Dirigentes del órgano presidido por Ayuso han asistido recientemente a templos y a un evento multitudinario de esta confesión. El objetivo es “unir las relaciones” con estos grupos religiosos “en torno al proyecto y al programa” del partido
Representantes del PP y creyentes en el macroevento evangélico Invasión Madrid Fest, el 24 de septiembre de 2022. En la imagen figuran desde la izqda. Carmen Cervantes, presidenta de Latinos por el PP (3ª); Noelia Núñez, candidata a la alcaldía en Fuenlabrada (5ª); Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid (8º); Jorge Rodrigo, secretario de Electoral (9º); Nadia Álvarez, presidenta del PP de Ciudad Lineal (11ª); Yadira Maestre, pastora de la iglesia Cristo Viene (12ª); Gustavo Eustache, secretario de Nuevos Madrileños (14º); Romario Castro, concejal en Somosierra (17º). Y en primera fila, Borja Fanjul, segundo teniente de alcalde en Madrid. / Twitter de Romario Castro ____________
En septiembre, una delegación de dirigentes del Partido Popular de Madrid entre los que se encontraba el número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, asistió a un macroevento evangélico para 3.000 personas en Fuenlabrada llamado Invasión Madrid Fest. Allí, entre actuaciones musicales, sermones y milagros (una miope aseguró que de repente podía ver de lejos: “El espíritu santo me ha tocado, veo todo con claridad”), los representantes del PP subieron al escenario para recoger un premio a la presidenta madrileña Ayuso y al alcalde José Luis Martínez-Almeida. Se lo entregó una pastora a la que el PP ha ganado para su causa, la colombiana Yadira Maestre.
Varios miembros de distintos sexos de una misma familia acusan al sacerdote claretiano Hilario Apodaca, promotor de la causa de beatificación de la niña de la película ‘Camino’ y párroco en el centro de Madrid durante los años setenta.
Cristina Sans, víctima de abusos sexuales en la infancia por parte del párroco de su barrio, en su despacho a las afuera de Burdeos, Francia / Foto Javier Hernández _______
Lucía Foraster Garriga, El País, 2 de enero de 2023
Dos niñas y cuatro niños pequeños, hijos de una madre cegada por la religión y un padre con poca autoridad incapaz de contradecirla, que vivían en el clima de impunidad que rodeaba a la Iglesia Católica española a principios de los años 70. Así describen los hermanos Sans “el caldo de cultivo” que permitió que “el cura amigo de mamá” abusase de cuatro de ellos. De los seis hermanos, tres han contactado con EL PAÍS para denunciar al sacerdote claretiano Hilario Apodaca,fallecido en Madrid el 21 de junio de 1995, por aprovecharse sexualmente de ellos en su despacho de la parroquia del Inmaculado Corazón de María, en la calle madrileña de Ferraz. “Cuando éramos pequeños no sabíamos nada de lo que les había pasado a los otros. Un día, ya de adultos, uno de nosotros dijo que Apodaca era un cerdo, que lo manoseaba. Nos miramos y nos dimos cuenta de que lo había hecho con casi todos”, declara Cristina, la mayor, que relata que sufrió los abusos entre los 12 y los 15 años. El hermano más pequeño que afirma haber sufrido abusos, tenía cinco. “Éramos seis y abusó de cuatro”, lamenta Cristina.
Apodaca es conocido por promover, en 1986, la causa de beatificación de Alexia González-Barros, niña de 14 años perteneciente a una familia numeraria del Opus Dei, que falleció en 1985 a causa de un tumor maligno. González-Barros, en parte gracias al impulso de Apodaca, fue proclamada como venerable por la Iglesia católica en 1994. Actualmente, sigue abierto el proceso de beatificación. Es la chica que inspiró la película Camino, de Javier Fesser, premiada con seis premios Goya en 2009 y controvertida por su visión crítica del Opus Dei.
