Actualmente, es imposible que los Ayuntamientos recuperen por vía judicial este patrimonio. Y no, porque no puedan presentar títulos de propiedad sobre cada uno de ellos. Tampoco los tiene la iglesia y ya ven de lo que ha sido capaz. Así que, visto lo visto, solo queda la opción del Parlamento.

Varios autores(1), Noticias de Navarra, 7 de febrero de 2022
En el año 2010, Ollarra, desde las páginas de Diario de Navarra, denunciaba lo que llamó una nueva «desamortización eclesiástica», iniciada, en su opinión, por un «movimiento populachero nacional sin provecho para nadie»; «una manifestación más del laicismo radical y beligerante». Y, para decirlo con sus palabras más características, un producto «del odio y la mala uva de una minoría moralmente desarrapada cuyo descaro llega a límites esperpénticos». Su improperio se cebaba en «estos laicistas, descendientes de matacuras y quemaconventos, [que] practican un gamberrismo sistemático y algaradas poco improvisadas». Y, aprovechando que el Arga pasa por Iruña, terminaba su encrestado artículo recordando que «además de dejar contentas a las rapadas en el 36, nos acordemos de las monjas asesinadas simplemente por llevar sus hábitos» (26.9.2010).
Pero, mira tú por dónde, en este mes de enero de 2022 la Conferencia Episcopal Española sostuvo que «alrededor de un millar de bienes se han adjudicado erróneamente a la Iglesia». En el caso de Navarra, reconoció que «se adjudicó 74 bienes que no son suyos». ¿Solo? Bueno, menos es nada. Y no se piense mal. Lo hizo sin darse cuenta. Sin mala intención. ¿Cómo va la Iglesia a apropiarse de lo que no es suyo si dicha acción la tiene terminantemente prohibida por el séptimo mandamiento de la ley de Dios?
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