Patrimonio Nacional lleva desde 2018 sin ingresar los 340.000 euros anuales de asignación a la Fundación de la Santa Cruz a través de la que financia a los monjes
El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, fue uno de los protagonistas de la exhumación de Franco / Europa Press / Pool
Irene Castro, Jesús Bastante, El Diario, 23 de julio de 2021
El Gobierno tiene claro que no quiere a los monjes benedictinos en el futuro próximo del Valle de los Caídos. No entra en el plan de resignificar ese lugar e intentar eliminar todas las rémoras del franquismo. Y esa orden religiosa está estrechamente vinculada al mausoleo que diseñó el dictador. Pero, a la espera de que se tramite la ley de Memoria Histórica que será el paraguas para expulsarles, el Ejecutivo ha cerrado el grifo a esa orden que encabezó sin éxito la rebelión contra la exhumación de Francisco Franco y ha dejado de ingresar la subvención anual que le canaliza a través de Patrimonio Nacional.
En total, los 15 benedictinos (sin contar a profesos o novicios) que residen en Cuelgamuros han ‘perdido’ 1,3 millones de euros. El Gobierno decidió en 2018 no transferir los 340.000 euros desde la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –cuyo patronato controla a través de Patrimonio Nacional– ante la falta de transparencia en sus cuentas. Fuentes de la institución que hasta ahora presidía Llanos Castellanos y que este martes pasó a manos de Ana de la Cueva explican que los monjes solo justificaban los gastos de esa subvención, pero no la totalidad de los mismos, que era superior.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Memoria Democrática que aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impedir que se ensalce el franquismo. Lo hace diez meses después de que el anteproyecto de la norma contara con el primer visto bueno por parte del Gobierno tras haber sido promovido e impulsado por la ya exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.
El anteproyecto, o texto inicial, aprobado en septiembre de 2020, ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes, y ahora comenzará su tramitación parlamentaria: El proyecto de ley se enviará a las Cortes para el inicio de su tramitación en el Congreso en el próximo período de sesiones, a partir de septiembre, y durante la cual los grupos parlamentarios podrán proponer más modificaciones.
Se trata, como se señala en el Twitter de la Moncloa, de Una norma estructurada en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, cumpliendo así, como señalaría Bolaños en la rueda de prensa posterior, con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad,justicia, reparación y deber de memoria
El proyecto prevé mejorar y ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo con una reforma que ha tenido un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.
El Consejo de Ministros del martes 29 ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La Ley consolida y garantiza derechos que suponen un gran avance para las personas trans y LGTBI. Por un lado se trata de una Ley despatologizante en la que las personas trans dejan legalmente de ser consideradas enfermas, tal y como ya ha indicado la Organización Mundial de la Salud en la actualización del CIE-11.
Asimismo, la nueva norma permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana asistida tras 7 años sin acceso a ese derecho en el Sistema Nacional de Salud. Igualmente, el Gobierno se ha comprometido a redactar una Orden Ministerial en el plazo de 6 meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar.
Este Anteproyecto modifica el artículo 120 del Código Civil y responde a una de las demandas del colectivo LGTBI, como es la filiación de los hijos e hijas de las parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de que estén casadas. Además, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento. La norma aprobada hoy consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral.
El Consejo de Ministros del pasado 21 de junio, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, ha tomado conocimiento hoy del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
El objetivo del proyecto, como recoge la web del Ministerio de Cultura y Deporte, es actualizar y mejorar la legislación de Patrimonio Histórico Español, garantizando su conservación y conocimiento, así como el ejercicio de la competencia constitucional del Estado en la defensa del Patrimonio Histórico contra la expoliación, y enriquecer y ampliar igualmente la noción de patrimonio cultural inmaterial, para una mejor acción de salvaguardia.
Tras pasar por el Consejo de Ministro sólo queda someter el texto a audiencia e información pública y recabar los informes correspondientes, con carácter previo a su aprobación como Proyecto de ley y remisión a Cortes:
– Fecha de inicio de aportaciones: 29/06/2021
– Fecha límite para la presentación de aportaciones: 19/07/2021
El anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio que ha aprobado el Consejo de Ministros impide a los gobiernos autonómicos rebajar la protección de los bienes protegidos por la Unesco
Celosías en el interior de la Mezquita/ FOTO: Damian Entwistle /Fuente
El Cabildo retiró una de las cuatro celosías de la fachada norte de la Mezquita Catedral de Córdoba (la única intervención contemporánea en el monumento) tras recibir la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideraron que la retirada incumplió los preceptos de la Ley de Patrimonio. El caso está ahora recurrido en el Tribunal Supremo.
Ahora, el Gobierno acaba de aprobar un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros que pretende que el Ejecutivo también tenga voz en este tipo de intervenciones en monumentos considerados Patrimonio Mundial por la Unesco. Es una especie de verificación, de double check, en el que la Junta y el Gobierno tendrán que consensuar una decisión. Y en caso de que finalmente no se alcance el acuerdo, la intervención no se hará. Según confirman fuentes del Ejecutivo, el objetivo de la norma (que ahora va al Congreso de los Diputados) persigue que las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, no relajen la protección del patrimonio histórico de España y que puedan ocurrir casos como los de la Mezquita de Córdoba.
