La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha escrito a todos los Grupos Parlamentarios Socialistas de los parlamentos autonómicos para que impulsen iniciativas similares a la aprobada en Navarra y para mantener reuniones que permitan analizar la situación en cada territorio.
Una iniciativa ya aprobada en Navarra
RECUPERANDO informa de que el 5 de febrero de 2026 el Parlamento de Navarra aprobó una moción defendida por el PSN-PSOE sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. La moción insta al Estado a anular la normativa que permitió inscribir bienes sin aportar título de propiedad y a promover medidas para la revisión, investigación y recuperación de los bienes afectados.
La Cruz do Castro, que homenajea en Vigo a los franquistas caídos en la guerra civil | M. G. _____________________
Manuel Monge González, Público, 17 de septiembre de 2025
Recuperemos la historia de Dueñas (Palencia). Tenía en 1936 una población aproximada de 3.000 personas y un gobierno municipal presidido por un alcalde socialista. La gestora municipal, constituida después del triunfo del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936, estaba formada por 10 personas, presidida por Heliodoro Herrá Pozanco (PSOE) y como tenientes de alcalde Eusebio Caballero Bravo y Pedro González Gazopo, los dos de Unión Republicana.
Cuando entran los fascistas en Dueñas, después del golpe militar del 18 de julio de ese año, asesinan a 125 personas aproximadamente, 25 de ellas mujeres y cinco concejales. Mi familia sufrió, como otras muchas, una criminal represión por parte del fascismo, siendo asesinadas cuatro personas, por lo menos: mis tíos Pedro y David González Gazopo; Alfonsa González Barajas, hermana de mi abuelo, y Teófila Caballero Gonzaléz, hija de Alfonsa.
En el Plano ordinario celebrado esta mañana PP y Vox votaron a favor de una enmienda a la totalidad a una moción conjunta de PSOE y Hacemos, en la que aseguran que la titularidad es de la Iglesia, alabando, además, su gestión. La moción presentada por Hacemos Córdoba y PSOE ni siquiera se votó. Sí se ha acordado que el Ayuntamiento incorpore al Plan de Gestión del Centro Histórico un organismo en el que estén presentes la Junta y el Ministerio de Cultura, el Gobierno municipal y el Cabildo*
Detalle de la Mezquita-Catedral | Foto J&J Rålund ___________________
De nuevo el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba[1] ha traído la titularidad de la Mezquita-Catedral para su debate y si con Palestina no hubo acuerdo, en este punto las posturas han demostrado estar radicalmente enfrentadas. Por un lado la izquierda plantea un sistema de gestión pública, participada, profesional y compartida, con el Cabildo Catedral incluido, y la derecha y la ultraderecha sólo aceptan que la iglesia católica la gestione en solitario con todos los beneficios económicos de las entradas única y exclusivamente para esa fe.
Según PSOE, Hemos Córdoba y la Plataforma Mezquita-Catedral, que ha estado presente a través de Miguel Santiago Losada, el incendio del pasado 8 de agosto, la rotura de un manguito que provocó una inundación en el monumento poco después o el trato dado a la celosía de Rafael de la Hoz, demuestra que el Cabildo es un mal gestor.
El PSOE asegura que la protección del monumento se hace de forma «escasamente profesional» y asume los argumentos de la Plataforma
Concejales del grupo municipal del PSOE y Hacemos Córdoba, junto a miembros de la Plataforma Mezquita-Catedral | CÓRDOBA _____________________
En el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del próximo 11, el PSOE y Hacemos Córdoba se debatirá una Moción conjunta de los Grupos Municipales Hacemos Córdoba y Socialista sobre la gestión de la Mezquita de Córdoba (Orden del día, Ayuntamiento de Córdoba), con la participación de la Plataforma Mezquita-Catedral , en la que proponen un cambio en el modelo de gestión de la Mezquita-Catedral, para que pase a ser una «gestión coordinada y participativa entre el Cabildo, las instituciones públicas y la sociedad civil», según ha manifestado los portavoces de estos grupos políticos y el presidente de la Plataforma en rueda de prensa.
Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba pedirán de nuevo en el Pleno de Córdoba la gestión pública de la Mezquita-Catedral después de que el incendio del pasado 8 de agosto haya vuelto a evidenciar, según estas formaciones, «la urgencia impostergable de un modelo de gestión profesional, participativo y acorde con los estándares que prescribe la Unesco», que en 1984 declaró el edificio Patrimonio de la Humanidad. La petición se vertebra a raíz de una moción conjunta que los grupos de izquierdas promueven en colaboración con la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba.
Expertos y sociedad civil reclaman una mayor intervención de las administraciones públicas en el control de la gestión que el Cabildo hace del monumento, y las formaciones políticas reclaman que se revierta su inmatriculación
La consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, durante su visita el pasado sábado a la Mezquita de Córdoba, junto al deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido/ Foto: Junta de Andalucía __________________
“Si el incendio de la Mezquita de Córdoba hubiera tenido lugar en el Museo del Prado, ya se habría pedido la cabeza de la dirección e incluso del responsable del Ministerio de Cultura, pero en este caso, no he visto a nadie del Cabildo asumir ninguna responsabilidad”. Con esta afirmación, Manuel García Parody, catedrático jubilado de Geografía e Historia y profesor del centro asociado de la UNED de Córdoba, resume el malestar que muchos colegas historiadores, así como amplios sectores de la sociedad civil y algunas formaciones políticas, han manifestado ante la gestión del templo por parte del Cabildo y su posible negligencia, al haber destinado una capilla como almacén dentro de un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad.
