Así era la Ley de Libertad de Conciencia que Zapatero guardó en un cajón

abril 4, 2022

El texto garantizaba la «neutralidad» de los cargos públicos ante el hecho religioso, la laicidad de los actos oficiales, el «no adoctrinamiento» en la enseñanza y un régimen fiscal de las confesiones, pero dejaba fuera la financiación y la igualdad.

Fotografía de octubre de 2011 del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que era presidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela, en una reunión en el Palacio de la Moncloa / José Oliva-Europa Press

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Aristóteles Moreno, Público, 4 de marzo de 2022

El 7 de mayo de 2008 María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, anunció en el Congreso de los Diputados la revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, promulgada en 1980 por Adolfo Suárez. El anuncio se produjo apenas un mes después de la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero y en el marco de un nuevo impulso político que buscaba «alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado», en palabras de la vicepresidenta. Era el segundo mandato de Zapatero y su Ejecutivo se proponía, 28 años después, reformar aquella ley obsoleta aprobada por el primer Gobierno constitucional de la España posfranquista en el contexto de un país que aún se desperezaba del largo sueño nacionalcatólico y el poder omnímodo de la Iglesia.

El Gobierno socialista, ahora sí, parecía dispuesto a tocar una de las piedras angulares del viejo sistema. Por eso había que actuar rápido y con determinación. Si la ley no era aprobada antes del ecuador de la legislatura, estaba abocada al fracaso. Ningún presidente, por muy progresista que fuera, estaba dispuesto a enfilar la recta final hacia las elecciones generales con un conflicto abierto en carne viva con la jerarquía católica. La reacción de la prensa conservadora no se hizo esperar: el Gobierno del PSOE tramaba la implantación de una «religión de Estado» basada en el «laicismo radical».

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El Gobierno vuelve a aparcar su proyecto de reformas laicas, por Aristóteles Moreno

marzo 28, 2022

La Ley de Libertad de Conciencia queda fuera del plan legislativo de 2022 y se incumple el compromiso programático de regular la financiación de las confesiones, la simbología y la educación religiosa, los lugares de culto, la fiscalidad, la igualdad entre credos, la neutralidad de las autoridades públicas y el fin de los privilegios de la Iglesia católica.

Interior iglesia. Pixabay

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Aristóteles Moreno, Público, 28 de marzo de 2022

«Un Estado que no define con claridad la libertad de conciencia y de religión es un Estado que permite desequilibrios y desigualdades, privilegia a una parte de la ciudadanía y renuncia a la igualdad plena». Este texto aparece en el programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones de 2015. Siete años después, y cuatro ya al frente del Ejecutivo, la esperada Ley de Libertad de Conciencia, que estaba llamada a regular aspectos clave en la relación entre el Estado, la sociedad y las confesiones religiosas, ha vuelto a ser laminada de las prioridades políticas. El Plan Anual Normativo para 2022 no incluye su desarrollo y todo indica que la legislatura concluirá sin abordar uno de los principales compromisos de la coalición progresista.

Bajo el epígrafe de «Laicidad. Defensa de lo Público«, el PSOE de Pedro Sánchez apostó entonces sin circunloquios por la «construcción de un Estado laico» y desgranó un amplio catálogo de actuaciones que deberían quedar reguladas en una ley orgánica. El texto enumeraba un paquete de medidas muy concretas: autofinanciación de todas las confesiones, religión fuera del currículo escolar, fiscalidad para bienes no afectos al culto, retirada de símbolos religiosos en edificios públicos, cementerios no confesionales, protocolos para actos de Estado, recuperación de bienes inmatriculados y, por encima de todas ellas, denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.

