Dirigentes del órgano presidido por Ayuso han asistido recientemente a templos y a un evento multitudinario de esta confesión. El objetivo es “unir las relaciones” con estos grupos religiosos “en torno al proyecto y al programa” del partido
Representantes del PP y creyentes en el macroevento evangélico Invasión Madrid Fest, el 24 de septiembre de 2022. En la imagen figuran desde la izqda. Carmen Cervantes, presidenta de Latinos por el PP (3ª); Noelia Núñez, candidata a la alcaldía en Fuenlabrada (5ª); Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid (8º); Jorge Rodrigo, secretario de Electoral (9º); Nadia Álvarez, presidenta del PP de Ciudad Lineal (11ª); Yadira Maestre, pastora de la iglesia Cristo Viene (12ª); Gustavo Eustache, secretario de Nuevos Madrileños (14º); Romario Castro, concejal en Somosierra (17º). Y en primera fila, Borja Fanjul, segundo teniente de alcalde en Madrid. / Twitter de Romario Castro ____________
En septiembre, una delegación de dirigentes del Partido Popular de Madrid entre los que se encontraba el número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, asistió a un macroevento evangélico para 3.000 personas en Fuenlabrada llamado Invasión Madrid Fest. Allí, entre actuaciones musicales, sermones y milagros (una miope aseguró que de repente podía ver de lejos: “El espíritu santo me ha tocado, veo todo con claridad”), los representantes del PP subieron al escenario para recoger un premio a la presidenta madrileña Ayuso y al alcalde José Luis Martínez-Almeida. Se lo entregó una pastora a la que el PP ha ganado para su causa, la colombiana Yadira Maestre.
La Comunidad recibe ofertas vinculadas al Opus Dei, o de marcada influencia religiosa, para levantar los centros de Valdebebas y Vallecas, que se harán en terrenos públicos valorados en más de once millones y cedidos a coste cero
Foto Alberto Ortega (Europa Press) ____________
Juan José Mateo-Berta Ferrero, El País, 17 de diciembre de 2022
Once sociedades distintas firman las 15 ofertas que ha recibido la Comunidad de Madrid para construir dos colegios privados concertados en dos parcelas públicas valoradas en más de 11 millones de euros que cederán gratuitamente el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, y el capitalino, dirigido por José Luis Martínez-Almeida. Para invertir en el centro de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, se han presentado 10 ofertas, según la documentación publicada en el portal de contratación. Y para impulsar el centro de Vallecas, también en la capital, se han recibido cinco. Datos que demuestran el apetito de las empresas especializadas por hacerse con un auténtico pelotazo: a cambio de construir las instalaciones, las pueden explotar durante 40 años, extensibles a 75; reciben a coste cero los terrenos; la Administración sufraga el coste de las plazas concertadas; y pueden ofrecer etapas educativas no concertadas en régimen de enseñanza privada pura. Una bicoca.
El negocio ha atraído a las grandes empresas del sector. Ahí está Educare, que ya gestiona ocho centros en la región, en la que una sociedad de la familia fundadora del grupo hospitalario HM tiene el 50% de las acciones, y que fue indemnizada con 615.000 euros por la Comunidad de Madrid por no haber podido construir un colegio concertado en Móstoles. También opta la Fundación colegio Alborada, relacionada con el Opus Dei y el Camino Neocatecumenal a través de la red educativa Arenales, y que se fundó como un centro en el que se segregaba por sexos. De hecho, la defensa de los valores cristianos une a la mayoría de los candidatos. Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Mater Amabilis, que ofrece atención sacerdotal a los alumnos del centro que ya tiene en la capital.
Entre 1998 y 2015 la Iglesia católica inmatriculó (registró a su nombre) cerca de 35.000 fincas en toda España. Más de 350 bienes fueron inmatriculados por la Iglesia católica en la Comunidad de Madrid.
Entre 1998 y 2015 la Iglesia católica inmatriculó (registró a su nombre) cerca de 35.000 fincas en toda España. Fueron concretamente 34.961 los templos, solares, terrenos y otros bienes inmuebles los que inscribió la Iglesia en ese periodo de tiempo. Esto se pudo llevar a cabo en virtud de la modificación legislativa que realizó el Gobierno presidido por José María Aznar sobre el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y que permitía inmatricular algo que hasta el momento no se contemplaba por considerarse bienes de dominio público: los lugares de culto.
Junto a los templos o dependencias complementarias a los mismos (20.014), se inmatricularon durante esos años diversas fincas sin relación con el culto religioso, como pisos, solares o locales (14.947).
La reforma legislativa de la Ley Hipotecaria permitió “la rapacería por parte de la Iglesia católica de un ingente número de inmuebles por los que además no paga tributo alguno», según especifica la proposición no de ley presentada en 2017 por el PSOE en el Congreso de los Diputados, que fue el germen de la investigación sobre las inmatriculaciones. Esta recopilación de datos, en la que se reflejan los 34.961 bienes registrados por la Iglesia católica, fue publicada en 2021 el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
La iglesia de Santa María Magdalena será restaurada con fondos UE bajo el criterio de “revalorización de la industria cultural”.
