León logra que San Isidoro y las Carbajalas paguen el IBI por sus negocios hoteleros

junio 3, 2018

La Colegiata abona 81.276,5 euros de recibos arrastrados y empieza a pagar 16.255,3 euros al año por su hospedería

El paseo sobre la muralla en San Isidoro. – Jesús F. Salvadores

Fuente: Diario de León, Álvaro Caballero, 03/06/2018

Después de años de topar con la Iglesia, el Ayuntamiento de León empieza a ingresar al menos los recibos que le da derecho a cursar la ley. El consistorio cobra desde este año la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por su hospedería a la Colegiata de San Isidoro, que ha cumplido además con el abono de los cinco ejercicios reclamados desde que cambió la normativa en 2012. En total, el cabildo isidoriano ha desembolsado ya 91.029,68 euros por la parte de su complejo en la que desarrolla los usos hoteleros y hosteleros. La misma máxima se ha logrado imponer a las Carbajalas, que plantearon menos problemas y empezaron a tributar en 2017 de manera regular, después de liquidar las cuatro anualidades precedentes, lo que supone una cuenta por el momento de 22.177,79 euros.

La regularización de San Isidoro llega después de años en los que los responsables del cabildo, asesorados por expertos, intentaron demorar su sujeción a la reforma en 2012 de la Ley 42/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. La modificación del texto apostilla que la exención que ampara a las entidades sin fines lucrativos, como es el caso de la Iglesia, no existe en aquellos supuestos de «bienes afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades». Al pie de la letra de este artículo, junto con la notificación del Catastro del cambio de usos y condiciones del complejo, los servicios económicos del Ayuntamiento de León requirieron a los responsables de la colegiata que cumplieran con sus obligaciones fiscales.

La solución llegó tras diversas reuniones en las que los técnicos de la Concejalía de Hacienda, dirigida por Agustín Rajoy, expusieron a los representantes del cabildo la necesidad de que pidieran la segregación de usos del complejo. El trámite, gestionado por el Catastro, resolvió que dentro de los 9.060 metros cuadrados totales, en los que se cuenta la basílica, el museo, el claustro, el panteón de los reyes y la biblioteca, tan sólo se pague el IBI por los 3.104 metros cuadrados que ocupa la hospedería, que empezó a explotarse en 2004 como casa de la espiritualidad y en 2010 pasó a gestionarse como hotel con 40 habitaciones, que luego se ampliaron a 50. Este espacio supone un valor catastral segregado de 2.122.102,8 euros, dentro de los 4.235.954,16 euros de la colegiata completa, lo que supone una cuota anual de 16.255,3 euros. La suma de los cinco ejercicios arrastrados, más el 60% de este año, ya que el 40% restante se paga en el segundo plazo, alcanza los 91.029,68 euros. Lee el resto de esta entrada »


Las actividades económicas de la Iglesia católica a la luz de la sentencia del TJUE de 27-6-2017, en referencia al ICIO

junio 3, 2018

Sobre la importancia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 27 de junio de 2017, que sirvió de base para que el Ayuntamiento de Getafe ganara a una congregación religiosa el pleito que tenía con una exención del ICIO (Sentencia 1/2018, de 8 de enero, Proc.247/2014. del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Madrid), de cara a las actuales exenciones de que disfruta la Iglesia católica (Ic) en la actualidad, escribe M. Enrique Ruiz del Rosal

Salón de Actos de los Escolapios, cuyas obras de remodelación fueron objeto de litigio con el Ayuntamiento de Getafe por no haber pagado el ICIO.

Enrique Ruiz del Rosal:

1.- Desde que España se integró efectivamente en la actual Unión Europea (UE, en adelante) el 1 de enero de 1986, nuestro país está obligado a acatar sus normas, así como a eliminar las normas anteriores a la incorporación que sean incompatibles con el Derecho europeo. Ningún Acuerdo o Tratado firmado por España puede tener preferencia, ni desvirtuar el total sometimiento a las normas comunitarias, de acuerdo a lo estipulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, en adelante).

Así pues, el Derecho europeo es de aplicación directa y no sólo genera obligaciones para los países miembros, sino que también origina derechos para los particulares, los cuales pueden invocar las normas europeas, tanto ante la jurisdicción nacional como ante la europea.

