Gobierno PSOE-Unidas Podemos

Europa Laica teme concesiones a la Iglesia tras la reunión en el Vaticano

octubre 19, 2020

Exige la denuncia y derogación de los Acuerdos con el Vaticano

Historia: Los archivos secretos de El Vaticano, por fin desvelados

Fuentes: Europa Press / La Vanguardia, 19 de octubre de 2020

Europa Laica ha criticado el “secretismo” sobre el contenido de la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Papa Francisco, el próximo sábado 24 de octubre en el Vaticano. La asociación califica la visita de Sánchez al Vaticano de “sorpresiva y publicitaria” y exige “la denuncia y derogación de los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en 1979. “La próxima visita, sorpresivamente anunciada, del presidente del Gobierno al Papa en el Vaticano.

Cree que hay una “agenda oculta” en la “sorpresiva” visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Vaticano para encontrarse con el papa Francisco el próximo sábado y teme que esta reunión augure concesiones gubernamentales a los privilegios de la Iglesia católica.

La asociación califica la visita de Sánchez al Vaticano de “sorpresiva y publicitaria” y exige “la denuncia y derogación de los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en 1979.

“La próxima visita, sorpresivamente anunciada, del presidente del Gobierno al Papa en el Vaticano se realiza en el marco de las negociaciones en el más absoluto secretismo sobre su contenido que se vienen teniendo entre el Gobierno y la jerarquía católica, que auguran concesiones gubernamentales a los privilegios del catolicismo en España”, denuncia Europa Laica.

En un comunicado, este organización denuncia que la visita al Vaticano se realiza en el marco de las negociaciones que se vienen desarrollando desde hace meses entre representantes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y miembros de la Conferencia Episcopal Española (CEE) “en el más absoluto secretismo sobre su contenido”. Lee el resto de esta entrada »

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Europa Laica cuestiona la agenda oculta de la publicitaria entrevista del Presidente al Papa y exige la inexcusable denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede

octubre 18, 2020

Europa Laica, Laicismo.org, 18 de octubre de 2020

La próxima visita, sorpresivamente anunciada, del Presidente del Gobierno al Papa en el Vaticano se realiza en el marco de las negociaciones en el más absoluto secretismo sobre su contenido que se vienen teniendo entre el Gobierno y la jerarquía católica, que auguran concesiones gubernamentales a los privilegios del catolicismo en España. Además, el Presidente del Gobierno pretende legitimar con esta visita su imagen y la estabilidad gubernamental, al igual que la hacen muchos otros mandatarios con la bendición y ungimiento que reciben de los líderes religiosos.

Europa Laica considera que el motivo de esta visita viene impuesto por el momento legislativo y político, donde la Iglesia tiene un especial interés en condicionar, tutelar, mantener o incrementar su presencia y situación de privilegio respecto al adoctrinamiento, la moral católica y las subvenciones públicas que disfruta. Así, se trata de la ley de educación en debate, en relación con la asignatura de la religión en la escuela, la libertad de enseñanza y los conciertos educativos; o sobre la propuesta de ley de eutanasia; o en la anunciada modificación progresista de la ley del aborto; o respecto a la enorme financiación pública que disfruta a través del IRPF y otras partidas; o las exenciones fiscales de privilegio; o de cara a un arreglo torticero en el expolio de las inmatriculaciones y sobre los bienes de patrimonio histórico de raíz religiosa. Estos y otros asuntos están en juego, con la jerarquía católica defendiendo sus intereses y privilegios, y los gobiernos de turno mirando para otro lado.

Europa Laica exige al gobierno que lo realmente necesario e inexcusable es la denuncia y derogación los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 como primera medida para avanzar hacia un Estado entroncado verdaderamente con la modernidad y el laicismo como principio indisociable de la democracia, en lugar de mantener unos privilegios confesionales que sacrifican los principios de separación Iglesia-Estado, la igualdad y el interés general en el altar de una supuesta estabilidad.

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Laicidad: la asignatura suspensa de la educación

octubre 6, 2020

“En un Estado aconfesional, con respeto a la libertad de conciencia y libertad de culto, se debe impulsar y fortalecer una escuela laica”

Fuente imagen

Enrique Javier Díez, Público, 6 de octubre de 2020

En diciembre de 2019 el Consejero de Educación catalán, Josep Bargalló, anunció que en la escuela se impartirían más religiones: islam, evangelismo y judaísmo. Este curso 2020-2021 se ha comenzado a impartir islam para los 2.000 alumnos y alumnas catalanes que lo han demandado, de los más de 80.000 que profesan la religión musulmana.