EL PAÍS pregunta a 141 órdenes y diócesis sobre el resultado de sus investigaciones y cuántos casos conocen, después de entregar tres informes con cientos de testimonios. El silencio continúa siendo la respuesta general
Varios obispos se protegen del sol en la plaza de Cibeles (Madrid), durante una visita de Benedicto XVI en agosto de 2011 / Cristóbal Manuel __________
Julio Núñez-Íñigo Domínguez, El País, 27 de diciembre de 2022
La Iglesia católica española ha tenido un año para afrontar su primera gran investigación sobre la pederastia en España, que se vio obligada a emprender a raíz del primer informe de EL PAÍS, en diciembre de 2021, con 251 casos inéditos. Esta cifra se ha doblado hasta 500 en este año, con un segundo dosier, entregado en junio, y un tercero, presentado este mes. En total, más de 1.000 páginas. Sin embargo, un año después, el balance es nulo: nada se sabe de la respuesta a estos casos y la transparencia no solo no ha aumentado, sino que ha empeorado. La Iglesia ha cerrado filas y se sigue negando a revelar lo que sabe: este diario ha preguntado a las 141 entidades con acusaciones, entre órdenes y diócesis, sobre el número de casos que conocen, cuántos procedimientos canónicos han abierto y cuántas indemnizaciones han pagado. Más de un mes después, casi ninguna ha facilitado información. El silencio es aplastante, solo el 13% ha aportado algún dato. Los casos de cada entidad y sus respuestas se pueden consultar en las tablas de datos que acompañan esta información.
Por otro lado, la atención a las víctimas ha sido decepcionante en la mayoría de las ocasiones, según denuncian decenas de afectados, con criterios erráticos en función de la sensibilidad personal de cada obispo o la política de cada congregación. Va del ninguneo a recibir, en casos contados, hasta 40.000 euros, según la suerte que tenga cada afectado de con quién le toque. EL PAÍS no facilitó en sus informes la identidad de las víctimas, pero se ofreció a la Iglesia para mediar con ellas y que pudieran colaborar en la investigación, si así lo deseaban. La Conferencia Episcopal Española (CEE), no obstante, se negó en un primer momento a coordinar esta tarea y este diario tuvo que gestionar el contacto entre cientos de denunciantes y decenas de entidades. A raíz del segundo informe, seis meses después, la CEE por fin se decidió a hacerlo. En todo caso, muchas de las víctimas, escépticas con la investigación —pues cada diócesis y orden se investiga a sí misma—, no han accedido a contactar con los organismos eclesiásticos y han preferido hacerlo con el Defensor del Pueblo.
Los obispos evitan remitir a Fiscalía los casos de abusos prescritos o no juzgados. La Conferencia Episcopal recomienda a las diócesis que limiten la respuesta que dan al ministerio público remitiéndole solo casos actuales que afecten a menores de edad, sin aludir a los del pasado´
El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
Julio Núñez, Íñigo Domínguez, El País / Jesús Bastante, El Diario, 21 de diciembre de 2022
La Fiscalía General del Estado está solicitando a las 70 diócesis españolas que le remitan todos los datos sobre pederastia en la Iglesia con “información sobre las denuncias o testimonios recabados (…) en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”, ya que le “sería de máximo interés y utilidad” para la “eliminación de este lamentable fenómeno”. Fuentes de la Fiscalía han precisado a EL PAÍS que su objetivo es recopilar todos los datos posibles para “dimensionar el problema” y “ver qué iniciativas se pueden impulsar para los casos que ya han prescrito”, como las posibles vías de reconocimiento y resarcimiento de las víctimas. “El problema no está en los casos que han salido a la luz, sino en los que no se conocen”, ha matizado la misma fuente.
La Fiscalía tomó esta decisión al comprobar en junio que la Conferencia Episcopal Española (CEE) le entregaba los dos primeros informes con cientos de casos que había recibido de este periódico, pero, en cambio, no informaba de todos los que los propios obispos conocen. La Fiscalía, “en relación a la colaboración demostrada al entregar dichos informes”, pidió a finales de este verano a la CEE los casos que les estaban llegando a las oficinas diocesanas, pero la organización de los obispos replicó que “no tenía poder para hacerlo” e indicó al ministerio público que contactara con cada diócesis individualmente.
La Comunidad recibe ofertas vinculadas al Opus Dei, o de marcada influencia religiosa, para levantar los centros de Valdebebas y Vallecas, que se harán en terrenos públicos valorados en más de once millones y cedidos a coste cero
Foto Alberto Ortega (Europa Press) ____________
Juan José Mateo-Berta Ferrero, El País, 17 de diciembre de 2022
Once sociedades distintas firman las 15 ofertas que ha recibido la Comunidad de Madrid para construir dos colegios privados concertados en dos parcelas públicas valoradas en más de 11 millones de euros que cederán gratuitamente el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, y el capitalino, dirigido por José Luis Martínez-Almeida. Para invertir en el centro de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, se han presentado 10 ofertas, según la documentación publicada en el portal de contratación. Y para impulsar el centro de Vallecas, también en la capital, se han recibido cinco. Datos que demuestran el apetito de las empresas especializadas por hacerse con un auténtico pelotazo: a cambio de construir las instalaciones, las pueden explotar durante 40 años, extensibles a 75; reciben a coste cero los terrenos; la Administración sufraga el coste de las plazas concertadas; y pueden ofrecer etapas educativas no concertadas en régimen de enseñanza privada pura. Una bicoca.