La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz / Foto: ALBERTO ORTEGA EUROPA PRESS
Bárbara Hermida, Qué!Madrid, 7 de septiembre de 2022
La pandemia del coronavirus provocaba, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, una brutal crisis, no sólo sanitaria, sino también y principalmente, social y económica. Una crisis ante la que la Unión Europea, consciente de la situación económica y social de los estados miembros, decidía activar una ayuda financiera para todos ellos. La conocida ya como Fondos NextGenerationEU. Ayuda económica que ahora ha sido utilizada desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid para “favorecer” a la Iglesia Católica.
“Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que detalla las inversiones y reformas para el periodo 2021-2023, con la finalidad de impulsar la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la Covid-19″. Con estas palabras, la Comunidad de Madrid define la finalidad de los fondos recibidos por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde la Unión Europea.
Unos fondos “REACT-EU” que están destinados, según su principal finalidad, a ayudar a los ciudadanos y a las instituciones a recuperar la normalidad económica tras la pandemia. Un proyecto para el que, según la Comunidad de Madrid, se ha diseñado un plan con cuatro ejes. Así pues, las inversiones deben estar incluidas en cuatro bloques: “transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género”.
Desde Europa Laica no ven con malos ojos que se garantice la “asistencia religiosa” a aquellas personas que no pueden desplazarse, pero rechazan tajantemente que eso se financie con fondos públicos: “Tiene que ser algo que pague cada una de las confesiones religiosas”
Residencia pública Doctor González Bueno / Foto Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 16 de abril de 2022
En la Residencia de Mayores Reina Sofía, ubicada en el municipio madrileño de Las Rozas, el capellán casi tiene jornada completa. Con un centenar de plazas, los residentes pueden disfrutar de casi cuarenta horas semanales de asistencia religiosa. No es algo que ofrezca la Iglesia Católica de forma altruista. Ni mucho menos. Es la Comunidad de Madrid la que corre con los costes. Y, como en este, en el resto de los veinticinco geriátricos públicos que están bajo la batuta de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). En los últimos siete años, el Gobierno regional ha pagado 2,57 millones por este tipo de servicios en los centros sociosanitarios. Más de 350.000 euros de media anuales.
El papel de la religión católica en estos centros es algo que aparece recogido en los acuerdos con la Santa Sede rubricados tras el fin de la dictadura. Así, el cuarto artículo del pacto sobre Asuntos Jurídicos contempla el compromiso del Estado a reconocer y garantizar “el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares“. Tanto privados como públicos. Eso sí, en este último caso, el “régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral” deberá ser regulada “de común acuerdo” entre las autoridades competentes tanto de la Iglesia como del Estado.
Poco después, Ejecutivo regional y autoridades religiosas sellaron los primeros acuerdos para que la Administración madrileña financiase estas actividades en sus residencias. Una relación que se ha mantenido hasta la fecha. En los últimos siete años, el Gobierno autonómico ha pagado 2,57 millones para la prestación de los servicios pastorales y asistencia religiosa católica a los residentes. Las cantidades no siempre han sido las mismas. En 2015, cuando Cristina Cifuentes llegó a la Puerta del Sol, se desembolsaron 362.567 euros. En los dos años posteriores, esta cantidad se incrementó ligeramente: 353.480 euros en 2016 y 381.575 euros en 2017. Y en 2018 alcanzó los 420.453 euros.
Los 4,9 millones no reflejan, ni de lejos, el volumen real de dinero público que recibe la Iglesia: “El grueso está en los colegios concertados o en las residencias”
Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro / Entrevista EFE
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 30 de octubre de 2021
La Comunidad de Madrid aumenta ligeramente el dinero dedicado a las confesiones religiosas. Los Presupuestos de 2022, los primeros de la era Ayuso, ponen sobre la mesa casi cinco millones de euros para las entidades religiosas en forma de convenios y subvenciones directas. La mayor parte de esos fondos para el próximo ejercicio irán destinados a las actuaciones sobre el patrimonio histórico artístico de la Iglesia. El resto, a la realización de actividades educativas, sociales y aquellas enmarcadas alrededor de los hospitales públicos de la región. Buena parte van a parar a entidades católicas. Sin embargo, también se reserva dinero, aunque mucho menos, para las comunidades evangélicas, judías e islámicas. El montante supone un ligero incremento respecto al de 2019, las últimas cuentas públicas aprobadas. Pero no representa, ni de lejos, todo el volumen de fondos públicos que la región destina a financiar a la Iglesia: “El grueso hay que buscarlo en la educación concertada, las residencias o los hospitales católicos”.
