Un equipo de expertos identificará cuántos bienes comunales ha inmatriculado la Iglesia en Navarra

noviembre 28, 2021

Los obispos han registrado desde el año 1900 más de 4 millones de metros cuadrados de terreno rústico y urbano en la comunidad foral, según un nuevo y exhaustivo informe elaborado por la Consejería de Justicia.

07/07/2021 El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez González, antes de una misa

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A. Moreno, Público, 28 de noviembre de 2021

El Gobierno foral de Navarra acaba de dar un salto cualitativo en el ya largo conflicto de las inmatriculaciones de la Iglesia católica. Por primera vez, un equipo de expertos peinará una por una todas las inscripciones eclesiásticas para verificar si se trata de bienes comunales especialmente protegidos por la ley. Hasta ahora este ha sido un camino inexplorado y podría dar un vuelco al intrincado embrollo de las inmatriculaciones. En Navarra, los bienes comunales constituyen una parte muy importante del territorio foral. Se trata de bienes históricos, sin propiedad definida, cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos como recurso complementario de la economía rural.

La Ley Foral de Comunales de 1986 ya proclamó su «carácter social» y los consignó como «bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables», exactamente el mismo estatus jurídico que los de dominio público. De hecho, el artículo 132 de la Constitución Española ya los protege de forma específica y prohíbe taxativamente que sean objeto de transacción mercantil. El artículo 8 de la Ley Foral del 86 estipula, además, que las entidades locales «podrán recuperar, por sí, en cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe del letrado y audiencia del interesado». También establece en su artículo 10 que ese tipo de bienes vecinales deben ser inscritos en el registro de la propiedad por las entidades locales, quienes tienen un papel central en su custodia y tutela.

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Desfiguración

octubre 19, 2021

Los obispos siempre se han llevado mal con la Mezquita de Córdoba…

Patio de los Naranjos

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Aristóteles Moreno, Cadena SER (SER Córdoba), 19 de octubre de 2021

Los obispos siempre se han llevado mal con la Mezquita de Córdoba, uno de los monumentos islámicos más importantes del mundo. No tardaron en quebrar su espacio infinito edificando en el centro una perturbadora Catedral. Luego taparon el soberbio Mihrab de Al Hakam II. Escondieron los artesonados debajo de bóvedas de escayola. Pintaron de blanco las dovelas policromadas. Llenaron de altares el bosque de columnas. Y tapiaron los arcos que filtraban la luz del Patio de los Naranjos.

Durante siglos intentaron enterrar la belleza andalusí. Pero su esplendor resistió la tenacidad impune de los prelados. Hasta que en el siglo XIX el Estado cogió las riendas de un monumento agonizante. Tuvieron que venir los arquitectos Velázquez Bosco y Félix Hernández para desmantelar los pegotes barrocos y rescatar a la Mezquita del olvido.

Los obispos quieren sentar su cátedra sobre una iglesia. Y eso es comprensible. Pero no a costa de nuestra joya de arte islámico. En noviembre las naves de Almanzor acogerán una exposición de orfebrería de las hermandades de Córdoba. Una más en esa obsesiva carrera por convertir la Mezquita en museo cofrade. La Junta tiene las competencias en la tutela y vigilancia del patrimonio histórico andaluz. Pero hay años, desde luego, en que no lo parece

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El Gobierno debe decidir si renueva al arzobispo castrense, un privilegio medieval amparado por el franquismo

octubre 4, 2021

España aún conserva el privilegio medieval de presentación de prelados en el Ejército. Tras el fallecimiento del anterior, la Nunciatura del Vaticano y el Ministerio de Asuntos Exteriores deben acordar una terna de candidatos para que el rey elija a uno de ellos, conforme a los preconstitucionales Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1976.

Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros tras el parón estival, 24 de agosto de 2021 / Pool Moncloa / Europa Press

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Aristóteles Moreno, Público, 4 de octubre de 2021

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta en las próximas semanas a una espinosa cuestión de enorme calado simbólico, que calibrará su compromiso real con la laicidad del Estado, tal como figura en el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. En breve, deberá decidir si renueva al arzobispo castrense, que proporciona asistencia religiosa al Ejército y a la Casa Real, en sustitución del fallecido Juan del Río en enero pasado como consecuencia del Covid.

La designación del arzobispo castrense no solo choca con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado, también adolece de un flanco singularmente controvertido en su forma de nombramiento. Hasta 1976, España mantenía un privilegio medieval, recuperado por Francisco Franco tras la II República, según el cual ostentaba el derecho de presentación de obispos al Vaticano. Muerto el dictador, el rey Juan Carlos I renunció expresamente a esa prerrogativa propia de Estados confesionales. Lo hizo con una sola excepción: el arzobispo castrense, cuya elección mantiene la fórmula arcaica de intervención del Estado en el nombramiento de un prelado de la Iglesia católica.

