El juez reprocha a Patrimonio mala fe al no facilitar a infoLibre información sobre el Valle de los Caídos

octubre 29, 2021

El juez acepta el argumento del organismo público de que no puede entregar aquellos otros datos de los que no dispone, pero lo condena al pago de las costas judiciales al apreciar mala fe durante el procedimiento

La fachada principal del Valle de los Caídos, en una imagen de archivo./ EP

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Álvaro Sánchez Castrillo, Infolibre, 29 de octubre de 2021

Julio de 2018. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, toma la palabra en el Congreso de los Diputados para explicar el programa de gobierno tras su llegada a la Moncloa. Durante su intervención, el dirigente socialista insiste en su «firme» intención de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. «Un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado», dice convencido desde la tribuna de oradores. Aquel movimiento marcó buena parte de la actualidad política veraniega. Se habló mucho de las víctimas, del caudillo o de la negativa de su familia al traslado. Sin embargo, poco o muy poco se incidía en el funcionamiento o la gestión de un complejo monumental sostenido a base de fondos públicos. Fue entonces cuando infoLibre decidió abrir una línea de investigación para conocer hasta el último detalle. Un proceso que se ha prolongado durante tres años y que ha finalizado con una sentencia en la que se considera probada la «mala fe» de Patrimonio y se destaca que la falta de datos da una idea de la forma en la que el organismo público «ha desarrollado sus funciones».

Uno de los puntos de partida del trabajo fue el durísimo informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN), un documento que ponía negro sobre blanco todas las deficiencias detectadas alrededor del complejo monumental durante el ejercicio de 2013. Una vez analizado, el siguiente paso consistió en comprender bien cómo funcionaba Cuelgamuros, qué papel jugaban Patrimonio Nacional y los monjes benedictinos, cuál era la relación jurídica y económica existente entre ambos o qué obligaciones tenían las dos partes presentes en el mausoleo franquista. Y, para ello, era necesario estudiarse bien todo el armazón jurídico sobre el que se asentaba el Valle de los Caídos. En concreto, un decreto-ley de 1957, un convenio de 1958 y un reglamento de 1959. Un marco normativo ideado durante el franquismo que, aunque pueda resultar sorprendente, sigue activo en la actualidad.

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Patrimonio se saltó la Ley de Subvenciones en el Valle de los Caídos y desconoce si entregó fondos indebidos a los monjes

octubre 28, 2021

La Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, establece que los órganos concedentes de una ayuda comprobarán «la adecuada justificación» de la misma

Vista del Valle de los Caídos / Europa Press

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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 28 de octubre de 2021

Los monjes del Valle de los Caídos han recibido durante décadas un importante respaldo en forma de dinero público para el desarrollo de sus actividades en el complejo monumental. En concreto, 340.000 euros anuales procedentes de Patrimonio Nacional. Una cantidad por la que durante años no se rindió cuenta justificativa. Hasta 2014, el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia no ha tenido en sus manos memorias justificativas de las actividades subvencionadas, a pesar de que la Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en 2004, obliga al beneficiario a rendir «cuenta» del uso que da al dinero recibido y al organismo concedente a comprobar la «adecuada justificación» de la ayuda otorgada. Una falta de control absoluta que impide a Patrimonio saber si ha entregado a los monjes más dinero del que debería. En teoría, si los monjes obtuviesen ingresos suficientes con sus actividades como para cubrir los gastos, el organismo no estaría obligado a transferirle el dinero. 

infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Este diario decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico está publicando a lo largo de la semana una serie de reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.

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Patrimonio lleva 39 años de administrador «provisional» del Valle de los Caídos y con un «régimen excepcional» del franquismo

octubre 27, 2021

La Ley Reguladora de Patrimonio Nacional autorizaba al Ejecutivo a «establecer el nuevo régimen jurídico» alrededor de Cuelgamuros y le obligaba a constituir una comisión para elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre ello

La actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva / Europa Press

Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 27 de octubre de 2021

Cuarenta y seis años después de la muerte de Francisco Franco, el complejo monumental que durante décadas albergó los restos del dictador sigue asentado sobre un armazón jurídico construido durante el franquismo. En plena democracia, es la denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la que tiene asignada por decreto-ley la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que tiene entre sus fines «rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional», que mantiene un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que dirige «transitoriamente» el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Una interinidad que se prolonga desde hace 39 años. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha sido capaz de regular la situación jurídica de Cuelgamuros. Y eso que la ley lleva décadas obligándole a hacerlo.

La primera norma que afectó al complejo monumental una vez recuperada la democracia fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales de 1982. Dicho texto, en su disposición final tercera, autorizaba al Ejecutivo para, mediante Real Decreto, «establecer el nuevo régimen jurídico» de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y «proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas». Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco. En definitiva, que el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia administraría provisionalmente el mausoleo franquista a la espera del nuevo marco normativo.

A fin de dar cumplimiento a todas estas cuestiones, la ley de 1982 obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo «una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio» de la Fundación del Valle de los Caídos y de las «situaciones jurídicas» derivadas del decreto-ley de 1957. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en Moncloa. Se sabe que aquel órgano inició sus trabajos. Sin embargo, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. «No se conocen, sin embargo, las propuestas de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse«, recogía un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009.

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Ni información económica ni datos sobre los religiosos: el descontrol absoluto de Patrimonio en el Valle de los Caídos

octubre 26, 2021

Un certificado de Patrimonio Nacional, expedido en el procedimiento judicial planteado por infoLibre contra dicho organismo, reconoce que no hay memorias justificativas de las subvenciones concedidas a los monjes en los ejercicios anteriores a 2014

Monjes benedictinos del Valle de los Caídos / Fuente foto

Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 26 de octubre de 2021

El Estado no ha controlado durante décadas el cumplimiento de la ley en el Valle de los Caídos. A pesar de que la administración del complejo monumental está en manos de Patrimonio Nacional, lo cierto es que este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Según la información que obra en poder de infoLibre, Patrimonio no tenía a finales de 2019 memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía de los ejercicios anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Pero no solo eso. Tampoco constaban en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.

infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Entonces, este diario decidió demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inició este lunes una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.

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