La orden se niega a revelar el resultado de sus investigaciones en un centro donde han sido acusados 11 docentes desde los años cincuenta a los noventa
Un momento de la entrevista de Gonzo con Fernando, uno de los denunciantes de abusos de los jesuitas de Vigo _________________
El reportaje de Salvados(1) sobre los abusos de menores en los jesuitas de Vigo, emitido este domingo y que surgió a raíz de las investigaciones de EL PAÍS, incluía el testimonio en primera persona del propio presentador, Fernando González Gonzo, que conoció un episodio en su clase en 1987, en sexto de EGB, con 11 años. Un niño había ido a la enfermería(2) y al volver la profesora descubrió aterrada que tenía restos de semen en la mano. Luego contó a sus compañeros que, al entrar, el enfermero se estaba masturbando, le cogió la mano y siguió haciéndolo con ella. La profesora le acompañó a que se lavara y fue a avisar al director, cuya primera reacción fue entrar en el aula y decir: “Esto no puede salir de aquí”. La docente, que aparece en el reportaje recordando la escena, exigió que ese jesuita, cuyas acciones eran vox populi y al que todos llamaban El Pajillero, no volviera al colegio. Fue enviado a Gijón. En el programa, un responsable de los jesuitas asegura que luego dejó la orden: “En 1988 ya no figura, lo que quiere decir que se le expulsó”. Es el único caso sobre el que la Compañía de Jesús da alguna explicación en el reportaje, pero hay más, sobre los que guarda silencio.
(2) Sobre este episodio, en el reportaje emitido en Salvados, Jesuitas 87, Gonzo habla con la profesora que acompañó al niño para que se lavara. “El problema es que nuestro compañero de inmediato víctima ante 42 compañeros de clase. Todos supimos lo que había pasado y no se pudo sacar esa etiqueta nunca más en el colegio. Siempre fue el chaval de la paja del enfermero. No creo que pueda uno olvidarse de eso a lo largo de su vida”, expresa el periodista”.
Víctimas y juristas reciben con interés la propuesta de la Fiscalía de ahondar en la responsabilidad de la congregaciones y órdenes religiosas, pero siguen reclamando fórmulas de reparación para quienes se quedan fuera de vía penal porque los delitos han prescrito
_______________
Elena Herrera, El Diario, 25 de septiembre de 2023
La Fiscalía General del Estado sigue dando pasos en la búsqueda de nuevas opciones de reparación para los menores que han sido víctimas de abusos y agresiones sexuales en el seno de la Iglesia. Su última propuesta aborda la “necesidad” de afrontar en profundidad la responsabilidad de la Iglesia católica en los casos de pederastia cometidos por miembros de la institución al “extender la acusación” a los posibles encubridores dentro de las congregaciones u órdenes religiosas y centrarse en las vías para que la institución tenga que afrontar el pago de indemnizaciones a las víctimas.
La iniciativa, recogida en la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al año 2022, es relevante porque hace énfasis en los resarcimientos por parte de la Iglesia por casos de pederastia y apunta directamente a las dinámicas de ocultamiento que han funcionado en muchas congregaciones u órdenes religiosas y que tanto daño ha hecho a los menores y sus entornos. Una mecánica que, hasta ahora, ha sido muy difícil romper en una institución habituada a lavar los trapos sucios de puertas para adentro.
El Ministerio Público apuesta por extender las acusaciones a las instituciones religiosas en las que se han cometido las agresiones como responsables civiles y a los posibles encubridores
Poco a poco empieza a levantarse el manto de opacidad e impunidad que ha cubierto durante décadas los abusos y agresiones sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. Así lo evidencia la última memoria de la Fiscalía General del Estado(1) correspondiente a 2022, publicada este jueves, que da cuenta de la existencia de al menos 147 investigaciones abiertas tanto en fiscalías como en juzgados encaminadas a esclarecer delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Los datos parten de una recopilación trimestral de datos de las fiscalías superiores que se inició en febrero del año pasado.
En su memoria, el Ministerio Público advierte de que se trata de datos “muy parciales” como consecuencia de dos aspectos: la dificultad de detectar estos procedimientos al no existir un registro específico para estos supuestos en las aplicaciones informáticas de los juzgados y el espacio acotado. temporal al que pertenece la documentación remitida. La mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022 y solo puntualmente se remitieron de años anteriores. Además, hay que tener en cuenta que muchos de estos delitos no llegan a la justicia ordinaria porque se instruyen en procesos eclesiásticos o nunca llegan a denunciarse.
El ministerio público presenta su memoria anual, donde insta a los fiscales superiores de España a que valoren “la extensión de la acusación” a los representantes de las instituciones religiosas
Varios sacerdotes, durante la celebración del Corpus Christi en Toledo, el 8 de junio / Europa Press News (Europa Press vía Getty Images) ______________
La Fiscalía General del Estado pide que se investigue a fondo la responsabilidad de la Iglesia católica en los casos de pederastia cometidos por miembros de la institución y que se valore “la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas [obispos, cardenales y superiores de órdenes religiosas], que han podido llevarse a cabo previamente a la denuncia y de las que pueden dimanar tanto responsabilidades penales como civiles”.
