Decenas de personas se han concentrado el pasado día 4 en la Plaza Juan Goytisolo, frente al Museo Reina Sofía de Madrid, para exigir un Estado laico ante la visita del Papa León XIV a España, que se desarrollaentre el 6 y el 9 de junio. La movilización, convocada bajo el lema «Exigimos un Estado laico», ha reunido a organizaciones laicistas, sindicales, memorialistas y de derechos civiles, y ha tenido como telón de fondo el anuncio de que el pontífice intervendrá ante las Cortes Generales en sesión solemne el próximo 8 de junio, un acto sin precedentes en la historia democrática española.
Una protesta en continuidad con la campaña laicista
La concentración no es un hecho aislado. Se enmarca en la intensa campaña que ha impulsado Europa Laica y decenas de organizaciones asociadas en las últimas semanas. El pasado 27 de mayo, una primera movilización frente al Congreso de los Diputados reunió a activistas y representantes de más de 60 entidades para registrar en la cámara elManifiesto por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, respaldado ya por más de 60 organizaciones y más de 140 personalidades de la sociedad civil.
Rueda de prensa esta mañana en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados con intervención de José Antonio Naz (Europa Laica), Loren Arseguet, Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Sergio López (campaña “Religión fuera de la escuela”), Miguel Hurtado (primer denunciante de abusos en Montserrat) y Francisco Delgado, firmante del manifiesto.
Momento de la rueda de prensa _______________________
Europa Laica-Observatorio del laicismo, 27 de mayo de 2026
Decenas de entidades y centenares de personalidades firmaron un manifiesto exigiendo la derogación de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979, y rechazando que las Cortes Generales reciban al papa católico con honores de jefe de Estado.
La campaña laicista ha reclamado a los grupos parlamentarios que no asistan a la sesión especial conjunta del Senado y el Congreso ante la que intervendrá el pontífice. El BNG y Podemos han anunciado que sus diputadas y diputados no asistirán.
La asociación Europa Laica, la asociación Derecho a Morir Dignamente, la campaña «Por una escuela pública y laica: ¡religión fuera de la escuela!» en representación de otras 69 asociaciones, sindicatos y colectivos; y Miguel Hurtado y Francisco Delgado en representación de los cientos de personalidades firmantes, han registrado en el Congreso de Diputados, un manifiesto, exigiendo la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y los privilegios del catolicismo en España. Asimismo, en el contexto de la visita del Papa, han condenado la invitación que ha cursado la mesa del Congreso al Papa para intervenir en una sesión solemne especial de las dos cámaras. Esto, en opinión del presidente de Europa Laica, José Antonio Naz, «viola claramente la supuesta no confesionalidad del Estado».
Tres instancias judiciales avalan la prestación de ayuda a morir concedida a la joven, pero Abogados Cristianos ultima un recurso ante el Constitucional
Miembros de la asociación Derecho a Vivir Dignamente en una concentración en Madrid en 2021 | Andrea Comas ___________________
Noelia sigue esperando una muerte digna. Lleva más de año y medio aguardando para recibir la prestación de ayuda a morir que tiene concedida en el marco de la ley de eutanasia y que la justicia ha avalado hasta tres veces —la última, este jueves—, pero todavía no hay fecha para que se haga efectiva. “Esto es un secuestro de su muerte digna. Aunque al final le den la eutanasia, lo que le ha sucedido a Noelia es indigno. Ha faltado empatía y compasión”, protesta Cristina Vallès, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña. El de esta joven de 25 años es el primer proceso judicial abierto tras la aprobación de la ley de eutanasia.
Después de un larguísimo periplo judicial alentado por Abogados Cristianos en representación del padre de la joven para parar esa eutanasia —argumentan que no está capacitada para tomar esa decisión—, este jueves el Tribunal Supremo tumbó el último recurso del progenitor y avaló el derecho de Noelia a recibir la prestación. Eso implica que las medidas cautelares que impuso la justicia durante el proceso y que impedía llevar a cabo la ayuda para morir, decaen automáticamente, aunque el efecto no es inmediato. Hay que notificarlo para hacerlo efectivo: el Supremo al juzgado contencioso; este a Noelia; y la joven a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC, por sus siglas en catalán).
