticipadas– y otros han defendido ante la cercanía del 29N, como hizo hace escasas fechas el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, que «ningún partido» puede arrogarse el voto cristiano.
En este último decenio se ha profundizado en el proceso de secularización que echó a andar en el inicio de la etapa constitucional y que ha desembocado en una sociedad compleja, en la que ha desaparecido el monopolio católico, siendo aun, empero, mayoritaria su cosmovisión, y ha resultado en un caldo en ebullición en el que conviven espiritualidades heterodoxas, híbridas y en movimiento, acompañado de un número relevante de ateos, según refleja el último trabajo del Barómetro de Religión y Creencias, publicado a finales del año pasado.
Transparencia, documentación y defensa del patrimonio común
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Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, Instagram, 8 de noviembre de 2026
¿Se puede vender como un bien privado aquello que nació para prestar un servicio al pueblo?
El Arzobispado de Oviedo ha puesto a la venta varias propiedades de la zona rural de Gijón, vinculadas a las parroquias de Granda y Lavandera.
En Granda, la finca de la antigua vivienda parroquial, hoy prácticamente en ruinas, se vende dividida en seis parcelas por un total de 1,24 millones de euros. En Lavandera, la antigua casa rectoral y su finca se ofrecen por 215.000 euros, después de que una primera subasta quedara desierta.
Pero antes de hablar de precios existe una cuestión fundamental: el origen de estos bienes.
Posted by asturiaslaica 
