Dos antiguos alumnos del internado de la abadía en los años sesenta y setenta acusan a seis monjes. La orden se niega a hablar y solo dice que se encomienda a la providencia
Dos víctimas de abusos durante su residencia en la escolanía Del Valle de los Caídos posan frente al edificio de la escolanía, la abadía y la cruz en El Valle Cuelgamuros / Andrea Comas _________
En el Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, también han vivido, y viven, niños. Es un aspecto poco conocido: los monjes benedictinos procedentes de Silos que se instalaron en el lugar en 1958, tras la creación del gran osario de víctimas de la Guerra Civil, contaron desde el principio con un internado de menores que formaban la escolanía. Allí vivían, estudiaban e integraban el coro infantil que cantaba en las misas del monasterio y la basílica. Hoy en día sigue funcionando igual. En ese internado, según acusan dos exalumnos, también se han producido abusos de menores. Antonio Arévalo González estudió allí nada más abrirse la abadía, de 1959 a 1961, de los nueve a los 11 años. José G., una década después, de 1967 a 1971, de los 10 a los 14 años. Él lo ha denunciado ya a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo y Arévalo afirma que lo hará en los próximos días. En todo caso, EL PAÍS ya ha remitido sus testimonios a esa comisión.
El blindaje del gigantesco símbolo religioso, un fetiche del movimiento ultracatólico, se produce en medio de una campaña de presión de Hazte Oír sobre la presidenta
Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad / EP ____________
Ángel Munárriz, Infolibre, 22 de noviembre de 2022
El anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid esconde un regalo para el incansablelobby integrista español, que jamás detiene su campaña y recoge cada vez más frutos. ¿Qué regalo? La norma establece la protección especial de la “arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces”, una definición que abarca la cruz del Valle de los Caídos. Palabras mayores. El gigantesco monumento es una auténtica obsesión, un fetiche del movimiento ultracatólico español, que con el inicio de la tramitación de la nueva ley se anota un logro en el terreno simbólico. No es su única conquista. Tanto Vox como un sector del PP liderado por Isabel Díaz Ayuso están alineados con parte importante de las ideas y expresiones de este movimiento sobre natalidad, Agenda 2030 o historia de España. Ayuso, figura de enorme trascendencia ideológica en la derecha española, “se ha vendido a los fundamentalistas” para estrechar el espacio electoral de Santiago Abascal y los suyos, señala el investigador sobre extrema derecha Román Cuesta.
El primer obispo jesuita español, que ejerció como secretario general de la Conferencia Episcopal entre 2003 y 2013 bajo el paraguas de Rouco Varela, resucita como figura conservadora al presidir una misa para la ultraderecha en el Valle de los Caídos
“Es tremendamente inteligente. Tanto, que resulta despiadado. Y peligroso. Por eso nadie te hablará mal de él en público”. Un obispo español resume la imagen que buena parte del episcopado tiene del obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino.
Martínez Camino fue el primer obispo jesuita de nuestro país. Se convirtió en azote del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y brazo ejecutor del cardenal Rouco Varela entre 2003 y 2013 cuando dirigía la Conferencia Episcopal. Esta semana ha vuelto al primer plano de la polémica al presidir una misa en el Valle de los Caídos, convocada por grupos de ultraderecha, la víspera del “Alzamiento” (con ese nombre se convocó) de Franco que provocó la sangrienta Guerra Civil y cuarenta años de dictadura.
Y es que Martínez Camino –cuyo nombramiento como secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal fue prácticamente impuesto por Rouco Varela a Juan Pablo II y que hoy el Papa Francisco no sabe a dónde enviar– es uno de los obispos más conservadores de nuestro país y uno de los pocos (junto a otros obispos polémicos, como Juan Antonio Reig o Jesús Sanz) que, en público, admite su amistad y apoyo al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera.
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo patronato está bajo control de Patrimonio Nacional, en tanto que recibe fondos públicos, pero cuya gestión efectiva corre a cargo de los monjes benedictinos al cuidado de la basílica y el monasterio enclavados en la sierra de Cuelgamuros, tiene los días contados para su extinción.
