La Ley Reguladora de Patrimonio Nacional autorizaba al Ejecutivo a “establecer el nuevo régimen jurídico” alrededor de Cuelgamuros y le obligaba a constituir una comisión para elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre ello
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 27 de octubre de 2021
Cuarenta y seis años después de la muerte de Francisco Franco, el complejo monumental que durante décadas albergó los restos del dictador sigue asentado sobre un armazón jurídico construido durante el franquismo. En plena democracia, es la denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la que tiene asignada por decreto-ley la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que tiene entre sus fines “rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”, que mantiene un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que dirige “transitoriamente” el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Una interinidad que se prolonga desde hace 39 años. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha sido capaz de regular la situación jurídica de Cuelgamuros. Y eso que la ley lleva décadas obligándole a hacerlo.
La primera norma que afectó al complejo monumental una vez recuperada la democracia fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales de 1982. Dicho texto, en su disposición final tercera, autorizaba al Ejecutivo para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y “proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco. En definitiva, que el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia administraría provisionalmente el mausoleo franquista a la espera del nuevo marco normativo.
A fin de dar cumplimiento a todas estas cuestiones, la ley de 1982 obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación del Valle de los Caídos y de las “situaciones jurídicas” derivadas del decreto-ley de 1957. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en Moncloa. Se sabe que aquel órgano inició sus trabajos. Sin embargo, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse“, recogía un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009.
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Posted by asturiaslaica 
