Congreso, Defensor del Pueblo o Comisión de Expertos: ¿cómo investigar los abusos a menores en la Iglesia?

febrero 7, 2022

Un análisis de las propuestas de PNV, PSOE y Unidas Podemos

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Jesús Bastante, Religión Digital, 7 de febrero de 2022

¿Quién investiga los abusos a menores en la Iglesia? ¿Quién debe hacerlo? ¿Es legítimo que los poderes públicos sólo analicen la pederastia en los ámbitos eclesiásticos? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué la Iglesia no lo hace, o lo hace de manera sectorial? El escándalo de los abusos ha rebasado los límites de diócesis y congregaciones religiosas, y ha llegado al Congreso y al Gobierno.

En los últimos días, y tras comprobar que la Conferencia Episcopal española (a diferencia de los episcopados de toda Europa) no está dispuesta a dirigir una investigación global sobre los abusos en su seno, distintos grupos parlamentarios han presentado propuestas para que sean los poderes públicos quienes lo hagan. Además, esta semana deberían conocerse los resultados de los datos solicitados por la Fiscalía General del Estado a las fiscalías de las comunidades autónomas.

Tres propuestas, tres visiones

En estos momentos, hay tres propuestas presentadas ante la Mesa del Congreso. La primera, planteada por Unidas Podemos, EH-Bildu y ERC, y que ya ha pasado el primer trámite de la Junta de Portavoces, aboga por una comisión de investigación en la Cámara Baja, que lleve al Parlamento a víctimas, responsables eclesiásticos y experto, y que saque conclusiones de obligado cumplimiento para todas las partes.

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Los ‘bienes’ de la Iglesia

febrero 7, 2022

Actualmente, es imposible que los Ayuntamientos recuperen por vía judicial este patrimonio. Y no, porque no puedan presentar títulos de propiedad sobre cada uno de ellos. Tampoco los tiene la iglesia y ya ven de lo que ha sido capaz. Así que, visto lo visto, solo queda la opción del Parlamento.

Iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, Zamora

Varios autores(1), Noticias de Navarra, 7 de febrero de 2022

En el año 2010, Ollarra, desde las páginas de Diario de Navarra, denunciaba lo que llamó una nueva «desamortización eclesiástica», iniciada, en su opinión, por un «movimiento populachero nacional sin provecho para nadie»; «una manifestación más del laicismo radical y beligerante». Y, para decirlo con sus palabras más características, un producto «del odio y la mala uva de una minoría moralmente desarrapada cuyo descaro llega a límites esperpénticos». Su improperio se cebaba en «estos laicistas, descendientes de matacuras y quemaconventos, [que] practican un gamberrismo sistemático y algaradas poco improvisadas». Y, aprovechando que el Arga pasa por Iruña, terminaba su encrestado artículo recordando que «además de dejar contentas a las rapadas en el 36, nos acordemos de las monjas asesinadas simplemente por llevar sus hábitos» (26.9.2010).

Pero, mira tú por dónde, en este mes de enero de 2022 la Conferencia Episcopal Española sostuvo que «alrededor de un millar de bienes se han adjudicado erróneamente a la Iglesia». En el caso de Navarra, reconoció que «se adjudicó 74 bienes que no son suyos». ¿Solo? Bueno, menos es nada. Y no se piense mal. Lo hizo sin darse cuenta. Sin mala intención. ¿Cómo va la Iglesia a apropiarse de lo que no es suyo si dicha acción la tiene terminantemente prohibida por el séptimo mandamiento de la ley de Dios?

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El horror de los internados religiosos: “Si se metía en tu cama y llorabas, te daba una paliza. Era mejor que hiciera lo que quisiera”

febrero 7, 2022

El informe de EL PAÍS con 251 casos de pederastia contiene 49 en seminarios, orfanatos y colegios, algunos de propiedad pública. Las víctimas también narran violencia brutal: “Una monja me quemó las manos y las piernas con una plancha”

Internos del orfanato de San Cayetano, en León, con dos de los frailes acusados de abusos, José Francisco Dobón, a la izquierda, y Julio Martínez, en el centro, que era el director de la entidad, en los años sesenta.

