La Iglesia y el 23-F: cuando los más progresistas chocaron con los más conservadores

febrero 23, 2021

40 años del golpe de Estado fallido en el Congreso… ¿y en la CEE?

Fuente foto

Francisco Martínez Hoyos, Religión Digital, 23 de febrero de 2021

Es difícil saber a ciencia cierta cómo vivió la jerarquía eclesiástica el día del golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. Se sabe, sin embargo, que la Conferencia Episcopal se encontraba reunida en aquellos momentos para elegir al sucesor de Tarancón y existen indicios dan a entender que los obispos no eran del todo ajenos a lo que estaba a punto de pasar

Parece que fue ayer, pero han pasado ya cuarenta años desde el 23 de febrero de 1981 en el que un intento de golpe de Estado nos hizo temer que regresaran las horas más siniestras de la dictadura de Franco. Desde entonces, aquel esperpento digno de Valle-Inclán se ha analizado desde múltiples ópticas. ¿Qué hicieron los representantes de la Iglesia en aquella jornada infausta?

El episcopado había apoyado, en líneas generales, la transición democrática. A los partidarios del aperturismo del cardenal Tarancón podía disgustarles que se hablara, por ejemplo, de legalizar el divorcio, pero creían que el Régimen constitucional suponía un progreso para el país. Ese no era el parecer de una minoría de recalcitrantes, con Marcelo González, arzobispo de Toledo y primado de España, a la cabeza. A Marcelo le molestaba profundamente que la Carta Magna no mencionara a Dios por ninguna parte.

Es difícil reconstruir con exactitud cómo vivió la jerarquía eclesiástica el día del golpe de Estado. Los detalles difieren en función de la fuente que consultemos. Está claro, eso sí, que la Conferencia Episcopal se había reunido, precisamente en aquellos momentos, para elegir al sucesor de Tarancón, que sería el obispo de Oviedo Gabino Díaz Merchán. Roberto Muñoz Bolaños, en su reciente libro

El 23F y los otros golpes de estado de la Transición (Espasa, 2021), cuenta que, nada más empezar la reunión, sucedió algo extraño. Uno de los obispos, cuyo nombre desconocemos, advirtió a sus colegas que debían permanecer “atentos a la radio, pues es posible que se produzcan importantes acontecimientos”. El comentario da a entender, de forma clara, que un sector de la jerarquía no era del todo ajeno a lo que estaba a punto de pasar. Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno contabiliza 20.055 templos y 14.906 fincas inmatriculadas por la Iglesia católica en España y abre la vía para su reclamación

febrero 16, 2021

El informe que hace la primera fotografía de los bienes de la institución señala que “no se puede concluir que existan inmatriculadas” propiedades “sin el necesario título material a su favor”, pero abre la vía a reclamarlos

Mezquita de Córdoba

Íñigo Domínguez, El País, 16 de febrero de 2021

El Gobierno ya dispone de la primera fotografía nítida de los bienes que posee la Iglesia en España, tras años de polémicas por el modo en que había inmatriculado (registrado por primera vez) algunos de ellos, como la mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, además de catedrales y otras propiedades que no son templos, sino edificios y fincas.

El informe que este martes llega al Consejo de Ministros, para ser luego remitido al Congreso, da las cifras: la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 fincas entre 1998 y 2015, el paréntesis legal que abrió una ley del Gobierno del PP de José María Aznar para que pudiera hacerlo con una certificación. De ellas, 20.055 son templos o dependencias complementarias y 14.906, fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera)”, detalla el informe, según fuentes que han tenido acceso a él. Más en concreto, la cifra clave que está en el centro de la controversia es la siguiente: la gran mayoría, un total de 30.335 bienes, han sido registrados con una certificación eclesiástica, según consta en las notas simples correspondientes, y en 4.583 fincas la inscripción se ha practicado en base “a un título distinto”.

