Un testimonio eleva a siete los religiosos acusados de abusos cometidos en los años sesenta, y uno de ellos sigue siendo sacerdote en Madrid. El monasterio benedictino no investiga los casos ni da información desde hace más de un año
El monje del Valle de los Caídos Tirso Blanco, a la derecha y con gafas, acusado de abusos en el internado en los años sesenta, en una imagen de 1967 ____________
Las acusaciones de pederastia en el internado de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, alcanzan ya a siete frailes, desde finales de los años cincuenta, cuando se inauguró, hasta los años setenta. Tras las informaciones de este diario que en diciembre destaparon el caso con testimonios contra seis religiosos, otro antiguo alumno de la escolanía se suma a las tres acusaciones contra uno de ellos, Tirso Blanco, y añade otro más a la lista. Sin embargo, los benedictinos siempre se han negado a dar explicaciones, a responder a las preguntas de este diario y no contestan a los correos electrónicos. EL PAÍS ha remitido las anteriores acusaciones en sus dos primeros informes sobre abusos de diciembre de 2021 y junio de 2022, entregados a la Conferencia Episcopal y al Papa, sin obtener reacción de la congregación ni suscitar su interés.
Las asociaciones reclaman a Cremades más atención a los afectados y que “aclare las expectativas reales” del informe. La Conferencia Episcopal guarda silencio después de que el despacho desmienta las cifras de los obispos sobre la pederastia
Cardenal Omella en rueda de prensa / David Castro _______________
Julio Núñez_Íñigo Domínguez, El País, 2 de marzo de 2023
Las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia y las voces destacadas de este colectivo han recibido con decepción las novedades de la auditoría sobre el escándalo que la Conferencia Episcopal encargó hace un año al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. El presidente del grupo de trabajo, Javier Cremades, avanzó a este diario el martes que el estudio contabilizará “varios miles de víctimas” y que el informe final planteará que se compense económicamente a todos los supervivientes, sin cuestionarlos. No obstante, no tendrá un investigación propia, pues solo les han contactado 150 víctimas y no han tenido acceso a archivos. Por tanto, deberán creer la información que les aporten obispos y superiores religiosos, que no siempre están colaborando. “Es una radiografía de la impotencia y de la falta de voluntad. Unos obispos que cooperan, otros que no, la Iglesia parece que sí quiere, pero no quiere, creo que es todo una gran mentira. Desde el primer momento esta auditoría me pareció una pamema. Tendría que ser la Iglesia la primera en ofrecer todo lo que tiene”, opina el escritor Alejandro Palomas, víctima de abusos de un cura en su infancia y escéptico desde el inicio con la auditoría. El trabajo tuvo críticas de falta de credibilidad y de neutralidad, nada más ser anunciada, por la pertenencia de Cremades al Opus Dei.
Cremades & Calvo-Sotelo desmiente las cifras de los obispos sobre la pederastia. No tendrá una investigación propia, pues solo ha contactado a 150 afectados, ni ha tenido acceso a archivos eclesiásticos. Se centrará en un análisis de los errores cometidos y en hacer propuestas
Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, y Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, en la rueda de prensa conjunta para presentar el encargo de la auditoría de los abusos sexuales / EP ______________
Íñigo Domínguez-Julio Núñez, El País, 1 de marzo de 2023
La auditoría encargada hace un año por la Iglesia española sobre la pederastia en su seno desmentirá las cifras que la propia institución ha dado hasta ahora, tras ocultar durante años la dimensión del fenómeno: “Serán varios miles de víctimas”, asegura Javier Cremades, presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y del grupo de trabajo que elabora el informe, que no quiere aún dar una cifra. La Conferencia Episcopal Española (CEE), que siempre se ha negado a revelar lo que sabe sobre los abusos, ha sostenido durante años que eran “muy pocos” casos y solo en 2021, por la presión del escándalo, admitió 220, que subió a 506 el año siguiente. EL PAÍS contabiliza, hasta ahora, 929 acusados y 1.770 víctimas en su base de datos, la única existente.
Sin embargo, la cifra de casos del estudio no surgirá de una investigación propia, como ha ocurrido en otros países, ya que el correo electrónico que abrió el despacho para escuchar a las víctimas no ha funcionado. Han pesado las críticas de falta de neutralidad del equipo porque Javier Cremades pertenece al Opus Dei y solo han recogido 150 testimonios. La gran mayoría de las entrevistas a víctimas han sido por teléfono, no presenciales. Entretanto, más de 400 han escrito ya a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo, que empezó en julio, y más de mil se han dirigido a este diario.
