Hacienda tomará medidas contra la opacidad fiscal de las entidades religiosas tras ver el informe del Tribunal de Cuentas

febrero 10, 2020

La Agencia Tributaria atenderá la recomendación de cambiar el modelo de declaración de Sociedades para la “detección informática de riesgos fiscales”

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de septiembre,

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de septiembre / EP

Ángel Munárriz, InfoLibre, 10 de febrero de 2020

Aunque el Tribunal de Cuentas aún no ha aprobado el informe que pone de relieve el descontrol del dinero público dedicado a la Iglesia católica y sus múltiples organizaciones, o que estas no están obligadas a pagar gracias a las exenciones fiscales, ya empiezan a verse consecuencias de la auditoría. La Agencia Tributaria ha confirmado a infoLibre, que adelantó las conclusiones provisionales del órgano fiscalizador [ver aquí y aquí], que atenderá la recomendación del Tribunal de Cuentas de cambiar el modelo de declaración del Impuesto de Sociedades. “La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tomará en consideración la recomendación, de manera que puedan consignarse los datos esenciales de la memoria económica y de esta forma se cuente con una mayor información para la detección informática de riesgos fiscales”, señala.

El Tribunal de Cuentas, en sus conclusiones provisionales, recomienda esta reforma para arrojar luz sobre cuáles son las justificaciones para la aplicación de exenciones a entidades religiosas. “Sería conveniente que la Agencia instara la modificación del modelo de declaración del Impuesto de Sociedades a fin de que pudieran consignarse los datos esenciales de la memoria y justificativos de la aplicación del régimen de exenciones y beneficios fiscales, así como que pudieran identificarse las entidades religiosas menores incorporadas en la declaración de una entidad eclesiástica superior”, señala el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones.

El órgano fiscalizador, que aún no ha aprobado el informe definitivo, señala que las entidades obligadas a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades están a su vez obligadas a “presentar una memoria económica con el contenido legalmente establecido acerca de sus ingresos y gastos y su destino”. Y aquí detecta deficiencias. “Únicamente se presentaron 149 memorias económicas. La falta de presentación de la memoria económica es muy generalizada […]. Además, las memorias no tienen un formato estandarizado y se han observado casos en los que la información no estaba completa y otros en los que no estaba firmada por el representante legal”.

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Del Tribunal de Cuentas a la ‘ley Celaá’: 8 frentes abiertos para la Iglesia católica

febrero 2, 2020
Pedro Sánchez, en el acto de toma de posesión como presidente.

Pedro Sánchez, en el acto de toma de posesión como presidente, sin símbolos religiosos. EFE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 2 de febrero de 20120

Las conclusiones provisionales del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el dinero público que recibe la Iglesia, publicadas por infoLibre, abren nuevos frentes a la institución católica, o desprotegen aún más frentes ya abiertos. El órgano fiscalizador, que aún debe aprobar un informe que podría experimentar cambios de última hora, pone de relieve en sus conclusiones la opacidad con la que la Iglesia maneja el dinero público, su falta de pasos hacia la autofinanciación y la escasez de control sobre sus exenciones, entre otros problemas. Incluso pone las ayudas que recibe bajo sospecha de ser “ayudas de Estado”, aconsejando al Estado tomar medidas para evitarlo [ver aquí y aquí las informaciones sobre la auditoría]. La Conferencia Episcopal, presidida por Ricardo Blázquez, vuelve al punto de mira, precisamente por el tema por el que menos le gusta a los obispos que se hable de ella: el dinero.

Tras la moción de censura que sacó del poder a Mariano Rajoy, el recién elegido presidente Pedro Sánchez tomó posesión en agosto de 2018 en una ceremonia sin la presencia de la Biblia ni del crucifijo, un gesto replicado por sus ministros que elevó las expectativas de los sectores laicistas. Había material para fundar tales expectativas. Sánchez se había presentado a las generales de 2016 y a las primarias del PSOE de 2017 con programas decididamente rupturistas, que llegaban incluso a la derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979. Pero los propósitos quedaron en casi nada. El Gobierno centró sus iniciativas relacionadas con la Iglesia en la exhumación de Francisco Franco, a la que dio carácter prioritario.

No hubo denuncia del conocido como “Concordato” –aunque en rigor ya no lo es–, ni se tocó la Lomce –que favorece a la enseñanza concertada, mayoritariamente católica, y hace evaluable la Religión–, ni se publicó el listado de inmatriculaciones, ni se revisó la exención del IBI y el resto de ventajas fiscales… Hubo una muy mediática reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pero los compromisos reformistas alcanzados acabaron en nada. Eso sí, quedar “en nada” no significa quedar “enterrados”. PSOE y Unidas Podemos han recuperado, en su programa de Gobierno, medidas fuerte afectación a la Iglesia.

