En el programa de hoy, Ana Baragaña y José Antonio Naz van a hablar sobre otra oportunidad perdida por la supuesta izquierda de este país para avanzar en la Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No repetición para las víctimas del franquismo.
Es muy significativo y demoledor que el gobierno negocie con la Santa Sede la resignificación de un símbolo del triunfo del nacionalcatolicismo, como si los benedictinos no estuviesen en el Valle de los caídos como un privilegio más de los obtenidos por la Iglesia por su beligerante apoyo al golpe militar fascista del 36, y por su participación en la represión política, ideológica y de género posterior.
Lamentablemente, que «la cruz, los monjes y el culto» se mantengan en un espacio que se pretendía convertir en un lugar de Memoria es una constatación de lo lejos que estamos de terminar con los privilegios de la Iglesia en nuestro país, nuestros políticos parecen no darse cuenta de que no seremos una auténtica Democracia mientras no se consiga la separación Iglesia Estado.
Franco creó la Fundación de la Santa Cruz[1]con la misión de «salvaguardar el nacionalcatolicismo del régimen». Este año se cumple medio siglo del fin de la dictadura y los religiosos siguen en el recinto.
Imagen de un banco de la Basílica del Valle de los Caídos que incluye (a la izquierda) el escudo de Franco / Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (Europa Press)- Fuente foto __________________
La cruz cristiana más grande del mundo lleva en pie desde el 1 de abril de 1959. Franco inauguró ese día lo que más tarde se acabaría convirtiendo en su propio mausoleo; una meca para los fascistas, «la enésima herida» para los familiares de sus víctimas. Los restos del dictador no siguen en el lugar. Los de Primo de Rivera, tampoco. El Valle de los Caídos ni siquiera conserva su nombre. Lo que sí sigue «exactamente igual» que hace sesenta años son la cruz, su oscura sombra y los monjes benedictinosque habitan el monasterio del recinto.
Los religiosos han permanecido durante más de seis décadas en la abadía, gracias al contrato que firmaron en su momento con el dictador. La estancia tenía que haber concluido en octubre de 2020, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. «Los benedictinos tienen mucho poder dentro de ciertos sectores ultraortodoxos y de extrema derecha, se mueven con gente de muchísimo dinero», advierte Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En febrero cumplirán cuatro años y cuatro meses viviendo ilegalmente en la abadía de Cuelgamuros.
«El cardenal de Madrid, el presidente de los obispos y el benedictino francés se han reunido para buscar una solución al empeño de Moncloa de expulsar a los monjes», escribe José Beltrán en «Vida Nueva»
Santiago Cantera, prior de la Abadía del Valle de los Caídos (desde 2014) _____________________________
La Iglesia mueve ficha ante el empeño de Moncloa de expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos y presentar este desalojo como uno de los hitos del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco.
Según ha podido confirmar ‘Vida Nueva’, el cardenal José Cobo, el arzobispo Luis Argüello y el abad de Solesmes(1), Dom Geoffroy Kemlin, se habrían reunido, al menos en una ocasión, para unificar criterios y abordar posibles soluciones ante las intenciones que pueda tener el Gobierno de Pedro Sánchez. Este encuentro contaría con el aval de la Santa Sede, teniendo en cuenta además que Roma ha depositado plenamente su confianza en el purpurado madrileño para gestionar esta crisis y ejercer de interlocutor con el Ejecutivo de coalición. En este caso, la contraparte sería el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que además es el responsable de relación con las confesiones, en lugar de Ángel Víctor Torres, que sobre el papel es el titular de los asuntos vinculados a la memoria democrática.
En el Ejecutivo mantienen la «voluntad» de que los benedictinos «dejen las instalaciones del Valle de Cuelgamuros», pero no aclaran aún si serán sustituidos por otra orden religiosa. El decreto que fijará el nuevo marco jurídico para el complejo, y que marcará el futuro de los monjes, está en fase de elaboración, pero se ha incluido en el Plan Normativo para este año.