El fiscal general del Estado, que solicitó información sobre abusos sexuales a menores a las 70 diócesis españolas, afirma que solo han contestado la mitad y la mayoría con evasivas / [Los obispos han respondido con una nota de prensa]
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecía este jueves ante la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la memoria anual del Ministerio Público / A. Pérez Meca (Europa Press) __________
Los obispos españoles se niegan a informar a la Fiscalía General del Estado de los casos de pederastia que conocen. Así lo ha afirmado este jueves el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, durante la presentación en el Senado de la memoria anual de la entidad.
El Ministerio Fiscal solicitó a finales del año pasado a las 70 diócesis españolas que le remitiesen todos los datos sobre abusos sexuales, “denuncias o testimonios recabados (…) en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa” para la “eliminación de este lamentable fenómeno”. Desde entonces, han contestado menos de la mitad de los obispados, y solo cinco han aportado alguna referencia de casos que ya están en la justicia ordinaria, pero “nada que responda a la petición de la Fiscalía”, ha revelado a EL PAÍS una fuente del Ministerio Público. “Ha habido contestación por parte de 30 diócesis, con respuestas modelo, la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos, y, en algunos casos, remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales”, ha afirmado García Ortiz en la comparecencia.
La lentitud –y, en algunos casos, el “desprecio”– de algunos obispados a la hora de colaborar ha retrasado varios meses la investigación, que calcula, según ha podido saber elDiario.es, que el número de afectados será ocho veces mayor al que había reconocido la Conferencia Episcopal hasta ahora.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella (derecha), y el presidente del despacho de abogados, Javier Cremades (izquierda), en una imagen de archivo / EFE/Diego Fernández ____________________
Unas 4.000 víctimas. Esta es la cifra que se maneja, con suma cautela, en el entorno de la auditoría encargada, hace ahora un año, por la Conferencia Episcopal española al despacho Cremades & Calvo Sotelo para intentar desentrañar, desde dentro, el drama de los abusos sexuales a menores en la Iglesia española. Y para ofrecer, tal y como lo anunciaron en su día los obispos, recomendaciones que en ningún caso serán de obligado cumplimiento.
Según ha podido saber elDiario.es, los primeros datos de esta investigación –el Congreso encargó otra independiente al Defensor del Pueblo– apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete se ha centrado en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo que se ha concretado en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años 50.
EL PAÍS pregunta a 141 órdenes y diócesis sobre el resultado de sus investigaciones y cuántos casos conocen, después de entregar tres informes con cientos de testimonios. El silencio continúa siendo la respuesta general
Varios obispos se protegen del sol en la plaza de Cibeles (Madrid), durante una visita de Benedicto XVI en agosto de 2011 / Cristóbal Manuel __________
Julio Núñez-Íñigo Domínguez, El País, 27 de diciembre de 2022
La Iglesia católica española ha tenido un año para afrontar su primera gran investigación sobre la pederastia en España, que se vio obligada a emprender a raíz del primer informe de EL PAÍS, en diciembre de 2021, con 251 casos inéditos. Esta cifra se ha doblado hasta 500 en este año, con un segundo dosier, entregado en junio, y un tercero, presentado este mes. En total, más de 1.000 páginas. Sin embargo, un año después, el balance es nulo: nada se sabe de la respuesta a estos casos y la transparencia no solo no ha aumentado, sino que ha empeorado. La Iglesia ha cerrado filas y se sigue negando a revelar lo que sabe: este diario ha preguntado a las 141 entidades con acusaciones, entre órdenes y diócesis, sobre el número de casos que conocen, cuántos procedimientos canónicos han abierto y cuántas indemnizaciones han pagado. Más de un mes después, casi ninguna ha facilitado información. El silencio es aplastante, solo el 13% ha aportado algún dato. Los casos de cada entidad y sus respuestas se pueden consultar en las tablas de datos que acompañan esta información.
Por otro lado, la atención a las víctimas ha sido decepcionante en la mayoría de las ocasiones, según denuncian decenas de afectados, con criterios erráticos en función de la sensibilidad personal de cada obispo o la política de cada congregación. Va del ninguneo a recibir, en casos contados, hasta 40.000 euros, según la suerte que tenga cada afectado de con quién le toque. EL PAÍS no facilitó en sus informes la identidad de las víctimas, pero se ofreció a la Iglesia para mediar con ellas y que pudieran colaborar en la investigación, si así lo deseaban. La Conferencia Episcopal Española (CEE), no obstante, se negó en un primer momento a coordinar esta tarea y este diario tuvo que gestionar el contacto entre cientos de denunciantes y decenas de entidades. A raíz del segundo informe, seis meses después, la CEE por fin se decidió a hacerlo. En todo caso, muchas de las víctimas, escépticas con la investigación —pues cada diócesis y orden se investiga a sí misma—, no han accedido a contactar con los organismos eclesiásticos y han preferido hacerlo con el Defensor del Pueblo.