La Justicia decidirá en 2026 si avala la grieta hallada por Abogados Cristianos a la ley para permitir a los familiares recurrir eutanasias y si imputa por primera vez a profesionales que evalúan las peticiones
La presidenta de de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos | EFE ____________________
Oriol Solé Altamira, El Diario, 7 de enero de 2026
Los juzgados de Barcelona se han convertido en el principal campo de batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia. Además de los recursos contenciosos contra la muerte digna, la entidad ultracatólica ha emprendido ahora la vía penal contra dos de los profesionales que avalaron la eutanasia de la joven N., quien desde hace casi un año y medio espera, mientras su sufrimiento crece a diario, la respuesta de los tribunales para poder materializar su derecho a morir.
“Las acciones judiciales contra la eutanasia solo buscan atemorizar a los profesionales que evalúan las solicitudes, pero no lo conseguirán”, afirma el abogado y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya Ramon Riu, que anticipa un archivo del caso penal y un aval del Supremo a la eutanasia de N., pero con un perjuicio: “Se prolonga el tema solo para hacer ruido y alargar el sufrimiento de los pacientes”.
La ofensiva de la entidad ultracatólica contra la muerte digna salta de la vía contenciosa a la penal y se amplía a los profesionales médicos y juristas encargados de decidir sobre las solicitudes de eutanasia
Los dos únicos casos judicializados de la eutanasia son de Barcelona __________________
Oriol Solé Altamira, El Diario, 27 de noviembre de 2025
La Justicia sigue sin cortar de raíz la ofensiva de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos contra la eutanasia. Una magistrada de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la entidad contra un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.
En un párrafo, de escueta motivación (ocupa tan solo siete líneas), la jueza Eva Moltó se limita a indicar que los hechos incluidos en la querella de Abogados Cristianos “pueden ser constitutivos” de delito, y ordena “el esclarecimiento” de los mismos.
La ofensiva judicial de Abogados Cristianos contra la eutanasia salta así de la vía contenciosa a la penal, y supone además añadir un elemento de presión contra los profesionales médicos y juristas que, por ley, se encargan de evaluar todas las solicitudes de muerte digna en Catalunya.
Viñeta de Goval para el programa _____________________
Fuente Domingos Laicos – Paradigma Radio, 25 de noviembre de 2025
El programa «Domingos Laicos» que se emite cada domingo, a las 12’00 del mediodía, en el 90.2 de la FM, y en streaming en Paradigma Radio y en la app de Paradigma Radio, centra su programa 125 en la Ley de Regulación de la Eutanasia, de cuya aprobación se han cumplido cuatro años.
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) del 2021, se redactó con pocas ambiciones; ya que se limitó a despenalizar dos supuestos del artículo 143 de un represivo código penal, en el que la concepción sagrada de la vida del dogma católico (un don de Dios) se impone a la autonomía moral y a la dignidad recogidas en la Constitución.
Tras los impedimentos para ejercer su derecho a morir dignamente de casos mediáticos como el de Noelia o Francesc y de muchos otros no tan conocidos, está claro que en nuestro país, hay rémoras católicas proselitistas e invasivas que pretenden pervertir el significado etimológico de eutanasia «buena muerte» transformándolo en un «buen matar», tildándola de homicidio.
Es la primera mujer al frente de la asociación federal Derecho a Morir Dignamente en sus más de 40 años de historia. El médico Fernando Marín, la empleada de banca Eva Camps, la jurista Elisa Casas y el periodista Antón García Ferreiro completan la nueva ejecutiva de DMD
Loren Arseguet es la nueva presidenta de la asociación federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), la organización de referencia en España sobre los derechos al final de la vida y la impulsora de la Ley de Eutanasia aprobada en 2021. Se trata de la primera mujer que asume la presidencia de DMD en sus más de 40 años de historia, y lo hace tomando el relevo de Javier Velasco, que ha estado al frente de la asociación desde 2018, tras la repentina muerte de Luis Montes.
La nueva presidenta de DMD nació en Castelsarrasin (Francia) en 1954, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de la Sorbona de París y reside en Madrid desde principios de los años ochenta. En DMD participa activamente desde 2015, y hasta ahora era la responsable de asuntos internacionales de la entidad, que cuenta con más de 8.500 personas socias.