Exactamente, los que tarde el Gobierno de coalición en sacar adelante la nueva Ley de Memoria Democrática, que la declara extinguida, y entre en vigor el real decreto con “el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”, del mismo, según recoge la norma, que el pasado día 4 (19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones), recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional del Congreso dos años después de iniciados los trámites.
El juez acepta el argumento del organismo público de que no puede entregar aquellos otros datos de los que no dispone, pero lo condena al pago de las costas judiciales al apreciar mala fe durante el procedimiento
La fachada principal del Valle de los Caídos, en una imagen de archivo./ EP
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Álvaro Sánchez Castrillo, Infolibre, 29 de octubre de 2021
Julio de 2018. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, toma la palabra en el Congreso de los Diputados para explicar el programa de gobierno tras su llegada a la Moncloa. Durante su intervención, el dirigente socialista insiste en su “firme” intención de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. “Un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado”, dice convencido desde la tribuna de oradores. Aquel movimiento marcó buena parte de la actualidad política veraniega. Se habló mucho de las víctimas, del caudillo o de la negativa de su familia al traslado. Sin embargo, poco o muy poco se incidía en el funcionamiento o la gestión de un complejo monumental sostenido a base de fondos públicos. Fue entonces cuando infoLibre decidió abrir una línea de investigación para conocer hasta el último detalle. Un proceso que se ha prolongado durante tres años y que ha finalizado con una sentencia en la que se considera probada la “mala fe” de Patrimonio y se destaca que la falta de datos da una idea de la forma en la que el organismo público “ha desarrollado sus funciones”.
Uno de los puntos de partida del trabajo fue el durísimo informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN), un documento que ponía negro sobre blanco todas las deficiencias detectadas alrededor del complejo monumental durante el ejercicio de 2013. Una vez analizado, el siguiente paso consistió en comprender bien cómo funcionaba Cuelgamuros, qué papel jugaban Patrimonio Nacional y los monjes benedictinos, cuál era la relación jurídica y económica existente entre ambos o qué obligaciones tenían las dos partes presentes en el mausoleo franquista. Y, para ello, era necesario estudiarse bien todo el armazón jurídico sobre el que se asentaba el Valle de los Caídos. En concreto, un decreto-ley de 1957, un convenio de 1958 y un reglamento de 1959. Un marco normativo ideado durante el franquismo que, aunque pueda resultar sorprendente, sigue activo en la actualidad.
La Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, establece que los órganos concedentes de una ayuda comprobarán “la adecuada justificación” de la misma
Vista del Valle de los Caídos / Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 28 de octubre de 2021
Los monjes del Valle de los Caídos han recibido durante décadas un importante respaldo en forma de dinero público para el desarrollo de sus actividades en el complejo monumental. En concreto, 340.000 euros anuales procedentes de Patrimonio Nacional. Una cantidad por la que durante años no se rindió cuenta justificativa. Hasta 2014, el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia no ha tenido en sus manos memorias justificativas de las actividades subvencionadas, a pesar de que la Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en 2004, obliga al beneficiario a rendir “cuenta” del uso que da al dinero recibido y al organismo concedente a comprobar la “adecuada justificación” de la ayuda otorgada. Una falta de control absoluta que impide a Patrimonio saber si ha entregado a los monjes más dinero del que debería. En teoría, si los monjes obtuviesen ingresos suficientes con sus actividades como para cubrir los gastos, el organismo no estaría obligado a transferirle el dinero.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Este diario decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico está publicando a lo largo de la semana una serie de reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
La Ley Reguladora de Patrimonio Nacional autorizaba al Ejecutivo a “establecer el nuevo régimen jurídico” alrededor de Cuelgamuros y le obligaba a constituir una comisión para elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre ello
La actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva / Europa Press
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 27 de octubre de 2021
Cuarenta y seis años después de la muerte de Francisco Franco, el complejo monumental que durante décadas albergó los restos del dictador sigue asentado sobre un armazón jurídico construido durante el franquismo. En plena democracia, es la denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la que tiene asignada por decreto-ley la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que tiene entre sus fines “rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”, que mantiene un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que dirige “transitoriamente” el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Una interinidad que se prolonga desde hace 39 años. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha sido capaz de regular la situación jurídica de Cuelgamuros. Y eso que la ley lleva décadas obligándole a hacerlo.
