INMATRICULACIONES: Cuarta mesa del XVI Encuentro de Asociaciones en Defensa del Patrimonio (Vídeos)

mayo 8, 2021
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Antonio Manuel, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando / XVI Encuentro de Asociaciones en Defensa del Patrimonio

8 de mayo de 2021

Este fin de semana (7 y 8 de mayo) se ha llevado a a cabo, -vía streeming-, organizado por APUDEPA (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio) y S.O.S Monuments el XVI Encuentro de Asociaciones en Defensa del Patrimonio.

El sábado, día 8, entre las mesas programadas para la mañana estaba la dedicada a las inmatriculaciones de la iglesia católica que contó con la intervención de Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho civil en la Universidad de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando:

De 12 A 13H. CUARTA MESA REDONDA. Tiempo de intervención asignado, 20 minutos por Asociación y/o invitado

TEMAS. LA EXPERIENCIA ASOCIATIVA EN SUS RELACIONES CON EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN. LAS INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA:

  • Federación por el Patrimonio de Castilla y León (Pedro Montarelo Sanz)
  • Plataforma Recuperando. Inmatriculaciones y relaciones con la administración (Antonio Manuel Rodríguez)

DE 13 a 14h. INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES

  • TIEMPO ASIGNADO, aproximado, 2 MINUTOS POR PERSONA. Se irá viendo conforme va desarrollándose el turno de palabras,

[Programación completa]

Vídeo

Mesa 4, Inmatriculaciones de la iglesia católica.
Intervención de Antonio Manuel

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Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a solicitar el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el Territorio Histórico de Gipuzkoa

mayo 6, 2021

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han instado a la Diputación Foral a que solicite al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a “la mayor brevedad posible”, el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el Territorio.

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Juntas Generales de Gipuzkoa / Foto Uxío da Vila / Fuente

6 de mayo de 2021

En el Pleno celebrado el 5 de mayo se debatió (punto número 1 del orden del día) la Propuesta de resolución sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Gipuzkoa, presentada por EH Bildu.

El texto de la propuesta presentada por Joxemari Carrere (EH Bildu), recogía distintos apartados.

1.– Que las Juntas Generales instaran a la Diputación Foral a:

Que elabore, en un plazo de seis meses y con la información obtenida hasta el momento, un inventario de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Gipuzkoa y que, posteriormente, publique esta relación de bienes en el Boletín Oficial de Gipuzkoa

Que facilite a las entidades locales de Gipuzkoa la información jurídica e histórica que precisen sobre los bienes públicos inmatriculados que puedan serles propios, así como sobre los derechos que sobre los mismos puedan existir.

Que proporcione asesoramiento jurídico a las entidades locales de Gipuzkoa que pretendan reclamar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica y que, en los casos en que les resulte imposible hacer el esfuerzo de defender sus bienes frente a la privatización, debido a la falta de información, falta de capacidad económica o escasez de población, sea la propia Diputación Foral de Gipuzkoa quien procure la defensa de estos bienes, en aplicación del principio de subsidiariedad.

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Inmatriculaciones: un insultante expolio, con la complicidad del Estado

mayo 5, 2021

Desde 1946/47 y hasta 2015 la Iglesia católica ha saqueado decenas de miles de bienes públicos y privados con la complicidad de diversidad de gobiernos en los niveles estatal, territorial y local, del poder legislativo y judicial y de instituciones públicas, como son los registros de la propiedad.

Francisco Delgado (ex-presidente de Europa Laica), Observatorio del laicismo, 5 de mayo de 2021

Como consecuencia de una moción aprobada en 2018 en el Congreso, el actual gobierno de centro izquierda ha hecho pública, con muchos meses de retraso, incompleta y múltiples errores, una relación -municipio a municipio- de los casi 35.000 bienes in-matriculados, desde 1998 hasta 2015, que era lo que, de forma “pacata” dicha moción solicitaba. Pero a estas alturas no se conoce, detalladamente, lo expoliado desde 1946, que -en mi opinión- podría superar los cien mil bienes rústicos y urbanos de diversa naturaleza.

Esta relación de bienes inmatriculados depositada en el Congreso es púbica y cualquier persona tiene acceso a consultarla… ocupa más de 3000 páginas, se relaciona provincia a provincia. El gobierno vasco -al ser competente en cuanto a la gestión de los registros de la propiedad- facilitó en 2016 un listado que constaba de 446 propiedades más de las que ahora ha facilitado el Gobierno de España en ese territorio, lo que certifica parte de los errores antes mencionados.

