Palencia, con la mayor concentración en el mundo de monumentos de ese periodo, mantiene gran parte de los edificios cerrados pese a las inversiones millonarias de la Junta y otras instituciones para restaurarlos y mantenerlos
Iglesia de Villanueva de la Torre, restaurada, que permanece cerrada, en una imagen cedida por la Fundación Santa María la Real. Su custodia principal durante años, Carmina, es muy mayor y no puede abrir sus puertas. Este templo es conocido porque forma parte de la ruta del románico que trazó Jesús Calleja, hace unos años, en su programa ‘Volando Voy’, del que Carmina fue protagonista.
El silencio de los campos de Castilla es también una forma de olvido. El abandono acalla los pueblos, en muchos de los cuales ya no repican las campanas porque no hay nadie para abrir las iglesias. O tal vez suenan cada 15 días, cuando curas itinerantes llegan para decir misa. El románico se convierte en víctima colateral de este silencio. El patrimonio cultural de provincias como Burgos y Palencia, una de las mayores concentraciones del mundo de templos de este estilo —150—, parece como si desapareciera del mapa pese a las inversiones públicas en su restauración y mantenimiento y a pesar de los intentos de instituciones culturales como la Fundación Santa María la Real por usar la tecnología para reanimar los templos.
Intervención de Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, en la presentación del libro de Roberta Tatafiore «La palabra final. Diariu d´un suicidiu»
Luis Fernández (Asturias Laica), Noelia Ordieres (DMD)
30 de octubre de 2021
Ayer se clausuraban los actos organizados por DMD Asturias en torno a la exposición La muerte, digna e ilustrada (que podrá verse aún hasta mañana domingo a mediodía). Y se clausuraba con la presentación del libro de Roberta Tatafiore, La palabra final. Diariu d´un suicidiu.
La presentación del libro correría a cargo de Rafael R. Valdés, director de la colección Calume de Ediciones Trabe y de M.ª Antonia Pedregal, traductora al asturiano del texto original.
Maria Antonia Pedregal revisaría el interesante diario que la escritora italiana (rescatada ahora por ediciones Trabe) escribiría, a modo de testamento filosófico, en los tres meses que precedieron a su lúcido y programado suicidio en abril de 2009.
Previamente tendría lugar la intervención de Luis Fernández con una breve charla que tituló Libertad para pensar, libertad para decidir.
Libertad para pensar, libertad para decidir
En estos momentos la lucha por conseguir el derecho a una muerte digna ha focalizado su acción en la obtención de un reconocimiento legal al suicidio asistido. Pero este derecho se fundamenta en otro más general: el derecho al suicidio. Ocurre que sólo en aquellos casos en que las limitaciones del suicida le impiden ejecutar sus deseos se manifiesta necesario el amparo de una ley. Ésta aporta los recursos formales, pero los recursos morales están en el escalón anterior, en el derecho al suicidio. En el fondo se trata de asumir quién es el responsable de cada vida.
Los 4,9 millones no reflejan, ni de lejos, el volumen real de dinero público que recibe la Iglesia: «El grueso está en los colegios concertados o en las residencias»
Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro / Entrevista EFE
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 30 de octubre de 2021
La Comunidad de Madrid aumenta ligeramente el dinero dedicado a las confesiones religiosas. Los Presupuestos de 2022, los primeros de la era Ayuso, ponen sobre la mesa casi cinco millones de euros para las entidades religiosas en forma de convenios y subvenciones directas. La mayor parte de esos fondos para el próximo ejercicio irán destinados a las actuaciones sobre el patrimonio histórico artístico de la Iglesia. El resto, a la realización de actividades educativas, sociales y aquellas enmarcadas alrededor de los hospitales públicos de la región. Buena parte van a parar a entidades católicas. Sin embargo, también se reserva dinero, aunque mucho menos, para las comunidades evangélicas, judías e islámicas. El montante supone un ligero incremento respecto al de 2019, las últimas cuentas públicas aprobadas. Pero no representa, ni de lejos, todo el volumen de fondos públicos que la región destina a financiar a la Iglesia: «El grueso hay que buscarlo en la educación concertada, las residencias o los hospitales católicos».
