Benjamín Gutiérrez Huerta responde al arzobispado de Oviedo ante sus trabas para rehabilitar la fosa común del cementerio de El Condao (Laviana)

septiembre 20, 2022

Izquierda Unida había planteado la necesidad de que la fosa común del cementerio de El Condao fuera dignificada y un lugar de memoria para reconocer la figura de los ocho hombres que integraban el grupo de guerrilleros antifranquistas de Manolo Caxigal. El Arzobispado reclama «estudio y un informe riguroso»…

Cementerio de San Esteban de El Condao (Laviana) / En el recuadro la fosa común dentro del cementerio

Benjamín Gutiérrez Huerta, 20 de septiembre de 2020

Como historiador y uno de los promotores de la iniciativa para el reconocimiento de dicha fosa como Lugar de Memoria: Respuesta al Arzobispado, en relación a la fosa de la partida de Caxigal, del cementerio de San Esteban de El Condao, en Laviana.

Según lo aprobado en en la Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias, que los define como: son aquellos espacios, inmuebles o parajes en los que se hayan desarrollado hechos relevantes por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados  con la lucha del pueblo asturiano por sus derechos y libertades democráticas, …

La respuesta desde el arzobispado, no me parece sincera y más bien esconde una visión ideológica del asunto y una voluntad de intentar evitar el cumplimiento de la ley. Sigue llamando la atención, ya avanzada la separación entre iglesia y estado, que sigan siendo de titularidad eclesiástica lo que deberían ser cementerios municipales. Pero hoy por hoy la titularidad de ese cementerio, hace que la iglesia sea parte pero, no por ello es quien decide la cuestión. Quien decide, es el Gobierno de Asturias y las razones son claras. En ese cementerio ocurrió un hecho relevante dentro de nuestra memoria. Los miembros de la partida guerrillera de Caxigal, mantuvieron viva la lucha antifascista por las libertades, contra la Dictadura, en aquella larga Guerra de España que no finalizo en abril de 1939. Fueron asesinados en 1950, sus cuerpos exhibidos y a diferencia de otros, enterrados en un cementerio, para que todo el mundo supiese de su muerte, en un acto de propaganda de la Dictadura.

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El arzobispado de Oviedo pone «trabas» para adecentar la fosa común de El Condao

septiembre 13, 2022

El Arzobispado de Oviedo reclama un «estudio y un informe riguroso» sobre las personas enterradas en la fosa común del cementerio de San Esteban de El Condao, en Laviana

Aurelio Caxigal, Manolín de Llorío, Manolo Caxigal y Casimiro «El Canijo», en los montes de Laviana / LNE

Fuente: Pablo Antuña, La Nueva España (12 de sept.) / La Nueva España (13 de sept.), 13 de septiembre de 2022

Hace algo más de un año se anunciaba que la fosa común del cementerio de San Esteban de El Condao, en Laviana, se convertiría en el primer espacio señalizado en la región como «Lugar de la Memoria». Una promesa del Principado, tras un acuerdo en los presupuestos con Izquierda Unida bajo el amparo de la ley de memoria histórica, que sigue paralizado actualmente. ¿El motivo? «Las trabas de la iglesia», denuncian los militantes de Izquierda Unida de Laviana, que se reunieron junto al coordinador regional de la formación, Ovidio Zapico, ante el cementerio donde se encuentran ocho hombres que integraban el grupo de guerrilleros antifranquistas de Manolo Caxigal.

Allí también anunciaron que instarán al Principado a que se declare este espacio como «Lugar de la Memoria», para poder desatascar un «proyecto frenado por el cura de Laviana y el vicario de Asturias, que no ponen empeño en atender nuestra demanda», subrayó la concejala de IU de Laviana Carlota Begega. «Venimos a reclamar, memoria, justicia y reparación para los camaradas», subrayó antes de añadir: «Necesitaríamos una Iglesia más democrática y que cumpla con la ley, y que respete a estos camaradas, que están aquí por el simple hecho de defender la democracia».