La actitud del actual gobierno progresista -en esta materia- es similar al de otros gobiernos conservadores y/o progresistas anteriores. Con ello demuestra una total complicidad con la jerarquía católica, ante este insultante expolio.

El listado se ha facilitado por imperativo del poder legislativo y, por supuesto, por la presión de una parte de la sociedad civil organizada en asociaciones y plataformas, incluso por parte de comunidades de base de la propia Iglesia.

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Bienes inmatriculados por la Iglesia católica (Vídeo)

abril 27, 2021
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Participantes

27 de abril de 2021

Esta tarde Sin Trincheras (Punto de encuentro entre quien piensa diferente para tener una visión más enriquecedora de la actualidad política, como se presentan en su página) organizó una charla centrada en las inmatriculaciones llevadas a cabo por la iglesia católica.

Para hablar de ello contaron con:

Azahara Plaza, arquitecta de Hacienda de la Gerencia Territorial de Orense

Andrés Valentín, portavoz de la Coordinadora Recuperando

Juan Palao, Doctor europeo en Derecho por la Universidad CEU San Pablo

Moderó Eugenio Casado

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Las inmatriculaciones de la iglesia, el gran expolio

abril 27, 2021
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Charla-coloquio, 26 de abril de 2021

27 de abril de 2021

Institut d´estudis politics / Youtube

El Institut d´estudis politics (“fundación valenciana que busca e impulsa estudios, investigaciones y actividades de carácter público impulsadas para alcanzar el desarrollo de la libertad, la igualdad y la justicia social”), ha organizado, este lunes 26 de abril, vía telemática, un evento público con el fin de difundir entre la ciudadanía el problema de las inmatriculaciones, el gran saqueo llevado a cabo o por la Iglesia bajo las legislaciones y los gobiernos que hasta hoy lo permitieron, y debate sobre los mecanismos políticos y legales que se deben poner en marcha para lograr su propio reversión.

Para esto, se contó con la participación:

Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando
José Ignacio Pérez Rico, Director General de Calidad Demócrata en la Comunidad Valenciana
Martina Velarde Gómez, diputada de UP
Carles Mulet García, senador de Compromís

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“Estamos buscando fórmulas de participación de todos en la Mezquita-Catedral”

abril 26, 2021

Entrevista a Carmen Calvo en Diario de Córdoba

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Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática / A. J. González

26 de abril de 2021

El Diario de Córdoba publicaba ayer domingo una entrevista a la vicepresidenta primera del Gobierno centrada fundamentalmente en temas políticos andaluces: la necesidad o no de adelantar las primarias para elegir al candidato de su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, la candidatura de Juan Ferraz o el futuro político de Susana Díaz. Pero también tuvo cabida la cuestión de las inmatriculaciones de la iglesia católica, que reproducimos:

Ha pasado un mes desde la publicación del listado definitivo de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, ¿tiene constancia de que hayan empezado las reclamaciones?

Yo quiero decir con esto tres cosas. Una, nosotros somos el Gobierno que ha cumplido con las obligaciones que Mariano Rajoy no cumplió de transparencia para decirle a todos los españoles el listado de bienes que la Iglesia católica ha inmatriculado al hilo del privilegio que le otorgó el gobierno de José María Aznar con la modificación que se hizo de la ley hipotecaria. La Iglesia católica ha inmatriculado en nuestra provincia 399 bienes, todos por esta vía salvo siete. Es verdad que la Iglesia católica eso lo ha hecho al amparo de una ley, por lo tanto lo ha hecho de manera legal; se puede discutir esa legalidad, incluso la constitucionalidad de esa legalidad, pero lo ha hecho al amparo de la legalidad. Yo alcancé un acuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal, con monseñor Omella, para que ellos supieran que nosotros queríamos cumplir esa transparencia del listado completo.

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Inmatriculaciones de la Iglesia y desamortización del Estado

abril 25, 2021

Frente a las inmatriculaciones abusivas, un gobierno progresista como el actual, debe llevar a cabo un proceso de desarmotización administrativa (Las últimas realizadas Mendizábal y Madoz en el siglo XIX), anulando todas las inmatriculaciones o al menos, las realizadas utilizando el sistema de certificación eclesiástica, que son casi el 90%.