La ley de la Eutanasia entra en vigor hoy, viernes 25 de junio, tras largos años de lucha social de enfermos, familiares y colectivos por el derecho a una muerte digna.
La actual legislatura no ha sido la primera en la que se ha intentado regular la eutanasia. En otras seis legislaturas anteriores los grupos parlamentarios han registrados diferentes propuestas para regular este derecho, con nulo éxito.
La primera iniciativa sobre la muerte digna llegó al Congreso en 1994 (V Legislatura), presentada por ERC, con el PSOE todavía en el Gobierno. Fue una proposición no de ley que apenas tuvo respaldo en la Cámara: fue rechazada con sólo 14 votos a favor, 282 en contra y seis abstenciones.
Cuatro años después (1998, VI Legislatura, con José María Aznar en La Moncloa) un proposición de ley de Izquierda Unida corrió parecida suerte (25 votos a favor, 288 en contra y 6 abstenciones). Esta formación lo volvió a intentar en la siguiente legislatura, hasta el dos ocasiones: la primera vez, en 2000, apenas tuvo apoyos (rechazada por 175 votos en contra, frente a 15 a favor y 110 abstenciones); pero en la segunda, en 2002, ya consiguió más respaldo (124 a favor, frente a a 178 en contra).
La medida, que ya existía para bienes muebles, se amplía en el anteproyecto de ley de Reforma del Reforma de la Legislación del Patrimonio Histórico Español aprobado este martes 22 en el Consejo de Ministros.
La Iglesia no podrá enajenar bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas, una prohibición que ya existía en los bienes muebles eclesiásticos, según fuentes del ministerio de Cultura.
Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Reforma de la Legislación del Patrimonio Histórico Español por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, (que se integrarán en un texto único), y que fue aprobado este martes 22 de junio en Consejo de Ministros. La medida, en la práctica, impediría que la Iglesia pudiera vender los bienes declarados de interés cultural que fueron inmatriculados a su nombre entre 1998 y 2015.
Con este proyecto de ley el Gobierno pretende “poner al día” una ley que “fue muy buena” en su tiempo, en 1985, pero que “necesitaba una adecuación a la realidad de los bienes culturales del siglo XXI”, según han señalado fuentes ministeriales.
La cooperación, sujeta en la ley a la “función social” del patrimonio, se extiende al resto de confesiones “si poseen los necesarios valores culturales”. El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Patrimonio Histórico ha sido aprobado esta mañana en Consejo de Ministros.
El Gobierno de España establece en una nueva ley que el Estado cooperará con la Iglesia para “enriquecer” y “conservar” el patrimonio histórico eclesiástico. Así lo recoge el último borrador del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley del Patrimonio Histórico Español, que está previsto que llegue este martes al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre.
El texto, redactado por el Ministerio de Cultura y Deporte y que aún debe pasar por toda la tramitación parlamentaria, recoge lo siguiente en una disposición adicional: “La Administración General del Estado cooperará en la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Histórico eclesiástico, garantizando siempre el cumplimiento de su función social”
La colaboración patrimonial de la Iglesia con el Estado topaba en ocasiones con dificultades técnicas, a pesar de estar recogida en el acuerdo sobre asuntos culturales con la Santa Sede de 1979, señala una fuente autorizada del Ministerio de Cultura y Deporte, que afirma que la reforma legal pretende superar estas dificultades.
¿Qué dificultades, concretamente? “A veces resulta complicado cooperar. Por ejemplo, si quieres ayudar [a una institución religiosa] a arreglar una iglesia que se está cayendo, hay dudas sobre cuál es el título jurídico necesario. Si se está cayendo un ábside de la catedral de Palencia, ¿podemos ayudar? Hay funcionarios que tienen sus dudas y alegan que podría hacer falta un acuerdo con la diócesis”, añade. Del mismo modo, continúa, hay interventores que ahora, a la hora de fiscalizar un gasto, piensan que no es posible establecer la cooperación económica con la Iglesia sin “un título jurídico adicional”. Con la redacción del anteproyecto, la colaboración es más sencilla. Queda tallado en la piedra del BOE que “la Administración General del Estado cooperará”. Fuera dudas.
La Iglesia católica es considerada la mayor propietaria de patrimonio histórico de España, país en el que tiene una implantación secular. La institución acumula 22.993 parroquias, 87 catedrales y 639 santuarios, según la última memoria de la Conferencia Episcopal, que suele alegar –ante las críticas por la aportación de dinero público a su funcionamiento– que su patrimonio tiene un impacto total en el PIB de 22.620 millones de euros y supone 225.000 empleos de manera directa, indirecta e inducida. Los críticos con el apoyo del Estado a la Iglesia, como Europa Laica, denuncian que entre subvenciones, ayudas, asignación vía casilla de la Iglesia en el IRPF, exenciones y salarios, las arcas públicas benefician a la institución religiosa con miles de millones de euros al año.