Por todo ello, el informe concluye que “de los informes recabados del Colegio Oficinal de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a este respecto no se puede concluir que existan inmatriculadas fincas a favor de la Iglesia sin mediar el necesario título material a su favor”. Ahora bien, a partir de este momento puede reclamarlos quien lo ponga en duda, sea el Estado en caso de bienes de presunto dominio público o un particular, aunque tendrá que presentar documentación que lo acredite. Lee el resto de esta entrada »


Los colectivos patrimonialistas sospechan que el Gobierno negocia con la Iglesia la “impunidad” de las inmatriculaciones

diciembre 10, 2020

Desde la Coordinadora Estatal Recuperando indican “que el gobierno -de Pedro Sánchez- podría haber pactado en secreto la impunidad de las decenas de miles de inmatriculaciones de los obispos – 100.000 bienes- como moneda de cambio en sus negociaciones con el Vaticano”.

Visita de Pedro Sánchez al Vaticano / AraInfo

A. Moreno, Público, 10 de diciembre de 2020

La asociación Recuperando ha solicitado desde 2018 tres reuniones con los ministros de Justicia y Vicepresidencia, pero ha recibido la callada por respuesta mientras pacta una solución con los obispos. Todo indica que el listado de bienes inscritos será entregado al Congreso en las próximas semanas.

Todo apunta a que el inventario con casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica podría ser enviado al Congreso de los Diputados en breve. De confirmarse ese extremo, el listado llegará con dos años de retraso y sin que el Gobierno haya aclarado hasta el momento qué solución piensa arbitrar ante la controvertida inscripción de decenas de miles de fincas y edificios por parte de los obispos, incluido el inmenso patrimonio cultural de todo el país.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abordado la espinosa cuestión de las inmatriculaciones con la Conferencia Episcopal en el más absoluto hermetismo. Y lo poco que ha trascendido hasta ahora resulta intranquilizador para la veintena de colectivos patrimonialistas, integrados en la coordinadora Recuperando, que llevan años reclamando la nulidad de las inscripciones eclesiásticas por presunta inconstitucionalidad del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que equiparaba a los prelados con fedatarios públicos y a la Iglesia con el Estado.

Recuperando acaba de hacer público su profunda preocupación por lo que considera una negociación “en secreto” entre el Gobierno y la Iglesia que en la práctica podría conducir a la “impunidad” de la mayoría de los bienes inmatriculados por los obispos sin haber aportado título escrito de propiedad. El hecho cierto es que el Ejecutivo solo ha mirado a la Conferencia Episcopal como interlocutora y ha ignorado a los colectivos ciudadanos que sacaron el escándalo a la luz hace ya más de una década. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia, el franquismo y la Constitución: de la ‘Carta Colectiva’ al fin del nacionalcatolicismo. ¿O no?

diciembre 6, 2020

A lo largo de los últimos cien años, los obispos españoles han dado su visión (con diversos documentos) ante los procesos electorales o los momentos históricos, e incluso los bélicos, que ha vivido el estado español

Tarancón vota la Constitución

Tarancón vota la Constitución

Josep Miquel Bausset, Religión Digital, 6 de diciembre de 2020

A lo largo de los últimos cien años, la Iglesia, o mejor dicho, los obispos españoles, han dado su visión (con diversos documentos) ante los procesos electorales o los momentos históricos, e incluso los bélicos, que ha vivido el estado español.

En este siglo que ha pasado, cabe recordar en primer lugar la Carta Colectiva del episcopado español del 1 de julio de 1937, redactada por el cardenal Isidre Gomà, arzobispo de Burgos, un texto dirigido a los obispos de todo el mundo, con la intención de dar a conocer la situación de la guerra de 1936. Este documento, de carácter histórico-doctrinal, fue redactado por el mismo cardenal Gomà a instancias del general Franco, para mostrar el apoyo y la adhesión de la mayoría de los obispos españoles a la sublevación fascista y para informar a los obispos de todo el mundo de la situación que se vivía con la guerra.

Cabe recordar que no hubo unanimidad entre los obispos a la hora de firmar esta Carta. Aunque solo cinco de ellos no la firmaron, la Carta apareció como un texto del episcopado español. Los obispos que no firmaron este texto fueron el de Vitoria, Mateo Múgika, el de Menorca, Joan Torres, el de Sevilla, Pedro Segura, exiliado en Roma, el arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer y el Administrador Apostólico (sin jurisdicción diocesana), Javier Irastorza.

