El Pleno del Congreso celebrado ayer martes, ha admitido a trámite la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado Español presentada, a iniciativa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, por los Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
El diputado del PSOE Antonio Hurtado interviene en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid / Foto InfoLibre
24 de junio de 2020
La Proposición de Ley, cuyo trámite ha sido aprobado por todos los grupos a excepción de VOX, plantea como objetivos
1. La presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad, y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
2. La presente ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se inspira de forma expresa en los tratados internaciones ratificados por España en materia de derechos humanos, declarando como principios inspiradores de su interpretación y aplicación:
a) La búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos.
b) La aplicación de la acción de la justicia sobre los hechos ocurridos.
c) La reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados.
d) El establecimiento de garantías para la no repetición de los hechos ocurridos.
El texto de la proposición denuncia que en España “durante décadas, y hasta etapas muy próximas” se han sustraído “un número inmenso de niños” de “cárceles, clínicas y maternidades” sin que sus familias biológicas hayan podido conocer su paradero en ningún momento. Así, el texto insta al Estado a investigar el robo de bebés en España desde 1939 creando para tal fin una Fiscalía especial sobre bebés robados, que dependa directamente de la Fiscalía General del Estado, y una unidad de Policía judicial especializada, que se dedique única y exclusivamente a resolver el robo de bebés en España. Incluye, además, medidas como la apertura de archivos (incluidos los de la iglesia católica), que las pruebas de ADN y las exhumaciones sean gratuitas y que se creen un banco de ADN y un censo únicos.
Y solicita que se ponga en marcha una Comisión por el derecho a la identidad y que las víctimas puedan acceder a la justicia gratuita y dispongan de apoyo y mediación psicológica y médica.
Escrito por asturiaslaica 