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Monasterio de Santa María de las Cuevas, fábrica de loza de la Cartuja tras la desamortización de 1836. Sevilla 1906-1910

Eduardo Núñez González, Lancelot digital, 25 de abril de 2021

Durante siete años (1998-2015), la iglesia católica tuvo la oportunidad de inmatricular bienes a su nombre. Este proceso, vigente solamente  durante esos años y autorizado por el Partido Popular, otorgaba a las diócesis la potestad de certificar la propiedad de bienes no registrados e inscribirlos a su nombre, pasando a ser de su propiedad. Durante este periodo se registraron 34961 bienes en toda España, la mayoría (30335) usando este sistema de certificación eclesiástica. En Canarias se inmatricularon un total de 532  y en Lanzarote 38. Entre ellos, la iglesia de San Ginés, Santuario de Dolores, ermitas, cementerios, plazas… Una parte, la iglesia, se autocertificaba y se quedaba con la propiedad.

La ciudadanía consideraba que las iglesias, ermitas o cementerios, eran de todos, aunque  fuera la iglesia católica quien los administrara. De ahí, que se viera con buenos ojos que estuvieran exentos del pago del IBI o que las instituciones colaboraran en su mantenimiento.  Ahora, lo que considerábamos de todos, la iglesia  lo ha convertido en un bien privativo, exclusivamente de su propiedad. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que no paguen IBI o  que las tareas de mantenimiento corran por cuenta de todos. También habrá que pensar dos veces, si marcar la casilla de la iglesia en la próxima declaración de la renta.

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Así protegió la República el patrimonio histórico de España

abril 25, 2021

‘Público’ rescata los debates parlamentarios de la primavera de 1933 que cristalizaron en la ley que certificó como bienes nacionales gran parte del legado arquitectónico de naturaleza religiosa.

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Pórtico de la Gloria

A. Moreno, Público, 25 de abril de 2021

En la primavera de 1933 fue aprobada la ley que quizás más convulsionó los cimientos de la sociedad española. En cumplimiento de la Constitución de 1931, la primera en la historia de España que reconocía la laicidad del Estado y garantizaba la plena libertad de conciencia, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas modificó de raíz dos cuestiones básicas que afectaban a uno de los pilares del antiguo régimen: restringió el acceso a la enseñanza de la Iglesia católica y consideró como bienes nacionales el inmenso patrimonio histórico de carácter religioso de España.

Por primera vez, España procedía a la separación oficial entre Estado y religión, y quebraba la secular tradición que vinculaba al poder político con el catolicismo como si de un mismo cuerpo se tratara. La arquitectura jurídica sobre la que el Gobierno republicano cimentó la nacionalización del patrimonio histórico religioso se apoyó en los antecedentes de México, pero, sobre todo, de Francia y su revolución liberal. Los debates parlamentarios fueron encendidos, aunque esclarecedores de las dos corrientes de pensamiento que vertebraban España desde el siglo XIX.

Uno de los primeros intervinientes, reputado experto en Derecho Hipotecario y miembro de la comisión jurídica que alumbró la ley, Luis Fernández Clérigo, definió pronto en el Congreso la posición del Gobierno: “Los bienes eclesiásticos no son propiedad del Estado. Son bienes de la nación, porque todo aquello que estaba destinado a un servicio público, que es creación del esfuerzo nacional, son bienes de la nación”. A juicio de los proponentes, la religión católica, culto oficial del Estado desde la edad media, había representado, de facto, un servicio público dispensado a los ciudadanos por el poder político y financiado a través del sistema fiscal de obligado cumplimiento.

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Debate arqueológico y polémica titularidad de la Mezquita: que no nos la cuelen

abril 24, 2021

Si algún día se aclara sin lugar a dudas la existencia del complejo episcopal (lo que es posible) o incluso de la legendaria Basílica de San Vicente (lo que parece inverosímil a estas alturas), el debate acerca de la titularidad no sería diferente. La Mezquita-Catedral de Córdoba pertenece a la ciudadanía, no al obispo o a la iglesia.