Bargalló se escuda para ello en que el PSOE sigue sin derogar los acuerdos tardofranquistas con el Vaticano. Algo a lo que se ha comprometido reiteradamente. Este “acuerdo”, impuesto en las postrimerías de la dictadura, impone impartir religión católica en la escuela. No solo no lo ha derogado, sino que mantiene los acuerdos firmados en 1992 con las comunidades evangélicas, israelíes e islámicas. De ahí que se esté impartiendo religión musulmana en las escuelas también en Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón o Euskadi.

Hasta cuándo seguiremos arrastrando esta “anomalía española” en el panorama de la Unión Europea y del “mundo civilizado”. Hasta cuándo seguiremos consintiendo, en pleno siglo XXI, que se utilice la escuela de todos y de todas para que las jerarquías religiosas difundan sus creencias y sus dogmas, su catequesis, buscando prosélitos y adeptos a su ideología en las aulas.

Es hora de que la nueva Ley Educativa que está en trámite parlamentario, la LOMLOE, establezca de una forma definitiva una educación laica que respete la libertad de conciencia en todos los centros educativos, que eduque sin dogmas y que elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Y esto exige que el gobierno derogue inmediatamente, de forma exprés, ese acuerdo de privilegios con la jerarquía católica, herencia del nacionalcatolicismo de la dictadura. Lee el resto de esta entrada »

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Los bienes inmatriculados por la Iglesia en Ceuta figurarán en un listado

septiembre 19, 2020

Según el Gobierno central, la pandemia ha alterado los plazos de elaboración

Catedral / Foto Quino

El Faro de Ceuta, 19 de septiembre de 2020

El Gobierno central ha asegurado a los senadores del PSOE Miguel Ángel Heredia y Víctor Javier Ruiz está “elaborando” un listado con las propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica en Ceuta desde 1998 (cuando el Gobierno de Aznar reformó el Reglamento Hipotecario a través de un Real Decreto y permitió que ya no necesitara demostrar la propiedad antes de registrarlos por primera vez) que hará referencia “a los bienes que cada Registrador ha detectado como inmatriculados en su Registro a nombre de la Iglesia Católica, la Diócesis o las parroquias correspondientes, así como a nombre de aquellas entidades u órdenes religiosas de las que se haya tenido conocimiento en el respectivo Registro de la Propiedad”.

“La situación ocasionada por la crisis sanitaria producida por la COVID-19 está obligando a reorganizar y atender a todos los servicios y procedimientos en curso para garantizar la mejor atención posible a la ciudadanía”, ha excusado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Entre 1998 y 2015 la Iglesia inmatriculó un “total de 34.984 fincas”, según ha publicado ‘Maldito Dato’. La comunicación en la que el Colegio de Registradores entregó el listado de estos bienes al Ministerio de Justicia detalló que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”.

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La Iglesia católica pretende que el Gobierno reconozca 30.000 bienes inmatriculados como propiedad eclesiástica

septiembre 10, 2020

Pagar el IBI y conocer el número exacto de bienes inmatriculados para proceder a la devolución de aquellos que no estén dedicados al culto y tengan dueño legítimo era el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero tras el cambio en el poder de la Conferencia Episcopal con Juan José Omella, hombre afín al Ejecutivo, podría dejar esta pretensión en un gesto apoyado en pagar el impuesto en cuestión tal y como se hace en Francia o Italia pero sin tocar la Ley Hipotecaria que benefició al clero.

Juan José Omella, la mezquita de Córdoba, bien inmatriculado y Pedro Sánchez.

David González, El Cierre Digital, 10 de septiembre de 2020

Septiembre ha llegado con varias asignaturas pendientes para el Gobierno, el primero en coalición con otro partido desde los años de la II República, que tenía unas metas altas y progresistas. Pero la crisis sanitaria del Covid-19 se cruzó en el camino del Ejecutivo y lo ha trastocado todo. Sin embargo, uno de los temas más candentes, aunque sorprendentemente con menos recorrido en los medios de comunicación es el intento de acuerdo entre la Iglesia Católica española y el Gobierno de Pedro Sánchez.