La Carta Colectiva, divulgada por la propaganda franquista, apoyaba el “Movimiento Nacional, reconocía la sublevación franquista y era una llamada patriótico-militar contra el comunismo. De hecho, la Carta Colectiva responsabilizaba a los dirigentes republicanos de ser los que, “con sus prácticas de gobierno se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país”. La Carta Colectiva afirmaba que los gobernantes republicanos, con su política, estaban “anulando los derechos de Dios y vejada la Iglesia” y por eso el episcopado español defendía “el derecho a la resistencia defensiva por la fuerza”. Y es que la Iglesia, según decían los obispos que firmaron la Carta Colectiva, “no podía ser indiferente en la lucha” y por eso este texto calificaba el “Alzamiento” con un doble significado: “el sentido patriótico y el sentido religioso”. Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno negocia con la iglesia católica cómo controlar los fondos que recibe de la Renta y la financiación pública de TRECE

noviembre 30, 2020

“Esos temas están en el guion pero aún no hemos dialogado”, responde el portavoz de la Conferencia Episcopal, que espera que el Ejecutivo entregue “este mes” el listado de inmatriculaciones al Congreso

Carmen Calvo con el cardenal Omella

Jesús Bastante, El Diario, 30 de noviembre de 2020

¿Puede auditar el Gobierno las cuentas de la Iglesia? El Ejecutivo piensa que sí y, de hecho, ya trabaja con la institución en un “grupo de trabajo” para abordar cuestiones económicas y de fiscalidad, tal y como informó esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, en una respuesta al senador Carles Mulet.

En concreto, el Gobierno quiere ajustar algunos aspectos importantes a partir del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la Iglesia. El informe –que fue recibido con alborozo entre los obispos, pues ‘afinaba’ sus conclusiones frente a un primer borrador mucho más contundente– explicaba al Gobierno qué tenía que hacer para revertir la actual situación de privilegio fiscal de la Iglesia española, partiendo de una premisa: hoy por hoy, el Estado no tiene conocimiento real de dónde va el dinero procedente del IRPF.

Y eso es, precisamente, lo que el equipo liderado por Carmen Calvo quiere modificar. Según han confirmado fuentes de Moncloa a elDiario.es, el objetivo de estas conversaciones es conseguir una mayor transparencia del destino de los fondos que la Iglesia católica recibe a través de la casilla de la Renta, así como clarificar su reparto. También, aclarar qué se puede hacer y qué no con los superávits de la Conferencia Episcopal, que en los últimos años se han destinado, en buena medida, a financiar una empresa privada, como el canal de televisión TRECE, lo que podría chocar con la normativa de la Unión Europea.

Tal y como apuntó el secretario Montilla, el Gobierno pretende que el contenido de la memoria justificativa de la CEE sea “acordado entre el Gobierno y la Iglesia para asegurar un seguimiento eficaz”, y que no se financien empresas privadas con dinero procedente de las arcas públicas, como podría ser el caso de la emisora episcopal. Lee el resto de esta entrada »


Obispos y Gobierno ya negocian el modelo de financiación de la Iglesia para implementar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

noviembre 26, 2020

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, lo ha anunciado durante la Comisión Constitucional en el Senado en respuesta a una pregunta del senador Carles Mulet / Vídeo y texto de la pregunta.

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Religión Digital, 26 de noviembre de 2020

Una mayor transparencia del destino de los fondos, clarificar el reparto del dinero de la Renta o acordar qué hacer con los superávits de la CEE, objetivos del grupo de trabajo formado por técnicos del Ejecutivo y de la Conferencia Episcopal

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, ha informado de que un grupo de trabajo formado por representantes de la Iglesia Católica y del Gobierno estudian “desde hace unas semanas” cómo implementar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la Iglesia Católica.

“A partir de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, hace unas semanas se ha constituido un grupo trabajo entre el Gobierno y la Iglesia para abordar estas cuestiones, ver cómo se puede llevar a cabo, cómo implementar estas recomendaciones establecidas en el informe del Tribunal de Cuentas”, ha precisado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.

