Si bien en algún momento histórico el derecho al aborto pudo ser de acceso universal, lo cierto es que desde la reforma del año 2023 no todas las mujeres tienen garantizada la prestación.
Hace escasas semanas, desde los servicios sociales de atención primaria de una Comunidad Autónoma remitían a una clínica de interrupción de embarazo una mujer extranjera de 26 años, con varios años de estancia continuada en España, que, junto con sus cuatro hijos, conformaban una familia monoparental. En el informe de derivación se señalaba que vivía en un piso de alquiler, con mensualidades pendientes de abono, y que su situación administrativa era “irregular”, es decir, “sin papeles”, lo que limitaba su acceso a un trabajo de calidad, abocándola a una situación económica absolutamente precaria.
Hasta aquí, desgraciadamente, nada novedoso. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención es que en el informe, después de reseñar que debía “de ejercer su decisión y derecho evitando un daño psicológico, social y físico, obligándola a seguir con un embarazo no deseado y afrontar una maternidad”, se señalaba que, dada su situación “irregular”, no tenía derecho a la prestación de aborto financiada públicamente, por lo que se solicitaba a la clínica que le practicasen, de manera gratuita, la interrupción voluntaria del embarazo dada su situación de “vulnerabilidad extrema y precariedad económica”.
Las dos primeras sentencias que evalúan la aplicación del nuevo delito contra el acoso antiabortista creado en 2022 absuelven a una veintena de acusados mientras las expertas advierten de que el precepto puede ser ineficaz y apuestan por la creación de “zonas de seguridad” alrededor de los centros
Cinco, diez o quince personas se sitúan frente a la clínica. En algunos sitios, en la misma acera, en otros, enfrente, un poco más alejados. Portan carteles con frases como “no estás sola, podemos ayudarte” o “rezo por tu bebé y por ti” y tienen rosarios en las manos mientras pasan horas orando “por el fin del aborto” frente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. La escena, repetida durante años a las puertas de las clínicas, acaba de llegar por primera vez a los tribunales a la luz de la reforma del Código Penal que en 2022 creó un delito específico para intentar frenar el acoso.
Ha ocurrido en Vitoria y Donosti, donde, cansada de soportar la presión y el hostigamiento que sufre “desde 2014”, la clínica Askabide ha llevado a juicio a una veintena de activistas antiabortistas que en septiembre, octubre y noviembre de 2022 se concentraron frente al centro en ambas ciudades. Las dos sentencias, emitidas en las últimas semanas por el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y el 2 de Donosti, absuelven a los acusados y no consideran que cometieran el delito de acoso con el objetivo de obstaculizar el derecho al aborto: en el primer caso, se trataba de un grupo de 21 antiabortistas y en el segundo, una mujer.
El acoso a centros que practican IVE continúa a pesar de la reforma del Código Penal que prohíbe los “actos molestos, intimidatorios y ofensivos”. Abogados penalistas explican que orar de manera pacífica no se puede encajar en ese cambio legal.
Un grupo de personas antiabortistas reparten folletos a las mujeres y rezan frente a la clínica Dator en Madrid, el sábado 7 de octubre de 2023 / Jaime Villanueva _____________
Nueve personas de edades variopintas rezan con murmullos un misterio del rosario en una calle del madrileño distrito de Tetuán. En la acera de enfrente, a menos de 10 metros, se encuentra la puerta de acceso a la clínica abortista Dator, pionera en España. Se pasan el libro de mano en mano mientras una sostiene una pancarta en la que se puede leer “No estás sola, podemos ayudarte”. Forman parte de la asociación antiaborto 40 días por la vida, que a finales de septiembre empezó una nueva campaña para rezar delante de estas clínicas. Pasadas las siete de la tarde, un hombre cargado con dos bolsas de la compra se detiene frente a ellos:
—Voy a llamar a la policía, esto que estáis haciendo es ilegal, les espeta.
—No nos pueden echar, responde uno de los rezadores.
Sede del Tribunal Constitucional, Madrid / Fuente foto ___________
18 de mayo de 2023
El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado el pasado 9 de marzo por mayoría la sentencia, cuya ponente ha sido la Vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, que desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por setenta y un diputados del Partido Popular, contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Se rechazaba así el recurso presentado por el PP hace 13 años. La sentencia, redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán, ha dividido al tribunal, aunque una amplia mayoría había votado a favor (7), el sector progresista a favor, mientras que los 4 del conservador lo habían hecho en contra. Una de las magistradas progresistas, María Luisa Balaguer, ha emitido un voto concurrente, es decir, conforme con el sentido de la sentencia pero con argumentos propios.
