Los curas en los comités de ética asistencial

julio 26, 2020

 

Grupo de capellanes del Hospital Reina Sofía.

Grupo de capellanes del Hospital Reina Sofía / Fuente foto

26 de julio de 2020

La regulación vigente sobre asistencia religiosa católica en hospitales públicos tiene su base en el Art. 4 del AJ de 5 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede. Este precepto reconoce el derecho de las personas internadas en hospitales a recibir asistencia religiosa y señala la forma y manera de hacer posible su ejercicio efectivo en el ámbito hospitalario público: a través del común acuerdo entre las autoridades eclesiásticas y las estatales.

En cumplimiento de esta norma, recogida en un Tratado Internacional), el régimen jurídico sobre asistencia católica es un régimen pactado, elaborado en común por órganos eclesiásticos y estatales

Y así, en aplicación del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, firmado  el día 24 de julio de 1985, y publicado en el BOE. el 21 de diciembre de 1985, el Director General del Instituto Nacional de la Salud y el Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, en representación de la Conferencia Episcopal Española, siendo Felipe González presidente, se suscribe un Convenio sobre la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de la Salud.  `[Fuente La asistencia religiosa en el ámbito hospitalario público español]

En 2002 el INSALUD desaparece con la transferencia de la competencia sanitaria a cada una de las comunidades autónomas pero, como apunta Carles Munet al formular una pregunta al Gobierno sobre capellanes en hospitales públicos este pasado febrero, “el convenio sirvió de justificación para transferir también este privilegio religioso”, aunque ahora los convenios se suscriban en las distintas comunidades autónomas.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid y desde la firma del convenio de asistencia religiosa suscrito en 1997 entre Alberto Ruiz Gallardón y Rouco Varela, los sacerdotes católicos forman parte de los Comités de Ética de los Hospitales. Y así se mantiene en el recientemente firmado por la presidenta Isabel Díaz  Ayuso:  El SARC podrá formar parte del Comité de Ética y de los Equipos de Cuidados Paliativos de acuerdo con la normativa que los regule

Sobre la inclusión de sacerdotes en los Comités de Ética Asistencial de los Hospitales escribe en Nueva Tribuna Armando Azulay Tapiero 

Los curas en los comités de ética asistencial: ¿Es necesaria su presencia?

Recientemente, el Gobierno Autonómico de la “constitucionalmente aconfesional” Comunidad de Madrid ha redactado un acuerdo que regula la asistencia religiosa católica, solo ésta y ninguna otra, en los hospitales públicos y con cargo al erario público. En dicho convenio existe una cláusula que permite a los religiosos formar parte de los Comités de Ética Asistencial y Cuidados Paliativos de los centros. Lee el resto de esta entrada »


La enseñanza privada concertada, como negocio millonario

julio 26, 2020

“Solo defiendo: que haya educación privada y quien la quiera que la pague de su bolsillo; y  educación pública gratuita de calidad, inclusiva, laica y equitativa para quien apueste por la misma”

Un padre ayuda a su hijo en la realización de deberes del colegio (Foto: Shutterstock Veres Production)

Foto: Shutterstock Veres Production / Fuente

Jose Manuel Barreal, 26 de julio de 2020

La enseñanza privada concertada no universitaria, fórmula de los gobiernos socialistas creada por el entonces presidente Felipe González en 1985, que en aquel momento se entendía provisional, ante la insuficiencia de colegios públicos, se ha  convertido con la presión de la iglesia católica, que era y es la favorecida  y con la aquiescencia de los gobiernos mencionados, al igual que con el actual de coalición,  en un derecho por la legislación,  además de  un negocio que la propia iglesia sigue acaparando, a través de estos años.

De ahí, que actualmente los sectores de la patronal de la privada concertada  estén levantando la voz, con el apoyo sindical de la misma, a causa del reparto de los  dos mil millones de euros que el gobierno central repartirá con las comunidades autonómicas para la “Educación Pública”. Si bien, desde el mismo gobierno se había vetado, en un principio, al sector de la enseñanza privada concertada, ahora parece han dado marcha atrás y tanto el PSOE como UP defensores, dicen, de la Escuela Pública, consideran que la privada debe de recibir la parte que le corresponde.

Los ingresos del sector de la  enseñanza concertada provienen, básicamente, de dos fuentes. Por una parte, las familias los canalizan a través de fundaciones,  sobre las que el Ministerio de  Hacienda ha comenzado a investigar, ya que parece se trata más de  pagos por servicios que de donativos voluntarios. Siendo declarados como esto último, por parte de la empresa de la privada concertada, afectando de manera grave al erario público.