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La Iglesia inmatriculó una popular ermita de Málaga propiedad de una familia e inscrita ya en el registro

febrero 19, 2022

El dueño de la Ermita de los Verdiales descubrió que el obispo la había puesto a su nombre sin aportar prueba documental en un caso de doble inmatriculación, que revela la arbitrariedad del prelado y la pasividad de los registradores. Un ejemplo idéntico en Palencia originó en 2014 una condena histórica del Tribunal de Estrasburgo a España, que obligó al Gobierno de Rajoy a derogar el polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Ermita de los Verdiales / Cedida

Aristóteles Moreno, Público, 19 de febrero de 2022

A principios del año 2013, Andrés Jesús Palomo recibió una inquietante llamada telefónica. No daba crédito a lo que estaba escuchando al otro lado del aparato. El obispo de Málaga acababa de inmatricular a su nombre la conocida como Ermita de los Verdiales, ubicada en los Montes de Málaga, a unos 12 kilómetros de la capital de la Costa del Sol. Debía de tratarse de un lamentable error. El pequeño templo, de casi 200 metros cuadrados incluidas la vivienda anexa y los servicios, era de su propiedad desde que diez años atrás lo había adquirido junto con otro conjunto de parcelas heredadas de su abuelo. Así lo constataban las escrituras y los certificados registrales que obran en su poder y cuya copia ha facilitado a Público.

Hasta ese momento, Andrés Jesús Palomo no había oído hablar de las inmatriculaciones eclesiásticas ni del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que permitía a los obispos anotar a su nombre bienes inmuebles y fincas con su mera autocertificación diocesana y sin aportar títulos escritos de propiedad. Palomo pasó de la sorpresa a la indignación cuando se presentó ante el registro de la propiedad y pidió una nota simple. «Pertenece esta finca al Obispado de Málaga desde tiempo inmemorial«, reza la inscripción registral utilizando una fórmula que se repite una y otra vez en miles de inmatriculaciones efectuadas por los prelados en toda España.

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Asociaciones y comunidades religiosas exigen que la Conferencia Episcopal financie la comisión independiente que investigue los abusos

febrero 1, 2022

Redes Cristianas, que integra a más de 200 grupos, denuncia el «encubrimiento» de la jerarquía católica y exige sacar a la luz el «cuantioso número de víctimas» en un documento de trabajo que presentará ante el Papa.

Cardenal Omella, presidente de la CEE / EFE

InfoLibre / Público (Aristóteles Moreno) / Redes cristianas, 1 de febrero de 2022

Asociaciones y comunidades de base han pedido que la Iglesia española pase «de las tinieblas a la luz» en el tema de los abusos sexuales a menores y proponen crear una «Comisión de la Verdad», financiada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) pero con un «mandato independiente» que investigue la magnitud de este fenómeno delictivo, informa Europa Press.

«Queremos manifestar, en este comienzo del año, nuestro deseo y nuestra exigencia de que 2022 sea el año en que la Iglesia Católica Española pase de las tinieblas a la luz y proporcione a las víctimas de abusos sexuales en su seno la verdad, la justicia y reparación que merecen«, subrayan una docena de colectivos de cristianos de base en una carta abierta dirigida a la Conferencia Episcopal, consultada por Europa Press.

Los firmantes consideran que es una «vergüenza» la «falta de investigación» en la Iglesia de los abusos, que definen como «una grave violación de los derechos humanos, un gravísimo delito y un horrendo pecado».

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La venta de un Monumento Nacional en Aragón reabre el debate sobre la protección del legado cultural

diciembre 7, 2021

El anteproyecto de reforma de la Ley del Patrimonio Histórico prevé impedir que la Iglesia privatice bienes de interés cultural (BIC), lo que hubiera imposibilitado la transacción mercantil del Monasterio de Casbas.

Fuente foto

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Aristóteles Moreno, Público, 7 de diciembre de 2021

La venta del Monasterio de Casbas en Aragón, Monumento Nacional desde 1979 y Bien de Interés Cultural, para transformarlo en una hospedería ha vuelto a reactivar el debate sobre el uso y protección del patrimonio histórico, particularmente de los edificios de carácter religioso, tras la polémica de las inmatriculaciones eclesiásticas. La transacción mercantil se produce además apenas seis meses después de que el Ministerio de Cultura hubiera presentado un anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico que prevé prohibir el comercio de monumentos BIC. «Dichos bienes solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado o a otras instituciones eclesiásticas», estipula el apartado 4, artículo 19, del anteproyecto, que se encuentra en tramitación, aunque eventualmente paralizado por orden del nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta.