El texto de la sentencia considera como un «derecho fundamental» la autodeterminación de la mujer y su libertad de elección y consagra el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sin ningún tipo de trabas ni cortapisas hasta la semana 14 de gestación.
El tribunal de garantías aprueba con siete votos a favor y cuatro en contra una sentencia que desestima íntegramente el recurso del PP y avala la ley de plazos
El Tribunal Constitucional ha avalado este martes de forma definitiva, por 7 votos a 4, la ley del aborto de 2010, que consagra el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación sin necesidad de cumplir ningún requisito. El tribunal, con mayoría progresista desde su renovación el pasado enero, rechaza así el recurso presentado por el PP hace 13 años. La sentencia ha sido redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán y ha dividido al tribunal: el sector progresista a favor, el conservador en contra. Una de las magistradas progresistas, María Luisa Balaguer, ha emitido un voto concurrente, es decir, conforme con el sentido de la sentencia pero con argumentos propios.
El caso ha sido llevado a pleno por segunda vez después de que en la primera votación la mayoría progresista del tribunal de garantías rechazara la ponencia del conservador Enrique Arnaldo. Una primera ponencia que ya abogaba por desestimar la gran mayoría de los argumentos del Partido Popular y avalaba los plazos de la norma aprobada por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el Constitucional designó a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán como nueva ponente del asunto.
La Asamblea por la Vida, que reúne a más de 150 organizaciones, llevará al tribunal ante la justicia europea por prevaricación: «No está al servicio de la Constitución sino de la implantación de un nuevo orden social»
Jaime Mayor Oreja, en un reciente acto de la asociación NEOS / NEOS ______________
Dos fechas permiten siluetear los anhelos y temores del movimiento antiabortista español. La primera es el 24 de junio de 2022, cuando se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho al aborto a nivel nacional. La reacción fue de pura euforia, como quedó patente dos días después en una manifestación en Madrid. Esa fue la de cal. La segunda fecha es el 9 de febrero de este año, cuando tocó la de arena al hacerse público que el Constitucional español considerará acorde con el texto del 78 la ley del aborto de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma demonizada por el lobby católico radical, Vox y el sector más conservador del PP. Sí, el máximo intérprete de la Constitución consagra lo que, a ojos de los antiaborto, es una aberración moral y jurídica.
Esas dos fechas marcan el recorrido entre el sueño antiabortista de disfrutar algún día de una legislación de «latido fetal» como en los Estados republicanos de EEUU a la realidad de un triunfo judicial histórico de la izquierda y el feminismo. ¿Cómo encajar el palo? Los autoproclamados «provida» ya tienen respuesta: devolviendo el golpe.
La jerarquía eclesiástica andaluza, una de las más conservadoras de España, da alas a los sectores ultras del catolicismo en plena campaña electoral: recuerda entre los ‘principios irrenunciables’ para orientar el voto el matrimonio tradicional y la defensa de la vida, de cara a la manifestación antiabortista del 26J
Tras las andaluzas, está convocada una manifestación contra la reforma de la Ley del Aborto, que impulsan grupos ultracatólicos –NEOS, HazteOir.org o la Asociación Católica de Propagandistas, entre otros– para el 26 de junio en Madrid, y que podría ser apoyada por el sector más conservador del clero español.
Poco ha tardado la Iglesia andaluza en meterse de lleno en la campaña electoral. A la nota que los prelados emitieron con motivo de las próximas elecciones autonómicas en la que piden, sin tapujos, el voto contra la izquierda, se ha sumado el discurso del obispo de Huelva, Santiago Gómez, que aprovechó el domingo la misa del Rocío para lanzar una proclama electoral. Estos movimientos no han pasado desapercibidos a nivel nacional, sobre todo porque, tras la cita electoral, está convocada una manifestación contra la reforma de la Ley del Aborto, que impulsan grupos ultracatólicos –NEOS, HazteOir.org o la Asociación Católica de Propagandistas, entre otros– para el 26 de junio en Madrid, y que podría ser apoyada por el sector más conservador del clero español.