La otra fuente de los ingresos son las subvenciones de las comunidades autónomas y el Estado, que incluyen el pago directo al profesorado, aun siendo elegido por la dirección de los colegios privados; sin embargo, es el Estado, que no pinta nada en esa elección, quien lleva la “socialización” del profesorado de la enseñanza concertada. Estos conciertos con la enseñanza privada que van directamente a la yugular de la Escuela Pública, se llevan más de la quinta parte de los millones de euros que las administraciones públicas dedican a Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria y FP. Incluso, no asumiendo ( la concertada) la enseñanza rural y poniendo, algunos centros, serias trabas a la “Educación Especial”; además de la discriminación entre lo “femenino y masculino” Lee el resto de esta entrada »


Con la reunión con mormones, testigos de Jehová y budistas, Carmen Calvo finaliza la actual ronda de contactos con representantes de entidades religiosas

julio 24, 2020

En las tres reuniones celebradas hoy, se ha planteado la situación de las confesiones con notorio arraigo que carecen de Acuerdo de Cooperación, y la necesidad de trabajar para alcanzar mayores cotas de igualdad en el régimen jurídico de las entidades religiosas.

Carmen Calvo junto a los representantes de la Iglesia de Jesucristo de los SAntos de los Últimos Días

Carmen Calvo junto a los representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días / Pool Moncloa/Juan Aguirre

MPR, 24 de julio de 2020

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha finalizado la agenda de la ronda de contactos con las confesiones religiosas con notorio arraigo en España, iniciada ayer, tras mantener reuniones con representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos Cristianos de Jehová y la Unión Budista de España (UBE-FEBE).

Carmen Calvo ha mantenido estas reuniones de trabajo tras asumir las políticas destinadas al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y la relación con todas las confesiones presentes en la sociedad española. La ronda de contactos se inició el pasado mes de junio con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan José Omella.

La vicepresidenta primera continuará en septiembre con la agenda de contactos con las entidades religiosas de notorio arraigo, reuniéndose con los representantes de las Iglesias ortodoxas en España.

En las tres reuniones celebradas hoy, se ha planteado la situación de las confesiones con notorio arraigo que carecen de Acuerdo de Cooperación, y la necesidad de trabajar para alcanzar mayores cotas de igualdad en el régimen jurídico de las entidades religiosas. Lee el resto de esta entrada »


Así fue el primer funeral de Estado “laico” de nuestra democracia

julio 16, 2020

Plaza de Armas del palacio de Oriente esta mañana

La Marea / Religión Digital, 16 de julio de 2020

El primer homenaje de Estado ‘laico’ de nuestra democracia, por las víctimas de la COVID-19 tuvo lugar en la plaza de Armas del Palacio de Oriente. Por primera vez en la historia, el homenaje oficial no fue un acto religioso o confesional, sino puramente ciudadano. Eso sí, con todos los estamentos representados.

El acto, conducido por Ana Blanco, arrancó con un saludo en todas las lenguas oficiales del Estado, y dio paso al hermano del periodista José María Calleja, Hernando.

«José María fue un un hombre valiente y honesto. La COVID no ha distinguido entre seres humanos. Los mejores, los más luchadores, también se fueron. La COVID es una ejecutora fría, cruel y destructora. Mi dolor se parece al dolor de todos y cada uno de los familiares de las víctimas. No fueron mis hermanos, no conozco sus nombres, pero fueron mis compatriotas, compartí con ellos ilusiones y esperanzas, y padecí junto a ellos el mismo dolor. La compasión es un sentimiento que nos hace más humanos, más que la bondad, más que el amor. La compasión nos permite comprender el dolor de los demás, sus afanes rotos, sus tristeza inmensa. Por eso quiero pedir hoy a todos compasión». Así ha comenzado Hernando Calleja, hermano del periodista José María Calleja, muerto a causa de la COVID-19, el funeral de Estado por las víctimas de la pandemia, el primero en España que se realiza de manera aconfesional.

«La memoria es un deber, es el mejor homenaje que podemos hacerles, mantenernos unidos en su recuerdo y construir juntos el país que ellos hubieran querido compartir. Hoy nos despedimos de padres, madres, hijos, hermanos… Descansen en paz y queden en la memoria de todos, en la memoria de España», ha proseguido el hermano del periodista. Lee el resto de esta entrada »


SEMANA NEGRA: Presentación de “Morir o no morir” de Jordi Ibáñez con Fernanda del Castillo (DMD) y Luis Fernández (Asturias Laica) / Vídeo

julio 13, 2020

Centro Cultural Antiguo Instituto

13 de julio de 2020

Cerrando esta “atípica” Semana Negra 2020 se presentó en el patio del  Centro de Cutura Antiguo Instituto el libro “Morir o no morir. Un dilema moderno“, de Jordi Ibáñez Fanés.

