Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica: la visión de un cristiano de base

mayo 24, 2021

Javier Andrade escribe sobre la apropiación de bienes por parte de la Iglesia católica a propósito del último programa de ‘Salvados’

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Santa Cristina de Lena

Javier Andrade, Nortes, 24 de mayo de 2021

Con años de retraso, el 16 de este mes de febrero de 2021, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, presentó en el Consejo de Ministros con remisión al Congreso de Diputados un listado de los bienes inmatriculados (1) por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015. El listado ha venido siendo insistentemente reclamado durante los últimos 15 años por diferentes asociaciones patrimonialistas civiles y cristianos de base..

Es importante señalar que, aunque el inventario representa solo una pequeña parte (un tercio) de los 100.000 bienes que se estima que han sido inmatriculados, la publicación de este catálogo supone un gesto importante. En primer lugar, porque por primera vez y de forma oficial, se reconoce la presunta inconstitucionalidad de unos actos directamente realizados contra el patrimonio público por las jerarquía de la Iglesia Católica española y que afectan, además, a la justicia democrática del Estado español.

En segundo lugar, porque abre la puerta a posibles reivindicaciones de la propiedad de unos bienes, registrados en secreto y de forma opaca por la jerarquía católica, al amparo de unas leyes promulgadas durante la dictadura franquista o ya en la democracia con el gobierno de Aznar, pero de muy dudosa o abierta inconstitucionalidad.

A partir de ahora, la reivindicación pública de estos bienes representa un gesto noblemente ciudadano que nada tiene que ver con la confesionalidad de las personas, sino, más bien, con la defensa del patrimonio histórico y cultural público que sabe distinguir perfectamente entre la propiedad y el uso que se haga del mismo.

Pero, dicho lo anterior, y en sintonía con la Asociación Recuperando, cuya identidad y análisis comparto, tenemos que hacer una fuerte crítica tanto al inventario que se ha hecho público como a la gestión realizada por el Ejecutivo. Ninguno de los dos merece nuestro aplauso: ni el listado, por deficiente e incompleto; ni la desidia del Gobierno dejando en manos de los particulares y de las administraciones locales y autonómicas el rescate de los bienes en cuestión. El volumen de los bienes inmatriculados, el fraudulento modo de apropiación, así como su extensión en el tiempo exigen que el fenómeno sea tratado conjuntamente como cuestión de Estado, que exige una solución global.

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Cristian@s contra las inmatriculaciones

febrero 25, 2021

Comunidades Cristianas Populares contra las inmatriculaciones de la iglesia católica, COMUNICADO

Logo CCP

Redes Cristianas, 25 de febrero de 2021

 Las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica a lo largo de decenas de años tienen como denominador común un Estado que no termina de ser aconfesional, haciendo posible su resultado, y una jerarquía católica anclada en el dogma, el poder, el dinero y el prestigio, todo lo contrario a los valores de Jesús de Nazaret: amor, justicia y paz. Como afirma el teólogo José M. Castillo: “los obispos creen más en la riqueza que en el Evangelio de Jesucristo”.

Las diferentes plataformas ciudadanas patrimonialistas, defensoras de nuestro patrimonio, unidas a colectivos como Europa Laica, Redes Cristianas o Comunidades Cristianas Populares vienen luchando desde hace años por conseguir que se hiciera público el listado de inmatriculaciones, uno de los males endémicos del Estado español, y porque el Gobierno invalidase las inmatriculaciones de aquellos monumentos que no tuviesen título de propiedad. Ahora se desdicen de lo que prometieron en el discurso de investidura de Pedro Sánchez y en sus programas electorales (PSOE y Unidas Podemos). Casi tres años después de haberlo asegurado, el gobierno de coalición hace público el listado de 35.000 bienes, acompañado de un informe en el que cuestiona la constitucionalidad de las inmatriculaciones, pero prefiere lavarse las manos delegando en los ayuntamientos y particulares la reclamación indebida de los bienes. El Estado español es el que tendría que proteger nuestro legado patrimonial como así hizo Francia, desde 1905 (el patrimonio pertenece al Estado y el usufructo a la Iglesia), o en Portugal con el concordato de 1940, en plena dictadura de Salazar.

Con el consentimiento de los Gobiernos del PP y PSOE la jerarquía católica ha ido enriqueciendo su legado con su particular modus operandi: el Estado realiza la inversión pública, acorde con la Ley de patrimonio de 1985, mientras ellos cobraban las entradas a modo de donativos, es decir, exentos de impuestos. Millones y millones de euros se embolsa la jerarquía católica, obispados y cabildos, cada año por visitar los monumentos (catedrales, Mezquita de Córdoba, Giralda de Sevilla). ¿Dónde va destinado ese dinero? Una parte considerable a su propia estructura, en construir colegios privados, en fondos de inversión, en mantener a sus medios de comunicación como la COPE o 13TV… Cáritas u otras obras sociales apenas se ven favorecidas por estas recaudaciones. Lee el resto de esta entrada »


Luis Ángel Aguilar: “Me avergüenza pertenecer a una iglesia que se apropió más de 100.000 inmuebles”

febrero 21, 2021

Inmatriculaciones: Reclamaciones trampa con apariencia progre

Inmatriculaciones

Fuente Religión Digital

Luis Ángel Aguilar, Religión Digital, 21 de febrero de 2021

En este artículo, desde nuestra creencia en Jesús de Nazaret*, nos mostramos en contra de reconocer a la Iglesia Católica la competencia jurídica para auto apropiarse de bienes de carácter público por el mero hecho de no estar registrados, además de censurar esas anacrónicas Inmatriculaciones.

Reconozco que nada más conocer la publicación del listado de los 35.000 bienes inmatriculados por la ICAR que ayer dio a conocer el Gobierno, mi primera reacción fue pensar “Por fin”. Y así lo comunicaba a mi lista de contactos, con éste twit, imaginando se paliaría ésta anomalía democrática:

“La iglesia durante muchos años, y gracias a una ley de Aznar, iba a las notarías donde, cualquier obispo, ponía a su nombre desde cocheras a pisos, desde iglesias hasta ermitas, desde montes hasta espacios comunales, que no constaran registralmente. Son las llamadas inmatriculaciones. Y aún como creyente tengo que estar en contra de ese abuso“.

Pero nada más tener acceso a la relación, y sobre todo al texto, mi dicha se fue tornando en mosqueo por un parcial e incompleto documento que ni siquiera incluía las inmatriculaciones “expropiadas” entre 1946 y 1998 con las que multiplicaríamos por 3 esta relación. Lee el resto de esta entrada »