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La Iglesia ha inmatriculado casi 2.500 cementerios en toda España

septiembre 27, 2021

Muchos municipios que no disponían de escrituras han perdido sus camposantos en beneficio de los obispos aunque siguen haciendo frente a los gastos de mantenimiento de lo que históricamente ha constituido un servicio público.

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Cementerio de Pola de Siero (Asturias), inmatriculado por la iglesia católica /Fuente foto

Aristótles Moreno, Público, 27 de septiembre de 2021

Hace apenas semana y media, el pequeño Ayuntamiento asturiano de Yernes y Tameza descubrió que el cementerio municipal aparecía en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Tras una investigación en el archivo local, el Consistorio constató que el camposanto se encontraba inventariado como propiedad municipal y acordó escriturarlo a su nombre. El caso de Yernes y Tameza podría no ser la única necrópolis pública que ha terminado privatizada a nombre de los obispos, al amparo del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que les permitió registrar bienes sin aportar título escrito de propiedad.

El listado de inmatriculaciones episcopales publicado por el Gobierno a principios de año incluye casi 2.500 cementerios de toda España. De ninguno de ellos, la Iglesia tenía prueba documental de dominio, más allá de la tradicional afectación religiosa del camposanto y la autocertificación del obispo. Buena parte de estos bienes hunden sus raíces en épocas pretéritas y fueron levantados, en algunos casos, sobre terrenos comunales o incluso municipales, tal como denuncian las organizaciones patrimonialistas. Es el ejemplo de Yernes y Tameza. En su caso, el Ayuntamiento había inventariado el cementerio municipal, pero puede haber otros muchos que no hayan tenido nunca la precaución de catalogarlos como propios.

«Quien niegue la existencia del privilegio eclesiástico es que desconoce el desarrollo de la legislación hipotecaria»

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Inmatriculaciones: ¿y ahora qué?

septiembre 8, 2021

La bandera, la de las organizaciones patrimonialistas, sigue en pie: nulidad de las inmatriculaciones y blindaje de todos los bienes culturales de dominio público.

Aristóteles Moreno, Éxodo, 8 de septiembre de 2021

La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.

La mera publicación, no obstante, ya es una victoria sin paliativos del creciente movimiento patrimonialista que suma a día de hoy casi 30 colectivos de toda España. El segundo hecho decisivo venía cosido a la misma publicación del inventario. En el preámbulo, un informe jurídico del gobierno admitía que las inscripciones episcopales adolecían de una más que probable inconstitucionalidad, toda vez que equiparaban a la Iglesia con el Estado y a los obispos con fedatarios públicos. Y, sin embargo, no anunciaba medidas de carácter legislativo ni legal para tratar de cancelar las inmatriculaciones.

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Ateos y no creyentes registran su máximo histórico y rozan ya el 39% de la población

agosto 30, 2021

El último avance del CIS certifica el descenso sin precedentes de católicos, mientras que quienes se declaran no religiosos triplican ya los registros de hace apenas dos décadas.

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Iglesia de la Purísima Concepción de Puebla de la Sierra, 5 de agosto de 2021 / Rafael Bastante – Europa Press

Aristóteles Moreno, Público / Vida Nueva, 30 de agosto de 2021

El catolicismo pierde fuelle social, en una sangría constante desde hace décadas, que se refleja de forma inequívoca en los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El avance de resultados de julio ha vuelto a arrojar un nuevo máximo histórico de personas no religiosas en España, que ya representan el 38,7% de la población. Desde principios de año, en apenas siete meses, el segmento de no creyentes se ha incrementado en 4,5 puntos. Si persiste la intensidad de esta progresión, en poco más de un año, la sociedad española no religiosa habrá superado claramente a los creyentes y traspasará por primera vez en su historia el simbólico umbral del 50%.

El informe número 3332 del CIS también refleja un mínimo histórico de católicos practicantes, cuyo porcentaje cae por primera vez al 16,7%. El registro representa un desplome de tres puntos en solo siete meses. Los católicos no practicantes (39,9%) también retroceden con respecto a enero pasado (41,6%) pero se quedan a 1,2 puntos de su peor registro de mayo (38,7%).