En la vista previa celebrada el 10 de enero de 2017 en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, en adelante), ante 15 jueces, en la que intervinieron el Abogado del Estado, por el reino de España, la Comisión Europea (la Comisión, en adelante), la Congregación religiosa y el Ayuntamiento de Getafe, el propio Tribunal llegó a indicar que si España consideraba que el Acuerdo sobre Asuntos Económicos con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, impedía denegar a la Iglesia católica (Ic, en adelante) la exención del ICIO, debería plantearse la posibilidad de denunciar el Acuerdo; también se preguntó directamente al representante del Estado si nuestro país estaría dispuesto a denunciar el Acuerdo.

Tanto la congregación religiosa como el Reino de España utilizaron los mismos argumentos: justificaban la exención sobre la base del referido Acuerdo de 1979, negaron que fuera una Ayuda de Estado o que, en su caso, de serlo, se trataba de una ayuda existente, cuya adopción era anterior a la entrada de España en la Unión Europea (UE, en adelante)

2.- Cabe comenzar aclarando que el ICIO es un impuesto indirecto desde el punto de vista económico (somete a gravamen una manifestación indirecta de la capacidad económica) y real (grava una manifestación de la riqueza con independencia de su titular), que supuso para los Ayuntamientos españoles una recaudación global superior a los mil millones de euros en el año 2010,…sufriendo su recaudación, a partir de entonces, un sensible retroceso por la grave crisis del sector de la construcción. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia hace caja libre de impuestos con el alquiler de edificios sin uso religioso

mayo 15, 2018

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018. CEE / InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 16 de mayo de 2018

  • La institución católica, la mayor propietaria privada de patrimonio en España, se acoge a las exenciones para ONG para arrendar pisos y locales sin pagar IBI
  • La organización Europa Laica pide a los ayuntamientos que identifiquen exenciones injustificadas a parroquias, diócesis y congregaciones

“Es increíble que en 2018 siga siendo la sociedad civil la que se tenga que dedicar a expurgar los datos, mientras la mayoría de ayuntamientos no hace nada para comprobar cuándo la exención está justificada y cuándo no”. Son palabras de Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica y obstinado buscador de información acerca de las exenciones del IBI a los inmuebles de la Iglesia. Su valoración viene al hilo de la información, publicada por infoLibre, que desvela que una sentencia firme ha obligado al Obispado de Mallorca a pagar el IBI por tres negocios vinculados al santuario de Lluc, en Escorca, un hito destacado en el cuestionamiento de los privilegios fiscales de la institución católica. ¿Cuántos casos similares hay en los que los consistorios no hacen nada, como sí hizo el alcalde de Escorca, para averiguar si la exención se basa realmente en los supuestos previstos por la ley o se está produciendo una suerte de exención generalizada consagrada por la inercia de décadas de manga ancha?, se pregunta Picó. La Conferencia Episcopal no responde si la sentencia de Escorca es extrapolable a otros bienes. Son, asegura, datos de cada diócesis. La Federación Española de Municipios y Provincias afirma que no ha tocado el tema del IBI. La Agencia Tributaria no tiene datos.

La exención del IBI, asentada en el acuerdo económico entre el Estado español y el Vaticano de 1979 y desarrollada legalmente con posterioridad, está en teoría diseñada para proteger el culto y las funciones pastoral y social de la Iglesia católica, no para dar cobertura a actividades lucrativas. Un puñado de ayuntamientos han hecho intentos, a lo largo de la última década, por cobrar el IBI cuando han considerado que había bienes exentos que no entraban en estos supuestos. Ayuntamientos como los de Valencia, Lugo, Zamora, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Leganés (estos cuatro en Madrid), Badalona (Barcelona), Miranda de Ebro (Burgos), Aspe, Elda (ambas en Alicante), Alboraia (Valencia), Carballiño y Allariz (Ourense) y Alegría-Dulantzi (Álava) están entre los que han anunciado o realizado intentos por girar recibos a la diócesis o la congregación de turno.