A la auditoría del Tribunal de Cuentas y el programa de Gobierno se suman problemas largamente arrastrados por la Iglesia, como la desolación vocacional y la secularización. Es observable además una falta de sintonía de un sector significativo de la jerarquía española con el papa Francisco, que aún no ha visitado el país. Corren tiempos inciertos para una vieja casa que tiene dos factores a favor: es la única institución en España con experiencia en pensar a siglos vista, y la historia dice que, al menos en España, siempre acaba saliendo de todos los atolladeros conservando un poder y una influencia significativas sobre la sociedad. infoLibre repasa los principales frentes que tiene abiertos en España la Iglesia católica, sea porque deberá dar explicaciones por los mismos, introducir reformas, o porque tocan áreas donde tiene importantes intereses.

1.- Dinero público sin control Lee el resto de esta entrada »


Europa Laica reclama la denuncia inmediata del Concordato

enero 31, 2020

La organización, que en sus ‘contrainformes’ sobre la Iglesia detectó descontrol antes que el Tribunal de Cuentas, exige al Gobierno que elimine la casilla de la Iglesia del IRPF y de manera inmediata reclama a la Agencia Tributaria que elimine cualquier aviso en favor de las «casillas de asignación tributaria» en la Declaración de la Renta

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de enero de 2020

Existe una elevada “coincidencia” del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las “críticas” de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. “Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como ‘Concordato’, por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado”, señala la organización, que hace hincapié “en ladesidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica”.

“El Tribunal de Cuentas”, señala Europa Laica, ha comprobado que “la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos” es a través de la entrega de una “memoria justificativa de gastos” que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, “no es tal”. La memoria es una “patraña”, añade, y sólo debería considerarse “una memoria de actividades”. El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado “no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios” y el Gobierno debería “exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado”, señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.

Una denuncia continuada

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El Tribunal de Cuentas destapa por primera vez el descontrol del dinero público que recibe la Iglesia

enero 31, 2020

La auditoría, a cuyas conclusiones provisionales ha accedido infoLibre, desvela un desfase de 300.000 euros en la última memoria económica de la Iglesia

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez. /Europa Press

Ángel Monárrez, InfoLibre, 31 de enero de 2020

El informe de fiscalización, todavía pendiente de aprobación por el pleno, desvela tanto la opacidad de la Iglesia como la inacción del Estado

El Tribunal de Cuentas ya tiene un primer examen a la Iglesia católica. El resultado provisional de la histórica auditoría, que ya está en manos de los miembros del pleno de la institución, es un duro revés para el privilegiado estatus económico de la milenaria institución, así como para el Estado por su permisividad y escaso control. El texto, que todavía puede experimentar alteraciones antes de su aprobación, obliga a cambios en la relación entre el poder político y la Iglesia.

El proyecto de informe de fiscalización, a cuyas conclusiones ha tenido acceso infoLibre, pone de manifiesto cómo la Iglesia utiliza con opacidad el dinero público que recibe y las ventajas fiscales de las que disfruta. Los controles flaquean. Del informe, que llega a pedir al Gobierno que ponga medidas para garantizar que no se incumplen las leyes europeas contra las “ayudas de Estado”, se extraen un puñado de conclusiones demoledoras: Lee el resto de esta entrada »


Opus, Legionarios y el largo brazo educativo de la Iglesia: cuando la escuela sí adoctrina (y paga el Estado)

enero 26, 2020

El debate sobre el veto parental eclipsa el punto de mayor carga ideológica del sistema: más de 2.400 concertados católicos con casi 1,5 millones de estudiantes

Imagen de archivo de un aula escolar.

Alumnado en un centro escolar / E.P.

Ángel Munárriz, InfoLibre, 26 de enero de 2020

Es cierto: en España hay adoctrinamiento de menores en el medio escolar. En ideas que podrían calificarse como radicales. Y sí, pagado con dinero público. Aunque el fenómeno no se produce allí donde está ahora situado el debate, en torno al bautizado por la extrema derecha como “pin parental“, sino en el intocable espacio de influencia educativa de la Iglesia.