Para el próximo año, el Gobierno madrileño destinará a las confesiones 4,87 millones de euros. Casi tres de cada diez euros –el 28,1%, para ser más exactos– se canalizarán a través de los denominados «convenios con entidades religiosas». En concreto, 1,37 millones, poco menos de lo que se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, para el centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual: 1,7 millones. Son fondos que, bajo dicho concepto, salen de las consejerías de Familia, Juventud y Política Social y Sanidad. De la primera, 413.372 euros. De la segunda, 960.378 euros, el 70% de todo este dinero. Los desembolsos van en función del hospital. El que más destina a estos convenios en el ámbito sanitario es La Paz, el que cuenta con mayor número de camas. Le siguen el Gregorio Marañón y el Doce de Octubre. El que menos fondos dedicará el próximo ejercicio a la asistencia religiosa en los centros hospitalarios será el José Germain, con 7.800 euros.
El juez acepta el argumento del organismo público de que no puede entregar aquellos otros datos de los que no dispone, pero lo condena al pago de las costas judiciales al apreciar mala fe durante el procedimiento
La fachada principal del Valle de los Caídos, en una imagen de archivo./ EP
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Álvaro Sánchez Castrillo, Infolibre, 29 de octubre de 2021
Julio de 2018. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, toma la palabra en el Congreso de los Diputados para explicar el programa de gobierno tras su llegada a la Moncloa. Durante su intervención, el dirigente socialista insiste en su «firme» intención de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. «Un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado», dice convencido desde la tribuna de oradores. Aquel movimiento marcó buena parte de la actualidad política veraniega. Se habló mucho de las víctimas, del caudillo o de la negativa de su familia al traslado. Sin embargo, poco o muy poco se incidía en el funcionamiento o la gestión de un complejo monumental sostenido a base de fondos públicos. Fue entonces cuando infoLibre decidió abrir una línea de investigación para conocer hasta el último detalle. Un proceso que se ha prolongado durante tres años y que ha finalizado con una sentencia en la que se considera probada la «mala fe» de Patrimonio y se destaca que la falta de datos da una idea de la forma en la que el organismo público «ha desarrollado sus funciones».
Uno de los puntos de partida del trabajo fue el durísimo informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN), un documento que ponía negro sobre blanco todas las deficiencias detectadas alrededor del complejo monumental durante el ejercicio de 2013. Una vez analizado, el siguiente paso consistió en comprender bien cómo funcionaba Cuelgamuros, qué papel jugaban Patrimonio Nacional y los monjes benedictinos, cuál era la relación jurídica y económica existente entre ambos o qué obligaciones tenían las dos partes presentes en el mausoleo franquista. Y, para ello, era necesario estudiarse bien todo el armazón jurídico sobre el que se asentaba el Valle de los Caídos. En concreto, un decreto-ley de 1957, un convenio de 1958 y un reglamento de 1959. Un marco normativo ideado durante el franquismo que, aunque pueda resultar sorprendente, sigue activo en la actualidad.
La Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, establece que los órganos concedentes de una ayuda comprobarán «la adecuada justificación» de la misma
Vista del Valle de los Caídos / Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 28 de octubre de 2021
Los monjes del Valle de los Caídos han recibido durante décadas un importante respaldo en forma de dinero público para el desarrollo de sus actividades en el complejo monumental. En concreto, 340.000 euros anuales procedentes de Patrimonio Nacional. Una cantidad por la que durante años no se rindió cuenta justificativa. Hasta 2014, el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia no ha tenido en sus manos memorias justificativas de las actividades subvencionadas, a pesar de que la Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en 2004, obliga al beneficiario a rendir «cuenta» del uso que da al dinero recibido y al organismo concedente a comprobar la «adecuada justificación» de la ayuda otorgada. Una falta de control absoluta que impide a Patrimonio saber si ha entregado a los monjes más dinero del que debería. En teoría, si los monjes obtuviesen ingresos suficientes con sus actividades como para cubrir los gastos, el organismo no estaría obligado a transferirle el dinero.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Este diario decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico está publicando a lo largo de la semana una serie de reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
Iglesia y ciencia volvieron a polemizar en 1925 sobre el aborto terapéutico. El libro publicado por la científica inglesa Marie Stopes encendió la mecha de un acalorado debate en España entre el jesuita Pujiula y el ginecólogo Francisco Haro. Muchos de los argumentos ultras de entonces recuerdan el ideario político de la derechas de ahora.
Marie Stopes, tan alabada como calumniada
En marzo 1918, la inglesa Marie Carmichael Stopes (Edimburgo, 1880-1958), publicó un libro titulado Married Love or Love in marriage. Fue el libro más importante que se editó a principios de siglo en el terreno de la sexología y que revolucionó más de un punto de vista de la clase médica y de las clases populares que lo leyeron. Fue un best seller. Vendió más de un millón de ejemplares. En Inglaterra, generó un debate tan inédito como insólito. Stopes utilizaba palabras jamás escritas en un libro de divulgación sexual: “orgasmo, intumescencia y eyaculación”. Pero lo más importante afirmaba que las mujeres experimentaban deseos sexuales y tenían derecho a tener y controlar sus orgasmos correspondientes. Ni el diluvio universal.
