El dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para incorporar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo | Miguel Presno Linera

abril 30, 2026

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Miguel Presno Linera, El derecho y el revés -blog personal-, 30 de abril de 2026

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2026, aprobó, por mayoría, el dictamen sobre el Anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para incorporar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo;  se acompañan dos votos particulares: el del Consejero Herrero y Rodríguez de Miñón, al que se adhieren los Consejeros Michavila Núñez, Sanz Alonso y Aparicio Pérez, y el voto particular del Consejero López Calderón. 

Por lo que respecta a las conclusiones de la mayoría, cabe destacar que, en primer lugar, cuestionan la apelación al Derecho comparado en la que se apoya el Anteproyecto, pues «solo es útil y valiosa para el constituyente español cuando refleje una tendencia generalizada en el ámbito de la reforma y se realice sin prescindir de su contexto y con conocimiento y fidelidad a su contenido, lo que aconseja actuar siempre con prudencia».

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Aborto: derecho universal, pero no para todas · José Antonio Bosch

enero 28, 2026

Si bien en algún momento histórico el derecho al aborto pudo ser de acceso universal, lo cierto es que desde la reforma del año 2023 no todas las mujeres tienen garantizada la prestación.

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José Ant6onio Bosch, Nueva Revolución, 28 de enero de 2026

Hace escasas semanas, desde los servicios sociales de atención primaria de una Comunidad Autónoma remitían a una clínica de interrupción de embarazo una mujer extranjera de 26 años, con varios años de estancia continuada en España, que, junto con sus cuatro hijos, conformaban una familia monoparental. En el informe de derivación se señalaba que vivía en un piso de alquiler, con mensualidades pendientes de abono, y que su situación administrativa era “irregular”, es decir, “sin papeles”, lo que limitaba su acceso a un trabajo de calidad, abocándola a una situación económica absolutamente precaria.

Hasta aquí, desgraciadamente, nada novedoso. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención es que en el informe, después de reseñar que debía “de ejercer su decisión y derecho evitando un daño psicológico, social y físico, obligándola a seguir con un embarazo no deseado y afrontar una maternidad”, se señalaba que, dada su situación “irregular”, no tenía derecho a la prestación de aborto financiada públicamente, por lo que se solicitaba a la clínica que le practicasen, de manera gratuita, la interrupción voluntaria del embarazo dada su situación de “vulnerabilidad extrema y precariedad económica”.

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Del aborto a la eutanasia: 20 años de acción judicial ultracatólica contra la ampliación de derechos

enero 7, 2026

La Justicia decidirá en 2026 si avala la grieta hallada por Abogados Cristianos a la ley para permitir a los familiares recurrir eutanasias y si imputa por primera vez a profesionales que evalúan las peticiones

La presidenta de de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos | EFE
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Oriol Solé Altamira, El Diario, 7 de enero de 2026

Los juzgados de Barcelona se han convertido en el principal campo de batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia. Además de los recursos contenciosos contra la muerte digna, la entidad ultracatólica ha emprendido ahora la vía penal contra dos de los profesionales que avalaron la eutanasia de la joven N., quien desde hace casi un año y medio espera, mientras su sufrimiento crece a diario, la respuesta de los tribunales para poder materializar su derecho a morir.

“Las acciones judiciales contra la eutanasia solo buscan atemorizar a los profesionales que evalúan las solicitudes, pero no lo conseguirán”, afirma el abogado y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya Ramon Riu, que anticipa un archivo del caso penal y un aval del Supremo a la eutanasia de N., pero con un perjuicio: “Se prolonga el tema solo para hacer ruido y alargar el sufrimiento de los pacientes”.

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Lo público, lo legal y lo moral: la incoherencia de la objeción de conciencia · José Ramón Martínez Riera

noviembre 24, 2025

Se trata de recordar que un Estado democrático no puede supeditar los derechos de las personas a los dogmas de una institución religiosa, ni permitir que esos dogmas se filtren en los servicios públicos mediante figuras como la objeción de conciencia ilimitada y sin control. Porque cuando la objeción se convierte en un muro, lo que se vulnera no es la conciencia del profesional, sino la libertad y la dignidad de quien solicita una prestación reconocida por ley.