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Veintiuna asociaciones de memoria contra la inacción del Gobierno de Asturies

agosto 29, 2022

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Parlamento asturiano / Foto: Francisco Javier Rodríguez Amorín – Facebook

Carme Prado, Francisco Rodríguez, Público, 28 de agosto de 2022

El 9 de marzo de 2019(1) entró en vigor la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias, con un amplio respaldo parlamentario y de entidades memorialistas asturianas, fue una de las leyes de memoria más avanzadas del estado.

Tres años y 5 meses después, cuando ya está a punto de terminar la presente legislatura, la decepción con la aplicación y desarrollo de la Ley por parte del Gobierno asturiano es enorme, no se han implementado las medidas para su desarrollo y todo parece indicar que el Gobierno del socialista Barbón no tiene voluntad de hacerlo.

En el mes de febrero de 2020 se abrió una Consulta Pública Previa al Proyecto de Decreto para aprobar el Reglamento de la Ley 1/2019 (2), finalizando el plazo el 5 de marzo del mismo año. Ya sabemos lo que sucedió en ese mes de marzo, confinamiento y pandemia, sin embargo, la Administración no dejó de trabajar, aunque lo hiciera más lentamente y desde aquel mes de marzo transcurrieron ya 2 años y 5 meses, y seguimos sin un Reglamento que desarrolle la Ley y permita concretar sus preceptos a la acción política del gobierno.

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El movimiento memorialista asturiano denuncia la inacción del gobierno de Asturias

agosto 23, 2022

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1 de marzo de 2019. Asociaciones memorialistas ante el Parlamento Asturiano / Fuente

FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República), 23 de agosto de 2022

El 9 de Marzo de 2019 entro en vigor la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias(1)que contó con un amplio respaldo parlamentario y también de las entidades memorialistas asturianas, pudiendo afirmarse que, en aquel momento, era una de las leyes de memoria más avanzadas del Estado.

Tres años y 5 meses después, cuando ya está a punto de terminar la presente legislatura, la decepción de las entidades memorialistas con la aplicación de dicha ley, por parte del gobierno asturiano es enorme, pues dicho gobierno no ha implementado medidas suficientes para desarrollar dicha norma, y todo parece que no tiene voluntad de hacerlo.

En primer lugar, pese al paso del tiempo seguimos sin un Reglamento que desarrolle dicha norma y permita concretar dichos preceptos a la acción política del gobierno, lo cual no parece razonable a día de hoy, y tal parece indicar la falta de preocupación del gobierno por dotar a la política en materia de memoria de cauces claros y adecuados para su desarrollo, dejando la misma en manos de meros impulsos puntuales, sin orden y concierto. En general, podemos afirmar que el gobierno asturiano no tiene una política de memoria democrática seria y consecuente pese al imperativo legal existente. 

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La Iglesia esquiva por segunda vez la legislación de memoria pese a su papel crucial en el franquismo

julio 24, 2022

La norma recién aprobada, al igual que en 2007, soslaya las responsabilidades de la institución católica

La cruz del Valle de los Caídos / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 25 de julio de 2022

Una ley es lo que dice, pero también lo que no. Y hay algo que no dice la Ley de Memoria Democrática que a su vez dice mucho sobre la ley. Una institución se queda fuera, aunque estuvo dentro del franquismo, régimen responsable de las víctimas que se pretende reparar. Hablamos de la Iglesia católica española.

La Iglesia no aparece ni en la ley de memoria de 2007 ni en la de 2022, pese a tratarse de una institución básica del régimen nacionalcatólico. No fue sin más aliada de la dictadura, o cómplice, sino parte de la misma. Lo dice la historia, que no sólo sitúa a la Iglesia del lado de los sublevados, sino que muestra su carácter consustancial al régimen. Ya antes del golpe del 18 de julio, la jerarquía católica fue un elemento determinante del bloque de fuerzas que socavó la República. Sus más destacadas voces se alzaron. «Enemigos de la Iglesia y del orden social», señalaba a los republicanos en 1931 el arzobispo de Toledo, Pedro Segura. «España será católica o no será», dijo el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, en otra frase imprescriptible.

