Considero que el objetivo real de la norma no es proteger a la embarazada y a su familia porque, de ser así, el centro de la regulación sería la mujer gestante…Lo que se pretende es acostumbrar a la sociedad a identificar el concepto de «concebido no nacido» con el de «persona»…
Protesta en Madrid por el derecho al aborto seguro y gratuito | Fotografía: Guillermo Gutiérrez Carrascal/SOPA Images/Rex/Shutterstock-Fuente _________________
El pasado 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid. Aunque el texto presenta algunas aristas jurídicas sobre las que, previsiblemente, terminará pronunciándose el Tribunal Constitucional, no es precisamente lo que dice la ley, su letra, lo que me preocupa, sino lo que no dice: su espíritu y las justificaciones y motivaciones que, al margen de su preámbulo, han venido difundiendo sus promotores.
A grandes rasgos, la nueva norma trata de establecer ayudas a la mujer embarazada y a la familia en la que se produce un embarazo, adelantando en el tiempo determinados beneficios que se obtendrían tras el nacimiento del nuevo miembro. Así, en lugar de tener que esperar al nacimiento para acceder a ciertas ayudas, se tiene por «nacido» al feto meses antes de que su madre dé a luz. Inicialmente, nadie en su sano juicio puede oponerse a que se aprueben ayudas para una familia en un momento en que aumentan sus necesidades y gastos y, además, como consecuencia de una actividad que interesa al conjunto de la sociedad: la reproducción.
Los pactos autonómicos y la ley de derechos del “no nacido” delimitan la nueva estrategia derechista. Frente a las críticas feministas a la equiparación del feto con un miembro de la familia, los grupos “provida” aplauden y ya piden más
Los líderes del PP y VOX, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, saludan al papa León XIV | EFE/Ballesteros-Fuente __________________
Enero de 2023. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, anuncia que el Gobierno autonómico obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que pretendan abortar que escuchen el latido fetal para que se lo piensen. ¿En qué queda tan mediático anuncio? En un problema para el PP y para Vox. Primero, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), desautoriza a Gallardo. La medida nunca llega a aplicarse. Por el camino, afloran tensiones en el seno del PP y de Vox y entre ambos partidos. Finalmente, el movimiento autodenominado “provida” se declara decepcionado, lo cual no evita que la izquierda disponga de material para acusar a las derechas de querer restringir el aborto.
El episodio queda lejos. Y no solo en el tiempo. También en las actitudes del PP y Vox, que han reducido sus choques por el aborto, un tema sobre el que la formación de Santiago Abascal parte de una postura más dura que la de Alberto Núñez Feijóo. A pesar de este diferente punto de partida, ambas formaciones han encontrado una forma común de aproximarse a un asunto incómodo, en el que se enfrentan al desafío de cortejar al votante más conservador minimizando costes en los sectores más liberales del electorado derechista, sobre todo entre las mujeres.
A principios del mes en curso hemos vivido, en directo y con una insistencia desmesurada, nos gustase o no, la visita del jefe de Estado del Vaticano, a quien, en aplicación de la normativa internacional, se le han rendido honores de «jefe de Estado». Si bien nuestra Constitución recoge la aconfesionalidad del Estado español (artículo 16), lo que hace inviable el reconocimiento de la autoridad religiosa de cualquier líder de cualquier confesión —incluida la católica—, lo cierto es que, en la medida en que reconocemos al Estado Vaticano, dicho reconocimiento conlleva todas las consecuencias jurídicas que el Derecho internacional prevé en relación con las visitas de jefes de Estado.
No voy a entrar en el origen del Estado de la Ciudad del Vaticano (los Pactos de Letrán suscritos en 1929 entre la Santa Sede, representada por el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del papa Pío XI, y el Reino de Italia, representado por Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III), ni en los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, ni en la vigencia parcial del Concordato de 1953 suscrito por la dictadura franquista con la Santa Sede. Simplemente voy a aceptar que hemos tenido la visita de un jefe de Estado extranjero a quien, en un hecho bastante excepcional, se le ha invitado a intervenir en la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados.