Los familiares de la familia Franco son recibidos por el prior de la basílica del Valle de los Caídos / EFE _____________
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 12 de abril de 2024
Nada quedó al azar. Ni tan siquiera la fecha. La llegada de los monjes benedictinos a Cuelgamuros se hizo coincidir con el día del Triunfo de la Santa Cruz, conmemoración de la victoria cristiana sobre las tropas musulmanas en Las Navas de Tolosa. Era 16 de julio de 1958. Y el régimen se preparaba para celebrar por todo lo alto su propia reconquista a sangre y fuego con la inauguración de un complejo monumental que acabaría convertido en mausoleo del dictador. Hoy, sus restos ya no están allí. Tampoco los del fundador de la Falange. Pero quienes sí perviven en el lugar más de sesenta y cinco años después son los religiosos. Lo hacen sobre un andamiaje normativo montado en dictadura que la nueva Ley de Memoria obliga a corregir. Tarea, esta última, que aún sigue pendiente.
La denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha sido la que ha tenido asignada, a través de un decreto-ley de 1957, la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que ha mantenido un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que ha estado dirigiendo «transitoriamente» el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional desde hace cuatro décadas. Y lo ha hecho porque ningún Gobierno ha sido capaz hasta ahora de regular la situación jurídica del complejo monumental levantado por presos políticos, a pesar de que resultaba una obligación legal desde hace más de cuatro décadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a todos este lunes al anunciar elecciones anticipadas. El próximo 23 de julio, víspera de Santiago Apóstol y del parón de agosto, los españoles volveremos a ser llamados a las urnas. Una decisión que conllevará, entre otras cosas, la paralización de algunas iniciativas que habrían de pasar por un Congreso que ha sido disuelto con la convocatoria electoral.
¿Cómo afectarán las elecciones generales a la ‘cuestión religiosa’ en España? A bote pronto, surgen al menos tres iniciativas que irán a parar al cajón hasta nueva orden: ¿cuáles son? Estas:
Cuelgamuros
Aunque la ley de Memoria Democrática ya cambió el nombre del Valle de los Caídos, consiguió convertir Cuelgamuros en un cementerio civil, exhumó a Franco y a Primo de Rivera y disolvió (al menos, sobre el papel), la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, muchas cosas quedan por hacer. La principal, delimitar el futuro de los benedictinos y de la presencia de la Iglesia en el nuevo complejo.
Un testimonio eleva a siete los religiosos acusados de abusos cometidos en los años sesenta, y uno de ellos sigue siendo sacerdote en Madrid. El monasterio benedictino no investiga los casos ni da información desde hace más de un año
El monje del Valle de los Caídos Tirso Blanco, a la derecha y con gafas, acusado de abusos en el internado en los años sesenta, en una imagen de 1967 ____________
Las acusaciones de pederastia en el internado de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, alcanzan ya a siete frailes, desde finales de los años cincuenta, cuando se inauguró, hasta los años setenta. Tras las informaciones de este diario que en diciembre destaparon el caso con testimonios contra seis religiosos, otro antiguo alumno de la escolanía se suma a las tres acusaciones contra uno de ellos, Tirso Blanco, y añade otro más a la lista. Sin embargo, los benedictinos siempre se han negado a dar explicaciones, a responder a las preguntas de este diario y no contestan a los correos electrónicos. EL PAÍS ha remitido las anteriores acusaciones en sus dos primeros informes sobre abusos de diciembre de 2021 y junio de 2022, entregados a la Conferencia Episcopal y al Papa, sin obtener reacción de la congregación ni suscitar su interés.
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato está bajo control de Patrimonio Nacional, en tanto que recibe fondos públicos, pero cuya gestión efectiva corre a cargo de los monjes benedictinos al cuidado de la basílica y el monasterio enclavados en la sierra de Cuelgamuros, tiene los días contados para su extinción.
Exactamente, los que tarde el Gobierno de coalición en sacar adelante la nueva Ley de Memoria Democrática, que la declara extinguida, y entre en vigor el real decreto con “el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”, del mismo, según recoge la norma, que el pasado día 4 (19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones), recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional del Congreso dos años después de iniciados los trámites.
La Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, establece que los órganos concedentes de una ayuda comprobarán «la adecuada justificación» de la misma
Vista del Valle de los Caídos / Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 28 de octubre de 2021
Los monjes del Valle de los Caídos han recibido durante décadas un importante respaldo en forma de dinero público para el desarrollo de sus actividades en el complejo monumental. En concreto, 340.000 euros anuales procedentes de Patrimonio Nacional. Una cantidad por la que durante años no se rindió cuenta justificativa. Hasta 2014, el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia no ha tenido en sus manos memorias justificativas de las actividades subvencionadas, a pesar de que la Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en 2004, obliga al beneficiario a rendir «cuenta» del uso que da al dinero recibido y al organismo concedente a comprobar la «adecuada justificación» de la ayuda otorgada. Una falta de control absoluta que impide a Patrimonio saber si ha entregado a los monjes más dinero del que debería. En teoría, si los monjes obtuviesen ingresos suficientes con sus actividades como para cubrir los gastos, el organismo no estaría obligado a transferirle el dinero.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Este diario decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico está publicando a lo largo de la semana una serie de reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
infoLibre ha tenido que recurrir a los tribunales para obtener información sobre el Valle de los Caídos que le negó Patrimonio. Esta es la primera entrega de una serie de cinco reportajes sobre el tema.
El prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, junto a los familiares del dictador Francisco Franco / Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 25 de octubre de 2021
Jueves, 17 de julio de 1958. A pocos meses de que el dictador Francisco Franco inaugure bajo palio el enorme mausoleo que ordenó levantar en plena sierra de Guadarrama, una veintena de monjes se instala en el Valle de los Caídos. Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y, con Justo Pérez de Urbel al frente, tienen la misión de custodiar el complejo monumental. Sesenta y tres años más tarde, la misma orden religiosa sigue en Cuelgamuros. Y lo hace a pesar de llevar desde 1983 incumpliendo alguna de las obligaciones que le permiten continuar asentada bajo la gigantesca cruz de piedra que preside la sierra madrileña. El Estado es plenamente consciente de ello, según se desprende de la información facilitada a infoLibre. Sin embargo, nunca ha procedido a la expulsión de los religiosos, a pesar de que la ley le habilita para ello.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. infoLibre decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inicia ahora una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
Patrimonio Nacional lleva desde 2018 sin ingresar los 340.000 euros anuales de asignación a la Fundación de la Santa Cruz a través de la que financia a los monjes
El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, fue uno de los protagonistas de la exhumación de Franco / Europa Press / Pool
Irene Castro, Jesús Bastante, El Diario, 23 de julio de 2021
El Gobierno tiene claro que no quiere a los monjes benedictinos en el futuro próximo del Valle de los Caídos. No entra en el plan de resignificar ese lugar e intentar eliminar todas las rémoras del franquismo. Y esa orden religiosa está estrechamente vinculada al mausoleo que diseñó el dictador. Pero, a la espera de que se tramite la ley de Memoria Histórica que será el paraguas para expulsarles, el Ejecutivo ha cerrado el grifo a esa orden que encabezó sin éxito la rebelión contra la exhumación de Francisco Franco y ha dejado de ingresar la subvención anual que le canaliza a través de Patrimonio Nacional.
En total, los 15 benedictinos (sin contar a profesos o novicios) que residen en Cuelgamuros han ‘perdido’ 1,3 millones de euros. El Gobierno decidió en 2018 no transferir los 340.000 euros desde la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –cuyo patronato controla a través de Patrimonio Nacional– ante la falta de transparencia en sus cuentas. Fuentes de la institución que hasta ahora presidía Llanos Castellanos y que este martes pasó a manos de Ana de la Cueva explican que los monjes solo justificaban los gastos de esa subvención, pero no la totalidad de los mismos, que era superior.
Posted by asturiaslaica 