Este martes, el presidente de presidente en España del organismo asesor de la Unesco en asuntos patrimoniales, Juan Carlos Molina, reconoció que ya la pasada primavera el Cabildo era consciente del riesgo que entrañaba ese uso. Unas críticas que apuntan también a la controvertida titularidad del monumento, que se ha atribuido la Iglesia católica desde que lo inmatriculó en 2006, y por la que se arroga el control absoluto de todo lo relacionado con su protección, difusión y sostenibilidad.
La organización considera » injusto que las administraciones públicas (toda la ciudadanía) sufragaran la restauración» tras el incendio. También Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
Interior de al Mezquita / Foto Andalucía Laica ________________
Tras el incendio en el interior de la Mezquita de Córdoba, monumento de incalculable valor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, Andalucía Laica exige una investigación independiente y transparente de las causas y los errores en su protección.
«Ante un patrimonio cultural tan relevante debemos considerarnos custodios en su preservación y legado a generaciones futuras. Es común que en monumentos con gestión privada se prime el rendimiento económico y se escatimen medidas de control y seguridad», explica la organización laica.
La mezquita fue “Propiedad Pública” desde su conquista en 1236 por el reino de Castilla. La Iglesia Católica ha disfrutado de su uso y explotación pero las decisiones importantes siempre eran tomadas por el Estado. La Iglesia sólo figura como propietaria por su inmatriculación en 2006, gracias a Leyes Hipotecarias de 1946 y 1998 que la convierten de forma ilegítima en sujeto de Derecho Público. «No es admisible que las Administraciones Públicas ignoren el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica», denuncia Andalucía Laica.
La nueva ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, actualmente en tramitación de urgencias en el Congreso de los Diputados, podría ser la oportunidad para eliminar los delitos de opinión recogidos en el Código Penal, como las injurias en la Corona, el ultraje a la bandera y a otros símbolos nacionales, y las ofensas a los sentimientos religiosos. Ya a principios de la legislatura, Sumar llevó al pleno del Congreso una proposición de ley específica para acabar con los delitos de opinión en nombre de la libertad de expresión; la iniciativa fue tomada en consideración en diciembre de 2023, pero desde entonces está hibernando en un cajón con decenas de ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.
Por eso ahora Sumar ha decidido explorar un atajo, que es aprovechar una ley orgánica en tramitación para añadir su reforma como enmienda. Así lo ha hecho con la ley del acceso a la carrera judicial y fiscal, a la que ha presentado una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, para incluir una disposición adicional que suprima seis artículos del Código Penal y modifique otros tres al entender que «chocan frontalmente con la libertad de expresión o tienen un difícil encaje en un sistema democrático».
No existe una cifra exacta y oficial del número exacto de mujeres víctimas del Patronato: los registros documentales están muy incompletos y la institución operó con gran opacidad
Captura de pantalla: El Patronato (Crónicas TVE) _____________________
El PSOE[1]ha presentado en el Congreso una iniciativa para que se reconozca como víctimas del franquismo a las miles de mujeres que fueron recluidas por el Patronato de Protección a la Mujer, una institución represiva para controlar socialmente, modificar la conducta y explotar laboralmente a mujeres jóvenes. Estas mujeres sufrieron internamientos, vejaciones, trabajos forzosos y privaciones de libertad.
No existe una cifra exacta y oficial del número exacto de mujeres víctimas del Patronato: los registros documentales están muy incompletos y la institución operó con gran opacidad. La destrucción de parte de los archivos dificulta una cuantificación precisa, pero el impacto fue masivo, afectando a miles de mujeres durante décadas. En 1996- de las 3000 cajas de documentación relativas al Patronato que estaban en el ministerio de Empleo- solamente quedaron 1500 tras producirse una sospechosa “ inundación por agua”. En ese momento el ministerio estaba dirigido por el Partido Popular, a cargo de Javier Arenas.
El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclama que se reconozca como víctimas del franquismo a las miles de mujeres que fueron recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer «por el mero hecho de no seguir los parámetros morales que establecía la dictadura» con el objetivo de «reeducarlas»[1]
En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas recuerdan que esta institución tenía su antecedente en el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas, creado en 1902 bajo la tutela de la Reina María Cristina de Habsburgo, con el objetivo de combatir la explotación de las mujeres.
Pese a que en 1931, durante la Segunda República, fue reorganizado con un enfoque laico y orientado hacia el empoderamiento de las mujeres, su disolución en 1935 dejó el terreno abierto para que el franquismo lo reestructurara con un propósito completamente diferente, convirtiéndolo en «una red de internamiento y control social femenino» y «una herramienta de represión patriarcal y moral».
Ayer, en el homenaje que le rindió la FSA, se descubrió en él una placa con su nombre
Fragmento foto con las placas de Ángeles Flórez Peón y Araceli Ruiz Toribios en el Jardín de la Memoria / Gema Coria(fragmento foto) ______________________
13 de marzo de 2024
Araceli Ruiz Toribios, «niña de la guerra», no está sola en el Jardín de la Memoria, la acompaña desde ayer, Ángeles Flores Peón, «Maricuela»
El Jardín de la Memoria del cementerio de El Sucu en Gijón, fue inaugurado por la concejala de Memoria Democrática del anterior gobierno municipal (PSOE-IU), Salomé Díaz, en 2023, con el objetivo de instalar placas, monolitos o símbolos de homenaje y reconocimiento individual o colectivo, para preservar la memoria ciudadana. Está situado frente a la Fosa común III del cementerio y en el espacio de memoria -además del «Paredón» de fusilamiento- que conforman las fosas comunes y el monumento «1934 nombres», un libro, inaugurado en 2010 al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007, en el que figuran inscritos los nombres, identificados, de los fusilados en aplicación de sentencia, de los fallecidos en prisión y en el campo de concentración de El Cerillero y de los asesinados o “paseados”, cuando es posible su identificación; están organizados en un único listado, distribuidos por años y en orden alfabético.