Examinados en perspectiva, los datos de julio pasado revelan un deterioro imparable de la religiosidad en España. En el año 2000, el grupo de personas no religiosas apenas alcanzaba el 13,1% de la población. Es decir, el número de ateos, agnósticos o no creyentes se ha triplicado en apenas dos décadas. Los católicos entonces (83,1%) exhibían todavía un protagonismo social hegemónico, aunque, si bien, los practicantes representaban una minoría de ese grupo (21%). Diez años después, en 2010, la población no religiosa ya había experimentado un salto notable. Se incrementó en 7,1 puntos hasta situarse en el 20,2% de los españoles. Desde entonces, el descreimiento religioso no ha hecho sino aumentar de forma sostenida mes a mes.

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La nueva Ley de Patrimonio augura una dura pugna con la Iglesia por la gestión de los monumentos de la Unesco

agosto 28, 2021

El proyecto prevé que los bienes del Patrimonio Mundial sean dirigidos por un patronato, al que los obispos tachan de «invasivo» y «expropiatorio». El reciente revés judicial por la Mezquita de Córdoba refuerza las posiciones del Gobierno mientras los colectivos patrimonialistas exigen declarar los bienes culturales de dominio público.

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Turistas ante la mezquita, julio de 2020 / Cristina Quicler – AFP

Aristóteles Moreno, Público, 28 de agosto de 2021


La reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que prepara el Ministerio de Cultura presagia nubarrones en las siempre complejas relaciones con la Iglesia católica. El texto del anteproyecto, que acaba de ser sometido a exposición pública, prevé la creación de un patronato que gestione los bienes culturales catalogados como Patrimonio Mundial por la Unesco, parte de los cuales están en posesión de la jerarquía católica.

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los monumentos de alto valor cultural en España de carácter religioso cuentan con la gestión directa de la Iglesia católica, aunque bajo la estrecha supervisión del Estado, que tiene por ley la tutela y vigilancia del patrimonio histórico. Con la reforma planeada, todos los bienes culturales Patrimonio Mundial de la Unesco serán regidos por un patronato, en el que, según el texto, «participen las Administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten derechos sobre esos bienes». El patronato, añade el anteproyecto, estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura, «que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo«.

La reacción de la jerarquía católica ha sido inmediata y particularmente hostil. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, no ha dudado en tildar la normativa como «propia de países dictatoriales». En su opinión, se trata de una «ley invasiva», que no tiene en cuenta la «libertad religiosa». El prelado carga contra la nueva figura de Bien de Interés Mundial (BIM), que el Ministerio de Cultura tiene previsto crear para otorgar un especial amparo a los monumentos reconocidos por la Unesco. Esa nueva figura «expropia a todos los demás», porque, según estima el obispo, las competencias del conjunto monumental las tendrá una «comisión gestora con mayoría de la administración civil». El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, también ha arremetido contra los términos de la reforma de la Ley. «Se deben evitar injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad», declaró hace unos días.

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Ofensiva ciudadana contra el Gobierno por ceder ante la Iglesia en el litigio de las inmatriculaciones

junio 22, 2021

Una treintena de colectivos, agrupados en la Coordinadora Recuperando, convocan para este martes concentraciones en 16 ciudades de 9 comunidades autónomas para protestar contra los privilegios de la Iglesia.

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Nuestra Señora del Mercado, en León (cuarta provincia con más bienes inmatriculados)

Aristóteles Moreno, Público, 22 de junio de 2021

Casi 30 organizaciones patrimonialistas, aglutinadas en la Coordinadora Recuperando, expresarán mañana martes su protesta pública y su decepción por lo que entienden el incumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso programático con la reversión de las polémicas inmatriculaciones eclesiásticas, que han supuesto de facto la «privatización» de decenas de miles de bienes, muchos de ellos de incalculable valor cultural.

Al menos 16 ciudades de 9 comunidades autónomas han programado, por primera vez de forma coordinada, actos ciudadanos de protesta ante monumentos emblemáticos bajo el lema común de Recuperando nuestro patrimonio público. Las concentraciones han sido convocadas en Albacete, Cáceres, Córdoba, Granada, Jerez, León, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Santander, Sevilla, Sant Boi de Llobregat, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Los colectivos se sienten profundamente defraudados con el Gobierno de coalición, cuyos socios, tanto el PSOE como Unidas Podemos, habían hecho suyas las reivindicaciones que las organizaciones civiles patrimonialistas llevan peleando desde hace largos años. La Coordinadora Recuperando tiene un sabor agridulce en esta batalla. Por un lado, ha visto cumplida, al menos parcialmente, su demanda de la publicación de casi 35.000 bienes inmatriculados por la jerarquía católica el pasado febrero. De otra parte, sin embargo, el Gobierno ha renunciado a arbitrar una solución global, tal como anunció, y ha derivado a ayuntamientos y particulares los eventuales litigios sobre la titularidad de esa ingente cantidad de bienes.

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