Un padre no es dueño de la vida de una hija mayor de edad y capaz de decidir
Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Detalle de la fachada del carrer dels Almogàvers | Wikipedia ___________________
Begoña De Miguel y Julen Goñi, El Salto (Opinión socias), 30 de septiembre de 2025
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado sentencia y ha rechazado el recurso que el padre de Noelia, a través de una fundación que se define como cristiana, había interpuesto en contra de la decisión de una jueza de Barcelona de dar validez legal a la solicitud de eutanasia de su hija, y lo ha rechazado porque concurren todos los requisitos que la ley exige para ello, en contra de lo que argumentaba su progenitor y la fundación que lo representa. Es decir, quienes han dictado sentencia se han limitado a corroborar, sin añadir nada, lo que ya estaba recogido en la llamada ley de eutanasia (LORE).
En este sentido, pocos motivos hay para alabar el contenido de dicha sentencia. En efecto, esta noticia aparentemente positiva desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las personas tiene, sin embargo, un añadido, no solo contrario a los intereses de Noelia, la persona que solicita la eutanasia porque no desea seguir sufriendo, sino a la propia ley de eutanasia, porque, además de avalar el derecho de la familia a intervenir en el procedimiento, deja abierta la posibilidad de que esa intervención continúe después de esta sentencia, lo que, a buen seguro, y ojalá nos confundamos, no desaprovecharán quienes dicen defender la vida, pero que lo que en realidad consiguen es alargar el sufrimiento.
María Dolores Barrero se acogió a su derecho a morir dignamente el pasado febrero a causa de una atrofia multisistémica que le provocaba un gran sufrimiento. Es una enfermedad rara e incurable muy similar al Parkinson, que afecta al movimiento, hace que los músculos se vuelvan rígidos y progresa muy deprisa, por lo que los enfermos tienen una esperanza de vida muy limitada. Pese a que la ley de la eutanasia entró en vigor hace cuatro años, María se encontró muchas barreras para lograr la muerte asistida y tuvo que batallar contra el desconocimiento de los profesionales de su centro sanitario de referencia, ubicado en una zona rural de Huelva, en Andalucía. «Tenía ataques de dolor diarios que la incapacitaban, debía tomar morfina en dosis cada vez más altas y su médico no sabía cómo funcionaba el procedimiento de la ley», recuerda su hijo, Lucas Barrero, en una conversación con el ARA.
Su madre pidió la eutanasia a finales del 2024, pero tuvo que esperar un mes y medio más de lo que prevé la ley para recibirla. Más de 40 días de sufrimiento, dolor y morfina a la espera de que resolveran su caso. Su hijo recuerda algunas de las frases que tuvo que escuchar a su madre durante todo el proceso, como por ejemplo «hablamos cuando vuelva de vacaciones», «¿no te parece prematuro?», «¿seguro que no prefieres ir a una residencia?». o, incluso, «esto es antinatural, va en contra de la ley de la vida».
El suicidio lúcido de personas mayores debe entenderse en sentido positivo, como una expresión de libertad de personas que no se resignan a soportar lo que para ellas es una pérdida de dignidad. Este es el resumen del debate que durante los últimos meses han abordado socios y activistas de DMD Madrid sobre un asunto todavía invisibilizado socialmente
DMD promueve una cultura de la muerte digna que entiende la buena muerte como un valor social y un derecho humano. La buena muerte exige el respeto a la voluntad de cada persona, a sus creencias, valores y preferencias. Una muerte apropiada es parte del bien común, que se concreta en la defensa de los derechos de salida: a la información, la elección entre opciones clínicas (como los cuidados paliativos), al rechazo de tratamiento y al testamento vital (Ley de autonomía del paciente), a la eutanasia (Ley orgánica de regulación de la eutanasia) y a la disponibilidad de la propia vida con o sin un contexto eutanásico o enfermedad grave, especialmente el suicidio de personas mayores de 75 años por vida cumplida.
El suicidio por vida cumplida se debe entender en sentido positivo, como resultado de una reflexión sobre el presente y el futuro, una expresión de libertad de personas que no se resignan a soportar lo que para ellas es una pérdida de dignidad: la decrepitud, los achaques propios de la vejez, la dependencia, la pérdida de lucidez o la incapacidad para seguir realizando actividades satisfactorias. La muerte por vida cumplida consiste en finalizar la vida por voluntad propia, como un ejercicio responsable de realización personal, que aporta razones.
Posted by asturiaslaica 