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Visita a las excavaciones en el Patio de los Naranjos de la Consejera de Cultura acompañada por el deán-presidente del Cabildo Catedral, el alcalde de Córdoba y otras autoridades. / Fuente foto

José Cristóbal Carvajal, InfoLibre, 24 de abril de 2021

Las excavaciones que se han estado realizando durante los últimos meses en el Patio de los Naranjos en la Mezquita-Catedral de Córdoba han causado cierto revuelo mediático. No es de extrañar, puesto que es un tema muy sensible para la ciudadanía. El monumento es parte de la identidad de Córdoba y está envuelto en una triste polémica acerca de su titularidad desde hace algo más de una década. Es normal esperar que la arqueología ayude a resolver las dudas en torno a la misma, pero no se pueden forzar los resultados. Al fin y al cabo, la arqueología es solo uno de los factores que componen el significado patrimonial de cualquier monumento.

Conviene repasar brevemente la historia de lo que sabemos del edificio. La primera planta, la de la Mezquita Fundacional, abarca casi todo el patio y la parte noroccidental del oratorio. Fue construida bajo las órdenes del primer emir independiente de al-Andalus, ‘Abd al-Raḥmān I, a partir del año 785, unos setenta años después de la conquista musulmana de la ciudad. Símbolo de la dinastía omeya peninsular, el edificio y su patio se ampliaron en una serie de intervenciones posteriores, hasta el siglo X, y llegaría a tener una planta casi cuatro veces más amplia que la originaria. Cuando Córdoba fue conquistada por Fernando III de Castilla en 1236, el monumento pasó al control de la Corona. Bajo dominio castellano, la Mezquita se convirtió en Catedral y fue objeto de algunas reformas intrusivas, pero su identidad como antiguo oratorio musulmán permaneció siempre clara. Fue declarada Monumento Nacional en 1882 y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1984. Hasta ahí todo bien.

Lo que causa el revuelo no es tanto lo que hay a la vista como lo que está enterrado bajo el edificio. Una larga tradición historiográfica, que se basa en los trabajos de autores árabes, ha mantenido durante siglos que la Mezquita se construyó sobre una antigua iglesia, que se identificó con San Vicente. Sin embargo, cuando el arqueólogo Félix Hernández excavó una parte de la planta de la Mezquita Fundacional en los años 30 del siglo XX, no se encontró ninguna iglesia. Los restos localizados se identificaron como correspondientes a un edificio de cierta monumentalidad, pero en ningún caso se pudo establecer una conexión con la legendaria Basílica de San Vicente. A pesar de ello, la tradición historiográfica pesaba mucho. El solar de la Mezquita se siguió asociando a un terreno expropiado a un edificio de culto cristiano, apoyándose en los textos árabes.

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La Mezquita de Córdoba y el traje nuevo del emperador

abril 23, 2021

Por Fernando Arce Sainz, arqueólogo del CSIC

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Mezquita de Córdoba, foto de archivo / EFE

Público, 23 de abril de 2021

Hace unos días se hicieron públicos los resultados (preliminares) de unas excavaciones arqueológicas en el Patio de los Naranjos de la mezquita de Córdoba. Desde las campañas de Manuel Gómez-Moreno y Félix Hernández, en los años 30 del siglo pasado, no se habían realizado intervenciones en el subsuelo más allá de pequeñas acciones en las que se requirió seguimiento arqueológico: una zanja antitermitas en el  patio en los 90 y la reapertura de uno de los de los accesos que comunican el patio con la  sala de columnas en 2017.

En 2015 publiqué un artículo en la revista al-Qantara en el que cuestionaba la tradicional idea de una iglesia derribada en el marco de la fundación de la aljama. Su repercusión fue bastante mayor fuera del ámbito académico para el que  fue escrito. En esos momentos era candente el debate social y político en torno a las inmatriculaciones. La mezquita de Córdoba, uno de los edificios históricos afectados, se convirtió en símbolo del conflicto al tratarse de un monumento Patrimonio de la Humanidad. Que hubiera un pasado cristiano bajo la aljama era para la Iglesia local un argumento histórico a su favor a la hora de arrogarse el derecho de propiedad. La tormenta  perfecta para que la discusión científica se viera atravesada por pasionales debates. Y así  seguimos.

Cuando elaboré el artículo, en realidad unos años antes de su publicación en 2015, el asunto de las inmatriculaciones todavía no estaba de actualidad. Quiero decir con esto que las razones que me llevaron a escribir nada tenían que ver con un tema que desconocía. Mi intención primigenia, y actual, es desarrollar el debate en el marco de un análisis histórico en el que se manejen de forma crítica las fuentes de información  documentales, arqueológicas e historiográficas. Al hacerlo, encuentro severas contradicciones en la explicación tradicional.

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