El ministerio responde por escrito al PSOE en una pregunta parlamentaria que está “procesando los datos” para elaborar el listado de bienes inmatriculados al que se comprometió en 2017
Interior de la Mezquita de Córdoba / GETTY IMAGES / Cadena SER
El ministerio de Justicia asegura que hará público el listado de los bienes inmatriculados (inscritos por primera vez) por la Iglesia Católica que está elaborando desde 2017. En una respuesta por escrito al diputado socialista Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso la SER, Justicia afirma que “se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados” y añade “se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos”.
Hurtado cree que la publicación del listado abre la puerta a posibles reclamaciones“cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados por la Iglesia Católica muchos de los bienes podrán reclamar su propiedad por la vía judicial. Un trabajo de reparación que va a requerir mucho tiempo y esfuerzo”. El diputado del PSOErecuerda que hay precedentes que han dado la razón a los afectados “hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran que estos actos de inmatriculación vulneran la convención europea de los derechos humanos”.
Pleno del Ayuntamiento de Avilés / 19 de julio de 2018
En el Pleno del diecinueve de julio, último antes de iniciar el periodo vacacional, del Ayuntamiento de Avilés, los grupos Somos, IU y Ganemos presentaron un RUEGO, (al no ser posible hacerlo como moción, como expliacará la concejala de IU, Carmen Conde, en la presentación), a la Alcaldesa (PSOE) para que recabara del Registro información del listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica: fecha de inmatriculación, nota registral y quién es el titular de los bienes, puesto que puede aparecer bajo diferentes denominaciones.
Sería el concejal socialista y primer teniente de alcalde, Fernández Huerga, quien aceptara el ruego señalando que se llevará a cabo y que, una vez conseguida la información, la trasladaría a los grupos. Aprovechó, además, la breve intervención para señalar que al tratarse de una competencia de la Alcaldía debía presentarse así, como ruego y no como moción.
Vídeo (fragmento)
(Pleno / El tema del listado de bienes inmatriculados será el ruego º 4)
Los grupos municipales Somos, Izquierda Unida y Ganemos han presentado un ruego al Pleno que se celebrará esta semana en el que piden a la alcaldesa que solicite al Registro de la Propiedad de la lista de bienes inmatriculados de la iglesia en la comarca de Avilés. Quieren saber la fecha de inmatriculación, la nota registral y quién es el titular de los bienes, puesto que puede aparecer bajo diferentes denominaciones.
Los grupos recuerdan que en 1998, con José María Aznar como presidente del gobierno, se modificó el reglamento hipotecario permitiendo la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública y por tratarse de bienes fuera del comercio. La Iglesia recurrió a dos normas aprobadas en 1946 y 1947, los artículos 206 de la Ley Hipotecaria, que la equiparaba con una administración pública, y 304 del Reglamento Hipotecario, que hacía lo propio con los diocesanos y los notarios.
Orden del día
(Se presenta en el apartado de Ruegos y preguntas)
La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico ( MHUEL ) informa que ha presentado nuevo escrito de queja*** ante la oficina del Defensor del Pueblo tal y cómo había advertido hace pocos días sobre la situación registral del inmueble conjunto de San Juan de los Panetes, Zaragoza.
MHUEL advierte conforme a derecho y siguiendo directrices de las propias administraciones del Estado español para que el Arzobispado de Zaragoza cumpla con las resoluciones emitidas que son manifiestamente ejecutivas y no deambule de manera torticera estirando los tiempos en la búsqueda de la propiedad por usucapión a sabiendas que los bienes públicos con títulos de propiedad y dominio no pueden ser usucapidos.
Esta asociación después de un seguimiento serio, contundente, eficaz y gravoso para sus arcas insta y exige a cuantas administraciones públicas dentro de sus competencias , cumplan y hagan cumplir la ley estrictamente dentro de su marco competencial. Lee el resto de esta entrada »
La moción presentada en el Pleno del pasado día 5 por el Grupo Municipal Cambia Logroño (que había admitido una enmienda de sustitución presentada por el PSOE), y defendida por su concejala Nieves Solana, resultó desestimada con los votos en contra del PP (11) y Ciudadanos (4); a favor habían votado PSOE (7), Cambia Logroño (4) y Grupo Mixto (1)
El grupo municipal Cambia Logroño, junto a Carlos Muntión de la Coordinadora Recuperando, ha presentado una moción al Pleno ordinario que este próximo jueves 5 se celebrará en el Ayuntamiento de Logroño. (Orden del día) En ella se reclama
Que el Ayuntamiento de Logroño recabe de los Registros de la Propiedad la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Logroño, al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, desde 1946 hasta hoy para poder realizar, en el plazo máximo de un año, un inventario de los mismos, que incluya la certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripción literal y la delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita.
¿Cuántos bienes públicos inmatriculó la Iglesia en la Rioja?
La inmatriculación registral es el procedimiento por el cual todos los bienes inmuebles que no se encuentran dados de alta en el Registro de la Propiedad (y por tanto no consta a efectos públicos que sean dominio de nadie) pueden ser registrados por primera vez, mediante una simple certificación, otorgando así a sus titulares la posibilidad de probar en cualquier momento que son los dueños de los mismos.
Por esa razón hoy hemos presentado, junto a Carlos Muntión (Coordinadora Recuperando), nuestra moción para conocer hasta donde ha llegado el expolio de la Iglesia Católica de nuestro patrimonio común, público e histórico.