Así lo ha indicado Montilla este miércoles 25 de noviembre durante la Comisión Constitucional en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador Carles Mulet de Compromís  sobre “si el Gobierno tiene la voluntad de auditar las cuentas de la Iglesia católica española”.

Autofinanciación y Acuerdos Iglesia-Estado

En concreto, Mulet ha interrogado al Gobierno sobre si va a auditar si la Iglesia Católica española ha “cumplido su compromiso” de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, como expresamente comprometió con su firma en el Acuerdo Económico”. Lee el resto de esta entrada »


Omella aboga por implantar en España el “cheque escolar” para que la educación, tanto pública como privada, sea gratuita

noviembre 24, 2020

En su cuenta de Twitter, el presidente de la CEE se ha mostrado contrario a la hora de limitar la libertad de los padres a escoger el modelo educativo de sus hijos

Juan José Omella, presidente de la CEE

Qué, 24 de noviembre de 2020

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha defendido este martes en Twitter la implantación en España del denominado “cheque escolar”, un sistema de financiación por el que el Estado abona una cantidad de dinero a las familias por cada hijo en edad escolar para sufragar los gastos de escolarización en el centro que la familia elija.

“El cheque escolar, en Europa, garantiza una educación gratuita, sea de iniciativa privada o pública”, ha señalado Omella en la red social.

La implantación del “cheque escolar” es una medida que Vox recogió en su programa electoral de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El partido de ultraderecha apostaba por este sistema con el objetivo de “devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio”.

El obispo ha hecho, asimismo, una reflexión: “Si todos financiamos la educación con impuestos, ¿por qué limitar la libertad de los padres a escoger el modelo educativo de sus hijos? ¿Por qué penalizar la iniciativa privada?”.

El derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos es, desde hace semanas, un asunto que enfrenta a la izquierda y a la derecha –así como a la comunidad educativa– de este país a colación de la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como ‘Ley Celaá’, por ser su impulsora la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. Lee el resto de esta entrada »


Caceroladas católicas contra la igualdad

noviembre 23, 2020

La aspiración de una escuela laica en Europa ha estado en el devenir de todas las sociedades europeas y en los países más avanzados no se cuestiona la necesidad de que una escuela pública -que no del Estado – y laica constituya el elemento principal para la emancipación de los menores de las constricciones confesionales, ideológicas o sociales del ámbito familiar. En países como Finlandia o Suiza, por poner dos ejemplos, la educación pública y laica representa el 98% de los escolares.

Foto Arnaldo García – Pablo Lorenzana / El Comercio

Antonio Gómez Movellán, Europa Laica-Laicismo.org

Este fin de semana hemos visto multitudinarias manifestaciones, animadas por la Conferencia episcopal y la derecha católica española, contra el proyecto de reforma de la ley de educación; además, los colegios católicos, por toda España, están adornando sus verjas de lazos naranjas, utilizando a los menores de edad en estas operaciones de propaganda católica.

Todo se hace en nombre de la libertad de enseñanza y que junto a los vergonzosos Acuerdos con la Santa Sede de 1979 constituyen la barricada para seguir manteniendo un sistema educativo segregado socialmente que se justifica por razones confesionales. Nuestro país necesita no una reforma educativa sino una revolución y todos sabemos que una ley por si misma y máxime una ley timorata y moderada como la que ha presentado el Gobierno apenas va a transformar nada nuestro sistema educativo. Sin embargo, auguramos que, se quiera o no, las transformaciones del sistema educativo, en las próximas décadas, serán espectaculares y en ello no tendrá nada que ver ninguna ley, sino que será producto de los cambios sociales, tecnológicos y económicos que se avecinan y que ya vislumbramos. Sin embargo, lo que, si va a contribuir esta ley, más propia del siglo XX que del siglo XXI, es a profundizar la desigualdad social en España.