La Iglesia se apresuró a apoyar el pronunciamiento y a sacralizarlo, convirtiéndolo en «la Cruzada». «Durante la guerra y a su término, la jerarquía denunció la persecución a que habían sido sometidos sus sacerdotes y religiosos […], mientras silenciaba la represión», sintetiza el historiador Francisco Moreno. La consumación del alineamiento se produjo en 1937 con la Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero: «No hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional». El apoyo alcanzó de pleno al Vaticano. Acabada la guerra, con Franco vencedor, Pío XII telegrafió un mensaje al general ferrolano: «Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España». El papa nombró «protocanónigo» al «Caudillo».

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Cuenta atrás para la extinción de la Fundación que gestiona el Valle de los Caídos

julio 7, 2022

La nueva Ley de Memoria Democrática la declara «incompatible con los valores democráticos»

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Fuentes: Religión Digital (José Lorenzo) / Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022

La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato está bajo control de Patrimonio Nacional, en tanto que recibe fondos públicos, pero cuya gestión efectiva corre a cargo de los monjes benedictinos al cuidado de la basílica y el monasterio enclavados en la sierra de Cuelgamuros, tiene los días contados para su extinción.

Exactamente, los que tarde el Gobierno de coalición en sacar adelante la nueva Ley de Memoria Democrática, que la declara extinguida, y entre en vigor el real decreto con “el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”, del mismo, según recoge la norma, que el pasado día 4 (19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones), recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional del Congreso dos años después de iniciados los trámites.

Función conmemorativa y didáctica

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Los veteranos de las exhumaciones piden que se señale a la Iglesia y «los verdugos»

julio 6, 2022

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Miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han mostrado este martes imágenes de exhumaciones a las puertas del Congreso. 05-07-22 / E.S.

El Periódico, 6 de julio de 2022

Que se derogue la Ley de Amnistía de 1977 y sus blindajes de cargos del franquismo aún vivos, que el Estado actúe de oficio en la devolución del valor de bienes incautados por la dictadura, y que se elabore no solo un censo de víctimas, también una lista de verdugos. Son tres de las propuestas que ha formalizado este martes ante el Congreso la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la entidad veterana en el rescate de restos mortales en las fosas comunes de la guerra y la postguerra, la que arrancó en el año 2000 la actividad de las exhumaciones organizadas en España.

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática cuya aprobación ha conseguido el Gobierno con acuerdos con Esquerra y Bildu no satisface a la entidad, que vuelve a ver en el texto legal una iniciativa «insuficiente en las garantías que debe dar, para el ejercicio de sus derechos, a las víctimas de la dictadura franquista».

Por esta razón, la ARMH se ha dirigido al Congreso para inscribir un grupo de enmiendas, una lista de «Diez medidas que no están la Ley de Memoria Democrática y deben estar». Así es como se titular el documento registrado, en el que piden que un «censo de verdugos» -como ya adelantó este diario- inscriba no solo a quienes ordenaron penas de muerte o apretaron el gatillo, también a los que «se beneficiaron sin escrúpulos de la violencia ejercida por los fascistas y de la enorme corrupción política y económica de la dictadura». La constitución de ese censo va también asociada a una labor didáctica escolar sobre «como destruyeron un régimen democrático».

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Claves de la nueva ley de memoria democrática

julio 1, 2022

El texto de la ponencia no deroga la Ley de Amnistía

Restos óseos pertenecientes a la columna minera de Nerva encontrados en la fosa común ‘Pico Reja’, en el cementerio de San Fernando (Sevilla) / PACO PUENTES

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Natalia Junquera, El País, 1 de julio de 2022

La ley de memoria democrática llegará pronto al Congreso para su debate y aprobación tras la inclusión de numerosas enmiendas presentadas por los distintos grupos. Estas son las claves de la ponencia:

Ley de Amnistía: el Estado asume la interpretación de Baltasar Garzón. El texto de la ponencia incluye varias referencias a la Ley de Amnistía de 1977, que ERC pedía derogar. La primera es una alabanza: aquella ley, subraya, fue una “reclamación histórica de la oposición antifranquista” que amnistió “todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical”. Esa ley de amnistía no se deroga, pero a continuación, el texto recuerda “la obligación de los poderes públicos” de interpretarla “conforme al Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles”. Esa fue la premisa de Baltasar Garzón cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional, investigación que lo llevó a ser juzgado y finalmente absuelto en 2012 del delito de prevaricación en el Tribunal Supremo.

