Repasamos los programas para las elecciones autonómicas de 2023 en Asturias centrándonos en algunos de los grupos políticos que tenían representación en la Junta en la pasada legislatura: PSOE, PP, Podemos Asturias e Izquierda Unida.
Hemos prestado atención en ellos al reconocimiento de la independencia de las Administraciones Públicas respecto a las confesiones religiosas, a la defensa de una escuela pública y laica, a la no discriminación -por motivos religiosos incluido-, financiación de centros privados con fondos públicos…
De los programas revisados, únicamente los de Convocatoria por Asturias (IU-Más País Asturies-IAS) y Podemos Asturies hacen alguna referencia a la laicidad de las Administraciones o a una educación pública y laica
La aprobación en la Comisión de Hacienda del Congreso, el pasado 26 de abril 2023, de equiparar a todas las confesiones religiosas en el mismo tratamiento fiscal que gozaba la Iglesia católica, ha suscitado de nuevo uno de los problemas principales que en España se nos presenta a todos, creyentes o no creyentes, es decir, el determinar qué relaciones deben existir entre el Estado español y las confesiones religiosas, particularmente la católica.
El art 16 de nuestra Constitución de 1978 regula estas relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español. En él «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades» (&1).«Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias» (&2) y «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» (&3). Según los autores, aquí se define el concepto de laicidad, que comprende tres notas: Neutralidad religiosa; Separación entre Estado y confesiones religiosas y Cooperación estatal con ellas (GARCÍA MAURIÑO; MORENO DE LA FUENTE 2012: 145). Las dos primeras son propias de una Estado laico, la tercera, en cambio, es objeto de diversas interpretaciones, según sea la clase de cooperación existente entre el Estado y las confesiones religiosas.
Las Comunidades Cristianas Populares denuncian “el falso laicismo del PSOE”
Bolaños, con los representantes del resto de confesiones / Ministerio de la Presidencia __________
Comunidades Cristianas Populares, Religión Digital, 1 de mayo de 2023
La Coordinadora Estatal de las Comunidades Cristianas Populares (CCP), a través de este comunicado denuncian –indignadas- el nuevo ardid del PSOE que, en un mero afán electoralista, nos anuncia como avance lo que eufemísticamente llaman “laicismo inclusivo” demostrando que sigue siendo rehén de la Iglesia Católica y que nunca denunciará el Concordato, ni los acuerdos preconstitucionales con la SS.
La noticia -que no ha tenido demasiado eco en los medios del régimen que nos marcan interesadamente lo que es noticia y lo que no- supone que ortodoxos, budistas, mormones y testigos de Jehová, estarán exentos de pagar el IBI, el impuesto de sociedades, el IAE o las plusvalías, como así ya lo estaban evangélicos, judíos, musulmanes y la misma iglesia católica.
El Ministerio de la Presidencia sacó una nota de prensa informando del acuerdo alcanzado con representantes de confesiones minoritarias para equiparar el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas.(1)
La iniciativa que recoge la nota de prensa es puro marketing y muestra la cobardía del PSOE. Marketing porque, en lo sustancial, no altera el régimen fiscal existente. Tan sólo añade cuatro confesiones a las cuatro que tenían acuerdos previos. El sentido común nos dice que lo dejado de recaudar por esa nueva homologación será mínimo. Quizá una millonésima parte de lo que la Iglesia Católica se ahorra cada año por las exenciones fiscales que disfruta. Así pues, el único objetivo de este acuerdo es lavar la cara de una Conferencia Episcopal que, ahora sí, puede decir sin sonrojo que sus obligaciones fiscales son idénticas a cualquier otra confesión religiosa. Pura propaganda que olvida, por supuesto, que las cuantías implicadas son muy dispares, ya que si a una le eximen diez, a otra, mil millones.
Leonardo Sánchez Ferrer, Andrés Benítez Espinosa, Xavier Coller, El País, 12 de abril de 2023
Esta semana pasada ha sido importante para el mundo católico, mostrando la fortaleza de la presencia de los rituales y celebraciones católicas en una sociedad cada vez más secularizada y laica. Esta muestra es también un reflejo de las creencias de buena parte de los españoles. En concreto, según datos del CIS, un 54% se declaran católicos (practicantes o no), mientras que el 26% dicen ser agnósticos y el 17% ateos. Constituye un tópico afirmar que la religión ha sido una de las cuestiones que más han dividido políticamente a los españoles en los últimos dos siglos. Tanto en determinadas épocas históricas (en especial, la Segunda República), como en el período democrático iniciado en 1977, las creencias y prácticas religiosas han estado fuertemente asociadas al eje izquierda-derecha. Lo curioso es que, a pesar de la secularización que ha experimentado la sociedad española y de que disminuye el número de personas que manifiestan vivir la fe religiosa, el factor religioso no ha disminuido su impacto en el voto con el paso de los años, sino que lo ha mantenido o incluso aumentado, como muestran diversas investigaciones[1].
El rechazo de Floro al reglamento choca con la posición de Monchu García como edil, cuando exigió a Moriyón que dejara de ir a San Pedro.