Aunque cada caso ha tenido sus particularidades, el privilegio de la Iglesia ha demostrado ser un muro difícil de franquear. Sus victorias judiciales han sido constantes y abrumadoras. Entre ellas han destacado una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 contra Amoeiro, Coles, A Peroxa y Villamarin, cuatro municipios de la provincia de Ourense constituidos en la Mancomunidad Concellos de Santa Águeda, que sentó jurisprudencia, y un fallo del Constitucional de 2013 que tumbó la ley navarra que obligaba a la Iglesia pagar el IBI por los inmuebles no destinados al culto. La sentencia sobre Escorca del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que la Diócesis de Mallorca ha renunciado a recurrir, constituye un caso excepcional. Si la Iglesia no paga el IBI por aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo, ni siquiera por un hotel de cuatro estrellas en Begur, en la Costa Brava, ¿qué hace diferente a la panadería, la hospedería y la tienda de regalos del Santuario de Lluc?

La diferencia es que la explotación en Escorca es directa, mientras que en Almería, Lugo y Begur, así como en incontables pisos y locales en toda España, los bienes están en alquiler. Y el alquiler de la Iglesia no paga ni impuesto de sociedades ni IBI.

Un porqué escondido en la ley Lee el resto de esta entrada »


La iglesia católica, la mayor inmobiliaria de Asturias (información 2015)

abril 25, 2018

Seminario de Oviedo

En Asturias el Grupo de Inmatriculaciones está trabajando para que los  Ayuntamientos asturianos presenten mociones a fin de saber qué bienes tiene la iglesia católica registrados a su nombre. En algunos se han presentado ya (Castrillón, Siero, Corvera, Gijón y Oviedo  por ejemplo), y también la Mesa de Peticiones de la Junta General ha admitido a trámite una petición para que solicite al Registro de la Propiedad un listado general y así poder valorar la magnitud de las inmatriculaciones,  pero mientras se recaban y se conocen los datos actuales, rescatamos la información elaborada en noviembre de 2015 por Mar Díaz para Asturias Diario

La Iglesia, la mayor inmobiliaria de Asturias

El Arzobispado es propietario de unos 16.000 inmuebles en Astu­rias. Desde la Catedral y el Semi­nario Metropolitano de Oviedo, a 3.000 capillas, 950 templos, 800 casas rectorales, cementerios, fin­cas y hasta pequeñas huertas. La venta y alquiler de sus bienes, le reporta unos ingresos de 318.000 euros al año (según los presupues­tos de 2014, y 2015, que alcanzan los 11,5 millones). Solo en el con­cejo de Oviedo, hay 51 parroquias y cientos de inmuebles escritura­dos a nombre del Arzobispado. El Ayuntamiento quiere que la Iglesia empiece a pagar el IBI de los inmue­bles que no están dedicados al culto o a ‘actividades pastorales’. Pero el alcalde, Wenceslao López, reconoce que no disponen de ningún registro, y el Arzobispado no parece dispues­to a colaborar. La Iglesia se aferra a una sentencia del Tribunal Constitu­cional de 2013, donde se la conside­ra exenta del IBI al tratarse de una ‘organización sin ánimo de lucro’, pero el Ayuntamiento ha cambiado el epígrafe del IBI para aclarar que “los bienes inmuebles propiedad de confesiones religiosas que no estén destinados al culto o a labores so­ciales o asistenciales desarrolladas por aquellas, no se considerarán exentos del impuesto”. Aún así, la normativa local siempre estará por debajo de la doctrina del Tribu­nal Constitucional. Avilés, Mieres y Pola de Lena ya intentaron ‘cargar’ el recibo del IBI a la Iglesia, e inclu­so consiguieron un listado de sus propiedades. Pero el cobro del tri­buto chocó con la Iglesia y sus pri­vilegios municipales. El ‘diezmo’ del IBI fue paralizado por el Principado que alegó que vulneraba la ley de Haciendas Locales y la ley de Me­cenazgo de 2002, que también protege a la Iglesia. Además, los Acuer­dos firmados en 1979, por el Estado español y el Vaticano blindan’ a los Arzobispados en cuestiones de tributos.

