Ya ha pasado un año exacto desde la decisión del alto tribunal de los Estados Unidos que cedió a los estados la posibilidad de vetar o no el aborto en su territorio, de regular sus límites y condiciones y, en definitiva, de legislar sobre el cuerpo de las mujeres de su zona. La resolución de la Corte Suprema fue un revés para la doctrina que se había implantado cincuenta años atrás, a partir de la causa que ganó una joven de 21 años protegida de la ira y las represalias bajo el sobrenombre de ‘Jane Roe’ contra el fiscal de su Estado, Texas, que aplicaba su ley estatal y le impedía abortar pese a sus problemas anteriores con otros dos embarazos. Cuando ganó su caso en 1973 no solo obtuvo un respiro a su difícil situación personal, también extendió la doctrina a millones de mujeres que vieron así protegido constitucionalmente su derecho a la decisión sobre el propio cuerpo. Y esa libertad abrió una era que duró….50 años, exactamente hasta el 24 de junio de 2022.
Ha pasado un año, y los balances ya no son opiniones, casos aislados, un puñados de testimonios de aquí y de allá, de políticos de uno u otro bando, porque en el trasfondo del debate hay más tintes ideológicos que sanitarios. Es más, el discurso médico también ha tomado partido en cuanto ha puesto el foco solo en la vida como latido, y no en lo que significa su desarrollo, su bienestar, y el de su entorno familiar. La mujer, nuevamente, ha sido borrada de la ecuación sanitaria en una regresión sin precedentes. ¿No está la ciencia avanzando para poner remedio a enfermedades y dolencias con prevalencia femenina?¿No han salido ya del armario los malestares físicos propios de ser mujer, desde las menstruaciones dolorosas hasta las distintas sintomatologías de los infartos?
El pasado 19 de mayo, las mujeres que asistieron a la madrileña Clínica Dator tuvieron que soportar la mirada y los rezos coordinados de casi un centenar de personas que se agolparon a sus puertas
19 de mayo ante la clínica Dator _________
Fuentes: InfoLibre (Sabela Rodríguez Álvarez), El Diario (Luis de la Cruz), 1 de junio de 2023
Cerca de un centenar de personas, algunas de pie, inmóviles, otras arrodilladas. Varios niños y niñas. Y un murmullo ininteligible pero perfectamente coordinado, penetrante para cualquiera que escuche. Es el paisaje que dejaron los grupos ultra que el pasado 19 de mayo se agolparon frente a la Clínica Dator, uno de los centros madrileños de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. El propósito de quienes hincaban la rodilla en la vía pública no era otro que clavar sus oraciones en la conciencia de las profesionales y las mujeres que ejercían un derecho, el de la libre interrupción del embarazo, ahora blindado por el Tribunal Constitucional. Lo hicieron bajo la mirada impasible de las fuerzas de seguridad y a pesar de que el acoso ante las clínicas cumple un año inserto en el Código Penal.
La convocatoria partía de Luis ‘Alvise Pérez’, con el apoyo de Hazte Oír, y fue publicitada por cuentas religiosas en redes, como Universitarios Católicos. Alvise fue jefe de gabinete y de campaña de Ciudadanos en Valencia antes de convertirse en periodista habitual de medios de comunicación de derechas como Libertad Digital y agitador de la extrema derecha desde las redes sociales y su canal de Telegram. Su presencia es habitualmente la de un agitador en el centro del debate político vehiculizado por la extrema derecha. Consiguió dar visibilidad y dimensión a una convocatoria que, sin embargo, tiene poco de excepcional.
Sede del Tribunal Constitucional, Madrid / Fuente foto ___________
18 de mayo de 2023
El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado el pasado 9 de marzo por mayoría la sentencia, cuya ponente ha sido la Vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, que desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por setenta y un diputados del Partido Popular, contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Se rechazaba así el recurso presentado por el PP hace 13 años. La sentencia, redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán, ha dividido al tribunal, aunque una amplia mayoría había votado a favor (7), el sector progresista a favor, mientras que los 4 del conservador lo habían hecho en contra. Una de las magistradas progresistas, María Luisa Balaguer, ha emitido un voto concurrente, es decir, conforme con el sentido de la sentencia pero con argumentos propios.
El texto de la sentencia considera como un “derecho fundamental” la autodeterminación de la mujer y su libertad de elección y consagra el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sin ningún tipo de trabas ni cortapisas hasta la semana 14 de gestación.