Si bien en algún momento histórico el derecho al aborto pudo ser de acceso universal, lo cierto es que desde la reforma del año 2023 no todas las mujeres tienen garantizada la prestación.
Hace escasas semanas, desde los servicios sociales de atención primaria de una Comunidad Autónoma remitían a una clínica de interrupción de embarazo una mujer extranjera de 26 años, con varios años de estancia continuada en España, que, junto con sus cuatro hijos, conformaban una familia monoparental. En el informe de derivación se señalaba que vivía en un piso de alquiler, con mensualidades pendientes de abono, y que su situación administrativa era “irregular”, es decir, “sin papeles”, lo que limitaba su acceso a un trabajo de calidad, abocándola a una situación económica absolutamente precaria.
Hasta aquí, desgraciadamente, nada novedoso. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención es que en el informe, después de reseñar que debía “de ejercer su decisión y derecho evitando un daño psicológico, social y físico, obligándola a seguir con un embarazo no deseado y afrontar una maternidad”, se señalaba que, dada su situación “irregular”, no tenía derecho a la prestación de aborto financiada públicamente, por lo que se solicitaba a la clínica que le practicasen, de manera gratuita, la interrupción voluntaria del embarazo dada su situación de “vulnerabilidad extrema y precariedad económica”.
La Justicia decidirá en 2026 si avala la grieta hallada por Abogados Cristianos a la ley para permitir a los familiares recurrir eutanasias y si imputa por primera vez a profesionales que evalúan las peticiones
La presidenta de de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos | EFE ____________________
Oriol Solé Altamira, El Diario, 7 de enero de 2026
Los juzgados de Barcelona se han convertido en el principal campo de batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia. Además de los recursos contenciosos contra la muerte digna, la entidad ultracatólica ha emprendido ahora la vía penal contra dos de los profesionales que avalaron la eutanasia de la joven N., quien desde hace casi un año y medio espera, mientras su sufrimiento crece a diario, la respuesta de los tribunales para poder materializar su derecho a morir.
“Las acciones judiciales contra la eutanasia solo buscan atemorizar a los profesionales que evalúan las solicitudes, pero no lo conseguirán”, afirma el abogado y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya Ramon Riu, que anticipa un archivo del caso penal y un aval del Supremo a la eutanasia de N., pero con un perjuicio: “Se prolonga el tema solo para hacer ruido y alargar el sufrimiento de los pacientes”.
Las dos primeras sentencias que evalúan la aplicación del nuevo delito contra el acoso antiabortista creado en 2022 absuelven a una veintena de acusados mientras las expertas advierten de que el precepto puede ser ineficaz y apuestan por la creación de “zonas de seguridad” alrededor de los centros
Cinco, diez o quince personas se sitúan frente a la clínica. En algunos sitios, en la misma acera, en otros, enfrente, un poco más alejados. Portan carteles con frases como “no estás sola, podemos ayudarte” o “rezo por tu bebé y por ti” y tienen rosarios en las manos mientras pasan horas orando “por el fin del aborto” frente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. La escena, repetida durante años a las puertas de las clínicas, acaba de llegar por primera vez a los tribunales a la luz de la reforma del Código Penal que en 2022 creó un delito específico para intentar frenar el acoso.
Ha ocurrido en Vitoria y Donosti, donde, cansada de soportar la presión y el hostigamiento que sufre “desde 2014”, la clínica Askabide ha llevado a juicio a una veintena de activistas antiabortistas que en septiembre, octubre y noviembre de 2022 se concentraron frente al centro en ambas ciudades. Las dos sentencias, emitidas en las últimas semanas por el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y el 2 de Donosti, absuelven a los acusados y no consideran que cometieran el delito de acoso con el objetivo de obstaculizar el derecho al aborto: en el primer caso, se trataba de un grupo de 21 antiabortistas y en el segundo, una mujer.