Familia y Dignidad Humana, que hace causa en España a favor de las «leyes de latido fetal» como en Texas, tiene como presidente al senador por Cantabria Javier Puente, para quien el aborto es un «genocidio»
El senador del PP por Cantabria Javier Puente, presidente de Familia y Dignidad Humana, en el evento Por la Vida y por la Libertad celebrado en el Senado en febrero / Europa Press
Siete parlamentarios, altos cargos y dirigentes autonómicos del PP forman parte de la cúpula de una fundación española que rechaza el aborto incluso en caso de violación. Familia y Dignidad Humana apoya las «leyes de latido fetal» de los Estados más conservadores de EEUU, con respaldo expreso a la norma de Texas, extrema incluso para los estándares del Partido Republicano. Para Familia y Dignidad Humana, el aborto es «un asesinato» incluso si hay violación. El senador Javier Puente, presidente de la fundación, para quien el aborto es un «genocidio», se muestra como un entusiasta de las políticas provida más radicales del Partido Republicano y de los Gobiernos nacionalistas de Hungría y Polonia, país del que aplaude su «prohibición casi total» del aborto.
Junto a Puente figuran en la dirección de la fundación otros dos senadores y el portavoz adjunto en el Congreso, José Ignacio Echániz. A ellos se suman dos altos cargos de la Comunidad de Madrid. En la dirección de Familia y Dignidad Humana aparecen el presidente del PP catalán y la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, diputado autonómico y senadora, respectivamente. No sólo hay políticos en activo del PP, también dos de Vox.
Las principales organizaciones de la derecha provida, (algunas se nutren de dinero público y beneficios fiscales), convocan una concentración en Madrid contra la reforma que penaliza el acoso a las puertas de la clínicas.
Acto contra la Ley de Eutanasia ante el Congreso / Fuente foto
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Ángel Munárriz, InfoLibre, 23 de noviembre de 2021
Se agita el campo sociopolítico conservador. La derecha católica radical, inmersa en una estrategia de búsqueda de protagonismo político a través de la beligerancia en el campo cultural y de los valores, sale a la calle este domingo contra el Gobierno de España. La Plataforma Cada Vida Importa, con el apoyo del grueso del movimiento ultracatólico español, prevé anunciar este mismo martes la convocatoria de una manifestación provida en Madrid el domingo de esta semana, 28 de noviembre.
La presentación de la iniciativa correrá a cargo de Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida; Javier Rodríguez, director del Foro Español de la Familia; Álvaro Ortega, presidente de la Fundación +Vida; y Marta Velarde, presidenta de Más Futuro-Rescatadores Juan Pablo II. La manifestación se celebrará sólo dos días después de la puesta de largo, prevista para este viernes en Madrid, de NEOS, la nueva plataforma del movimiento católico para servir de «brújula» de la derecha, cuyos promotores se encuentran también entre los impulsores del evento del domingo.
Iglesia y ciencia volvieron a polemizar en 1925 sobre el aborto terapéutico. El libro publicado por la científica inglesa Marie Stopes encendió la mecha de un acalorado debate en España entre el jesuita Pujiula y el ginecólogo Francisco Haro. Muchos de los argumentos ultras de entonces recuerdan el ideario político de la derechas de ahora.
Marie Stopes, tan alabada como calumniada
En marzo 1918, la inglesa Marie Carmichael Stopes (Edimburgo, 1880-1958), publicó un libro titulado Married Love or Love in marriage. Fue el libro más importante que se editó a principios de siglo en el terreno de la sexología y que revolucionó más de un punto de vista de la clase médica y de las clases populares que lo leyeron. Fue un best seller. Vendió más de un millón de ejemplares. En Inglaterra, generó un debate tan inédito como insólito. Stopes utilizaba palabras jamás escritas en un libro de divulgación sexual: “orgasmo, intumescencia y eyaculación”. Pero lo más importante afirmaba que las mujeres experimentaban deseos sexuales y tenían derecho a tener y controlar sus orgasmos correspondientes. Ni el diluvio universal.
El libro fue calificado de inmoral y obsceno.
La clase médica inglesa estaba dispuesta a permitir que su autora escribiera sobre períodos fértiles e infértiles del ciclo reproductor de la mujer -algo que ya habían hecho los galenos griegos-, pero aconsejar a las mujeres que mantuvieran relaciones sexuales con la finalidad de buscar el placer en sí y para sí era pasarse siete distritos de la London City, máxime si se tiene en cuenta que esas palabras sonaban nada más y nada menos que en la santa bóveda de la época victoriana, imperante en Inglaterra.
Posted by asturiaslaica 
