Ley de Memoria democrática y Concordato

noviembre 20, 2021

Roma 27 de agosto de 1953.Firma del Concordato entre España y la Santa Sede.De izquierda a derecha el ministro Martín Artajo,monseñor Tardini y el embajador Castiella.

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Víctor Moreno, Nueva Tribuna, 2021

En Navarra, la primera ley foral relacionada con la memoria histórica data de 2003. Establecía “la retirada y sustitución de símbolos franquistas”, sin especificar su alcance práctico. De hecho, el Monumento a los Caídos ni aparece citado.

Diez años después, en 2013, otra ley foral, aprobada el 14 de diciembre, establecía “el reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar de 1936”, mencionándose nuevamente “la retirada de leyendas y símbolos franquistas, escudos e insignias” (artículo 11), pero el monumento carlo-franquista seguía sin aparecer. Como si tal mamotreto arquitectónico no fuese una clara exaltación y legitimación del golpismo.

La modificación de la ley foral de 2013 por la del 27 de junio de 2018 repitió lo ya dicho. En su punto 11.1 se refirió a “la retirada de escudos, insignias, placas, banderas y cualesquiera otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la Dictadura”. Ni caso. Todo siguió como si dicho monumento fuese ajeno a esa “exaltación colectiva” de la sublevación militar africanista. Hay que decir que, en ningún momento, las izquierdas -y por esta vez incluiremos en ellas a los dirigentes del PSOE- tomaron cartas en el asunto y aplicaron sin ningún escrúpulo la aplicación de dicha ley. Pocas veces se ha visto en esta tierra torear con tanta displicencia una ley, sometiéndose, incluso, a los pruritos de la Iglesia local. Con decir que en ese monumento se han venido celebrando misas ininterrumpidamente en honor de los sublevados contra el régimen republicano está dicho todo.

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Jornadas «Educación e historia con memoria»

noviembre 12, 2021

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 en Gijón, Centro de Cultura Antiguo Instituto y Escuela de Comercio

11 de noviembre de 2021

Las Jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Gijón (Cultura y Educación) con la colaboración del CPR Gijón-Oriente, buscan contribuir al debate y desarrollo de las diversas medidas propuestas en la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias con la participación de la administración local, la universidad y el profesorado junto a entidades sociales y otras administraciones que vienen trabajando en estos temas en los últimos años, esperamos aportar un granito de arena en la tan necesaria actualización de la Historia con Memoria.

Se desarrollarán de manera presencial aunque se retransmitirán también a través del canal de YouTube de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, donde quedarán alojadas.

Las Jornadas se complementan con una serie de actividades paralelas y gratuitas.

Tanto para la participación (presencial o telemática) como para actividades complementarias es necesaria inscripción:

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El Patronato de Protección a la Mujer para las redención de las «rojas y desviadas mujeres republicanas» (y que sobrevivió al franquismo)

noviembre 8, 2021

Historia de un genocidio. Patronato de Protección a la Mujer

Pilar Primo de Rivera, Rosario Velasco, jefe del departamento de arte y Decoración del Servicio Central de cultura y Clara Stauffer, auxiliar central de Prensa y Propaganda. / EFE

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María Toca Cañedo, La Pajarera Magazine, 8 de noviembre de 2021

Nos ha sorprendido que entre las innumerables investigaciones sobre Memoria Democrática se hayan dedicado muy pocas al siniestro estamento que se ocupaba de las “descarriadas” mujeres que no se ajustaban a la norma nacional católica. Sesgo fundamental del franquismo fue, sin duda, el carácter patriarcalizado, al modo fascista italiano o al nazi alemán, de toda la ideología que confabularon los gobernantes  con el fin de formar a la nueva mujer nacida del golpe de estado y de la guerra civil.

Para el franquismo y la ideología nacional católica había dos clases de mujeres, las decentes, que eran sumisas, calladas, dulces, buenas esposas, madres amantísimas de patriotas, su función era procrear, cuidar a la familia y procurar al varón una vida cómoda y fácil, tal como en 1940 estipulaban las normas creadas por la Sección Femenina y que eran grabadas a fuego en las mentes de las jóvenes mujeres de entonces y las otras. En este apartado de las otras estaban las rebeldes, las rojas, las independientes, las estudiadas, las alegres, las que confraternizaban con el varón y lo miraban de frente, las que se dejaban abrazar o besar o acariciar, las que bailaban un poco juntas, las lesbianas, las artistas. En conclusión, las que sentían la vida como un don y no como un castigo a expiar. Todas esas otras, eran las putas. Había que reformarlas, enderezarlas, ponerlas en el buen camino…o eliminarlas.