Se contaba con la presencia del autor en Gijón pero la situación “inquietante e imprevisible”, -como indicaría en la nota enviada para su lectura-, de Cataluña en este postconfinamiento le llevó a “fallar[os] a última hora”. Correría, entonces, la presentación a cargo de Fernanda del Castillo, presidenta de DMD Asturias y Luis Fernández, presidente de Asturias Laica.

La editorial Anagrama presenta “Morir o no morir” como Una lúcida reflexión sobre la muerte y la necesidad de una muerte digna en la sociedad actual, que nos plantea una serie de reflexiones en torno al problema de la muerte que no por incómodas son menos necesarias: ¿Cómo se enfrenta nuestra sociedad a la muerte? ¿Cómo nos enfrentamos a ella como individuos? ¿Qué es una «buena muerte» y cómo debe regularse? ¿Cuáles son los límites éticos de la eutanasia como mecanismo para una muerte digna? ¿Cómo afronta la sociedad el suicidio? ¿Tendemos a esquivar la idea de nuestra mortalidad? ¿Son necesarios los ritos para afrontar el duelo? ¿Los avances de la biomedicina permiten plantear en serio la idea de la inmortalidad?

En el transcurso de las cerca de 130 páginas del libro, Jordi Ibáñez Fanés plantea diversas visiones históricas, filosóficas y morales en torno a estos temas, con abundantes referencias a la tradición humanística y filosófica, -también cinematográficas-, y aparecen pensadores como Epicuro, Étienne de La Boétie, Claude Lanzmann, Robert Nozik, Kafka o Foucault, entre otros. Lee el resto de esta entrada »


Propiedades e Iglesia: de las desamortizaciones a las inmatriculaciones

julio 7, 2020

7 de julio de 2020

Escribe Ángel Aznárez un artículo, en dos partes, “La desamortización y las inmatriculaciones”, que publican La Voz de Asturias  (Primera parte – Segunda) y Religión Digital (Primera parte Segunda). En el artículo Aznárez revisa los procesos de desamortización y de inmatriculación.

La revisión de la desamortización eclesiástica del siglo XIX le lleva a concluir que Las diferencias entre la desamortización y las inmatriculaciones son absolutas, esenciales y con finalidades contrarias. Únicamente se relacionan cuando con las inmatriculaciones pudiera pretenderse una especie de “dejar sin efecto” la previa desamortización. Ambas son instituciones jurídicas, pero las inmatriculaciones son de naturaleza estrictamente hipotecaria, que de ninguna manera es un modo de adquirir la propiedad, sino un medio de dar publicidad a la propiedad ya adquirida, fuera del Registro. 

O que las consecuencias y efectos de la desamortización no concluyeron, un proceso interminable, llegando hasta la actualidad 

Y llegan hasta la actualidad, entre otras cosas, en la medida en que si la desamortización de bienes eclesiásticos por Mendizábal resultó irreversible fue porque el artículo 42 del Concordado de 1851 (entre la Iglesia y el Estado), luego repetido en la Ley 4 de abril de 1860, convino que no se “molestaría” por la Iglesia a los que compraron fincas por el procedimiento de la desamortización eclesiástica, tampoco se molestaría a sus herederos ni a los sub/adquirentes […]

Y que Ese no molestar no fue “gratis et amore”, pues el Concordato de 1851 a cambio obligó a dotar por el Estado importantes cantidades para el culto y para el clero; reconoció también a la Iglesia Católica y a su clero, el secular y el regular, la capacidad plena para volver a adquirir bienes. La Ley de 1860 determinaría (artículo 6º) qué bienes estarían excluidos de la desamortización, entre ellos los templos, luego exceptuados, como los bienes de dominio público, de la inscripción en el Registro de la Propiedad y así hasta 1998. 

En la segunda parte comparará la legislación anterior, la del siglo XIX, con la posterior a 1944, para llegar a la vigente legalidad hipotecaria. Lee el resto de esta entrada »


Un colegio perdido y hallado en el templo

julio 5, 2020

Escribe Francisco Martín Angulo, promotor del Centro Social de San Pedro y San Felices de Burgos y denunciante ante la Fiscalía Provincial de su inmatriculación a favor del Obispado.