En 1998 el Gobierno español del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó, mediante el Real Decreto 1867/1998, el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública, ya que en la mayoría de casos habían sido levantados y mantenidos por los propios habitantes del respectivo pueblo a ciudad.
Ante la carencia de títulos de propiedad sobre los mismos, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales en un Estado aconfesional, las cuales fueron aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equiparaba a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al Registro de la Propiedad sin necesidad de aportar título de dominio. El segundo de ellos equiparaba a los diocesanos con notarios, de forma que podrían certificarse a sí mismos la propiedad de un inmueble no inscrito.
El Arzobispado de Oviedo ha inmatriculado camposantos en los últimos años, entre ellos el de Pola de Siero. La controversia sobre la propiedad de estos recintos tiene implicaciones legales
La Iglesia vende tumbas y nichos en los cementerios para enterrar a los muertos. ¿Pero quién es el propietario de ese suelo? ¿A quién corresponde la titularidad de un recinto que presta un servicio público? El Arzobispado de Oviedo escrituró en los últimos años diferentes camposantos, entre ellos los de Vega de Poja y Pola de Siero, ambos en el concejo de Siero, el primero en el año 2010 y el segundo en el 2011. Con ambos siguió el proceso de inmatriculación permitido por la ley hasta junio de 2015, cuando el Congreso anuló ese artículo. Una reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar, de 1998, permitía a la Iglesia inscribir a su nombre propiedades. Solo era necesaria la certificación del obispo. No tenía que pagar transmisión patrimonial ni tampoco hacerlo público por edicto.
Los cementerios conforman un capítulo curioso de todo ese proceso de inmatriculaciones que en España pudo alcanzar hasta 40.000 propiedades y que en Asturias todavía carece de cifras concretas. El cementerio es un servicio público que deben prestar los ayuntamientos, según marca la legislación española. Sin embargo, en comunidades como el Principado hay más camposantos de la Iglesia católica que públicos, tal y como consta en la Fiscalización de la gestión de los servicios funerarios y de cementerios, realizado por el Tribunal de Cuentas en el año 2006. No es así en todas las comunidades pero sí en el noroeste del país. Lo que pasa es que no todos estaban inscritos de manera legal, así que el Arzobispado aprovechó el proceso abierto por Aznar para regular su situación.
Eso parece que sucedió con los dos citados, el de Vega de Pola y el de Pola de Siero. Vega de Poja es una pequeña parroquia que limita con la capital del concejo de Siero. La Iglesia inmatriculó de una tacada el 24 de septiembre de 2010 diversas bienes, entre ellos el cementerio, que tiene una superficie de 928 metros cuadrados, situado en el Llugarín y que limita con el campo del templo. Ese mismo día también registró ese campo de la iglesia, el manso de la rectoral de y una finca rústica en prado del Rebollar de 20.800 metros cuadrados. Tardó todavía seis meses más en hacer gestiones con el cementerio de San Pedro de Pola de Siero. Está inscrito el 4 de abril de 2011, también por proceso de inmatriculación, es decir, solo con la certificación de la Iglesia en la que dice que ese terreno es suyo.
El Arzobispado de Oviedo vendió al ayuntamiento un solar en San Miguel de la Barreda que había registrado sin tener titulo de propiedad y tras expirar la ley de Aznar que lo permitía
31 de julio de 2015. Ese fue el día en el que el Arzobispado de Oviedo se inmatriculó una finca urbana en San Miguel de la Barreda de 3.214 metros cuadrados, en el que se encontraba el templo parroquial. Hacía justo un mes que había entrado en vigor la última reforma de la Ley Hipotecaria que impedía a la Iglesia registrar esas fincas a su nombre solo con un certificado expedido por ella misma, tal y como la Ley Aznar permitió desde 1998. Solo 16 meses después, vendía una parte de ese terreno que previamente había segregado. La operación sirvió para que se embolsara algo más de 20.000 euros. Esta es una de las operaciones que ha comenzado a investigar el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, un colectivo que trata de poner sobre la mesa todo lo sucedido en el Principado en estos últimos años.
El caso de San Miguel de la Barred les parece significativo por varias razones. La primera es porque está inscrita el 31 de julio de 2015, es decir, un mes después de que se modificará la ley. José Maria Rosell, portavoz del colectivo, señala que están analizando la legalidad de la medida. «Lo que está claro es que la inscripción tuvo lugar fuera de plazo», indica. El segundo hecho relevante es que la institución eclesiástica solo tardó 16 meses en vender la finca a una administración pública y en ese tiempo aprovechó para formalizar la segregación, ya que dentro de esa unidad de terreno también se encontraba la parcela del campo de la iglesia sobre la que se levanta el tempo parroquial.
El Grupo de Inmatriculaciones está contando con la colaboración de Somos Siero y de Izquierda Unida, con los que han contactado después de recibir información de vecinos de la zona. A través de estos grupos municipales han reclamado documentación oficial. El trabajo todavía está en una fase inicial pero ya cuentan con documentación oficial del Registro de la Propiedad de Siero que les ha puesto sobre la pista. Todavía no han determinado si van a emprender algún tipo de acción. Saben que no es un caso único en Asturiaspero por algún sitio tiene que comenzar a actuar.
Escrito por asturiaslaica 