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Exigen a la Diputación de Cádiz expropie el cementerio de Facinas a la Iglesia Católica

noviembre 6, 2021

Este viernes pasado comenzaron las excavaciones para la localización de los restos mortales de José Cote Guerra y Juan Romero Herrera, ambos fusilados en el 1948 en aplicación de la Ley de Fuga. Antes de que concluya el año, el Ayuntamiento de Tarifa pretende realizar los trabajos de prospección geofísica  en la citada zona de Vico, en Facinas. La realización del estudio en el cementerio de la entidad local de Facinas se está viendo imposibilitada por la negativa del Obispado de Cádiz que ha desautorizado el acceso al lugar para acometer los trabajos. 

El comienzo de las exhumaciones en el cementerio de Tarifa, este viernes

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Nueva Tribuna, 6 de noviembre de 2021

En una nota remitida a los medios de comunicación el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ha planteado que la Diputación de Cádiz, debe expropiar temporalmente el cementerio de Facinas si la Iglesia Católica obstaculiza la exhumación de las víctimas del fascismo.

Consideran que es muy poco cristiano negarle a nadie el derecho a  recuperar los restos de sus familiares desaparecidos actualmente enterrados en fosas comunes. Y, mucho menos, si esos restos pertenecen a personas que han sido víctimas de asesinatos y sus cuerpos arrojados, como si fueran animales, a una fosa común para ocultarlos y amontonarlos con los de otras víctimas.

El Obispado de Cádiz se niega a autorizar a la Diputación Provincial a hacer prospecciones en el cementerio de Facinas, al parecer propiedad de la Iglesia católica, para localizar las fosas comunes donde están enterradas las víctimas de la represión fascista de 1936 y años posteriores.  Esta negativa de la Iglesia de Cádiz a colaborar con el proceso puesto en marcha en el municipio de Tarifa lo hizo público ayer Lucía Trujillo, concejala de esta ciudad y responsable de Memoria Democrática en la Diputación de Cádiz.

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«Dos patrias llevo conmigo» – Niños de Rusia – Niñas de la guerra

noviembre 6, 2021

Exposición en Gijón: Fotos y poemas para recordar.

Inauguración en la Sala de exposiciones de la Antigua Rula, Gijón

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6 de noviembre de 2021

La exposición, organizada por la Asociación Niños de Rusia con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, que fue inaugurada ayer en la sala de exposiciones de la Antigua Rula, lleva por título «Dos patrias llevo conmigo», verso de uno de los poemas de Julián Mateu(1), recogido en su poemario «Olivos y Abedules. Poesías escogidas», 1972 (Dos patrias llevo conmigo- las dos en el corazón – las dos con la sangre en grito -las dos en llamas de amor…»).

En la exposición se recogen numerosos documentos de la estancia de aquellos niños y niñas en Rusia, y nace con la idea de ser itinerante (tras Gijón irá a Madrid, Alicante, Bilbao,…) para dar a conocer esa realidad a la vez de buscar recuperar toda la documentación posible sobre su historia para ordenarla, catalogarla y ponerla a disposición del público.

La inauguración estuvo presentada por Francisco Lago y contó con las intervenciones de Tatiana Velázquez (presidenta de la asociación “Niños de Rusia” y comisaria de la exposición) Salomé Díaz Toral (concejala de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Gijón) y Carlos González Espina (responsable de la fonoteca del Pueblo de Asturias)

Intervenciones

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Si no rezas tus hijos no comen: violencia estructural en el franquismo

noviembre 2, 2021

La relación entre hambre y hábitos religiosos fue manejada como herramienta de violencia estructural para doblegar voluntades

Cárcel de Ventas / Hernández Holgado

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Lucio Pereda, Nueva Revolución, 2 de noviembre de 2021

El ofrecimiento de alimentos fue un elemento de coacción usado con las madres republicanas encarceladas para forzar la administración de sacramentos.

Recientemente la jueza titular del Juzgado Penal de 2 de Mataró ha pedido al Gobierno que tipifique la violencia económica como modalidad de violencia machista. La magistrada, refiriéndose a un hombre que no pasaba la pensión alimenticia de sus hijos a su exmujer, argumentaba la necesidad de incluir en las leyes esta violencia en los siguientes términos: «la violencia económica se lleva a cabo controlando el acceso de las mujeres a los recursos económicos”

Aunque la jueza no se refiera a ella expresamente, estaríamos ante lo que desde hace tiempo las ciencias sociales denominan violencia estructural. En los códigos legales la violencia se reduce a la condición exclusiva de daño físico, un daño practicado por un cuerpo y sus instrumentos contra otro cuerpo. La violencia estructural, en cambio, es un daño incorpóreo contra la satisfacción de las necesidades básicas que garantizan la supervivencia, pero también la identidad, la libertad y la expresión. Para los marxistas, este tipo de violencia, es el resultado de un proceso de desposeimiento en el acceso a los recursos producido por la estratificación social, un proceso siempre resuelto a favor del grupo que ocupa la posición social dominante.