El negocio ha atraído a las grandes empresas del sector. Ahí está Educare, que ya gestiona ocho centros en la región, en la que una sociedad de la familia fundadora del grupo hospitalario HM tiene el 50% de las acciones, y que fue indemnizada con 615.000 euros por la Comunidad de Madrid por no haber podido construir un colegio concertado en Móstoles. También opta la Fundación colegio Alborada, relacionada con el Opus Dei y el Camino Neocatecumenal a través de la red educativa Arenales, y que se fundó como un centro en el que se segregaba por sexos. De hecho, la defensa de los valores cristianos une a la mayoría de los candidatos. Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Mater Amabilis, que ofrece atención sacerdotal a los alumnos del centro que ya tiene en la capital.
El nuevo dosier de EL PAÍS, entregado a la Conferencia Episcopal y al Defensor del Pueblo, recopila 79 testimonios. Muchos lo contaron en su día, pero la Iglesia no hizo nada. “España necesita que haya una denuncia masiva para que las cosas cambien”, dice una de las víctimas.
El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en la sesión inaugural de la 120ª Asamblea Plenaria de la CEE el pasado 21 de noviembre / Jesús Hellín (Europa Press) __________
Julio Núñez, Íñigo Domínguez, El País, 16 de diciembre de 2022
La Iglesia española sumará a su investigación de la pederastia en el clero un tercer informe de EL PAÍS, entregado al presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) y al Defensor del Pueblo, que recoge 79 testimonios con acusaciones a 70 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones religiosas, de los cuales 50 nombres eran desconocidos hasta ahora. En el dosier se cuentan 103 víctimas.
De este modo, el total de casos recopilados, investigados y entregados por este diario, asciende a 500 en el plazo de un año, al sumar este tercer estudio a los presentados en diciembre de 2021 y junio de 2022, presentados también al Vaticano. En total, los tres suman más de 1.000 páginas. Es un aumento vertiginoso que ha doblado en 12 meses el número de casos conocidos en España: ahora son 906, con 1.713 víctimas, desde los años cuarenta a la actualidad. Y hace solo cuatro años, cuando este periódico comenzó su investigación, eran solo 34.
Dos antiguos alumnos del internado de la abadía en los años sesenta y setenta acusan a seis monjes. La orden se niega a hablar y solo dice que se encomienda a la providencia
Dos víctimas de abusos durante su residencia en la escolanía Del Valle de los Caídos posan frente al edificio de la escolanía, la abadía y la cruz en El Valle Cuelgamuros / Andrea Comas _________
En el Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, también han vivido, y viven, niños. Es un aspecto poco conocido: los monjes benedictinos procedentes de Silos que se instalaron en el lugar en 1958, tras la creación del gran osario de víctimas de la Guerra Civil, contaron desde el principio con un internado de menores que formaban la escolanía. Allí vivían, estudiaban e integraban el coro infantil que cantaba en las misas del monasterio y la basílica. Hoy en día sigue funcionando igual. En ese internado, según acusan dos exalumnos, también se han producido abusos de menores. Antonio Arévalo González estudió allí nada más abrirse la abadía, de 1959 a 1961, de los nueve a los 11 años. José G., una década después, de 1967 a 1971, de los 10 a los 14 años. Él lo ha denunciado ya a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo y Arévalo afirma que lo hará en los próximos días. En todo caso, EL PAÍS ya ha remitido sus testimonios a esa comisión.
El CSIC descubre que los monjes de San Pedro de Cardeña manipularon el documento que estaba considerado el más antiguo del Archivo Histórico de la Nobleza, pero cometieron un error al no borrar las pruebas.