El ministerio público ha decidido por primera vez incluir en su memoria anual un apartado donde da cuenta de sus actuaciones en el escándalo de los abusos dentro del ámbito eclesiástico y donde también incluye recomendaciones a seguir en el ámbito jurídico, como la “determinación concreta de la indemnización en concepto de responsabilidad civil [que pueda tener la jerarquía religiosa] a que tiene derecho la víctima, que ha de integrar los daños morales y las lesiones psíquicas”. El escrito también señala la poca información que hay sobre el problema y la necesidad de que los afectados sean amparados por el ministerio fiscal: “La Fiscalía General del Estado ha asumido el compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad, como son los abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en contextos religiosos, a través del seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos, a la vista de su transcendencia social y del número de personas especialmente vulnerables afectadas por los mismos”.
El Gobierno de Navarra ha reconocido oficialmente a las primeras víctimas de abusos por parte de la Iglesia tras analizar sus casos. Han reconocido a seis víctimas hasta ahora, y pronto sumarán otras 19 cuyas peticiones aún están siendo procesadas. Las víctimas han compartido que se sienten “liberados” tras ser oficialmente reconocidos sus casos, y recibirán en su casa la notificación que certifica el reconocimiento de su abuso en los próximos días.
La comisión de expertos que trabaja en el reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia católica en Navarra, que se creó bajo el amparo de la Ley Foral 24/2022, ha otorgado este viernes mediante Orden Foral, firmada por el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, la condición de víctimas a seis personas que vieron vulnerados sus derechos y su libertad en la infancia.
Tras analizar sus casos, escuchar su relato, cotejar datos y solicitar archivos eclesiásticos y académicos, además de analizar la coherencia de su denuncia, la comisión ha determinado en estas primeras seis solicitudes que son merecedoras del reconocimiento oficial como víctimas.
La diócesis balear ofrece cubrir los gastos en terapia, que la denunciante estima en 1.500 euros mensuales durante 26 años. Sería la indemnización más alta conocida en la Iglesia española.
El jesuita Luis Añorbe, uno de los tres clérigos acusado de abusos por una mujer mallorquina, en un acto con jóvenes en Son Serra de Marina, Mallorca / Foto cedida por la denunciante _______________
Lucía Foraster – Íñigo Domínguez, El País, 14 de julio de 2023
El obispado de Mallorca ha ofrecido una compensación económica a la víctima de un sacerdote condenado por abusos, un caso que ha admitido esta semana, y le ha pedido que calcule sus gastos en terapia: ascienden a casi medio millón de euros, según confirma esta mujer a EL PAÍS. Esa cantidad resulta del dinero invertido durante 26 años en terapia y medicinas, con una media de 1.500 euros al mes, lo que suponen al menos 468.000 euros. Si el obispado accede, sería la mayor suma conocida que ha desembolsado la Iglesia española por abusos sexuales, en este caso de una mujer adulta considerada vulnerable por sus trastornos psicológicos, una condición que el Vaticano equipara en su legislación al abuso de menores.
Hasta ahora, la cifra más alta conocida, dentro del secretismo imperante en la Iglesia española, es la pagada en 2020 por los maristas de Cataluña por los abusos a menores en sus colegios, en torno a 400.000 euros, pero era una compensación en grupo a 25 personas. En Mallorca se trata, en todo caso, solo de un reembolso de los gastos que esta mujer ha tenido en sus tratamientos, no es una indemnización por el daño causado, ya reconocido por la diócesis en la condena al sacerdote Julià Cifre Vanrell. Es un caso que estaba incluido en el cuarto informe sobre abusos en la Iglesia que EL PAÍS entregó el pasado mes de junio, y fue publicado la semana pasada por el Diario de Mallorca. Además, esta mujer también lo ha denunciado en los tribunales.
La exposición ‘Shame’ sobre abusos sexuales a menores en instituciones estatales y de la Iglesia muestra los retratos de más de medio centenar víctimas de 19 países europeos
Fernando García-Salmones, víctima de abusos en el ámbito eclesiástico, posa frente a retratos de víctimas en la exposición ‘Shame- European Stories’ en el Espacio O Lumen, en Madrid -hasta el 21 de julio-/ Andrea Comas _____________
Con la compañía de su cámara, el fotoperiodista italiano Simone Padovani recorrió durante los primeros cinco meses del año pasado casi 25.000 kilómetros para encontrarse con víctimas de pederastia para retratarlas y entrevistarlas en vídeo. El objetivo era concienciar a la sociedad sobre el problema y actuar para evitar que estos hechos se repitan. El resultado de ese trabajo es Shame-European stories, la exposición que llega a Madrid sobre abusos sexuales a menores en instituciones estatales y en la Iglesia de 19 países europeos. Se encuentra dentro del centro O Lumen, una iglesia dominica transformada en un espacio artístico-cultural. Allí, colgados en las paredes, se exhiben los retratos de 54 víctimas que sufrieron abusos cuando eran niños. Observan al espectador con ojos vidriosos, miradas que se asemejan a unos espejos que reflejan el horror y la lucha constante de estas personas para derribar el muro silencio de la pederastia.