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Paola Nagovitch, Julio Núñez, Íñigo Domínguez, El País, 7 de febrero de 2022

Cuando el abuelo de Agustín Molleda lo dejó abandonado con dos días de vida en el Hospicio Viejo de León, las monjas lo bautizaron como E-83: la “E” de niño expósito y su número de ingreso. Allí pasó seis años, una antesala de relativa paz para lo que luego sería el hospicio Ciudad Residencial Infantil San Cayetano, el orfanato leonés regido por los Terciarios Capuchinos, también llamados amigonianos. En esta institución, según cuenta, sufrió agresiones sexuales y físicas de 1955 a 1965 a manos de varios hermanos. “Los abusos ocurrieron desde un principio y hasta el día en que los religiosos se marcharon”, relata Molleda, que hoy tiene 72 años.

El hombre, que ha escrito varios libros sobre el centro, denuncia que cinco religiosos abusaron sexual y físicamente de él y de sus compañeros: los hermanos José Francisco Dobón Lorente, Salvador Merino Fernández y Ramón Ruiz Escudero, y los sacerdotes Julio Martínez González y Vicente Tercero Borrás. “Se metían en nuestras camas por las noches. En otras ocasiones, nos llevaban a cuartos para masturbarnos. Nos castigaban sin comer, sin cenar. Yo sufrí muchísimas patadas y puñetazos. ¡Todo por nada! Por cosas que hace cualquier chiquillo”, relata.

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A propósito de las inmatriculaciones

febrero 7, 2022

Carta de agradecimiento y compromiso, Grupo Temático de la Comunidad Santo Tomás de Aquino, Madrid

Concentración inmatriculaciones ante el Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2021 / Foto IU Twitter

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Carta del Grupo Temático de la Comunidad Santo Tomás de Aquino, Madrid, de la que se hace eco Religión Digital, 7 de febrero de 2022

El Grupo Temático “Sociedad” de la Comunidad STA, ante el pacto de inmatriculaciones, firmado el 25 de enero de 2022 en la sede de la CCE, por los presidentes del Gobierno y de dicha institución religiosa:

1.-Quiere agradecer públicamente la labor de quienes están siendo los protagonistas que han forzado este pacto con discutibles resultados. Singularmente, nuestro agradecimiento se dirige, dentro de la Iglesia, a la Comunidad Santo Tomás de Aquino impulsora inicial y a Redes Cristianas que ha venido exigiendo, a través de sus redes y colectivos, la devolución del patrimonio histórico cultural inmatriculado por la Iglesia católica. Y, en la sociedad civil, agradecemos principalmente a la plataforma Recuperando y a los movimientos patrimonialistas en ella integrados, su encomiable labor social y política defendiendo, durante más de 15 años, el patrimonio común de toda la ciudadanía.

2.-Nuestra valoración del resultado conseguido por este pacto es ambivalente. Nos complace, de una parte, el hecho de que los representantes oficiales de la Iglesia reconozcan, como mínimo, que hay cosas que han hecho mal en este asunto. ¿Con el propósito firme de devolverlas a sus legítimos dueños? Eso sería lo justo y deseable. Pero, aunque, de momento, no se devolviera todo lo indebidamente apropiado, se ha abierto una puerta muy grande por la que poder seguir rescatando todo lo injusta e inconstitucionalmente inmatriculado.

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Iglesia católica y bebés robados: doble culpa / Mesa redonda (Vídeo)

febrero 7, 2022

Acto organizado por Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport, UV, con la colaboración de Valencia Laica y  l’Associació SOS Raíces Adoptados

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Fuentes: Observatorio del Laicismo / Universidad de Valencia

El acto tuvo lugar el pasado 24 de enero en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau, y en la mesa participaron Llum Quiñonero, periodista y escritora, Santiago Castella, jurista y laicista, senador del PSC y Enrique Vila, SOS Raíces Adoptado. La presentación y moderación corrió a cargo de Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica.

Santiago Castellà centró su discurso en la situación política que vivieron las victimas de la guerra civil: las mujeres vencidas por el fascismo. El otro punto fue como los Acuerdos con la Santa Sede permiten que la Iglesia Católica siga ocultando sus archivos. De ahí la necesidad de derogar los Acuerdos con la Santa Sede, reivindicación histórica de Europa Laica. 

