La mayoría de comunidades autónomas no han aportado datos sobre las indemnizaciones regionales destinadas a víctimas del Franquismo y la Guerra Civil.
Imagen de archivo de la placa conmemorativa de las Trece Rosas durante un homenaje a las víctimas del franquismo | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press ____________________
Este pasado jueves se han publicado los tres informes de las comisiones de Memoria Democrática: sobre la persecución del pueblo gitano, cuantificación de las ayudas económicas a víctimas del Franquismo y vulneración de los Derechos Humanos en la Transición.
Los tres órganos colegiados se convocaron en 2024, siguiendo con las directrices marcadas por la ley. Sus miembros han tenido un año para elaborar un documento que reflejase la información recabada, así como para desarrollar un listado de propuestas con los que avanzar en base a los principios de «verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición».
Calle de Oviedo/Uviéu en la que fue asesinado el transportista en huelga _______________
Fuente Diego Díaz Alonso, Nortes, 19 de junio de 2026
Una comisión impulsada por el Gobierno sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad en el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, dos de las cuales murieron en Oviedo/Uviéu y en Xixón por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente.
La primera de las víctimas registrada en Asturias es el transportista Valeriano Martínez Pérez, de 41 años, quien murió en Oviedo/Uviéu el 19 de septiembre de 1979 en el contexto de una huelga del ramo.
Casado y con tres hijos, Martínez Pérez formaba parte de un piquete y recibió un disparo de un cabo de la Guardia Civil en un forcejeo entre camioneros y la escolta de un convoy, en el barrio de La Tenderina, cuando los huelguistas trataban de bloquear los accesos a la capital asturiana.
El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983. La comisión prevista en la Ley de Memoria para estudiar vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 excluye a asesinados por los GAL. Según el PP, pretendía blanquear a ETA
Los padres de Juan Félix Domínguez, de dos años, muerto por disparos de la Guardia Civil en un control de carretera, velan el cadáver del niño en Getafe en febrero de 1983 | Ricardo Martín _____________________
Fuentes El País (Natalia Junquera) |El Diario, 18 de junio de 2026
El Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación económica a los republicanos
El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978.
«No hay sorpresa, era lo esperado», dice la directora general de Memoria Democrática de la decisión de los jesuitas de recurrir a los tribunales para paralizar la orden de retirada. «Es una nueva afrenta a los víctimas del franquismo», reprochan las entidades memorialistas a los jesuitas
El monumento franquista del Simancas en la fachada del colegio de la Inmaculada/ Marcos León ______________________
Desde el respeto pero sin intención de dar un paso atrás en su posición se ha recibido en la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que encabeza Ovidio Zapico (IU), la decisión de la Compañía de Jesús de presentar un recurso judicial contra su resolución ordenándoles retirar el monumento al Simancas por ser un símbolo de exaltación franquista que incumple la legislación de memoria democrática.
«Respeto a la decisión de la Compañía de Jesús, cuyo planteamiento entra dentro de lo esperado. No hay sorpresa. En cualquier caso, entendemos que existe una ley nacional de memoria histórica y una ley autonómica que avalan nuestras actuaciones, que continuarán, obviamente en el máximo respeto a la legislación», concretó Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática en el organigrama de la Consejería.
Hoy en El Franco, cuatro familias recuperan los restos de sus seres queridos asesinados por el franquismo. Los restos fueron exhumados en 2024 de la fosa común en el cementerio de A Caridá e identificados.
El acto, celebrado este mediodía en la casa consistorial, ha contado también con la participación de la alcaldesa, Cecilia Pérez; el fiscal delegado en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Superior del Principado, Javier Marqués, y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, Marta Mateo además del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, Beatriz Collado, directora general de Memoria Democrática y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto.
Los trabajos de exhumación, que han concluido hoy con la entrega de los restos, comenzaron en diciembre de 2024 y permitieron localizar seis cuerpos en una fosa en la que, inicialmente, se buscaban tres víctimas. Los análisis antropológicos y genéticos han confirmado la identidad de cinco personas. El Ayuntamiento de El Franco se ha hecho cargo de los restos de la persona aún sin identificar mientras continúan las investigaciones.