Una mujer camina con una pancarta a favor del aborto / INFORMACIÓN
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José Ramón Martínez Riera, Información, 24 de noviembre de 2025

En los últimos meses se ha reavivado un debate tan viejo como pendiente, el de los listados públicos de profesionales que, amparándose en la objeción de conciencia, se niegan a realizar determinadas intervenciones garantizadas por ley en la Sanidad Pública. Un debate que no debería ser polémico, porque lo que está en juego no es una cuestión menor ni un capricho administrativo. Hablamos del derecho efectivo de la ciudadanía a acceder a prestaciones sanitarias reconocidas legalmente, como la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia.

La primera pregunta, incómoda pero imprescindible, es si es realmente admisible que exista objeción de conciencia en el seno de un sistema público cuya razón de ser es garantizar derechos. Un servicio público no puede funcionar como un supermercado donde cada profesional elige qué presta y qué no presta según sus creencias personales.

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Grupos antiaborto responderán ante la justicia por primera vez por acosar a mujeres en una clínica de Gasteiz

noviembre 15, 2025

Un total de 21 integrantes de grupos contrarios al aborto responderán ante la justicia a partir del lunes 17 de noviembre por hostigar a profesionales y a mujeres que iban a interrumpir su embarazo

Foto Álvaro Minguito
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Patricia Reguero Ríos, El Salto, 15 de noviembre de 2025

Un total de 21 integrantes de grupos contrarios al aborto responderán ante la justicia a partir del lunes 17 de noviembre en un juzgado de Vitoria-Gasteiz. Se les acusa de hostigar, en el marco de la campaña “40 días por la vida”, a las y los profesionales de la clínica acreditada para la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Askabide, y especialmente a las mujeres que acudieron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 a este centro médico. La denuncia fue interpuesta por profesionales del centro médico Askabide en agosto de 2023.

La denuncia recoge cómo en el marco de esta campaña, que de forma recurrente y periódica llama a “rezar por el fin del aborto” durante 40 días, las personas acusadas actuaron respondiendo a instrucciones concretas de este movimiento organizándose en grupos frente a la clínica y siguiente instrucciones de la página web de la campaña, que ofrece instrucciones concretas y señala las localizaciones de los centros a los que acudir.

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Del Opus Dei a Vox: una investigación sitúa a España como nodo clave del contagio ultra global

octubre 18, 2025

A través del Opus Dei, HazteOír, CitizenGo, la Red Política de Valores del exministro Mayor Oreja y Vox, la ultraderecha española desempeña un papel clave en la difusión global de la agenda antiderechos, según un informe de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos

El fundador y presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga | Eduardo Parra / Europa Press
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Marta Borraz, El Diario, 18 de octubre de 2025

En 2010, mientras Argentina debatía la ley que convertiría al país en el primero de la región en aprobar el matrimonio homosexual, las calles se llenaban de pancartas con el lema “los chicos tenemos derecho a una mamá y un papa”. Detrás de las consignas resonaban ecos conocidos: los de la cruzada ultraconservadora que cinco años antes había intentado frenar el mismo derecho en España.

Entonces, entre sus puntas de lanza estaba el fundador de HazteOír Ignacio Arsuaga, que con la experiencia a sus espaldas viajaría a Buenos Aires para sumarse a la ofensiva. Desde allí llegó a afirmar: “Si nosotros participamos en esta batalla cultural y llegamos a las conciencias y corazones de la gente, la mayoría seguirá posicionándose a favor de la vida, la familia y las libertades”.

La escena no es una excepción.

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Aborto y libertad de conciencia: hacia un Estado laico de verdad · Juan A. Gallego Capel

octubre 6, 2025

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Juan Antonio Gallego Capel, InfoLibre, 6 de octubre de 2025

El llamado “síndrome postaborto” no existe. Ninguna institución científica internacional lo reconoce, ni la Organización Mundial de la Salud ni las asociaciones profesionales de psiquiatría o psicología. 