De un lado, el Gobierno pretende que la confesión mayoritaria pague el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para aquellos lugares que no estén dedicados al culto. De otro, la Iglesia española que quiere mantener algunas prebendas mientras capea el temporal de sus guerras internas.

Al margen del IBI, algo que se ha conseguido en otros países de mayoría católica como Francia o Italia, también Sánchez ha exigido a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que haga un inventario exhaustivo de los bienes inmatriculados. Un tema que genera mucha polémica tanto en círculos eclesiásticos como entre la sociedad.

Hace unos días Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal, aseguraba en una conversación con Religión Digital respectos a estos bienes que “era obvio que pertenecían a la Iglesia”, pero sin embargo, muchos de ellos están en disputa por parte incluso de Patrimonio del Estado, como la Mezquita-Catedral de Córdoba y otros por parte de particulares como fincas, viviendas y garajes.

La Iglesia Católica española posee en el apartado de inmatriculados, a falta de saber todos los datos exactos, más de 30.000 bienes entre los que figuran no sólo templos o casas parroquiales sino también fincas, pisos y hasta plazas garaje. Un tipo de propiedades por las que tendrían que pagar el IBI al no ser lugares de culto, tal y como recoge la legislación en materia tributaria. Lee el resto de esta entrada »

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Los colectivos de defensa del patrimonio temen que el Gobierno pacte con los obispos no tocar las inmatriculaciones a cambio de pagar el IBI

agosto 25, 2020

La asociación Recuperando exige al Ejecutivo una “solución global” para los 100.000 bienes puestos a nombre de la Iglesia desde 1946

Catedral de Sevilla

Jesús Bastante, El Diario, 25 de agosto de 2020

En septiembre, el Gobierno y la Conferencia Episcopal comenzarán, por fin, a abordar el nuevo modelo de fiscalidad de la Iglesia española. Con el dictamen del Tribunal de Cuentas en las manos, que recomienda al Estado un mayor control de las finanzas del clero, el departamento dirigido por Carmen Calvo también quiere que en la negociación entre la polémica cuestión de las inmatriculaciones.

Aunque todavía no se ha hecho público el listado oficial encargado, en tiempos de Rajoy, al Colegio Oficial de Registradores, la cifra de bienes puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015 en virtud de la llamada ‘ley Aznar’ alcanzaría los 35.000 inmuebles, entre iglesias, casas rectorales, garajes, frontones, prados y plazas.

Algunas, tan relevantes como la Mezquita de Córdoba, la catedral de Burgos o la Giralda de Sevilla. De lo poco que se sabe (el Gobierno aún no se ha decidido a hacer público el listado final, pese a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno así se lo indicó hace año y medio) es que algo más de la mitad de los bienes, unos 18.500, corresponden a templos y dependencias parroquiales, mientras que otros 15.000 son fincas variadas, donde entra cualquier inmueble no dedicado al culto.

En este sentido, la coordinadora estatal Recuperando, que engloba a una veintena de colectivos patrimonialistas en defensa de la recuperación popular de los bienes enajenados por la Iglesia con la única firma del obispo (que, según la ley, actuaba como si de un notario se tratase) ha mostrado su temor ante la posibilidad de que el Gobierno esté utilizando la cuestión de las inmatriculaciones para negociar un nuevo modelo fiscal para la Iglesia. Esto es: no pleitear por los bienes inmatriculados a cambio de que la Iglesia acepte modificaciones en sus exenciones fiscales, especialmente en lo tocante al pago del IBI, del que los obispos están exentos. Lee el resto de esta entrada »

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¿Es la oficina de mediación de Catalunya la solución para resolver el conflicto de las inmatriculaciones de la Iglesia?

agosto 22, 2020

La Generalitat pondrá en marcha en septiembre el primer órgano de arbitraje de toda España para intentar acuerdos bilaterales en el polémico caso de los miles de bienes inscritos a nombre de los obispos.

Cartel a la entrada del edificio de la Conferencia Episcopal en Madrid en el que se lee 'Conferencia Episcopal Española'. Europa Press.

Cartel a la entrada del edificio de la Conferencia Episcopal en Madrid / Europa Press.