Reconocimiento de violaciones de derechos humanos hasta 1983. No es cierto, como sostiene parte de la derecha, que la nueva ley de memoria incluya expresamente a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo, o que se vaya a investigar de nuevo a los GAL. El concepto de víctima es el mismo y tampoco ha cambiado el apartado que se refiere a la investigación, a través de la creación de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura entre 1936 y 1978. Lo que añade el texto tras la negociación con los grupos es lo siguiente: “Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aun después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”. Por ese motivo, una disposición adicional contempla “la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 para “señalar posibles vías de reconocimiento y reparación”.

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Habrá Ley de Memoria Democrática tras el acuerdo del Gobierno con EH Bildu y PNV

junio 28, 2022

Este acuerdo permitirá la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, en la que se declarará ilegal el franquismo y se investigarán sus crímenes hasta 1982 con la oposición de la derecha.

Trabajos de exhumación de la fosa común anexa al cementerio de Almagro, en Ciudad Real, en mayo / JAIME VILLANUEVA- El País

Fuentes: El País (Javier Casqueiro) / Naiz: (Imanol Intziarte), 28 de junio de 2022

El Gobierno quiere reactivar y aprobar definitivamente antes de las vacaciones de verano en un pleno especial del Congreso la nueva ley de memoria democrática que aprobó el Consejo de Ministros hace un año y que llevaba varada en el trámite de enmiendas en el Parlamento desde octubre. La ponencia que debe enviar el texto retocado a la comisión, y luego al pleno, se ha reunido este martes y ha alcanzado un acuerdo entre los partidos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y las formaciones nacionalistas y en especial con EH Bildu y el PNV. 

La portavoz de EH Bildu en el Congreso español, Mertxe Aizpurua, ha anunciado un acuerdo con los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que permitirá la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática. Bildu ha sido el primero en anunciar el acuerdo tras la aceptación de algunas de sus enmiendas para extender la aplicación de la norma de 1976, como estaba previsto, a 1983 y para formar una comisión independiente que indague sobre la “conculcación de los derechos humanos” durante el franquismo. La suma de Bildu ha presionado la negociación para que ERC también se agregue a este pacto con su abstención.

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¿Cuántas legislaturas serán necesarias para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo?

junio 17, 2022

Amnistía Internacional y CEAQUA exigen al Parlamento que implemente las recomendaciones que Naciones Unidas lleva haciendo desde hace 14 años para dar una respuesta adecuada a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos en el pasado

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Amnistía Internacional y la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) muestran su preocupación, una vez más, por la parálisis que están sufriendo las iniciativas legislativas que podrían avanzar en la rendición de cuentas del Estado español por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Las organizaciones recuerdan que organismos como Naciones Unidas llevan más de 14 años pidiendo medidas eficaces que hagan efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos en el pasado; mientras el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, y la Proposición de Ley  sobre Bebés Robados a nivel estatal apenas avanzan.

En el año 2008, Naciones Unidas (ONU) reclamó por primera vez a España adoptar medidas concretas para acabar con la impunidad por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y garantizar los derechos de las víctimas. Desde entonces, diversos mecanismos de la ONU han emitido hasta 11 informes señalando la necesidad de privar de efectos a la Ley de Amnistía, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos crímenes, y eliminar así los obstáculos a la investigación judicial de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado. Además, 7 de estos 11 informes incorporaron la recomendación expresa al Estado español para que establezca una Comisión de la verdad para el esclarecimiento de los crímenes del franquismo.

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