La primera norma que afectó al complejo monumental una vez recuperada la democracia fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales de 1982. Dicho texto, en su disposición final tercera, autorizaba al Ejecutivo para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y “proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco. En definitiva, que el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia administraría provisionalmente el mausoleo franquista a la espera del nuevo marco normativo.
A fin de dar cumplimiento a todas estas cuestiones, la ley de 1982 obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación del Valle de los Caídos y de las “situaciones jurídicas” derivadas del decreto-ley de 1957. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en Moncloa. Se sabe que aquel órgano inició sus trabajos. Sin embargo, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse“, recogía un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009.
El secretario de Estado de Memoria Democrática ha dicho que también se quieren impulsar otros proyectos, como traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios. (Vídeo comparecencia)
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevén la convocatoria de un concurso de ideas de ámbito internacional para la habilitación del futuro centro de interpretación del Valle de los Caídos. Dentro de las medidas de resignificación del enclave al amparo de la nueva ley de Memoria, que ha explicado este martes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
Martínez ha expuesto en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso la finalidad de los 11,8 millones de euros destinados en los presupuestos a la memoria histórica, de los cuales casi un 60% están reservados a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo todavía enterradas en fosas comunes.
El secretario de Estado ha señalado que, además de abrir un concurso para el centro de interpretación del Valle de los Caídos, se quieren impulsar proyectos de investigación sobre la arquitectura del monumento, en el marco comparado de la “arquitectura totalitaria europea”, y otro referido al traslado de los 33.800 cadáveres inhumados en sus columbarios.
Un certificado de Patrimonio Nacional, expedido en el procedimiento judicial planteado por infoLibre contra dicho organismo, reconoce que no hay memorias justificativas de las subvenciones concedidas a los monjes en los ejercicios anteriores a 2014
Monjes benedictinos del Valle de los Caídos / Fuente foto
Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 26 de octubre de 2021
El Estado no ha controlado durante décadas el cumplimiento de la ley en el Valle de los Caídos. A pesar de que la administración del complejo monumental está en manos de Patrimonio Nacional, lo cierto es que este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Según la información que obra en poder de infoLibre, Patrimonio no tenía a finales de 2019 memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía de los ejercicios anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Pero no solo eso. Tampoco constaban en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. Entonces, este diario decidió demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inició este lunes una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
infoLibre ha tenido que recurrir a los tribunales para obtener información sobre el Valle de los Caídos que le negó Patrimonio. Esta es la primera entrega de una serie de cinco reportajes sobre el tema.
El prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, junto a los familiares del dictador Francisco Franco / Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 25 de octubre de 2021
Jueves, 17 de julio de 1958. A pocos meses de que el dictador Francisco Franco inaugure bajo palio el enorme mausoleo que ordenó levantar en plena sierra de Guadarrama, una veintena de monjes se instala en el Valle de los Caídos. Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y, con Justo Pérez de Urbel al frente, tienen la misión de custodiar el complejo monumental. Sesenta y tres años más tarde, la misma orden religiosa sigue en Cuelgamuros. Y lo hace a pesar de llevar desde 1983 incumpliendo alguna de las obligaciones que le permiten continuar asentada bajo la gigantesca cruz de piedra que preside la sierra madrileña. El Estado es plenamente consciente de ello, según se desprende de la información facilitada a infoLibre. Sin embargo, nunca ha procedido a la expulsión de los religiosos, a pesar de que la ley le habilita para ello.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo incluso resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. infoLibre decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inicia ahora una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
Posted by asturiaslaica 
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