El plan ha servido para enviar fondos públicos a organizaciones del movimiento católico “provida” como Red Madre y Adevima, conocida por impedir abortos ante una clínica
Juan Manuel Moreno, en una atención a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía / Europa Press ___________
Vox ya no es necesario para cuajar una mayoría parlamentaria, pero su influencia permanece y se sigue incrustando en el BOJA, el boletín oficial de la comunidad. El Gobierno andaluz ha publicado una convocatoria de subvenciones que cubre a entidades antiabortistas, una cesión de PP y Cs a la ultraderecha en la pasada legislatura, aunque el partido de Santiago Abascal ya no es necesario. El montante para las ayudas es de hasta 700.000 euros y abarca la atención y el asesoramiento a mujeres embarazadas y madres “sin recursos” de niños de cero a tres años.
En anteriores convocatorias, este programa ha servido para financiar actividades de organizaciones del movimiento católico provida como Red Madre y Adevima, encargándoles el asesoramiento a mujeres embarazadas. Tras la publicación en infoLibre de este último caso, el de Adevima –que participaba en acciones para impedir abortos a las puertas de un centro abortivo–, Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, alertó de una “institucionalización del acoso“.
Ya ha pasado un año exacto desde la decisión del alto tribunal de los Estados Unidos que cedió a los estados la posibilidad de vetar o no el aborto en su territorio, de regular sus límites y condiciones y, en definitiva, de legislar sobre el cuerpo de las mujeres de su zona. La resolución de la Corte Suprema fue un revés para la doctrina que se había implantado cincuenta años atrás, a partir de la causa que ganó una joven de 21 años protegida de la ira y las represalias bajo el sobrenombre de ‘Jane Roe’ contra el fiscal de su Estado, Texas, que aplicaba su ley estatal y le impedía abortar pese a sus problemas anteriores con otros dos embarazos. Cuando ganó su caso en 1973 no solo obtuvo un respiro a su difícil situación personal, también extendió la doctrina a millones de mujeres que vieron así protegido constitucionalmente su derecho a la decisión sobre el propio cuerpo. Y esa libertad abrió una era que duró….50 años, exactamente hasta el 24 de junio de 2022.
Ha pasado un año, y los balances ya no son opiniones, casos aislados, un puñados de testimonios de aquí y de allá, de políticos de uno u otro bando, porque en el trasfondo del debate hay más tintes ideológicos que sanitarios. Es más, el discurso médico también ha tomado partido en cuanto ha puesto el foco solo en la vida como latido, y no en lo que significa su desarrollo, su bienestar, y el de su entorno familiar. La mujer, nuevamente, ha sido borrada de la ecuación sanitaria en una regresión sin precedentes. ¿No está la ciencia avanzando para poner remedio a enfermedades y dolencias con prevalencia femenina?¿No han salido ya del armario los malestares físicos propios de ser mujer, desde las menstruaciones dolorosas hasta las distintas sintomatologías de los infartos?
El pasado 19 de mayo, las mujeres que asistieron a la madrileña Clínica Dator tuvieron que soportar la mirada y los rezos coordinados de casi un centenar de personas que se agolparon a sus puertas
19 de mayo ante la clínica Dator _________
Fuentes: InfoLibre (Sabela Rodríguez Álvarez), El Diario (Luis de la Cruz), 1 de junio de 2023
Cerca de un centenar de personas, algunas de pie, inmóviles, otras arrodilladas. Varios niños y niñas. Y un murmullo ininteligible pero perfectamente coordinado, penetrante para cualquiera que escuche. Es el paisaje que dejaron los grupos ultra que el pasado 19 de mayo se agolparon frente a la Clínica Dator, uno de los centros madrileños de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. El propósito de quienes hincaban la rodilla en la vía pública no era otro que clavar sus oraciones en la conciencia de las profesionales y las mujeres que ejercían un derecho, el de la libre interrupción del embarazo, ahora blindado por el Tribunal Constitucional. Lo hicieron bajo la mirada impasible de las fuerzas de seguridad y a pesar de que el acoso ante las clínicas cumple un año inserto en el Código Penal.
La convocatoria partía de Luis ‘Alvise Pérez’, con el apoyo de Hazte Oír, y fue publicitada por cuentas religiosas en redes, como Universitarios Católicos. Alvise fue jefe de gabinete y de campaña de Ciudadanos en Valencia antes de convertirse en periodista habitual de medios de comunicación de derechas como Libertad Digital y agitador de la extrema derecha desde las redes sociales y su canal de Telegram. Su presencia es habitualmente la de un agitador en el centro del debate político vehiculizado por la extrema derecha. Consiguió dar visibilidad y dimensión a una convocatoria que, sin embargo, tiene poco de excepcional.