Colegio San Pedro y San Felices. Colegio católico concertado de Infantil a Bachillerato

Francisco Martín Angulo, 5 de julio de 2020

El Centro social de San Pedro y San Felices inició su construcción en el año 1963, según proyecto del arquitecto don Luis Martínez Martínez y un presupuesto de 5 millones de pesetas constaba de semisótano, planta baja y dos plantas de aulas para 240 alumnos de E.G.B. y F.P. de 1er grado, que se inauguraron en el mes de junio de 1965. Una junta de vecinos se hizo cargo de las obras en las que colaboraron los vecinos, empresas e instituciones. No es un eufemismo hablar del barrio entero (los escolares aportaron los ladrillos del edificio, los jóvenes llenaron por tres veces de vidrio, papel y cartón el albero de la plaza de toros y las familias de hicieron diplomadas del mismo). El impulso social de las obras se debió a la muerte de escolares para acceder al colegio del centro de la ciudad. En menos de tres años se pudo financiar el edificio e iniciar el curso escolar.

Tres meses más tarde y de forma clandestina, un testaferro del arzobispo, Carlos Alonso Martínez, colombiano en tránsito, se hizo pasar por Presidente de la Junta “presidente en funciones” y solicitó del Ayuntamiento la ampliación de una planta más, que al crecer el negocio se convirtieron en dos. Es evidente que un purpurado debía convertir el hurto en estafa para pasar desapercibido ante el gran número de testigos que lo habían financiado, así que urdió la artimaña y argucia legal de cambiar la parte por el todo e inmatricular el edificio entero en lugar de las dos plantas de las que era propietario. Todo a la chita callando y sin alarma ni protesta social del barrio obrero.

Desde ese momento, el Primer Centro escolar del barrio desapareció de los archivos y registros públicos y pasó de “Colegio Público” a “Colegio diocesano concertado”. La Junta de vecinos desapareció totalmente el año 1967, al marchar por motivos laborales su Presidente y su Promotor, que se secularizó, momento que aprovechó el sagaz purpurado para matricularlo en el Registro de la Propiedad, como único propietario del complejo. Lee el resto de esta entrada »


La represión franquista sobre las mujeres en Asturias: reconstruyendo la posmemoria con relatos familiares

junio 29, 2020

Un estudio del antropólogo y economista Heriberto Gutiérrez García, publicado en la revista Periferia, recoge testimonios de las mujeres que sufrieron la represión franquista por su apoyo a los guerrilleros “fugaos”

Enesida García (a la derecha), en una foto de época. / LNE

29 de junio de 2020

Con el título “Las barraganas del monte”: así masacró el franquismo a las mujeres “marcadas” ideológicamente recoge hoy La Nueva España una referencia al estudio de Heriberto Gutiérrez García acerca de la represión franquista sobre las mujeres en Asturias.

Recogemos aquí el artículo publicado hoy en La Nueva España, así como el trabajo (completo) publicado en la revista Periferia

En la Nueva España
“Las barraganas del monte”

En el otro bando, las llamaban “putas de los rojos”, “barraganas del monte”. Eran silenciadas, golpeadas, ultrajadas, violadas. Poco más que carne a la que masacrar. En casa, eran “la madre de?”, la “hermana de?”, la “hija de?”. Parecía que no tenían nombre, como si la guerra y la posguerra las hubiera hecho invisibles.

Ahora, un estudio del antropólogo y economista Heriberto Gutiérrez -que forma parte de su doctorado por la UNED- intenta rescatar testimonios femeninos de la comarca del Nalón. Su voz, su papel. Fueron, según el experto, “imprescindibles” para los “fugaos” y para la vida de las familias. Ellas fueron la resistencia. Todos los datos y testimonios que aparecen en este reportaje han sido recopilados por Gutiérrez, con la ayuda de su tutora María García, y publicados en el nuevo número de la revista “Periferia” -con el editor Ignacio Fradejas al frente-.

Gutiérrez decidió dar una vuelta a la historia de la Guerra Civil y el represaliado franquista. Cambiar la óptica y fijar el objetivo en ellas: “Ha sido realmente difícil porque la historia ha sido contada siempre por hombres. Hay pocos testimonios directos de mujeres. De hecho, muchos de los testimonios que recojo son de hombres hablando de ellas”. Como el de Pablo García, primer alcalde de la democracia en el Ayuntamiento de Laviana: Lee el resto de esta entrada »


A preguntas de IU y Podemos, la Consejera de Cultura, Berta Piñán, recuerda que las competencias sobre inmatriculaciones son de Justicia (Vídeos)

junio 26, 2020

Comisión de Cultura, Cultura, Política Llingüística y Turismo: Comparecencia esta tarde de la Consejera Berta Piñán a solicitud de los Grupos Parlamentarios de IU y Podemos Asturies.

Consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo

25 de junio de 2020

Esta tarde Berta Piñán ha comparecido en comisión en el Parlamento asturiano a solicitud de Podemos e IU, quienes le pedían que informara de todo lo relacionado con las inmatriculaciones de la iglesia católica en Asturias:

Punto 4 del orden del día Comparecencia, a solicitud de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos Asturies, de la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo para que informe de todo lo relacionado con las inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad en favor de la Iglesia Católica de bienes que forman parte del patrimonio cultural.

Se iniciaría la comparecencia con una exposición previa de la Consejera que, tras recordar que esta era la tercera vez que comparecía, resumió lo que desde su Consejería se ha estado llevando a cabo hasta ahora sobre el tema. Hizo hincapié en que su trabajo se había centrado fundamentalmente sobre los bienes del prerrománico asturiano citados en el Libro Blanco, sobre los que, tal y como se le había pedido, había solicitado en el registro las notas simples.

Insistiría Berta Piñán, ya desde esta exposición inicial, en que las competencias de su Consejería se centran en la gestión de los bienes culturales, mientras que las competencias sobre inmatriculaciones corresponden a Justicia.

Los diputados firmantes de la solicitud Ángela Vallina (IU) y Rafael Palacios (Podemos Asturies), intervendrían -por ese orden- a continuación. Primero para efectuar preguntas, y después para “fijar posiciones” sobre lo tratado; en ambos casos les seguirían intervenciones y preguntas del resto de los grupos: Foro, Ciudadanos, PP y Grupo Socialista.

A las preguntas de IU y Podemos Asturies la Consejera de Cultura respondería recordando nuevamente que desde su departamento se habían llevado a cabo las gestiones que se le habían pedido, es decir, la solicitud de notas simples de los bienes del prerrománico asturiano, haciendo hincapié en la dificultad y en que no de todos los bienes había sido posible conseguirlas al no figurar en el Registro, caso de la catedral, Santa María del Naranco o San Salvador de Priesca.  Recordaría que entre las competencias de su Consejería está la gestión de bienes culturales, su protección y salvaguarda (lo que incluye colaborar en su mantenimiento también con entidades privadas), pero que las competencias sobre inmatriculaciones y la legalidad o no de las mismas corresponden a la Dirección General de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia.  Haría referencia también al informe que desde el Gobierno central se está elaborando sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica a partir de las notas enviadas por los registradores, incluidas las de Asturias.

Desde Podemos se señalaría, entonces, la línea de la Dirección General de Justicia como línea a seguir.

Vídeos

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El Congreso da el primer paso para una Ley de bebés robados en el Estado Español

junio 24, 2020

El Pleno del Congreso celebrado ayer martes, ha admitido a trámite la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado Español presentada, a iniciativa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, por los Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

El diputado del PSOE Antonio Hurtado interviene en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid.

El diputado del PSOE Antonio Hurtado interviene en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid / Foto InfoLibre

24 de junio de 2020

La Proposición de Ley, cuyo trámite ha sido aprobado por todos los grupos a excepción de VOX, plantea como objetivos

1. La presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad, y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

2. La presente ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se inspira de forma expresa en los tratados internaciones ratificados por España en materia de derechos humanos, declarando como principios inspiradores de su interpretación y aplicación:

a) La búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos.
b) La aplicación de la acción de la justicia sobre los hechos ocurridos.
c) La reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados.
d) El establecimiento de garantías para la no repetición de los hechos ocurridos.

El texto de la proposición denuncia que en España “durante décadas, y hasta etapas muy próximas” se han sustraído “un número inmenso de niños” de “cárceles, clínicas y maternidades” sin que sus familias biológicas hayan podido conocer su paradero en ningún momento. Así, el texto insta al Estado a investigar el robo de bebés en España desde 1939 creando para tal fin una Fiscalía especial sobre bebés robados, que dependa directamente de la Fiscalía General del Estado, y una unidad de Policía judicial especializada, que se dedique única y exclusivamente a resolver el robo de bebés en España. Incluye, además, medidas como la apertura de archivos (incluidos los de la iglesia católica), que las pruebas de ADN y las exhumaciones sean gratuitas y que se creen un banco de ADN y un censo únicos.

Y solicita que se ponga en marcha una Comisión por el derecho a la identidad y que las víctimas puedan acceder a la justicia gratuita y dispongan de apoyo y mediación psicológica y médica.

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