Documento falsificado OSUNA CP.37, D.9 en el siglo XII por los monjes de San Pedro de Cardeña / CSIC ___________
Fuentes: Vicente G. Olaya, El País/ Carmen Bachiller, El Diario, 28 de noviembre de 2022
Era el documento más antiguo que custodiaba el Archivo Histórico de la Nobleza, con sede en Toledo. Lo fue hasta que la Ciencia dijo que, en realidad, se trataba de una falsificación. Era excepcional. Uno de los pocos pergaminos originales del siglo X castellano que ha resultado ser una manipulación –sobre un original que ya no existe– para que los monjes de una abadía pudieran quedarse con una iglesia.
El documento pertenece al llamado ‘Fondo Osuna’ del Archivo Histórico de la Nobleza en un dossier con otros dos documentos y registra una donación del entonces conde de Castilla Asur Fernández y su esposa Guntroda al Monasterio de San Pedro de Cardeña. El edificio todavía existe a unos 10 kilómetros de Burgos y es un Bien de Interés Cultural (BIC).
El documento se dató en el año 943, pero resulta que el manuscrito fue elaborado en el siglo XII. Un estudio realizado por la Universidad de Burgos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado “anomalías”, tanto en la preparación del documento como en la grafía, que han permitido demostrarlo.
Estos días me parece estar viviendo en Sumisión de Michel Houellebecq, solo que sin el consuelo que da saber que todo es ficción. Los petroislamistas no han comprado la Sorbona, como sucede en la novela del autor francés, pero sí parece que se han hecho con la FIFA, algo que a nivel mediático resulta infinitamente más rentable que una universidad de prestigio. Y al ser el fútbol un espacio de entretenimiento parece incluso inofensivo que interese a una monarquía absoluta como Qatar. En el libro El círculo cerrado de los Hermanos Musulmanes, Lorenzo Vidino recoge varios testimonios de antiguos miembros de la organización. Uno de ellos, Ahmed Akkari, da en el clavo al analizar por qué a este movimiento político-religioso de tintes reaccionarios le cuesta tan poco penetrar en países democráticos: “Los Hermanos perciben que el verdadero talón de Aquiles de Occidente, la debilidad que a la postre precipitará su caída, es su naturaleza materialista, su disposición a negociar cualquier cosa, incluso sus valores fundamentales.” Algo de sobra sabido por quienes hemos tenido que soportar algún que otro sermón islamista o hemos echado un vistazo a las cuentas de sus jóvenes influencers. En esta parte del mundo, repiten a menudo, la moral brilla por su ausencia y ese es un motivo más que suficiente para legitimar el ambicioso proyecto de acabar islamizando Occidente tarde o temprano. Lo que no nos hubiéramos imaginado cuando soportábamos pacientemente a los predicadores de largas barbas, es que la penetración islamista sería por vía futbolística.
Una víctima de abusos en Montserrat demanda a la abadía y pide 150.000 euros de indemnización, basándose en que la institución admite los hechos, aunque estén prescritos, y los ocultó durante años. La demanda, presentada en julio, aún está a la espera de ser admitida a trámite.
Josep Maria Soler, antiguo abad de la abadía de Montserrat acusado de encubrir al pederasta Andreu Soler, pide perdón a las víctimas de abusos sexuales durante una misa en 2019 / Foto: Carles Ribas | Vídeo: EP ________________
Fuente: Julio Núñez, Íñigo Domínguez, El País, 17 de noviembre de 2022
Miguel Hurtado, que sufrió abusos en 1998 cuando era menor en la abadía de Montserrat, en Barcelona, e hizo público el caso en 2019 a través de EL PAÍS y un documental en Netflix, ha presentado ahora una demanda para reclamar a la abadía y al obispado de Sant Feliu de Llobregat una indemnización de 150.000 euros, como responsables subsidiarios. Los abusos del monje Andreu Soler, fundador del grupo scout del monasterio y fallecido en 2008, nunca fueron juzgados y los hechos están prescritos, pero tras ser destapado el caso en prensa la abadía abrió una investigación interna y concluyó que eran ciertos. En septiembre de 2019 presentó un informe en el que reconoció que Soler “fue un depredador sexual y un pederasta” entre 1972 y 2000, y que había contabilizado al menos 12 víctimas. En esa admisión del delito se apoya ahora Hurtado para exigir una indemnización por responsabilidad civil, tanto indirecta, por tratarse de un fraile de la abadía, como directa por el encubrimiento de los hechos a lo largo de los años, según una demanda a la que ha tenido acceso este periódico. Fue presentada en julio y aún está a la espera de ser admitida a trámite.
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Asamblea general ordinaria de Europa Laica febrero 12, 2023
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