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Patrimonio lleva 39 años de administrador «provisional» del Valle de los Caídos y con un «régimen excepcional» del franquismo

octubre 27, 2021

La Ley Reguladora de Patrimonio Nacional autorizaba al Ejecutivo a «establecer el nuevo régimen jurídico» alrededor de Cuelgamuros y le obligaba a constituir una comisión para elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre ello

La actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva / Europa Press

Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 27 de octubre de 2021

Cuarenta y seis años después de la muerte de Francisco Franco, el complejo monumental que durante décadas albergó los restos del dictador sigue asentado sobre un armazón jurídico construido durante el franquismo. En plena democracia, es la denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la que tiene asignada por decreto-ley la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que tiene entre sus fines «rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional», que mantiene un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que dirige «transitoriamente» el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Una interinidad que se prolonga desde hace 39 años. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha sido capaz de regular la situación jurídica de Cuelgamuros. Y eso que la ley lleva décadas obligándole a hacerlo.

La primera norma que afectó al complejo monumental una vez recuperada la democracia fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales de 1982. Dicho texto, en su disposición final tercera, autorizaba al Ejecutivo para, mediante Real Decreto, «establecer el nuevo régimen jurídico» de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y «proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas». Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco. En definitiva, que el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia administraría provisionalmente el mausoleo franquista a la espera del nuevo marco normativo.

A fin de dar cumplimiento a todas estas cuestiones, la ley de 1982 obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo «una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio» de la Fundación del Valle de los Caídos y de las «situaciones jurídicas» derivadas del decreto-ley de 1957. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en Moncloa. Se sabe que aquel órgano inició sus trabajos. Sin embargo, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. «No se conocen, sin embargo, las propuestas de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse«, recogía un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009.

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El futuro del Valle de los Caídos lo definirá un concurso internacional de ideas

octubre 26, 2021

El secretario de Estado de Memoria Democrática ha dicho que también se quieren impulsar otros proyectos, como traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios. (Vídeo comparecencia)

Fuente foto

Fuentes: Público, Religión Digital, 26 de octubre de 2021

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevén la convocatoria de un concurso de ideas de ámbito internacional para la habilitación del futuro centro de interpretación del Valle de los Caídos. Dentro de las medidas de resignificación del enclave al amparo de la nueva ley de Memoria, que ha explicado este martes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Martínez ha expuesto en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso la finalidad de los 11,8 millones de euros destinados en los presupuestos a la memoria histórica, de los cuales casi un 60% están reservados a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo todavía enterradas en fosas comunes.

El secretario de Estado ha señalado que, además de abrir un concurso para el centro de interpretación del Valle de los Caídos, se quieren impulsar proyectos de investigación sobre la arquitectura del monumento, en el marco comparado de la «arquitectura totalitaria europea», y otro referido al traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios.

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Ni información económica ni datos sobre los religiosos: el descontrol absoluto de Patrimonio en el Valle de los Caídos

octubre 26, 2021

Un certificado de Patrimonio Nacional, expedido en el procedimiento judicial planteado por infoLibre contra dicho organismo, reconoce que no hay memorias justificativas de las subvenciones concedidas a los monjes en los ejercicios anteriores a 2014

Monjes benedictinos del Valle de los Caídos / Fuente foto

Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 26 de octubre de 2021

El Estado no ha controlado durante décadas el cumplimiento de la ley en el Valle de los Caídos. A pesar de que la administración del complejo monumental está en manos de Patrimonio Nacional, lo cierto es que este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Según la información que obra en poder de infoLibre, Patrimonio no tenía a finales de 2019 memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía de los ejercicios anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Pero no solo eso. Tampoco constaban en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.

infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Entonces, este diario decidió demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inició este lunes una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.

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El Estado permite desde 1983 que los monjes sigan en el Valle de los Caídos en contra de lo que fija la normativa legal

octubre 25, 2021

infoLibre ha tenido que recurrir a los tribunales para obtener información sobre el Valle de los Caídos que le negó Patrimonio. Esta es la primera entrega de una serie de cinco reportajes sobre el tema.

El prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, junto a los familiares del dictador Francisco Franco / Europa Press

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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 25 de octubre de 2021

Jueves, 17 de julio de 1958. A pocos meses de que el dictador Francisco Franco inaugure bajo palio el enorme mausoleo que ordenó levantar en plena sierra de Guadarrama, una veintena de monjes se instala en el Valle de los Caídos. Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y, con Justo Pérez de Urbel al frente, tienen la misión de custodiar el complejo monumental. Sesenta y tres años más tarde, la misma orden religiosa sigue en Cuelgamuros. Y lo hace a pesar de llevar desde 1983 incumpliendo alguna de las obligaciones que le permiten continuar asentada bajo la gigantesca cruz de piedra que preside la sierra madrileña. El Estado es plenamente consciente de ello, según se desprende de la información facilitada a infoLibre. Sin embargo, nunca ha procedido a la expulsión de los religiosos, a pesar de que la ley le habilita para ello

infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. infoLibre decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inicia ahora una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.

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