A.Moreno, Público, 22 de agosto de 2020

La Generalitat de Catalunya pondrá en marcha en septiembre una oficina de mediación para intentar resolver por la vía del acuerdo las reclamaciones de bienes inmatriculados por la Iglesia católica que presenten particulares o ayuntamientos. Se trata del primer instrumento administrativo arbitrado por una comunidad autónoma en el espinoso asunto de las más de 100.000 inscripciones eclesiales registradas en toda España, muchas de las cuales afectan a buena parte del valioso patrimonio histórico, pero también a huertos, casas, plazas públicas, cementerios y hasta frontones. Pero, ¿es esta la solución adecuada? ¿La oficina de mediación dará respuesta al aluvión de casos detectados en todo el país? ¿Qué pasa con los bienes de dominio público? ¿Y si la Iglesia se cierra en banda y se niega a negociar?

No hay una contestación concluyente para todas las incógnitas planteadas. Las dudas son innumerables y las opiniones sobre su eficacia difieren notablemente según los actores implicados. Por lo pronto, la oficina ya ha empezado a recibir numerosas consultas preliminares de particulares y ayuntamientos catalanes. Así lo ha revelado a Público su directora, Rosa Creus, que coordina un equipo de doce expertos. “Estamos recibiendo ya muchas preguntas y se están respondiendo, pero hasta septiembre la oficina no se pondrá en marcha”, afirma en conversación telefónica.

La Generalitat hizo público el pasado 23 de julio el listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica, que incluye 3.722 bienes inscritos a su nombre a través del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado en 2015 por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, debido a sus visos de inconstitucionalidad. El artículo abolido permitía a los obispos autocertificar la propiedad de fincas e inmuebles sin aportar título escrito de dominio, gracias a una prerrogativa especial aprobada por el régimen confesional de Franco que los equiparaba a funcionarios públicos. El Govern ha habilitado un portal interactivo para que particulares y ayuntamientos puedan reclamar la inmatriculación de bienes que pudieran pertenecerles. Del total de propiedades, 1.855 son templos de culto; 1.518 fincas rústicas; y 349 edificios de carácter civil. Algunas de las casas, ermitas y cementerios inmatriculados se encuentran en el interior de fincas agrícolas privadas, cuyos propietarios protagonizaron en Catalunya la movilización contra las inscripciones eclesiales a través del sindicato agrario mayoritario Unió de Pagesos. Lee el resto de esta entrada »

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La letra pequeña de las 35.000 inmatriculaciones de la Iglesia

agosto 13, 2020

Para revertir los registros especiales de bienes católicos el Gobierno busca irregularidades en cada acta efectuada desde 1998

Vista aérea de la Catedral de Sevilla. /Efe

Doménico Chiappe, El Norte de Castilla, 13 de agosto de 2020

La certificación que acreditaba la titularidad de la «finca de Sevilla Nº 52.307» fue otorgada como un acto sin mayor trascendencia a un nuevo propietario. Era una de las inmatriculaciones de la Iglesia católica, conforme una ley de 1946 que les concedía privilegios para obtener la titularidad de fincas. Este terreno, que aparecía en los catastros como «Plaza de la Virgen de los Reyes, 6», era, nada más y nada menos, que la catedral de Sevilla, y el acto de registro incluía la «parroquia del sagrario de la Catedral y las dependencias anexas», según el documento expedido en el Registro de la Propiedad 8 de Sevilla. En sus 22.914 metros cuadrados se incluía la Giralda y el Patio de los Naranjos. La escritura del templo del siglo XV, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se hizo en 2010 en una notaría sevillana.

Actos parecidos han sucedido unas 35.000 veces desde 1998, cuando una reforma de esta ley hipotecaria de posguerra permitió que la iglesia inscribiera también los lugares de culto. Se derogó en 2015, pero la propiedad se dejó intacta. Ahora el nuevo Gobierno se prepara para revertir las inmatriculaciones que «hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad», según señaló Pedro Sánchez, durante el debate parlamentario de su investidura.

«Se trata, en la mayoría de los casos, de centros de culto edificados hace muchos siglos, pero que hasta finales de los años 90 no pudieron ser inscritos en el registro», se defiende la Conferencia Episcopal, que asegura no contar con un «registro de bienes inmuebles» de su propiedad. «Las inmatriculaciones se han podido realizar a nombre de la iglesia diocesana, las parroquias o las congregaciones religiosas», explican. «En España hay más de 23.000 parroquias, además de varios miles de ermitas y otros lugares de culto». Los datos sólo han podido ser reunidos por el Colegio de Registradores, que ya los entregó al Gobierno, aunque el ministerio que dirigió Dolores Delgado ha sido renuente a divulgarlo por estar en «fase de elaboración». Lee el resto de esta entrada »