El libro fue calificado de inmoral y obsceno.
La clase médica inglesa estaba dispuesta a permitir que su autora escribiera sobre períodos fértiles e infértiles del ciclo reproductor de la mujer -algo que ya habían hecho los galenos griegos-, pero aconsejar a las mujeres que mantuvieran relaciones sexuales con la finalidad de buscar el placer en sí y para sí era pasarse siete distritos de la London City, máxime si se tiene en cuenta que esas palabras sonaban nada más y nada menos que en la santa bóveda de la época victoriana, imperante en Inglaterra.
La Ley Reguladora de Patrimonio Nacional autorizaba al Ejecutivo a «establecer el nuevo régimen jurídico» alrededor de Cuelgamuros y le obligaba a constituir una comisión para elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre ello
La actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva / Europa Press
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 27 de octubre de 2021
Cuarenta y seis años después de la muerte de Francisco Franco, el complejo monumental que durante décadas albergó los restos del dictador sigue asentado sobre un armazón jurídico construido durante el franquismo. En plena democracia, es la denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la que tiene asignada por decreto-ley la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que tiene entre sus fines «rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional», que mantiene un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que dirige «transitoriamente» el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Una interinidad que se prolonga desde hace 39 años. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha sido capaz de regular la situación jurídica de Cuelgamuros. Y eso que la ley lleva décadas obligándole a hacerlo.
La primera norma que afectó al complejo monumental una vez recuperada la democracia fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales de 1982. Dicho texto, en su disposición final tercera, autorizaba al Ejecutivo para, mediante Real Decreto, «establecer el nuevo régimen jurídico» de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y «proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas». Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco. En definitiva, que el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia administraría provisionalmente el mausoleo franquista a la espera del nuevo marco normativo.
A fin de dar cumplimiento a todas estas cuestiones, la ley de 1982 obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo «una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio» de la Fundación del Valle de los Caídos y de las «situaciones jurídicas» derivadas del decreto-ley de 1957. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en Moncloa. Se sabe que aquel órgano inició sus trabajos. Sin embargo, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. «No se conocen, sin embargo, las propuestas de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse«, recogía un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009.
La agenda de reuniones entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno de Pedro Sánchez continúa cumpliéndose tal y como estaba previsto en la reunión que el cardenal Omella mantuvo con el Ministro de la Presidencia Félix Bolaños el pasado verano.
Sin luz ni taquígrafos, la pasada semana se celebró un encuentro más, en el que la Iglesia cuenta con un equipo dirigido por un interlocutor privilegiado, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y con un apoyo de acreditada solvencia compuesto por el vicesecretario para Asuntos Generales, Carlos López, y el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.
El secretario de Estado de Memoria Democrática ha dicho que también se quieren impulsar otros proyectos, como traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios. (Vídeo comparecencia)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevén la convocatoria de un concurso de ideas de ámbito internacional para la habilitación del futuro centro de interpretación del Valle de los Caídos. Dentro de las medidas de resignificación del enclave al amparo de la nueva ley de Memoria, que ha explicado este martes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
Martínez ha expuesto en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso la finalidad de los 11,8 millones de euros destinados en los presupuestos a la memoria histórica, de los cuales casi un 60% están reservados a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo todavía enterradas en fosas comunes.
El secretario de Estado ha señalado que, además de abrir un concurso para el centro de interpretación del Valle de los Caídos, se quieren impulsar proyectos de investigación sobre la arquitectura del monumento, en el marco comparado de la «arquitectura totalitaria europea», y otro referido al traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios.
Un certificado de Patrimonio Nacional, expedido en el procedimiento judicial planteado por infoLibre contra dicho organismo, reconoce que no hay memorias justificativas de las subvenciones concedidas a los monjes en los ejercicios anteriores a 2014
Monjes benedictinos del Valle de los Caídos / Fuente foto
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 26 de octubre de 2021
El Estado no ha controlado durante décadas el cumplimiento de la ley en el Valle de los Caídos. A pesar de que la administración del complejo monumental está en manos de Patrimonio Nacional, lo cierto es que este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Según la información que obra en poder de infoLibre, Patrimonio no tenía a finales de 2019 memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía de los ejercicios anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Pero no solo eso. Tampoco constaban en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Entonces, este diario decidió demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inició este lunes una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
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Posted by asturiaslaica 
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