La muestra, gestada por el filántropo sueco Guido Fluri, es también un repaso sobre cómo en estos países se miró para otro lado cuando estas personas decidieron denunciar su caso y cómo la institución competente encubrió el delito y protegió al abusador. Junto a las imágenes hay un breve texto, en primera persona, sobre la historia y el dolor de cada víctima. La entrada es gratuita y estará abierta hasta el 21 de julio.
La congregación, que acaba de admitir el encubrimiento de un pederasta durante 18 años, es la quinta con más casos en España. Solo una de las tres provincias de la institución revela sus datos
Josep Canal, que acusa de abusos sexuales a un escolapio cuando tenía nueve años en la Escola Pia Santa Anna de Mataró, el pasado mes de abril en la fachada de la iglesia de Santa Anna del municipio catalán / Massimiliano Minocri ____________
Lucía Foraster – Íñigo Domínguez, El País, 7 de julio de 2023
Los escolapios de Cataluña admitieron la semana pasada que encubrieron y no denunciaron a uno de sus religiosos, Manel Sales, durante 18 años, tras conocer denuncias contra él en Senegal, donde era misionero. Esta orden es la quinta que acumula más acusaciones en España, por detrás de los jesuitas (154), maristas (133), salesianos (107) y La Salle (60), según la contabilidad de EL PAÍS pero, al igual que las demás, se resiste a revelar los casos de pederastia que conoce. Aseguran que dan total credibilidad a todas las víctimas que acuden a ellos, pero las tratan de forma diferente —los de Cataluña, por ejemplo, no pagan indemnizaciones— y solo una de las tres provincias en las que se divide la orden en España, la de Emaús (comprende País Vasco, Aragón, Navarra, Soria y Andalucía), ha revelado a este diario los casos que le constan. Entre ellos solo hay uno desconocido hasta ahora, una denuncia en 2020 a un voluntario laico en Granada, que finalmente fue absuelto en los tribunales el año pasado, aunque la orden no comparte la sentencia y rompió toda relación con él. De este modo se elevan al menos a 44 los escolapios y laicos de sus colegios acusados, incluidos dos casos en escuelas de la rama femenina de la orden. En total, los casos de pederastia conocidos en la Iglesia española ascienden en este momento a 1.020 acusados y 2.134 víctimas, según la base de datos de este diario, la única existente.
Un cuarto informe de EL PAÍS eleva los casos a una cifra que es el 0,9 % del clero masculino de las últimas décadas. La base de datos del diario se renueva para incluir más información: hay 74 obispos y superiores sospechosos de encubrimiento
Silvia Martínez, delante del colegio Ciudad de los Muchachos de Vallecas, Madrid, donde acusa de abusos en su infancia a un salesiano en los años noventa / Álvaro García _________________________
Íñigo Domínguez-Julio Núñez-Lucía Foraster, El País, 26 de junio de 2023
El número de acusados en la Iglesia católica española de abuso a menores, entre clérigos y laicos de instituciones religiosas, ha superado ya los mil casos. Asciende a 1.014 con al menos 2.104 víctimas, según el recuento de EL PAÍS, que incluye todos los que se conocen por medios, sentencias y admisiones de la propia Iglesia. Hace más de cuatro años, cuando este periódico comenzó su investigación, solo se conocían 34. Se ha alcanzado el millar de acusados con el cuarto informe, con 45 nuevos casos, entregado por este diario a la Conferencia Episcopal (CEE) y al Defensor del Pueblo, que desde hace un año tiene abierta una investigación encargada por el Congreso. En total, este diario ha comunicado en sus informes 545casos, con 704 testimonios que ocupan más de 1.300 páginas, para que la Iglesia los investigue, como le obligan sus propias normas, y dé una repuesta a las víctimas. De todas maneras, en la mayoría de los procesos, órdenes y obispados luego no dan explicaciones a este periódico sobre sus indagaciones, ni sobre los casos que conocen. La lista con los acusados de este cuarto informe se puede consultar al final del reportaje.
Una cascada de denuncias de abusos sexuales durante décadas ha sacudido a uno de los colegios más reputados de Barcelona. Es el concertado Jesuïtes Casp, conocido además por su aura progresista dentro de la Compañía de Jesús, y que tuvo entre sus filas a numerosos sacerdotes que hoy están acusados de pederastia. En especial Francesc Peris, un consiliario –una suerte de tutor espiritual– que usaba esa posición para encerrar a alumnos en su despacho y hacerles tocamientos.
Las víctimas de abusos afloraron en Barcelona a raíz de una investigación de El País en Bolivia, país al que fueron destinados Peris y otros jesuitas señalados hoy por casos de pederastia. Desde entonces se han contabilizado más de una docena de docentes y religiosos del colegio barcelonés acusados de abusos entre los años 1950 y principios de los 2000. Tal cantidad de casos ha provocado además el enfado y la decepción de cientos de exalumnos, hasta el punto de que más de 200 enviaron una carta al colegio y al Departamento de Educación de la Generalitat criticando su tibieza y falta de transparencia frente a las denuncias.
Posted by asturiaslaica 