Desde hace más de 30 años las leyes “socialistas” de educación si bien han extendido los niveles de educación obligatoria no han servido para mejorar nuestra educación pública sino, al contario, al permitir la expansión de las escuelas segregadas a niveles inauditos. Las estadísticas de abandono y fracaso escolar junto a nuestro ranking más que mediocre en el muy neoliberal informe PISA ponen en evidencia la fragilidad del sistema educativo español.  De acuerdo la OCDE la segregación social del sistema educativo español en dos   sistemas, el denominado público y el concertado, es el segundo factor determinante en la reproducción de la desigualdad social después del de la renta. Piénsese, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid más del 50% de los escolares lo están en colegios privados concertados. De paso diremos que también han surgido, como setas, chiringuitos universitarios católicos donde se expiden títulos como churros en nombre del Rey sin que la Administración diga una sola palabra, excepto certificar estos desaguisados. Lee el resto de esta entrada »


La iglesia católica indignada por la Ley Celáa

noviembre 20, 2020

Los obispos amenazan con acudir al Constitucional ante el “ninguneo” de la ‘ley Celaá’ a la clase de Religión y la escuela católica concertada

Asamblea Plenaria noviembre 2020 / Foto CEE

Fuentes: Público, El Diario, CEE

Los obispos consideran que la ley Celaá de Educación, que se aprobó ayer en el Congreso, “introduce limitaciones a derechos y libertades” de los alumnos, los padres y los centros concertados. En una nota de prensa, aprobada por la Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Española (CEE) lamenta que “se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados”.

Tanto es así, que en rueda de prensa, el portavoz de la CEE, Luis Argüello, advirtió de la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si no se respeta, como en su opinión no se hace, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres y la dignidad de la clase de Religión.

“Seguimos tendiendo la mano, pero si hemos de defender nuestros derechos, lo haremos”, añadió Argüello, quien sí descartó que los obispos capitanearan las protestas contra la Lomloe. “Somos conscientes de que vivimos en una sociedad diversa. La propia Lomloe es confesional en la manera de entender la educación, en la manera de entender lo público, identificado en lo estatal. Cada uno estamos en la plaza pública desde nuestras convicciones y planteamientos ideológicos”, subrayó el obispo auxiliar de Valladolid, quien lamentó que Educación no les haya siquiera dado respuesta a sus propuestas.

“Desgraciadamente, esta propuesta no ha sido ni siquiera estudiada conjuntamente, pero no queremos perder la esperanza. Una ley educativa tiene decretos que lo desarrollan, y en nuestro sistema autonómico también”, señaló.

“No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad –a cuyo servicio está llamado–”, consideran los obispos, “identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal”. No solo lo que es de titularidad estatal es público, constata la nota, que aboga por “un Pacto Educativo Global”, que no convierta la Religión “en criterio de exclusión”. Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno admitió a los obispos que “hicieron lo correcto” con las inmatriculaciones

noviembre 20, 2020

Así lo afirmaba Luis Argüello respondiendo a preguntas de Miguel Ángel Medina (El País) y Laura Daniele (ABC) en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la CEE

Barriocanal y Argüello

Argüello y Barriocanal

Jesús Bastante, Religión Digital, 20 de noviembre de 2020

La Iglesia española está muy tranquila en la polémica por las inmatriculaciones. A la espera del inminente envío, por parte del Gobierno, al Congreso de los Diputados, del listado definitivo de bienes inmatricucados por la Iglesia entre 1998 y 2015, tanto el portavoz de la CEE, Luis Argüello, como el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, subrayaron que en sus conversaciones con el Gobierno se les ha reconocido que “todo se realizó de acuerdo con la legislación”.

Barriocanal, incluso, dio algún dato más. De los casi 35.000 bienes que aparecen en el listado, “más de la mitad son lugares de culto, otro 20-25% son bienes directamente aplicados a fines pastorales (cementerios, casas rectorales…), y el resto son fincas rústicas o bienes que, por la naturaleza de su donación, fueron entregadas a las parroquias para una finalidad”.

Al tiempo, subrayó la intención de la Iglesia de “colaborar si se ha producido algún error, partiendo de la base de que se actuó de acuerdo con la legislación”.

La Iglesia no es una gran inmobiliaria

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