El Ayuntamiento de Oviedo tampoco tiene una estimación de lo que tendría que pagar, llegado el caso, la Iglesia asturiana en con­cepto de IBI. En 2013, la Conferen­cia Episcopal anunció que el pago del IBI, a nivel nacional, supondría un desembolso anual cercano a los 100 millones. Un año antes, el en­tonces líder del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, disparó la cifra has­ta los 3.000 millones. Con cientos de pisos e inmuebles, la factura en Oviedo supondría, al menos, unos 100.000 euros.

El patrimonio de la Iglesia

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Una sentencia firme golpea la bula fiscal de la Iglesia al obligarla a pagar el IBI por tres negocios

abril 19, 2018

♦ El Obispado de Mallorca renuncia a recurrir un fallo que permite cobrar el impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos
♦ La sentencia parte de una reclamación del Ayuntamiento de Escorca, del PP
♦ 
La diócesis defendía que la actividad comercial era “auxiliar” al culto religioso

 

Santuario de Lluc, en Escorca, al norte de la isla de Mallorca. Consorcio Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial / InfoLibre

 

Ángel Munárriz, InfoLibre, 20 de abril de 2018

Si la Iglesia desarrolla directamente una actividad económica en un local comercial, tiene que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), incluso aunque el establecimiento esté integrado en un complejo religioso. Así lo ha establecido la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en una sentencia firme. El Obispado de Mallorca debe abonar el IBI al Ayuntamiento de Escorca (Mallorca, 217 habitantes) por los inmuebles en los que se ubican una panadería, una tienda de recuerdos y una hospedería en el Santuario de Lluc. El fallo, de junio de 2017, no ha sido recurrido, confirma a infoLibre el Obispado. Es un hito en la batalla municipal contra las exenciones fiscales a la Iglesia católica y sus organizaciones.

El litigio parte del intento del Ayuntamiento de Escorca, gobernado por el PP, de cobrar el IBI de 2014 por las fincas con actividades no vinculadas al culto en el Santuario de Lluc, gestionado por la congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones. El Obispado de Mallorca se opuso por la vía administrativa, para intentar no pagar en ningún caso. El caso terminó en los tribunales centrándose en tres fincas. Lee el resto de esta entrada »


Constituida la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla

febrero 2, 2018

El pasado día 22 de enero tuvo lugar una reunión, en el Salón de Actos de la Casa de las Sirenas de la Alameda, de cara a constituir una Plataforma para la recuperación del Patrimonio inmatriculado por la iglesia católica a su nombre en Sevilla. Hoy InfoLibre se hace eco del nacimiento de esta nueva Plataforma que, entre otros objetivos, reivindica la titularidad pública de la Catedral y la Giralda, registradas por el Arzobispado en 2010…

Procesión de la Espada de San Fernando, que porta el Alcalde, en la catedral de Sevilla, festividad de San Clemente. Foto, en la web Cabildo Alfonso X, el Sabio.

El movimiento laico abre en Sevilla a contracorriente la batalla contra las inmatriculaciones

Ángel Munárriz, 2 de febrero de 2018. InfoLibre

Hubo gritos coreados de “Nuestras tradiciones no se tocan” y “Dios con nosotros”. El ambiente estaba cargado de dramatismo. Numerosos asistentes a la manifestación, sobre todo mujeres, ponían sus crucifijos apuntando al edificio del ayuntamiento, a cuyas puertas se concentraron miles de personas. Era una estampa impresionante. La protesta masiva celebrada en febrero de 2016 contra una propuesta de “callejero laicista” –protesta de la que fue beneficiario político el entonces opositor local Juan Ignacio Zoido (PP)– ofreció pistas elocuentes sobre la reacción de importantes sectores de población en Sevilla cuando se tocan las cosas de la religión. Hay mucha gente que reacciona mal. Mal y combativamente. Está claro que Sevilla no es una ciudad fácil para los movimientos laicos, si es que en España alguna lo es.