Sede del Tribunal Constitucional, Madrid / Fuente foto ___________
18 de mayo de 2023
El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado el pasado 9 de marzo por mayoría la sentencia, cuya ponente ha sido la Vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, que desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por setenta y un diputados del Partido Popular, contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Se rechazaba así el recurso presentado por el PP hace 13 años. La sentencia, redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán, ha dividido al tribunal, aunque una amplia mayoría había votado a favor (7), el sector progresista a favor, mientras que los 4 del conservador lo habían hecho en contra. Una de las magistradas progresistas, María Luisa Balaguer, ha emitido un voto concurrente, es decir, conforme con el sentido de la sentencia pero con argumentos propios.
El texto de la sentencia considera como un “derecho fundamental” la autodeterminación de la mujer y su libertad de elección y consagra el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sin ningún tipo de trabas ni cortapisas hasta la semana 14 de gestación.
La Junta ha concedido dos ayudas por casi 166.000 euros a Adevima, una asociación sevillana próxima a Vox que considera “discípulos de Satanás” a los políticos que ven en el aborto un derecho y no un “crimen”
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el centro, y Loles López, consejera de Inclusión, a su izquierda con vestido estampado de manga larga / Europa Press ___________
Fue idea de Vox: un programa de subvenciones para asociaciones antiabortistas, de forma que la Junta les diera fondos públicos para que ayudasen a las mujeres embarazadas consideradas en riesgo de abortar a seguir adelante. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP), aceptó la idea del que se presenta como el partido contra “los chiringuitos ideológicos” y las “paguitas”. Y aquí está el resultado: un grupo católico con posiciones integristas, que un día reparte pines con forma de piececitos de feto a las mujeres que acuden a una clínica a abortar y otro insulta a los “aliados de Satanás” que defienden ese derecho, se encarga de la atención a embarazadas en Sevilla. La operación le ha costado ya a los contribuyentes casi 166.000 euros, dedicados a esa asociación en concreto.
Esta entidad subvencionada incluso ha narrado cómo abordaba en 2018 a las mujeres a las puertas de un “centro abortivo” en Sevilla: “Una mujer salió llorando casi inmediatamente después de haber entrado al abortorio y haber recibido de nuestra parte los pins pies preciosos y un folleto explicativo. La mayoría aceptaba los piececitos, folletos y las palabras de ánimo que le dábamos. Rezamos allí mismo para pedir por las madres, los hijos y por la conversión del personal del centro abortivo”.
El tribunal de garantías aprueba con siete votos a favor y cuatro en contra una sentencia que desestima íntegramente el recurso del PP y avala la ley de plazos
El Tribunal Constitucional ha avalado este martes de forma definitiva, por 7 votos a 4, la ley del aborto de 2010, que consagra el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación sin necesidad de cumplir ningún requisito. El tribunal, con mayoría progresista desde su renovación el pasado enero, rechaza así el recurso presentado por el PP hace 13 años. La sentencia ha sido redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán y ha dividido al tribunal: el sector progresista a favor, el conservador en contra. Una de las magistradas progresistas, María Luisa Balaguer, ha emitido un voto concurrente, es decir, conforme con el sentido de la sentencia pero con argumentos propios.
El caso ha sido llevado a pleno por segunda vez después de que en la primera votación la mayoría progresista del tribunal de garantías rechazara la ponencia del conservador Enrique Arnaldo. Una primera ponencia que ya abogaba por desestimar la gran mayoría de los argumentos del Partido Popular y avalaba los plazos de la norma aprobada por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el Constitucional designó a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán como nueva ponente del asunto.
En su discurso ante el pleno de los obispos, el cardenal de Barcelona afirma que ha detectado un auge de la fe en las ciudades y llama a los fieles a significarse a favor de la familia, la vida y la educación concertada
Los discursos episcopales rara vez dejan espacio para la improvisación. Van preparados al detalle, calculados en sus términos y sus consecuencias. La correspondencia entre lo previsto y lo finalmente pronunciado es total, a diferencia de lo que ocurre en política, donde siempre hay margen para un giro (o una ocurrencia). Esta medición al milímetro es aún más marcada en el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) ante la asamblea plenaria de los obispos, que se cuenta entre los más importantes del año. Este martes comenzó en Madrid su 121ª edición. Y tomó la palabra Juan José Omella, que es quien ostenta la presidencia del órgano coordinador de las diócesis.