Para el próximo año, el Gobierno madrileño destinará a las confesiones 4,87 millones de euros. Casi tres de cada diez euros –el 28,1%, para ser más exactos– se canalizarán a través de los denominados “convenios con entidades religiosas”. En concreto, 1,37 millones, poco menos de lo que se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, para el centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual: 1,7 millones. Son fondos que, bajo dicho concepto, salen de las consejerías de Familia, Juventud y Política Social y Sanidad. De la primera, 413.372 euros. De la segunda, 960.378 euros, el 70% de todo este dinero. Los desembolsos van en función del hospital. El que más destina a estos convenios en el ámbito sanitario es La Paz, el que cuenta con mayor número de camas. Le siguen el Gregorio Marañón y el Doce de Octubre. El que menos fondos dedicará el próximo ejercicio a la asistencia religiosa en los centros hospitalarios será el José Germain, con 7.800 euros.
Si estás embarazada y ya has tomado la decisión de abortar, recibirás un sobre informativo cuando te atienda el personal sanitario. Cada gobierno autonómico, en base a unas directrices comunes que establece la ley estatal del aborto, debe elaborar el sobre que recibirán las pacientes de su territorio. El de Madrid es el único que contiene una relación de centros religiosos
Manifestación en Madrid por el aborto libre
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Por Noemí López Trujillo y Alba Martín Campos, Newtral, 26 de septiembre de 2021
Si estás embarazada y ya has tomado la decisión de abortar, recibirás un sobre cerrado cuando te atienda el personal sanitario. Este contiene, además de información sobre incentivos y ayudas al nacimiento y otras políticas activas a la maternidad, una relación de centros donde recibir información y asesoramiento sobre anticoncepción, sexo seguro y sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Cada gobierno autonómico debe elaborar el sobre que recibirán las pacientes de su territorio. El de Madrid es el único que contiene una relación de centros religiosos.
Para interrumpir un embarazo en España en las primeras 14 semanas de gestación, de acuerdo a la ley del aborto aprobada en 2010, hay que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es recibir un sobre cerrado: una serie de documentos en el marco del consentimiento informado del aborto. Los papeles contienen información, principalmente, sobre ayudas a la maternidad y al nacimiento.
La “cultura de la muerte” es, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, la herramienta favorita de la izquierda española. En su discurso de investidura de la semana pasada, Isabel Díaz Ayuso, con la brutalidad habitual de muchas de sus declaraciones-a veces tengo la impresión de que no es realmente consciente de lo que dice, pero sé que lo es, y mucho más ahora que se trata de asegurarse a la ultraderecha como aliada-, achacó a la izquierda auténticas barbaridades, más propias de los antepasados de Vox que de cualquier democracia: “¿Que molesta? Eutanasia. ¿Que me molesta el bebé? Aborto“.
Los datos de la Comunidad de Madrid, y a tenor de la contundente mayoría de Ayuso en la elecciones del 4 de mayo, desmienten categóricamente esta afirmación: la Comunidad de Madrid es la tercera región, solo por detrás de Catalunya e Illes Balears, en mayor número de abortos, así que teniendo en cuenta estas proporciones, en Madrid hay muchas mujeres que han votado a Ayuso y que han abortado haciendo uso de un derecho de todas las mujeres perfectamente asumido por la sociedad española y que pertenece al ámbito de decisión sobre nuestro cuerpo, solo nuestro. Es seguro, además, que haya padres, hermanos, familia o amigos de mujeres que han abortado y que han votado a Ayuso. Sí, el comentario de la presidenta es tan desmedido como hipócrita e injusto.
Hasta el Gobierno de Mariano Rajoy desistió de endurecer la ley socialista, abrumado por las presiones de los lobbies ultracatólicos y la propia Conferencia Episcopal. La presión social metió en el cajón la conservadora pretensión del ministro de Justicia y le costó el puesto a éste, Alberto Ruiz-Gallardón, que pasó de ser el falso progre del PP a mostrar su cara más reaccionaria y machista (“La libertad de maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres“, dijo el progre en el Congreso sin que sus diputadas se sonrojaran siquiera un poco).
Un capellán por cada 2,5 rastreadores.
“El texto actual sigue manteniendo, entre otras cuestiones, la posibilidad de que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte tanto del Comité de Ética como de los Equipos de Cuidados Paliativos“.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Foto: Comunidad de Madrid
Pablo “Pampa” Sainz, El Salto, 23 de julio de 2020
El acuerdo, firmado el pasado 6 de julio, establece que la Provincia Eclesiástica de Madrid a través del Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC), asistirá a los hospitales de la Comunidad según el siguiente criterio: hasta 100 camas, un capellán a tiempo parcial; de 100 a 250 camas, un capellán a tiempo pleno y uno a tiempo parcial; de 251 a 500, dos a tiempo pleno y uno a tiempo parcial; de 501 a 800 camas, tres a tiempo pleno. Y más de 800 camas, de tres a cinco capellanes a tiempo pleno. Read the rest of this entry »
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