Es, sencillamente, un mito creado por sectores ultraconservadores para desacreditar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y para cuestionar un derecho conquistado tras décadas de lucha feminista. Lo que de verdad genera sufrimiento no es el aborto en sí, sino el estigma, la presión social y las trabas legales que todavía hoy intentan imponerse.

Detrás de ese discurso laten las viejas inercias de una España que aún no se ha sacudido del todo la sombra de la tutela eclesiástica. Se pretende imponer una moral religiosa particular al conjunto de la ciudadanía, como si fuera ley universal. Y ahí es donde aparece la cuestión central: la libertad de conciencia.

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Un informe constata la desigualdad territorial en el acceso al aborto

septiembre 29, 2025

En Castilla la Mancha se observa una ausencia casi total de prestación en la pública, mientras que en Cataluña la mitad de las mujeres puede acceder en el sistema público a una interrupción voluntaria del embarazo. El estudio detecta problemas como la ausencia de protocolos, el acoso de grupos antielección o la imposibilidad de elegir el método de la IVE.

Foto Alberto Astudillo
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Patricia Reguero Ríos, El Salto, 29 de septiembre de 2025

Más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiadas por el sistema público de salud, lo que permite concluir que la externalización del servicio es uno de los principales obstáculos identificados para el acceso al aborto. 

Es una de las conclusiones del estudio El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo realizado por la Federación Mujeres Jóvenes y presentado esta semana en el Instituto de las Mujeres en un acto con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

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Gritos de “asesina” y citación en comisaría: así es abortar cuando te acosan grupos antielección

julio 17, 2025

A finales de junio, una mujer fue increpada al entrar en la clínica a la que acudió para someterse a una IVE. Su caso no es una excepción. La reforma aprobada en 2022 para castigar estas conductas no ha frenado los hostigamientos constantes a mujeres. Los grupos antiderechos buscan nuevas estrategias ante la inacción de las instituciones.

El local denominado “Refugio Provida”, promovido por ultras antiabortistas, abierto frente a la clínica Dator en Madrid / Álvaro Minguito
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Patricia Reguera Ríos, El Salto, 17 de julio de 2025

“El aborto no es la solución”, “sois una asesinas”, “locas”. Son los gritos que una mujer que acudió a abortar a una clínica de Madrid tuvo que escuchar cuando intentaba entrar en un centro para acceder a un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), una situación que se viene repitiendo a pesar de las medidas con las que se ha intentado frenarla.

Las dos personas que proferían estos gritos, un hombre y una mujer de mediana edad, trataron de bloquear el paso a la mujer y a sus dos acompañantes. Una de ellas llegó a agarrarla con intención de zarandearla, como figura en el atestado policial que recoge la declaración de las acompañantes, al que ha tenido acceso este medio.

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La objeción de conciencia y la vinculación religiosa en hospitales públicos: un obstáculo para el derecho al aborto

julio 15, 2025

A cuarenta años de la despenalización del aborto en el Estado español, las mujeres nos seguimos viendo obligadas a superar decenas de obstáculos y trabas burocráticas para poder acceder al derecho a decidir. En 2023, se registraron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el Estado español, de las cuales un 81,45% se realizaron en centros privados.

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Tina Norabidaen, La Izquierda Diario, 15 de julio de 2025

La situación del aborto en el Estado español ha experimentado avances significativos en lo que a términos legislativos se refiere en las últimas décadas. A pesar de que el aborto es un derecho reconocido por la ley, conquistado hace 40 años gracias a la lucha de las mujeres y el movimiento feminista, persisten numerosas barreras que dificultan su acceso equitativo, lo que limita la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.

En 2023, se registraron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el Estado español, de las cuales un 81,45% se realizaron en centros privados. Ese mismo año, la lista de comunidades autónomas donde más intervenciones voluntarias del embarazo se realizaron la encabezó Catalunya, con un 80% de estas intervenciones realizadas en centros privados, seguida de las Islas Baleares, con un porcentaje de intervenciones en la privada del 81,45%. Estos datos ponen de manifiesto las dificultades que aún existen para acceder a este servicio desde el sistema público de salud.

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