Las instituciones públicas, sobre todo las comunidades autónomas, gastan cada año en educación concertada más de 6.000 millones. Es una partida que bate cada año su récord, mientras el gasto en la red pública sigue por debajo de las cifras anteriores a la crisis. Más de un 60% de la educación concertada en España es católica, según Escuelas Católicas. De los 2.706 colegios con ideario confesional en España, 2.446 son concertados,según los últimos datos del INE, de 2014-2015, o 2.452, según la Conferencia Episcopal. En cualquier caso, más del 90%. Es el Estado, con el dinero de los impuestos de todos, al margen de sus creencias, el que sufraga el ejercicio de los padres de la tan nombrada “libertad de elección” de centro.

Son centros con una ideología más o menos marcada según la congregación. Las comunidades financian colegios controlados por organizaciones de corte integrista y vocación elitista como los Legionarios de Cristo –concretamente, un centro de Regnum Christi– o el Opus Dei. Al igual que estas dos entidades, hay otras como el Movimiento Apostólico de Schönstatt, Educatio Servanda, Fundación Chesterton y Discípulos de Jesús y María que gestionan centros concertados donde se educa a los niños y a las niñas por separado.

Capacidades diferentes

La filosofía subyacente, de base religiosa tradicionalista, es que niños y niñas tienen capacidades diferentes y están llamados a desempeñar papeles distintos en el mundo. No en vano, el Opus otorga a la mujer, en su estructura interna, un papel subordinado al del varón. Ahí está como indicador la figura de las “numerarias auxiliares”, sólo mujeres, dedicadas a que las familias sean auténticos hogares en Cristo, un rol en sintonía plena con la estricta división hombre-mujer de la España nacionalcatólica.

La financiación con fondos públicos de centros que segregan por sexos por motivos religiosos es la expresión del fenómeno más llamativo desde el punto de vista de la aconfesionalidad del Estado. No obstante, esta financiación está reconocida y blindada por la Lomce y, todavía más relevante, avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia. “La educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria”, señalaba el fallo, de marzo de 2018, que reconoce el “derecho del centro privado a establecer su ideario”.

Del fallo fue ponente Alfredo Montoya, profesor emérito, entre otras universidades, de la San Pablo CEU, dependiente de la Asociación Católica de Propagandistas, y de la mexicana Anáhuac, de Los Legionarios de Cristo. Uno de los firmantes fue Andrés Ollero, miembro de la Obra y diputado del PP durante cinco legislaturas. Ningún otro magistrado planteó objeción de ningún tipo, a pesar de que 62 de los 72 colegios que reciben subvenciones públicas aunque segregan a su alumnado por sexos tienen vínculos con el Opus. No se consideró que Ollero tuviera un conflicto de lealtades.

“Acusan de adoctrinamiento los que tienen los confesionarios metidos en los colegios”, señala la profesora Marian Moreno, experta en coeducación

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El Tribunal de Cuentas fiscaliza por primera vez la financiación pública de las confesiones islámica, evangélica y judía

diciembre 9, 2019
  • La fiscalización del dinero público dedicado a la Iglesia incluye al organismo creado por Zapatero para subvencionar a las confesiones minoritarias.
  • La Comisión Islámica y las federaciones evangélica y judía han recibido más de 35 millones desde 2005, más de 2 millones de media al año
  • La auditoría revisa la justificación y liquidación de las subvenciones entregadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia


Ángel Munárriz
, InfoLibre, 9 de diciembre de 2019

El histórico entrañamiento entre el Estado español y la Iglesia católica, articulado a través de múltiples mecanismos entre los que destacan los acuerdos bilaterales de 1976-1979, ha eclipsado la relación de colaboración de los sucesivos gobiernos democráticos con el resto de confesiones religiosas. Pero tales relaciones existen. Son constantes. Y tienen implicaciones económicas, que además ahora están siendo auditadas por primera vez por el Tribunal de Cuentas. La Fundación Pluralismo y Convivencia, perteneciente al sector público y objeto de atención de dicha fiscalización, ha dedicado desde su constitución en 2005 más de 35 millones de euros en subvenciones a las organizaciones representantes en España de islámicos, evangélicos y judíos. El promedio es superior a 2,3 millones al año.

El Tribunal de Cuentas, que actualmente está elaborando una auditoría de las relaciones económicas del Estado con las confesiones religiosas, también ha puesto en el punto de mira esta fundación. Es cierto que la auditoría se centra en la Iglesia católica. No en vano, esta institución consume anualmente 250 millones de euros de dinero público a través del IRPF, montante al que se suman exenciones fiscales, conciertos, ayudas y sueldos públicos. Se trata de una relación económica de miles de millones de euros al año, repartida en un amplio abanico de conceptos que cuestionan seriamente la aconfesionalidad del Estado. Es normal que una relación así deje en un segundo plano la existente con el resto de confesiones. Pero estas también reciben dinero público. La Fundación Pluralismo y Convivencia se encarga de ello. Ese es, de hecho, su objetivo fundamental.