Desde que se despenalizó el aborto en España, diferentes grupos protagonizan concentraciones en las puertas de las clínicas con el fin de acosar, hostigar, insultar, desinformar y coaccionar a las mujeres que acuden a ellas
Con apenas quince días de diferencia se han dictado dos sentencias relativas a unos hechos que, a juicio de los denunciantes, eran constitutivos de un delito de acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Criterio que, aunque fue secundado por el Ministerio Fiscal, no han compartido las juezas quienes no han considerado estas actuaciones merecedoras de reproche penal, lo que ha supuesto la absolución de todos/as los/as acusados/as.
Ambas sentencias resultan transcendentes, ya que son el resultado de las dos únicas ocasiones en que, hasta la fecha, se ha juzgado un delito introducido en el Código Penal en abril de 2022 mediante una modificación [1] que incorporó un nuevo artículo, el 172 quater. Un nuevo tipo penal que buscaba frenar el hostigamiento a mujeres y a profesionales en las inmediaciones de los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo.
Un total de 21 integrantes de grupos contrarios al aborto responderán ante la justicia a partir del lunes 17 de noviembre por hostigar a profesionales y a mujeres que iban a interrumpir su embarazo
Foto Álvaro Minguito _______________________
Patricia Reguero Ríos, El Salto, 15 de noviembre de 2025
Un total de 21 integrantes de grupos contrarios al aborto responderán ante la justicia a partir del lunes 17 de noviembre en un juzgado de Vitoria-Gasteiz. Se les acusa de hostigar, en el marco de la campaña “40 días por la vida”, a las y los profesionales de la clínica acreditada para la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Askabide, y especialmente a las mujeres que acudieron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 a este centro médico. La denuncia fue interpuesta por profesionales del centro médico Askabide en agosto de 2023.
La denuncia recoge cómo en el marco de esta campaña, que de forma recurrente y periódica llama a “rezar por el fin del aborto” durante 40 días, las personas acusadas actuaron respondiendo a instrucciones concretas de este movimiento organizándose en grupos frente a la clínica y siguiente instrucciones de la página web de la campaña, que ofrece instrucciones concretas y señala las localizaciones de los centros a los que acudir.
Juan Antonio Gallego Capel, InfoLibre, 6 de octubre de 2025
El llamado “síndrome postaborto” no existe. Ninguna institución científica internacional lo reconoce, ni la Organización Mundial de la Salud ni las asociaciones profesionales de psiquiatría o psicología.
Es, sencillamente, un mito creado por sectores ultraconservadores para desacreditar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y para cuestionar un derecho conquistado tras décadas de lucha feminista. Lo que de verdad genera sufrimiento no es el aborto en sí, sino el estigma, la presión social y las trabas legales que todavía hoy intentan imponerse.
Detrás de ese discurso laten las viejas inercias de una España que aún no se ha sacudido del todo la sombra de la tutela eclesiástica. Se pretende imponer una moral religiosa particular al conjunto de la ciudadanía, como si fuera ley universal. Y ahí es donde aparece la cuestión central: la libertad de conciencia.
En Castilla la Mancha se observa una ausencia casi total de prestación en la pública, mientras que en Cataluña la mitad de las mujeres puede acceder en el sistema público a una interrupción voluntaria del embarazo. El estudio detecta problemas como la ausencia de protocolos, el acoso de grupos antielección o la imposibilidad de elegir el método de la IVE.
Foto Alberto Astudillo _____________________
Patricia Reguero Ríos, El Salto, 29 de septiembre de 2025
Más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiadas por el sistema público de salud, lo que permite concluir que la externalización del servicio es uno de los principales obstáculos identificados para el acceso al aborto.
Es una de las conclusiones del estudio El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo realizado por la Federación Mujeres Jóvenes y presentado esta semana en el Instituto de las Mujeres en un acto con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.
Posted by asturiaslaica 