 En Sevilla la religiosidad se cuela en ámbitos recónditos de la sociedad por la vía de su dimensión folclórica y popular. La Semana Santa es la fiesta local por antonomasia. En breve todos los medios locales empezarán a dedicar a sus preparativos más espacio que a cualquier sección. El ABC es el periódico más leído y el más influyente. La presencia del alcalde u otras autoridades en actos religiosos es frecuente. Queipo de Llano continúa enterrado con honores en la Basílica de la Macarena sin que hasta la fecha haya habido excesiva contestación popular. Son cosas de las hermandades, ahí no entra nadie. En la capital andaluza, aunque ciudad plural, contradictoria y sorprendente, hay que tener cuidado al apuntar el dedo hacia la Iglesia para no quedarse en posiciones marginales. Y más aún si se tocan las tradiciones. Begoña Gutiérrez y numerosos compañeros suyos de Podemos se pasaron semanas dando explicaciones tras el titular de una entrevista a El Mundo en 2015: “Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán“. Les cayó el sambenito de “partido que quiere quitar la Semana Santa” y todavía no se lo han quitado del todo.

Por todo esto, y también por la falta de un movimiento laicista potente en la ciudad, se ha demorado la creación de un espacio de crítica y denuncia de una de las prácticas de la Iglesia católica más cuestionadas: las inmatriculaciones. Es decir, la masiva y subrepticia apropiación de bienes públicos por parte de las autoridades eclesiásticas aprovechando un vericueto legal. En ciudades como Córdoba el problema de las inmatriculaciones forma parte de la agenda política local, con el banderín de enganche de la Mezquita-Catedral. En Sevilla el tema es mucho menos conocido, a pesar de que la Catedral y la Giralda fueron inmatriculadas a nombre de la Iglesia en 2010, con el único coste de la tasa de inscripción: 30 euros. El Arzobispado no ha querido dar su versión sobre aquellos hechos para esta información. 

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Córdoba Laica: Propuesta de moción a los grupos municipales sobre exenciones fiscales

enero 31, 2018

Tras su estudio sobre las exenciones del IBI a la Iglesia católica, Códoba Laica ha elaborado una propuesta de moción sobre exenciones fiscales para que sea presentada por los distintos Grupos Municipales que componen el Pleno

Córdoba Laica  ha llevado a cabo un trabajo de campo sobre el uso que tienen bienes inmuebles de la iglesia católica que, hasta ahora, están exentos del pago del IBI para comprobar si se correspondería con los usos que, efectivamente, no deben pagar este impuesto según la normativa actual. El trabajo les ha permitido conocer que la iglesia católica tiene un total de 443 inmuebles por los que no paga este impuesto, entre los que se cuentan decenas de viviendas, cocheras o locales de uso comercial, Con el resultado de este trabajo de campo había anunciado que presentaría a los grupos municipales una moción para que que se revise ese listado de inmuebles según su verdadero uso.

Por su interés y por la posibilidad de ser útil en otros Ayuntamientos, a través de la web laicismo.org,  recogemos el modelo de moción sobre exenciones fiscales que desde Córdoba Laica y Andalucía Laica proponen para su presentación a los grupos municipales:

Moción

Petición de Moción o Resolución, sobre exenciones fiscales, que presenta al Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba a través de los distintos Grupos Municipales que componen el Pleno, por parte de Córdoba Laica – Andalucía Laica para su traslado al Pleno del

Por el presente escrito, solicitamos al Grupo Municipal………… de Córdoba, componente del Ayuntamiento de Córdoba la presente MOCIÓN o RESOLUCIÓN, al objeto de que pueda ser asumida y llevada a Pleno, al objeto de que pudiese ser tenida en cuenta llevada a cabo en la actualización y regularización de la Contribución Territorial Urbana de los Inmuebles, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Córdoba, someten a consideración para su inclusión en el orden del día del Pleno Ordinario del 13 de Febrero de 2018, la siguiente propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asumida por las distintas Administraciones del Estado la búsqueda del bienestar colectivo de la ciudadanía, cada una en su ámbito, es obvia una cuestión esencial: La financiación, el Estado tiene básicamente, dos vías para generar ingresos: una es a través de su propia actividad económica; la otra, mediante los impuestos aplicados a las propiedades y la actividad económica de las empresas y ciudadanos. Con estos recursos, el Estado debe alcanzar dos objetivos básicos: Prestar los servicios públicos esenciales y redistribuir las rentas generadas por el mercado.

A través de la política fiscal los legisladores deciden qué segmentos de la población y en qué cuantía deben aportar los recursos necesarios para financiar al Estado, que en España está conformado también por las Autonomías y los Ayuntamientos. Lee el resto de esta entrada »