Por la izquierda, César González (PSOE), Aurelio Martín (IU), José Luis Iglesias y José María Rosell, ambos miembros de Asturias Laica, y Mario Suárez del Fueyo (Xixón sí Puede), en la rueda de prensa conjunta de junio de 2016. | Juan Plaza __________
Un 29 de junio de la última década del siglo pasado se podía ver, sobre una tarima con el logo del Ayuntamiento de Gijón –colocada para la ocasión frente a la iglesia de San Pedro y con megafonía aportada también por el Consistorio– a la máxima autoridad municipal, Vicente Álvarez Areces, flanqueando al entonces párroco, Bonifacio Sánchez, “Don Boni”, mientras éste se dirigía a los fieles y sacerdotes que se agolpaban en el entorno para escuchar sus palabras con motivo de la celebración de la festividad de San Pedro. Desde entonces, los vientos han cambiado y ahora la alcaldesa socialista, Ana González, no acude a la bendición de las aguas durante la fiesta patronal y su gobierno promueve la aprobación de un reglamento de laicidad que impedirá el papel destacado que tuvieron otros regidores en actos religiosos. Sin embargo, el candidato a la Alcaldía de su partido, Luis Manuel Flórez, “Floro”, se muestra contrario a esa norma, a pesar de que el actual secretario general, Monchu García, exigió como concejal a Carmen Moriyón, entonces primera edil y ahora otra vez aspirante de Foro, que dejara de acudir a los actos religiosos por San Pedro. El PSOE se enfrenta de golpe y porrazo a sus propias contradicciones.
Luis Manuel Flórez, “Floro”, candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, ha comunicado a su equipo de colaboradores de la Casa del Pueblo su intención de acudir a la bendición de las aguas el día de San Pedro en el caso de que llegue a ser alcalde tras las elecciones de mayo. Esta decisión del aspirante socialista, con pasado jesuita, se produce apenas una semana después de que el gobierno local de Ana González, formado por el PSOE e Izquierda Unida, aprobara el reglamento de laicidad, pendiente de su refrendo definitivo en el Pleno (todo parece indicar que lo obtendrá porque Podemos lo respalda). Este texto pone coto a la representación municipal en los actos religiosos, como el que se celebra en el Campo Valdés el 29 de junio. Floro considera, según fuentes socialistas, innecesario el citado reglamento y apuesta por seguir la línea marcada en el pasado por los exalcaldes Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso, que siempre acudieron a esta ceremonia.
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han pedido que “la opacidad” o falta de colaboración de los centros concertados ante abusos sexuales sean tenidos en cuenta por la Administración a la hora de establecer los convenios por los que reciben fondos públicos.
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso proponen que se tenga en consideración la “opacidad” o falta de colaboración con el proceso de investigación de los casos de abuso sexual por parte de los centros educativos concertados a la hora de establecer los convenios con la Administración pública.
Es una de las siete enmiendas que han presentado conjuntamente las dos fuerzas políticas a la proposición de ley de prevención de los abusos sexuales en los centros educativos, de Esquerra Republicana, cuyo plazo de enmiendas acaba de expirar en la Cámara baja y cuya toma en consideración recibió el aval de la mayoría del hemiciclo en 2021.
La iniciativa quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público para endurecer las medidas por agresión sexual a menores en centros, entre ellas introducir una nueva causa de extinción del contrato de trabajo para los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, ha trasladado al presidente de Asturias Laica, Luis Fernández, el compromiso de su formación para que se apruebe el reglamento de laicidad a lo largo de este mandato, por lo que los trámites podrían iniciarse en cuestión de días o semanas. El líder de los socialistas se mostró “optimista” en ese encuentro, que tuvo lugar a finales de diciembre en la Casa del Pueblo. Y señaló que no ve inconveniente alguno para que el reglamento salga adelante. Además, dijo que no cree que la Federación Socialista Asturiana (FSA) ponga reparos al documento (el gobierno local envió el documento a la dirección autonómica para su supervisión), según explican fuentes de Asturias Laica.
Unos días antes de esa reunión, Izquierda Unida y Asturias Laica ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Entonces, la líder local de IU, Ana Castaño, achacó el bloqueo a la tramitación municipal del reglamento de laicidad a la dirección del PSOE de Gijón, mientras que Luis Fernández fue más allá, opinando que los últimos cambios internos en los socialistas fueron consecuencia de un rechazo al reglamento de laicidad, creía.
Hace escasos días la ley francesa de separación entre Iglesia y Estado cumplía 117 años. Poco después de este aniversario nos enterábamos de que el lado socialista del Ayuntamiento de Xixón volvía a dejar el Reglamento de Laicidad fuera de sus prioridades para este mandato. Perdonen el chascarrillo, pero más que franceses, se han hecho los suecos.
Quizás esto no sea una sorpresa para muchos. Al fin y al cabo, estamos hablando del PSOE-FSA, un partido que hace gala de una voluntad reformadora progresista líquida en la oposición y gaseosa en el ejecutivo. Pero no por menos sorprendente deja de ser una decepción, máxime cuando forma parte del acuerdo de gobierno que los socialistas mantienen con IU y es una reivindicación que Asturias Laica lleva ejerciendo desde su formación en 2010.
La decepción es aún mayor por incomprensible: hasta hace bien poco la postura de los de Monchu García estaba muy inclinada a dar, por fin, salida a este asunto. ¿Qué ha sucedido para justificar este volantazo? Si van a ceder ante las amenazas vacías con aroma a naftalina de la campaña basada en falsedades y medias verdades que puso en marcha la retrógrada Fundación Española de Abogados Cristianos, estaría bien saberlo.
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