Durante casi setenta años, el monumento del Simancas ha seguido ahí. Visible, intocable, presidiendo una de las fachadas del Colegio de la Inmaculada de Gijón como si formara parte natural del paisaje. Como si aquella cruz de piedra y aquella inscripción dedicada a los “caídos por Dios y por la Patria” no fueran una exaltación explícita del golpe militar de 1936 y de quienes instauraron después cuarenta años de dictadura. Eso es, precisamente, lo más revelador del Simancas, no solo lo que representa, sino el tiempo que ha conseguido sobrevivir.
Porque no estamos hablando de una ruina olvidada ni de un vestigio perdido en un almacén. Hablamos de un monumento levantado en pleno franquismo, inaugurado en 1958 con autoridades de la dictadura y concebido para glorificar a los sublevados atrincherados en el antiguo cuartel de Simancas durante la guerra. Propaganda política convertida en piedra. Un relato construido por los vencedores para imponer su memoria sobre todas las demás. Y, sin embargo, ahí ha seguido durante décadas.
Adiós al monumento franquista a los «Héroes del Simancas» en Gijón: se retirará en un plazo de cuatro meses. El Colegio de la Inmaculada tendrá que hacerse cargo de las obras, al encontrarse dentro de su propiedad.
Concentración de Núcleo Nacional frente al monumento ___________________
Fuentes: Nortes (Diego Díaz Alonso) |El Comercio (Carlos Amado) |El Diario (Pilar Campos), 5 de mayo de 2026
El Gobierno del Principado de Asturias ha ordenado la retirada del monumento de exaltación franquista situado en la fachada del Colegio de La Inmaculada de Xixón, en homenaje a los militares sublevados en julio de 1936 en ese mismo lugar, anterior cuartel de Simancas. La decisión, pone así fin a un largo proceso administrativo marcado por la presión de los colectivos memorialistas para que se cumpliera la legislación sobre memoria democrática, pero también a la movilización, en sentido contrario, de grupos ultras.
La resolución, firmada por el consejero Ovidio Zapico (IU), responsable de Ordenación, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que pone fin a la vía administrativa y establece que el conjunto escultórico, inaugurado en 1958, constituye un elemento contrario a la memoria democrática y debe ser retirado en un plazo de cuatro meses por su propietario, la Compañía de Jesús. En caso de incumplimiento, la administración autonómica podrá ejecutar la retirada de forma subsidiaria y repercutir el coste.
En el centro de la montaña de Collserola (Barcelona), hoy abandonado y en estado de ruina, se reportaron maltratos físicos y emocionales contra centenares de niños durante más de 20 años
Valentín y Lale, dos exalumnos de La Ciudad de los Muchachos, junto a imágenes de archivo de la inauguración del centro en 1951 __________________
Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.
Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.
La toma en consideración de la Proposición presentada en el Congreso por ERC que busca incluir a las mujeres que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra |Vídeo de presentación y debate de la proposición en el Pleno.
La diputada de ERC Etna Estrems Fayos sería la encargada de presentar la PNL en el Pleno | Captura de pantalla __________________
El Pleno del Congreso de los Diputados abordó el martes 14 la toma en consideración de la proposición registrada por ERC en la que se insta al Gobierno a retocar la Ley de Memoria Democrática con el fin de incorporar a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
En su iniciativa, ERC reclama que se reconozca de forma oficial como “víctimas de la represión ejercida durante la dictadura franquista y sus estructuras institucionales”, a las mujeres internadas en centros dependientes del Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985.
La proposición que busca el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha sido aprobada este miércoles sin el apoyo de PP y Vox que han votado en contra. La iniciativa ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra, tras el debate parlamentario.
Este órgano, conformado por personas expertas de ámbitos académicos, jurídicos, científicos y de los derechos humanos, tendrá como presidente a Baltasar Garzón. Contará con una subcomisión para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al resto de integrantes del Consejo de la Memoria Democrática. ________________
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido, en la sede del Ministerio, la reunión del Consejo de la Memoria Democrática, en la que se ha aprobado el acuerdo de designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, también llamada ‘Comisión de la Verdad’, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Esta Comisión tiene como finalidad contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo, en coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Su creación se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 265/2025, que regula el Consejo de la Memoria Democrática, y está compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos. La presidencia recaerá en Baltasar Garzón Real.
Posted by asturiaslaica 
