La jerarquía eclesiástica aprovechó sus privilegios legales para inmatricular las catedrales de las ocho capitales andaluzas, así como parroquias, ermitas y casas parroquiales. Pero también inscribió a su favor fincas rústicas y de regadío, olivares, parcelas industriales, párkings, garajes, locales comerciales, viviendas familiares e incluso solares destinados a uso escolar.

Vista aérea de la Mezquita-Catedral de Córdoba, monumento Patrimonio de la Humanidad inmatriculado por la Iglesia | Foto: Toni Castillo Quero – Flickr (CC BY-SA)
Juanjo G. Marín, El Salto, 13 de abril de 2021
Hace escasamente dos meses el Consejo de Ministros hizo público un listado que incluía 34.961 bienes inmuebles que fueron inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, aprovechando el cambio legal en la Ley Hipotecaria que realizó el Gobierno de José María Aznar. El listado, que ha permanecido guardado en un cajón durante al menos 3 años, “no recoge todos los bienes inmatriculados por la Iglesia”, tal y como denuncia Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y portavoz de Recuperando, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica. Según Antonio Manuel Rodríguez, “en el listado faltan todas las inmatriculaciones anteriores y, por ello, exigimos conocer todos los bienes inmatriculados desde 1946 o, como mínimo, desde 1978” y estima que “el número real de bienes inmatriculados puede ser el doble, el triple e incluso el cuádruple del que se reconoce en el listado oficial”.
El profesor cordobés ofrece datos objetivos. La presión de la ciudadanía cordobesa, escandalizada a raíz de la inmatriculación por apenas 30 euros de su monumento más emblemático —al que la jerarquía católica intentó eliminar además la nomenclatura oficial de Mezquita—, obligó al entonces alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto (PP), a hacer público un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Se trataba de 174 inmuebles ubicados exclusivamente en Córdoba capital. El listado que se ha conocido hace dos meses solo reconoce 37 inmatriculaciones en la misma ciudad. Es decir, apenas recoge un 21% del total de los bienes de cuya inmatriculación ya había constancia oficial.
También hay datos objetivos en la provincia de Cádiz que contradicen el informe que en su día hizo público la vicepresidenta Carmen Calvo. En este sentido, hay que destacar la labor realizada por la Asociación Laicista de Jerez: pese a las enormes dificultades que han encontrado para acceder a la documentación existente, han conseguido detectar otros inmuebles inmatriculados por la Iglesia y que no aparecen en el listado oficial. José Ramírez, portavoz de la asociación, explica que “hemos detectado solo en Jerez hasta 14 inmatriculaciones que no aparecen en el listado oficial”, que solo reconoce 15 bienes inmatriculados en la ciudad. “Entre los bienes inmatriculados que no aparecen están algunos de los BIC más antiguos de Jerez, como por ejemplo las iglesias de San Dionisio o San Mateo, ambas inmatriculadas en 1993”, explica Ramírez, quien apunta que “los datos que tenemos corresponden a la Diócesis de Asidonia Jerez y no a la de Cádiz”, lo que implica que las cifras reales en el conjunto de la provincia de Cádiz deben ser mucho mayores aún.
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