La institución católica no es la única que se beneficia de la redacción de la nueva ley, que también establece que la cooperación para “enriquecer” y “conservar” su patrimonio histórico se extiende a otras confesiones religiosas “si poseen los necesarios valores culturales”. Las otras tres confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado son la judía, la evangélica y la islámica.
El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Reforma del la ley de Patrimonio Histórico
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, a petición del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico con el que pretende poner al día la ley del año 1985 y adecuarla, junto a la ley de 2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en un único texto normativo que integre todas las modificaciones legislativas que se han hecho a lo largo de los últimos años.
Según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte, el anteproyecto pasará ahora a los ministerios implicados antes de volver “en unas semanas” al Consejo de Ministros, para iniciar a continuación su tramitación parlamentaria.
Los principales puntos que propone el texto son los siguientes:
— Proteger el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico y las Filmotecas como archivos que guardan bienes culturales.
— Reconocer los Patrimonios Industrial, Inmaterial, Subacuático y Cinematográfico y Audiovisual.
— Regular una nueva categoría de Bienes de Interés Mundial que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
— Crear la figura de los Planes de Salvaguardia para los monumentos.
— Prohibir a la Iglesia enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Públicas.
— Dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España.
— Hacer obligatoria la conservación preventiva para que los bienes culturales no se deterioren.
— Prohibir el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos.
— Definir y regular qué es un Paisaje Cultural.
— Regular el entorno de los monumentos.
— Establecer que los estándares de protección que define la Ley estatal para los Bienes de Interés Culturales son obligatorios para las Comunidades Autónomas.
— Solventar disfunciones en el traslado de una Bien de Interés Cultural de una Comunidad Autónoma a otra.
— Hacer obligatorias las reglas sobre el uso de cables y rótulos en los conjuntos históricos.
De los últimos 170 años, durante 154 años los bienes de culto (catedrales, iglesias, ermitas, capillas, oratorios y santuarios) no se pudieron inmatricular ni registrar en el Registro de la Propiedad Privada porque lo prohibía la Ley Hipotecaria de 1861, el Decreto Hipotecario franquista de 1946 y su Reglamento de 1947, porque que se consideraban bienes que no podían ser privados ni objeto de comercio ya que son bienes comunes, colectivos y comunitarios de los pueblos.
Los 17 años que no fue así se explican porque en 1998 el Partido Popular (con Gobierno de José María Aznar) modificó la ley (sin la objeción del PSOE, sea dicho). Así hasta 2015, la Iglesia inmatricula y registra bienes ilegalmente, a través de normas preconstitucionales, y va a traspasar los bienes de dominio público a entidades privadas (obispados) provocando uno de los escándalos inmobiliarios más grandes del mundo (¡la Conferencia Episcopal reconoce 40.000 inmatriculaciones en este período!).
La responsabilidad de las inmatriculaciones no es sólo de la jerarquía de la Iglesia sino también de todos los poderes públicos del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; todos permitieron la utilización de unas normativas franquistas y anticonstitucionales hasta 2015.
La Conferencia Episcopal inicia este lunes su asamblea semestral con el foco puesto en sus discrepancias con el Ejecutivo. Distintos expertos advierten que la Iglesia se resiste a perder sus privilegios, que hunden sus raíces en el franquismo.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, momentos antes del inicio de una reunión celebrada en julio de 2020. — Eduardo Parra / EUROPA PRESS
Danilo Albin, Público, 19 de abril de 2021
Los máximos responsables de la Iglesia española tienen una semana agitada por delante. Desde este lunes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) reúne a su Asamblea Plenaria para analizar, entre otros temas, aquellos asuntos de la actualidad política y legislativa que enfadan a los obispos. El derecho a morir dignamente y el cierre del grifo de la financiación pública a los colegios católicos que segregan por sexo son, a día de hoy, los temas de trinchera.
A lo largo de esta semana, la CEE analizará precisamente la Ley de Eutanasia y la reforma educativa, dos puntos que, junto a las inmatriculaciones, generan las principales fricciones entre Iglesia y Estado. La relación entre ambos actores se rige por los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1976 y 1979, al calor de las excelentes relaciones que durante las décadas anteriores habían existido entre la dictadura franquista y el Vaticano.
“La Iglesia católica sigue siendo la religión privilegiada del Estado; aquí quedan muchos restos del nacionalcatolicismo que es necesario superar”, afirma a Público el prestigioso teólogo Juan José Tamayo. A su juicio, “todos los gobiernos de la época democrática, cualquiera haya sido su color o ideología, han sido rehenes de la Iglesia católica”.
En el marco de esa relación, la Conferencia Episcopal se resiste ahora a que el Estado garantice el derecho a una muerte digna. Así volverá a quedar claro durante la Asamblea Plenaria de esta semana, en la que se estudiarán las “líneas de acción pastoral” para el quinquenio 2021-2025. En ese contexto, la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará un informe “acerca de la eutanasia y el testamento vital y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital”.
Escrito por asturiaslaica 
