Lagunas y equívocos lastran la memoria publicada por la Conferencia Episcopal
Ángel Munárriz, InfoLibre, 28 de septiembre de 2019
Han pasado más de cuarenta años de los acuerdos del Estado español con el Vaticano de 1979, que reformaron el Concordato de 1953. La Iglesia solemnizaba con estos acuerdos su “propósito” de autofinanciación a cambio del mantenimiento, ya en un régimen aconfesional, del grueso de sus centenarios privilegios económicos, simbólicos y educativos, traducidos al lenguaje democrático. La Iglesia ha incumplido su parte. La “dejación de funciones del Estado”, en palabras del profesor de Derecho Eclesiástico Alejandro Torres, le ha permitido mantenerse con total dependencia del erario público, que la surte de recursos directamente a través del IRPF e indirectamente a través de exenciones fiscales, a las que se suma una miríada de subvenciones, ayudas, retribuciones y conciertos por valor de miles de millones. Y ello a pesar de que no sólo no ha avanzado hacia la autofinanciación, requisito al que se aspiraba en el arranque de la democracia, sino que tampoco ha alcanzado la transparencia, exigencia que sobre el papel se le hace ahora, una vez constatado que la autofinanciación es una quimera. Este déficit de transparencia, pese a los avances en este terreno durante la última década, ha sido ahora puesto de relieve por un informe de Europa Laica, que concluye que la Iglesia disfruta de un “paraíso jurídico” sólo posible por una opacidad consentida por el Estado.
Aunque más cerca en el tiempo que el Concordato bis de 1979, también pasan los años para el Canje de Notas entre el Ministerio de Exteriores de España y la Nunciatura Apostólica para subir del 0,523% al 0,7% la aportación a la institución religiosa por cada equis marcada en la casilla de la Iglesia. Eso fue en 2006, hace trece años. La Iglesia pasó de ingresar directamente de las arcas públicas menos de 175 millones a 250 al año. ¿A cambio de qué? Esto es clave. Hubo dos concesiones. La primera, una supuesta “renuncia” de la Iglesia a la exención del IVA, que no era tal porque la Comisión Europea obligaba a España acabar con este privilegio. La segunda, laobligación de presentar anualmente una memoria justificativa del uso dado al dinero ingresado vía IRPF. Según proclamaba en 2006 la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se trataba de introducir mayor “transparencia”.
Ese término, “transparencia”, ha pasado desde entonces a formar parte del catálogo habitual de las autoridades eclesiásticas españolas. La Conferencia Episcopal tiene un “portal de transparencia”, las páginas webs de las diócesis tienen apartados de “transparencia”, la Iglesia tiene firmado un convenio con Transparencia Internacional… Pero lo cierto es que, trece años después, las cuentas de la Iglesia en general, pero también el uso de los recursos públicos obtenidos, siguen protegidas del escrutinio de la opinión pública por un manto de confusión y opacidad. Lee el resto de esta entrada »
Escrito por asturiaslaica 