“La labor de la fundación va dirigida a la normalización y acomodo del hecho religioso como elementos clave en la construcción de una convivencia adecuada e inclusiva. Por ello, además de la relación con las confesiones trabajamos activamente por una mejor gestión publica de la diversidad religiosa de forma que se avance en la garantía de un derecho fundamental”, señala Pluralismo y Convivencia en un escrito dirigido a este periódico.

Esta fundación nació en 2005, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Europa Laica atribuye al que fuera presidente entre 2004 y 2011 un gran impulso a una política de “café para todos” en el terreno religioso que ha ido configurado una suerte de multiconfesionalismo asimétrico. La cursiva es obligada porque España es, constitucionalmente, un Estado aconfesional, sin religión oficial. No obstante, la referencia existente en el texto del 78 a la religión católica, sumada a la traducción del Concordato de 1953 al lenguaje y los estándares democráticos que supusieron los acuerdos de 1976-1979, con toda su carta de privilegios, ha mantenido a la Iglesia de Roma en una situación de privilegio en los terreno fiscal, simbólico y educativo. No hay que olvidar que, en virtud de aquellos acuerdos, en el BOE sigue incrustada una frase que dice: “La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica“. Al pie, las firmas del cardenal Villot y el ministro Marcelino Oreja. Lee el resto de esta entrada »


Un chollo fiscal que ni el papa defiende: así son las exenciones que la auditoría a la Iglesia ha puesto en el punto de mira

octubre 12, 2019

La justicia europea falló contra Italia por ventajas iguales a las que la Iglesia disfruta en España, donde el blindaje resiste 40 años después del acuerdo con el Vaticano.

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 12 de octubre de 2019

Era una duda tan razonable como relevante: ¿aprovecharía el Tribunal de Cuentas la auditoría a la Iglesia católica, aprobada a finales de 2017 y aún sin finalizar, para adentrarse en el pantanoso terreno de las exenciones fiscales y su justificación legal? La decisión fue de maduración lenta. Pero finalmente se impuso el sí, dado que las exenciones constituyen, a su modo, un recurso público dedicado a la Iglesia, aunque sea por lo que el Estado deja de ingresar. El documento de directrices técnicas de la fiscalización, adelantado por infoLibre, establece que el órgano público de control verificará “las exenciones tributarias y los beneficios fiscales” de la institución. De tal modo que serán sometidos a escrutinio –ya se verá con qué profundidad– los privilegios tributarios de la Iglesia, que disfruta en la práctica de una exención generalizada de impuestos.

Las exenciones son un terreno delicado para la Iglesia. Es un privilegio bajo cuestionamiento, aunque las amenazas provienen sobre todo de fuera de España. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia referida a Italia exenciones iguales que las que disfruta en España la Iglesia católica. Un ejemplo da idea del alcance de los beneficios tributarios de la Iglesia: la cobertura de la que disfruta le permite hacer negocio mediante alquileres sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y algo más elocuente aún: incluso el papa Francisco afirma que la Iglesia sólo debería exenta del pago de impuestos en casos en los que haya justificación religiosa o caritativa.

Las cifras de Europa Laica

Europa Laica cifra los beneficios que para la Iglesia suponen las exenciones fiscales en 2.000 millones al año, 700 de ellos de IBI. A juicio del economista Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la junta directiva de Europa Laica y autor del contrainforme anual para destripar las cuentas de la Iglesia, se trata de una exención “indiscriminada” que se beneficia de la falta de control del Estado.

La Conferencia Episcopal (CEE) no opone un dato a este de los 2.000 millones, pero tampoco lo da por bueno. Para ofrecer un dato alternativo, claro, tendría en primer lugar que explicar cuál es su patrimonio, ahora desconocido y disperso en más de 40.000 entidades imposibles de rastrear. La memoria que anualmente presentan los obispos para justificar el uso dado a sus ingresos de dinero público vía casilla de la Iglesia no da la menor pista del patrimonio, no sólo de la Iglesia en sentido amplio –con sus hermandades, parroquias, ONG…–, sino tampoco de la Iglesia diocesana, la compuesta por los 70 obispados. Así que la opacidad es el primer obstáculo para dimensionar adecuadamente las exenciones. Lee el resto de esta entrada »