La Junta ha concedido dos ayudas por casi 166.000 euros a Adevima, una asociación sevillana próxima a Vox que considera “discípulos de Satanás” a los políticos que ven en el aborto un derecho y no un “crimen”
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el centro, y Loles López, consejera de Inclusión, a su izquierda con vestido estampado de manga larga / Europa Press ___________
Fue idea de Vox: un programa de subvenciones para asociaciones antiabortistas, de forma que la Junta les diera fondos públicos para que ayudasen a las mujeres embarazadas consideradas en riesgo de abortar a seguir adelante. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP), aceptó la idea del que se presenta como el partido contra “los chiringuitos ideológicos” y las “paguitas”. Y aquí está el resultado: un grupo católico con posiciones integristas, que un día reparte pines con forma de piececitos de feto a las mujeres que acuden a una clínica a abortar y otro insulta a los “aliados de Satanás” que defienden ese derecho, se encarga de la atención a embarazadas en Sevilla. La operación le ha costado ya a los contribuyentes casi 166.000 euros, dedicados a esa asociación en concreto.
Esta entidad subvencionada incluso ha narrado cómo abordaba en 2018 a las mujeres a las puertas de un “centro abortivo” en Sevilla: “Una mujer salió llorando casi inmediatamente después de haber entrado al abortorio y haber recibido de nuestra parte los pins pies preciosos y un folleto explicativo. La mayoría aceptaba los piececitos, folletos y las palabras de ánimo que le dábamos. Rezamos allí mismo para pedir por las madres, los hijos y por la conversión del personal del centro abortivo”.
El tribunal de garantías aprueba con siete votos a favor y cuatro en contra una sentencia que desestima íntegramente el recurso del PP y avala la ley de plazos
El Tribunal Constitucional ha avalado este martes de forma definitiva, por 7 votos a 4, la ley del aborto de 2010, que consagra el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación sin necesidad de cumplir ningún requisito. El tribunal, con mayoría progresista desde su renovación el pasado enero, rechaza así el recurso presentado por el PP hace 13 años. La sentencia ha sido redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán y ha dividido al tribunal: el sector progresista a favor, el conservador en contra. Una de las magistradas progresistas, María Luisa Balaguer, ha emitido un voto concurrente, es decir, conforme con el sentido de la sentencia pero con argumentos propios.
El caso ha sido llevado a pleno por segunda vez después de que en la primera votación la mayoría progresista del tribunal de garantías rechazara la ponencia del conservador Enrique Arnaldo. Una primera ponencia que ya abogaba por desestimar la gran mayoría de los argumentos del Partido Popular y avalaba los plazos de la norma aprobada por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el Constitucional designó a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán como nueva ponente del asunto.
La Asamblea por la Vida, que reúne a más de 150 organizaciones, llevará al tribunal ante la justicia europea por prevaricación: “No está al servicio de la Constitución sino de la implantación de un nuevo orden social”
Jaime Mayor Oreja, en un reciente acto de la asociación NEOS / NEOS ______________
Dos fechas permiten siluetear los anhelos y temores del movimiento antiabortista español. La primera es el 24 de junio de 2022, cuando se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho al aborto a nivel nacional. La reacción fue de pura euforia, como quedó patente dos días después en una manifestación en Madrid. Esa fue la de cal. La segunda fecha es el 9 de febrero de este año, cuando tocó la de arena al hacerse público que el Constitucional español considerará acorde con el texto del 78 la ley del aborto de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma demonizada por el lobby católico radical, Vox y el sector más conservador del PP. Sí, el máximo intérprete de la Constitución consagra lo que, a ojos de los antiaborto, es una aberración moral y jurídica.
Esas dos fechas marcan el recorrido entre el sueño antiabortista de disfrutar algún día de una legislación de “latido fetal” como en los Estados republicanos de EEUU a la realidad de un triunfo judicial histórico de la izquierda y el feminismo. ¿Cómo encajar el palo? Los autoproclamados “provida” ya tienen respuesta: devolviendo el golpe.
Luis Arguello, el que fuera portavoz de la conferencia episcopal y actual arzobispo de Valladolid, ha lanzado, en medio de la polémica del aborto en Castilla y León, una perorata en favor de los protocolos denominados provida que el gobierno de Castilla y León quería imponer a las mujeres que deciden abortar y que no es más que una coacción a la libertad personal por razones morales.
En realidad, la Iglesia católica en España ha estado, durante décadas, obstaculizando la legislación sobre el aborto libre y chantajeando a los gobiernos de tal o cual color político para que se imponga la moral católica en la legislación y lo mismo ocurrió con la legislación del divorcio, el matrimonio igualitario o la eutanasia. Que una entidad privada publicite su moral en tal o cual asunto es muy licito, pero no lo es que, desde un privilegio institucional, utilice el chantaje al sistema político e incluso pretenda imponer, en las normas civiles, una moral privada en contra de las convecciones internacionales de derechos humanos suscritas por el Estado español. Lo paradójico es que todavía, en nuestro país, por ejemplo, el matrimonio católico y su nulidad tengan una eficacia directa sobre nuestro ordenamiento civil.