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El Gobierno valenciano, tras la pista de las inmatriculaciones de la Iglesia

agosto 10, 2020

En una misiva enviada a finales de julio, la Conselleria de Transparencia solicita al Gobierno de España un listado de los bienes inmatriculados por las autoridades eclesiásticas en el País Valenciano. El objetivo: la recuperación del patrimonio público expoliado. Movimientos ciudadanos siguen denunciando los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Catedral de Valencia

Héctor Serra, Público, 10 de agosto de 2020

Un listado de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica en territorio valenciano desde 1996 hasta 2015. La demanda es clara y la firma la Generalitat Valenciana. A través de una carta dirigida a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encuadrada en el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Transparencia del Gobierno valenciano solicita una relación de los bienes inmuebles y patrimonio histórico del que se hayan podido apropiar las instituciones eclesiásticas.

En la misiva, el departamento dirigido por la consellera Rosa Pérez Garijo advierte que “durante el período democrático entre 1996 y 2015 el patrimonio público de la Comunitat Valenciana ha podido verse afectado bajo preceptos presumiblemente inconstitucionales, privando a las valencianas y valencianos de su uso, y en su caso, de la rentabilidad patrimonial que pudiera derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas”.

“Es totalmente inexplicable que esto haya podido pasar y es fruto de la situación privilegiada que ha vivido la institución eclesiástica en este país; aún nos falta mucho para ser una democracia”, declara para este artículo Pérez Garijo. La consellera espera cuanto antes una respuesta por parte del Ministerio con el propósito de poder determinar posibles apropiaciones ilegítimas y retornar estos bienes a su propiedad original.

“Deberíamos ver los casos que afectan a los ayuntamientos para que las administraciones locales pudieran emprender también las acciones que consideraran necesarias. En el caso de las propiedades autonómicas, nos pondremos en contacto con la Abogacía de la Generalitat para abordar una hoja de ruta que marque acciones legales con el objetivo de recuperar esos bienes”, detalla la consellera.

La opacidad como constante

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Escrito por asturiaslaica

El Gobierno fija para septiembre el comienzo de un nuevo sistema fiscal para la iglesia católica

agosto 3, 2020

Los obispos, abiertos a pagar el IBI de los inmuebles no destinados al culto y a analizar qué bienes inmatriculó irregularmente

Manifestación contra las inmatriculaciones de la Iglesia / EFE

Jesús Bastante, El Diario, 3 de agosto de 2020

El Gobierno abrirá en septiembre el ‘melón’ de la nueva fiscalidad de la Iglesia. El conflicto puede desatarse una vez sea público el listado definitivo de inmatriculaciones (bienes que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar su propiedad), según han confirmado a elDiario.es fuentes de Vicepresidencia.

La pasada semana se produjo un discreto encuentro entre responsables de la Conferencia Episcopal y del Ejecutivo que evidenció algunas diferencias. Así, mientras el departamento de Carmen Calvo incidió en que habría un acuerdo a partir de septiembre para retomar las conversaciones sobre fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el comunicado de la CEE despachó la cuestión con un “compartieron la oportunidad de poner en marcha las conversaciones en torno algunas cuestiones económicas en el próximo mes de septiembre” y apuntaba a la “preocupación” de los obispos por las cuestiones educativas y antropológicas. Los obispos están sumamente preocupados por la reforma de las leyes de Educación y la posible aprobación de la eutanasia. Dos temas que, como ya adelantó este diario, el Gobierno no va a negociar con ellos al no considerarles interlocutores válidos, especialmente en lo referente a la regulación de la muerte digna.

Formalmente, la reunión, en la que participaron el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y los responsables económicos de esta institución, Carlos López y Fernando Giménez Barriocanal, tenía como excusa la presentación de la Memoria de Actividades de la CEE. Pero ha servido para que ambas instituciones marcaran distancia la misma semana en que la vicepresidenta Calvo se reunió con las confesiones minoritarias en un intento de visibilizar la “neutralidad” de los poderes públicos respecto al hecho religioso y el fin de la relación de privilegio de la Iglesia católica con el Ejecutivo en España.

Reformas económicas

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Los bienes inmatriculados por la Iglesia en Ceuta figurarán en un listado

La Iglesia católica pretende que el Gobierno reconozca 30.000 bienes inmatriculados como propiedad eclesiástica

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