¿Qué dijo? Omella animó a los fieles a votar con el aborto y la eutanasia en mente y, aún más, a implicarse en la vida pública en defensa de la familia, la vida y la educación concertada. Un mensaje de calado político en pleno año electoral.
La Asamblea por la Vida, que reúne a más de 150 organizaciones, llevará al tribunal ante la justicia europea por prevaricación: “No está al servicio de la Constitución sino de la implantación de un nuevo orden social”
Jaime Mayor Oreja, en un reciente acto de la asociación NEOS / NEOS ______________
Dos fechas permiten siluetear los anhelos y temores del movimiento antiabortista español. La primera es el 24 de junio de 2022, cuando se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho al aborto a nivel nacional. La reacción fue de pura euforia, como quedó patente dos días después en una manifestación en Madrid. Esa fue la de cal. La segunda fecha es el 9 de febrero de este año, cuando tocó la de arena al hacerse público que el Constitucional español considerará acorde con el texto del 78 la ley del aborto de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma demonizada por el lobby católico radical, Vox y el sector más conservador del PP. Sí, el máximo intérprete de la Constitución consagra lo que, a ojos de los antiaborto, es una aberración moral y jurídica.
Esas dos fechas marcan el recorrido entre el sueño antiabortista de disfrutar algún día de una legislación de “latido fetal” como en los Estados republicanos de EEUU a la realidad de un triunfo judicial histórico de la izquierda y el feminismo. ¿Cómo encajar el palo? Los autoproclamados “provida” ya tienen respuesta: devolviendo el golpe.
Un manifiesto con masiva circulación en el movimiento católico radical logra más de 1.200 firmas de médicos a favor de la medida anunciada y luego suspendida en Castilla y León.
Manifestación contra el aborto en junio de 2022 en Madrid / Europa Press ____________
Es una incógnita en qué se traducirá finalmente el protocolo acordado por el PP y Vox en Castilla y León y, por lo menos en apariencia, suspendido hasta nueva orden. No se sabe en qué se traducirá en los hospitales ni en qué se traducirá electoralmente. Lo que sí conocemos ya es un efecto que ese protocolo nonato sí ha desplegado: la densa malla de organizaciones del activismo católico radical ha recogido la bandera del “latido fetal” para llevarla como estandarte de la causa antiabortista. Aprovechando el debate abierto por PP y Vox, el lobby antiaborista está extendiendo su cruzada hasta los hospitales, captando ya el apoyo de más de 1.200 médicos a la medida de hacer oír el latido fetal a las mujeres en trance de abortar.
Al menos desde el lunes, en plena resaca de una crisis que el movimiento antiabortista considera insatisfactoriamente resuelta, circula entre las organizaciones “provida” el llamado Manifiesto de médicos por el latido fetal. Firmado por el doctor José Ignacio Sánchez, ginecólogo del Hospital La Paz de Madrid, el texto celebra que la sociedad haya descubierto, al hilo del debate sobre el protocolo, que al abortar no se pierde “un coágulo” ni un “amasijo de células”, sino un ser humano con un “latido”. El manifiesto señala que esta muestra “se esté tratando por todos los medios de ocultar” que “el embrión-feto tiene latido y es constatable mediante ecografía” a partir de la tercera o cuarta semana.
El autor utiliza en el texto argumentos usuales de Vox y el ala más conservadora del PP para defender que la embarazada escuche el latido del bebé. Por ejemplo, que no se puede abortar “a la ligera” y que privar a la mujer de esa información es mantenerla “tutelada”. El texto sostiene que el objetivo de la sociedad debe ser “disminuir el número de dramas”, es decir, de abortos, con medidas informativas similares a las adoptadas “contra las muertes por accidentes de tráfico, o por consumo de tabaco“. “Parece adecuado que, junto con medidas de apoyo social, laboral o, económico, se planteen mejoras en la información”, añade, en defensa del protocolo de Castilla y León, que no nombra expresamente.
En 2019 tuvo que volver a sentarse en el banquillo Abogados Cristianos tras la acusación ya a nivel personal de «atentado la honor», a raíz de una entrevista en La Voz de Asturias, por «menoscabar el prestigio de la asociación al decir que reciben una muy buena subvención por cada caso que abren». El proceso judicial de Abogados Cristianos contra ella fue zanjado por el tribunal Supremo en una sentencia emitida el 25 de noviembre de 2020. La Sala de lo Civil del Alto Tribunal desestimó el recurso de la organización contra el fallo de la Audiencia de Valladolid que absolvía a Blanca Cañedo de un delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor de la asociación por las expresiones proferidas en la entrevista.
Posted by asturiaslaica 