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, la Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de Iglesia católica en Navarra, un texto con el que se pretende dar cobertura a los casos prescritos, sin interferir en los que todavía pudieran plantearse ante los tribunales de justicia.
La Ley impulsada por PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E tiene por objeto articular un procedimiento que posibilite el “ejercicio del derecho al reconocimiento” de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra para, “con carácter subsidiario frente a cualquier actuación de carácter penal o sancionador, incorporar a la memoria colectiva una realidad oculta e ignorada por la mayoría de la sociedad”.
En concreto, se instituye un proceso dirigido al otorgamiento de un estatuto especial que, a modo de reconocimiento y reparación a nivel institucional y social, contribuya a resignificar todos aquellos hechos y actuaciones sometidos a la “apología del olvido, a las diversas formas de revisionismo y negacionismo” empleadas para “justificar y/o negar la existencia de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica”.
Cuando Pepe Guisado escribió a EL PAÍS denunciado que un cura había abusado de él, no sabía que su historia la leería Ángel García, al que le había pasado lo mismo. Los dos fueron víctimas del mismo sacerdote cuando eran pequeños. Es un patrón: cada vez que se publica un testimonio llegan más.
1.594. Son las víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia española que ha documentado EL PAÍS en casi cuatro años de investigación. Cuando el periódico publicó el testimonio de Pepe Guisado, Ángel García descubrió que no fue la única víctima del cura de su colegio. Una charla entre Íñigo Domínguez y Ana Fuentes, continuación del podcast ‘El silencio roto’
Adelantó en ella las tres líneas de actuación de la comisión y sus dudas acerca de la voluntad de los obispos de colaborar en la investigación sobre los abusos en la Iglesia(1)
Esta tarde, a las 17:00 horas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido a petición propia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del “trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que le ha sido encomendado por el Congreso de los Diputados”.
Durante su intervención en el Congreso, Gabilondo ha asegurado que la institución va a trabajar “con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad”. Así, el Defensor del Pueblo ha destacado que la encomienda aprobada por el Congreso de los Diputados, con una amplia mayoría, “es una llamada a la sociedad y a las instituciones, desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes vienen acompañándolas”.
Ángel Gabilondo ha afirmado que la institución asume la encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Según ha explicado, su objetivo es “recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”. A su juicio, “ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”.
El nuevo dosier de EL PAÍS entregado a la Conferencia Episcopal contiene acusaciones contra 244 curas, religiosos y seglares, que elevan el número total de víctimas documentadas a 1.594
Antonio Sánchez, víctima de abusos en 1957 en el hospital infantil madrileño San Rafael, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en una calle del barrio de Entrevías, en Madrid, este viernes / Samuel Sánchez
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La Iglesia española ha incorporado a la investigación de abusos de menores en el clero, iniciada en diciembre de 2021 a raíz de un informe de EL PAÍS, otros 278 testimonios de víctimas y testigos contra 244 clérigos y seglares que figuran en un nuevo dosier de este periódico, de 567 páginas. De ellos, 200 son nuevos acusados, desconocidos hasta ahora, y los otros 44, personas ya aparecidas en el primer estudio o en anteriores informaciones y que han hecho aflorar nuevos testimonios. En total, los relatos afectan a 282 víctimas —hombres en el 85% de los casos— que van desde 1941 a 2011. Una gran parte de los episodios sucedieron en los años sesenta y fueron cometidos en órdenes religiosas —un 86% del total—. Este segundo informe es una continuación del trabajo de investigación comenzado en 2018 por este diario, que parte del correo electrónico abierto entonces y al que han llegado ya más de mil mensajes de denuncia. De este modo, los casos que han salido a la luz en España se elevan a 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, según la contabilidad que lleva este periódico, la única existente ante la ausencia de datos de la Iglesia. Figuran en una base de datos pública que se actualiza periódicamente. Las cifras se han disparado desde 2018, cuando solo se contaban 34 casos conocidos. En tres años y medio los números se han multiplicado por 25. La Conferencia Episcopal confirmó ayer que investiga las acusaciones y “ya ha puesto en manos de las autoridades competentes, estatales y canónicas, la información recibida”.
En este segundo informe hay nuevas órdenes y diócesis afectadas. En esta ocasión son 22 obispados, que si se suman a los del primer dosier, supone que 42 de los 70 que hay en España tienen acusaciones de abusos. En cuanto a las órdenes religiosas, que acumulan la gran mayoría de los casos debido a que gestionan y han gestionado colegios durante décadas, las que más denuncias suman en este informe son los salesianos (30 casos), los maristas (26), los jesuitas (25) y La Salle (22). También son las cuatro que más casos reúnen en el número total registrado.
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