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Víctimas de la Iglesia

febrero 7, 2022

Ocultar los aspectos sombríos de nuestra historia forma parte de la «batalla cultural» de la derecha

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Jorge Cajal, El Periódico de Aragón, 7 de febrero de 2022

El mes que viene se cumplirá un año desde que se conoció el informe de la comisión que investigó los abusos sexuales en la Iglesia católica francesa desde los años cincuenta. Hay más de doscientas mil víctimas todavía vivas y menores de edad cuando sufrieron los abusos, pero la cifra superaría las trescientas mil si contamos los delitos cometidos por seglares en el seno de la institución.

Los abusos se produjeron en parroquias, en establecimientos escolares o en movimientos como los scouts y fueron perpetrados por religiosos pertenecientes a toda la jerarquía eclesiástica. Tras las denuncias, los tribunales franceses han pronunciado numerosas sentencias, tanto para los que abusaron de menores como para quienes ocultaron los delitos y, aunque en muchas ocasiones ya han prescrito, la Iglesia francesa se ha mostrado dispuesta a indemnizar a las víctimas.

Conductas delictivas

Esta cifra tan elevada de conductas delictivas se ha producido en un país conocido por su defensa del laicismo. Es cierto que la Ley Debré de 1959, que alcanza al veinte por ciento del alumnado, regula los conciertos educativos de una forma similar a la española, en cuanto a salarios del profesorado y al compromiso de respetar la normativa estatal y la libertad de conciencia del alumnado.

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Paz a los hombres (poderosos) de buena voluntad

febrero 7, 2022

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Nuria Alabao, Ara, 7 de febrero de 2022

La fe católica no para de retroceder en el Estado español, no así el poder de su Iglesia. En dictadura o democracia, con gobiernos de izquierda o derecha, siempre consigue preservar sus privilegios. El último y transparente caso ha sido el de las inmatriculaciones. Si hablásemos en términos futbolísticos sería un gambeteo –hacer florituras con el balón para escaquearlo–; un hábil gambeteo que en este caso, ha sido pactado con el gobierno.

Inspirándose en una ley de 1946 que permitía registrar inmuebles solo con la firma de un obispo –una recompensa de Franco a la Iglesia por su apoyo en la guerra civil–, Aznar reactivó esta posibilidad y dio un paso más. Durante un paréntesis de unos años –del 1998 al 2015–, se podría hacer lo mismo y se podrían inscribir los templos, algo no permitido hasta entonces. Además de 35.000 inmuebles de todo tipo, la Iglesia puso a su nombre entonces al menos treinta catedrales que pertenecían al Estado desde la II República. Entre ellas inscribió la Giralda, la Seo de Zaragoza, la catedral del Buen Pastor de Donostia, y la mezquita de Córdoba, algunos de los casos más polémicos. El negocio es circular: los templos no pagan impuestos y en general se restauran con dinero público –no están obligados a proporcionar entradas gratuitas– pero los beneficios de las visitas van íntegramente a las arcas eclesiásticas. En el caso de la mezquita de Córdoba, fueron más de 15 millones de euros en 2018. Muchos ayuntamientos y entidades laicas han reclamado estos espacios como propiedad pública.

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La investigación sobre los abusos que la Iglesia católica descarta abriría la puerta a indemnizaciones millonarias

febrero 7, 2022

Tres víctimas que aseguran no haber recibido indemnización atribuyen el rechazo de la institución católica a una comisión independiente a su deseo de blindar su patrimonio: «Tienen miedo a un efecto llamada»

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 7 de febrero de 2022

«¿Una causa, dices? No. Una causa no. El dinero es la causa. La causa con mayúsculas».

Javier, víctima de un religioso abusador, responde así cuando se le pregunta si cree que el dinero, es decir, las posibles indemnizaciones a las víctimas de los abusos a menores, es una de las causas que explican la oposición de la jerarquía católica española a una investigación sobre la pederastia en la Iglesia. «Es pura lógica. Nadie quiere su propia bancarrota», expone.

Coincide Emiliano Álvarez, víctima en el Seminario de La Bañeza (León), compañero de Javier en el dolor y en el combate contra la impunidad: «Visto lo que se molestan [los obispos] en cuidar su imagen, que es nada, está claro que lo que les preocupa es su capital». Miguel Hurtado, víctima en la abadía de Montserrat, y Sara Oviedo, de la organización internacional contra la pederastia en la Iglesia Ending Clergy Abuse, apuntan en la misma línea. «La Iglesia no quiere ni oír hablar de indemnizar», dice Hurtado. «Intentan escatimar cualquier responsabilidad económica», señala Oviedo.

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