El Monasterio cisterciense de Casbas, fundado en el siglo XII, fue vendido por las monjas en 2007, tres años después de que lo abandonaran, a la Fundación Progea, vinculada a un grupo empresarial del mismo nombre. Los nuevos propietarios, que compraron el Monasterio por 2,7 millones de euros, anunciaron un paquete de proyectos para reactivar el Monumento Nacional, la mayor parte de los cuales no fueron ejecutados. Es el caso de una polémica escuela taller prevista para su rehabilitación que nunca se llegó a poner en marcha. El Grupo Progea entró en proceso de liquidación en 2013 y la Fundación está en concurso de acreedores desde principios de 2020.

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Un equipo de expertos identificará cuántos bienes comunales ha inmatriculado la Iglesia en Navarra

noviembre 28, 2021

Los obispos han registrado desde el año 1900 más de 4 millones de metros cuadrados de terreno rústico y urbano en la comunidad foral, según un nuevo y exhaustivo informe elaborado por la Consejería de Justicia.

07/07/2021 El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez González, antes de una misa

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A. Moreno, Público, 28 de noviembre de 2021

El Gobierno foral de Navarra acaba de dar un salto cualitativo en el ya largo conflicto de las inmatriculaciones de la Iglesia católica. Por primera vez, un equipo de expertos peinará una por una todas las inscripciones eclesiásticas para verificar si se trata de bienes comunales especialmente protegidos por la ley. Hasta ahora este ha sido un camino inexplorado y podría dar un vuelco al intrincado embrollo de las inmatriculaciones. En Navarra, los bienes comunales constituyen una parte muy importante del territorio foral. Se trata de bienes históricos, sin propiedad definida, cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos como recurso complementario de la economía rural.

La Ley Foral de Comunales de 1986 ya proclamó su «carácter social» y los consignó como «bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables», exactamente el mismo estatus jurídico que los de dominio público. De hecho, el artículo 132 de la Constitución Española ya los protege de forma específica y prohíbe taxativamente que sean objeto de transacción mercantil. El artículo 8 de la Ley Foral del 86 estipula, además, que las entidades locales «podrán recuperar, por sí, en cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe del letrado y audiencia del interesado». También establece en su artículo 10 que ese tipo de bienes vecinales deben ser inscritos en el registro de la propiedad por las entidades locales, quienes tienen un papel central en su custodia y tutela.

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Desfiguración

octubre 19, 2021

Los obispos siempre se han llevado mal con la Mezquita de Córdoba…

Patio de los Naranjos

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Aristóteles Moreno, Cadena SER (SER Córdoba), 19 de octubre de 2021

Los obispos siempre se han llevado mal con la Mezquita de Córdoba, uno de los monumentos islámicos más importantes del mundo. No tardaron en quebrar su espacio infinito edificando en el centro una perturbadora Catedral. Luego taparon el soberbio Mihrab de Al Hakam II. Escondieron los artesonados debajo de bóvedas de escayola. Pintaron de blanco las dovelas policromadas. Llenaron de altares el bosque de columnas. Y tapiaron los arcos que filtraban la luz del Patio de los Naranjos.

Durante siglos intentaron enterrar la belleza andalusí. Pero su esplendor resistió la tenacidad impune de los prelados. Hasta que en el siglo XIX el Estado cogió las riendas de un monumento agonizante. Tuvieron que venir los arquitectos Velázquez Bosco y Félix Hernández para desmantelar los pegotes barrocos y rescatar a la Mezquita del olvido.

Los obispos quieren sentar su cátedra sobre una iglesia. Y eso es comprensible. Pero no a costa de nuestra joya de arte islámico. En noviembre las naves de Almanzor acogerán una exposición de orfebrería de las hermandades de Córdoba. Una más en esa obsesiva carrera por convertir la Mezquita en museo cofrade. La Junta tiene las competencias en la tutela y vigilancia del patrimonio histórico andaluz. Pero hay años, desde luego, en que no lo parece

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El Gobierno debe decidir si renueva al arzobispo castrense, un privilegio medieval amparado por el franquismo

octubre 4, 2021

España aún conserva el privilegio medieval de presentación de prelados en el Ejército. Tras el fallecimiento del anterior, la Nunciatura del Vaticano y el Ministerio de Asuntos Exteriores deben acordar una terna de candidatos para que el rey elija a uno de ellos, conforme a los preconstitucionales Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1976.

Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros tras el parón estival, 24 de agosto de 2021 / Pool Moncloa / Europa Press

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Aristóteles Moreno, Público, 4 de octubre de 2021

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta en las próximas semanas a una espinosa cuestión de enorme calado simbólico, que calibrará su compromiso real con la laicidad del Estado, tal como figura en el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. En breve, deberá decidir si renueva al arzobispo castrense, que proporciona asistencia religiosa al Ejército y a la Casa Real, en sustitución del fallecido Juan del Río en enero pasado como consecuencia del Covid.

La designación del arzobispo castrense no solo choca con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado, también adolece de un flanco singularmente controvertido en su forma de nombramiento. Hasta 1976, España mantenía un privilegio medieval, recuperado por Francisco Franco tras la II República, según el cual ostentaba el derecho de presentación de obispos al Vaticano. Muerto el dictador, el rey Juan Carlos I renunció expresamente a esa prerrogativa propia de Estados confesionales. Lo hizo con una sola excepción: el arzobispo castrense, cuya elección mantiene la fórmula arcaica de intervención del Estado en el nombramiento de un prelado de la Iglesia católica.

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La Iglesia ha inmatriculado casi 2.500 cementerios en toda España

septiembre 27, 2021

Muchos municipios que no disponían de escrituras han perdido sus camposantos en beneficio de los obispos aunque siguen haciendo frente a los gastos de mantenimiento de lo que históricamente ha constituido un servicio público.

Cementerio-de-Pola-de-Siero

Cementerio de Pola de Siero (Asturias), inmatriculado por la iglesia católica /Fuente foto

Aristótles Moreno, Público, 27 de septiembre de 2021

Hace apenas semana y media, el pequeño Ayuntamiento asturiano de Yernes y Tameza descubrió que el cementerio municipal aparecía en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Tras una investigación en el archivo local, el Consistorio constató que el camposanto se encontraba inventariado como propiedad municipal y acordó escriturarlo a su nombre. El caso de Yernes y Tameza podría no ser la única necrópolis pública que ha terminado privatizada a nombre de los obispos, al amparo del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que les permitió registrar bienes sin aportar título escrito de propiedad.

El listado de inmatriculaciones episcopales publicado por el Gobierno a principios de año incluye casi 2.500 cementerios de toda España. De ninguno de ellos, la Iglesia tenía prueba documental de dominio, más allá de la tradicional afectación religiosa del camposanto y la autocertificación del obispo. Buena parte de estos bienes hunden sus raíces en épocas pretéritas y fueron levantados, en algunos casos, sobre terrenos comunales o incluso municipales, tal como denuncian las organizaciones patrimonialistas. Es el ejemplo de Yernes y Tameza. En su caso, el Ayuntamiento había inventariado el cementerio municipal, pero puede haber otros muchos que no hayan tenido nunca la precaución de catalogarlos como propios.

«Quien niegue la existencia del privilegio eclesiástico es que desconoce el desarrollo de la legislación hipotecaria»

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Inmatriculaciones: ¿y ahora qué?

septiembre 8, 2021

La bandera, la de las organizaciones patrimonialistas, sigue en pie: nulidad de las inmatriculaciones y blindaje de todos los bienes culturales de dominio público.

Aristóteles Moreno, Éxodo, 8 de septiembre de 2021

La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.

La mera publicación, no obstante, ya es una victoria sin paliativos del creciente movimiento patrimonialista que suma a día de hoy casi 30 colectivos de toda España. El segundo hecho decisivo venía cosido a la misma publicación del inventario. En el preámbulo, un informe jurídico del gobierno admitía que las inscripciones episcopales adolecían de una más que probable inconstitucionalidad, toda vez que equiparaban a la Iglesia con el Estado y a los obispos con fedatarios públicos. Y, sin embargo, no anunciaba medidas de carácter legislativo ni legal para tratar de cancelar las inmatriculaciones.

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