Tras los retrocesos experimentados en algunos países, es hora de que los dirigentes de la Unión redoblen sus esfuerzos para proteger la igualdad de género y la salud reproductiva
Manifestación a favor del aborto frente al sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos / JORGE DASTIS (EFE)
En muchas partes de Estados Unidos, el acceso al aborto está en peligro tras la sentencia dictada en junio de este año por el Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization. El fallo ha impulsado a varios responsables políticos europeos a cuestionarse la capacidad de resistencia de las leyes de la región en materia de salud y autonomía reproductiva.
Aunque el aborto es legal en casi todos los países europeos, la tarea de los dirigentes regionales, hoy, debe ser garantizar que los avances que se han conseguido con tanto esfuerzo en los últimos ochenta años no corran la misma suerte. Hay motivos para la esperanza y el optimismo, porque la tendencia predominante en toda la región es, desde hace décadas, ir eliminando las restricciones legales y políticas al aborto y erradicando las barreras.
Ha habido retrocesos; sin duda, el más conocido, por desgracia, en Polonia, cuando el país endureció su legislación sobre el aborto, ya muy restrictiva, en 2020. Hay unos cuantos países más —Andorra, Liechtenstein, Malta y Mónaco— que mantienen leyes muy duras sobre el aborto. Pero todos los demás países europeos han legalizado el aborto y muchos avanzan con firmeza hacia la eliminación total de las barreras normativas restantes.
La derecha religiosa ha conseguido lo que quería, pero ¿a qué precio?
Trump nominó a tres jueces conservadores religiosos para el Tribunal Supremo y prometió que ellos restringirían el aborto. Oliver Douliery – Vía Getty Images
Con su decisión de anular el caso Roe contra Wade y poner fin a la protección nacional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo dio a la derecha religiosa su mayor victoria política desde que el movimiento de protestantes evangélicos blancos se unió al Partido Republicano hace más de 40 años.
El problema es que la impopular decisión política de la derecha religiosa de prohibir el aborto es ahora una realidad, al menos en ciertos estados. Los republicanos ya no pueden esconderse detrás del caso Roe y expresar abiertamente su apoyo a políticas impopulares que nunca se convertirán en ley. Tendrán que defender la prohibición del aborto y otras restricciones impulsadas por un movimiento conservador religioso envalentonado.
Los republicanos ya están viendo lo impopular que puede ser prohibir el aborto. En la primera votación sobre el aborto desde la decisión del Supremo en junio, los votantes de Kansas —un estado que votó claramente por la reelección de Donald Trump— rechazaron anular una decisión del Tribunal Supremo estatal que protegía el derecho al aborto, y lo hicieron por un margen de dos dígitos.
“Ya no es una posibilidad teórica”, comenta Melissa Deckman, directora general del Public Religion Research Institute (PRRI), que estudia la opinión pública sobre la prohibición del aborto. “Es una realidad actual, y estamos viendo una fuerte reacción en contra”.
El aborto no es un conflicto fomentado o apoyado por una corriente ideológica ni por un Gobierno de signo determinado. No es tampoco una cuestión religiosa a la que solo se enfrenta la Iglesia católica como depositaria de dogmas en flagrante contradicción con los conocimientos que nos proporciona la ciencia médica.
29 de junio de 2022, Italia, Milán: manifestación del movimiento feminista ‘Non una Di Meno’, frente al Consulado de los Estados Unidos, contra el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que restringe el aborto en los Estados Unidos / EUROPA PRESS
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José Antonio Martín Pallín, Público, 11 de julio de 2022
Perdonen por la obviedad, pero algunas veces hay que acudir a planteamientos simplistas para abordar cuestiones, como el aborto, de una gran trascendencia sobre la libertad, la seguridad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la dignidad de las mujeres para afrontar una situación tan delicado como personal e intransferible. Es evidente que solo las mujeres se pueden quedar embarazadas. Por tanto, ellas son las protagonistas en cualquier debate que se pueda abrir sobre un asunto, siempre sensible y con connotaciones morales, éticas y emocionales. Solo a la embarazada le corresponde tomar una decisión, condicionada por factores biológicos, sociales, personales e incluso económicos. Las convicciones religiosas, morales, sociales y políticas que puedan esgrimir los antiabortistas nada tienen que decir ni aportar a este dilema que compete exclusivamente a la autonomía de la voluntad de las mujeres sobre su salud sexual o reproductiva.
El aborto no es un conflicto fomentado o apoyado por una corriente ideológica ni por un Gobierno de signo determinado. No es tampoco una cuestión religiosa a la que solo se enfrenta la Iglesia católica como depositaria de dogmas en flagrante contradicción con los conocimientos que nos proporciona la ciencia médica. Su existencia es casi tan antigua como la humanidad y no puede afrontarse desde el estrecho marco de una determinada concepción de la vida o de la moral. Los filósofos Ferrater Mora y Priscilla Cohn sostienen que no se trata de un conflicto entre lo justo y lo injusto, lo moral y lo inmoral o entre no matar y matar, sino más bien un conflicto entre los valores positivos: el de la santidad de la vida y la libertad.