Leonardo Sánchez Ferrer, Andrés Benítez Espinosa, Xavier Coller, El País, 12 de abril de 2023
Esta semana pasada ha sido importante para el mundo católico, mostrando la fortaleza de la presencia de los rituales y celebraciones católicas en una sociedad cada vez más secularizada y laica. Esta muestra es también un reflejo de las creencias de buena parte de los españoles. En concreto, según datos del CIS, un 54% se declaran católicos (practicantes o no), mientras que el 26% dicen ser agnósticos y el 17% ateos. Constituye un tópico afirmar que la religión ha sido una de las cuestiones que más han dividido políticamente a los españoles en los últimos dos siglos. Tanto en determinadas épocas históricas (en especial, la Segunda República), como en el período democrático iniciado en 1977, las creencias y prácticas religiosas han estado fuertemente asociadas al eje izquierda-derecha. Lo curioso es que, a pesar de la secularización que ha experimentado la sociedad española y de que disminuye el número de personas que manifiestan vivir la fe religiosa, el factor religioso no ha disminuido su impacto en el voto con el paso de los años, sino que lo ha mantenido o incluso aumentado, como muestran diversas investigaciones[1].
El 24 de marzo es en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El jueves 23, en el Congreso de los Diputados se celebró la Jornada “Democracia y Memoria, un diálogo con Taty Almeida”.
La Jornada de encuentro con Taty Almeida estuvo organizada por el grupo confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia En Común, y contó con la participación de Soledad Luque, presidenta de Todos Los Niños Robados Son También Niños; Maite Parejo, abogada especialista en Derecho Penal, Internacional y Derechos Humanos y Mauricio Valiente, coordinador de IU en el grupo parlamentario confederal.
La presentación y moderación corrió a cargo de Antònia Jover, candidata a la presidencia del Govern y diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Tras su intervención (“Cuando veamos a un juez a pie de fosa abrir diligencias anterestos de víctimas, se hará justicia”, titularían sobre ella en Noudioari.es), presentaría y daría paso a Taty Almeida, docente y activista argentina por los derechos humanos e integrante de la O.N.G. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han pedido que “la opacidad” o falta de colaboración de los centros concertados ante abusos sexuales sean tenidos en cuenta por la Administración a la hora de establecer los convenios por los que reciben fondos públicos.
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso proponen que se tenga en consideración la “opacidad” o falta de colaboración con el proceso de investigación de los casos de abuso sexual por parte de los centros educativos concertados a la hora de establecer los convenios con la Administración pública.
Es una de las siete enmiendas que han presentado conjuntamente las dos fuerzas políticas a la proposición de ley de prevención de los abusos sexuales en los centros educativos, de Esquerra Republicana, cuyo plazo de enmiendas acaba de expirar en la Cámara baja y cuya toma en consideración recibió el aval de la mayoría del hemiciclo en 2021.
La iniciativa quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público para endurecer las medidas por agresión sexual a menores en centros, entre ellas introducir una nueva causa de extinción del contrato de trabajo para los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han presentado ayer una PNL relativa al impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones públicas(1)
PSOE y Unidas Podemos han reclamado al Gobierno que impulse una ley de libertad de conciencia, religiosa y de convicciones que garantice la libertad de culto y la neutralidad del Estado, así como el respeto al pluralismo religioso.
Así lo han acordado ambos grupos en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a través de una enmienda transaccional a una proposición no de ley (PNL) presentada por Unidas-Podemos que inicialmente reclamaba la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede de los años 1976 y 1979, así como los existentes con las confesiones minoritarias.
El texto de la PNL ha admitido una enmienda transacional acordada por PSOE y UP por lo que la votación se presentó en los siguientes términos:
Unidas Podemos ha logrado sacar, con apoyo del PSOE sus propuestas de resolución en materia de educación, cultura e igualdad dentro del Debate sobre el Estado de la Nación, aunque su socio no ha apoyado sus propuestas concretas en materia fiscal, económica y laboral, ni su apuesta por la laicidad y el refuerzo de servicios públicos.
Los socialistas han respaldado la iniciativa de su socio, transaccionada con ERC y Bildu, que insta a considerar las políticas de igualdad como una acción transversal de todo el Gobierno, con su correcta financiación y dar pasos a unos Presupuestos Generales Feministas.
Entre los puntos figuran la adopción de un nuevo sistema de financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género, recoger en las cuentas públicas un plan nacional de cuidados y la mención genérica a desplegar una reforma “fiscal justa, progresiva y feminista”.
También emplaza al Gobierno a desplegar acciones para garantizar el derecho a cuidar, a no ser cuidado y a “no cuidar”, reconociendo que la realidad actual a día de hoy el “imperativo de esas labores recae de manera “prioritaria sobre las mujeres.
Aunque no son cuestiones que se hayan abordado esta semana en el Congreso de los Diputados, Unidas Podemos reclamará un proyecto de ley “sobre libertad de conciencia que garantice laicidad del Estado”. También suprimir la asignación tributaria a la Iglesia católica, así como eliminar del sistema educativo la enseñanza de la religión.
Unidas Podemos ya ha registrado sus 15 propuestas de resolución, una vez finalizado el Debate sobre el estado de la Nación. El socio minoritario del Gobierno ha dedicado una de ellas, completa, a la “libertad de conciencia y la aconfesionalidad del Estado”. Ha centrado una de sus resoluciones en solicitar que España evolucione hacia un Estado laico y promueva, en consecuencia, una ley de libertad de conciencia que propugne dicho principio.
De esta forma, ha recalcado que la Constitución recoge el principio de aconfesionalidad, pero transcurridas cuatro décadas desde la aprobación de la Carta Magna concluye que la Iglesia católica “sigue gozando de privilegios incompatibles con el principio constitucional de aconfesionalidad”. Para Unidas Podemos, constituye “una anomalía democrática” que la Iglesia católica “siga gozando de privilegios incompatibles con el principio constitucional de aconfesionalidad”, en virtud del artículo 16.3 de la Carta Magna de 1978: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Aunque está incluida en el acuerdo de gobierno y Presidencia no la da por descartada, la norma no figura en la planificación legislativa, por lo que Europa Laica y UP ya han presentado sus propias iniciativas legales
Funeral de Estado sin símbolos religiosos por las víctimas de la pandemia / Europa Press
¿Qué fue de la Ley de Libertad de Conciencia? Por el manto de silencio que la cubre, nadie diría que es un compromiso de gobierno con todos los honores, que atañe además a dos cuestiones especialmente delicadas para cualquier proyecto progresista: las libertades individuales y las relaciones del poder civil con el hecho religioso. Recogida en el programa del PSOE, incluida en el acuerdo de la coalición gobernante, la ley ha quedado en cambio casi totalmente excluida del debate político. La legislatura se aproxima a su tramo final –queda un año y medio como máximo– sin que haya constancia de ningún avance. Ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 ha figurado en el plan normativo del Ejecutivo.
A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Presidencia no detalla ningún avance, limitándose a señalar que la ley no está descartada. No es un mensaje suficiente para quienes reivindican su aprobación. El PSOE, partido mayoritario de la coalición de gobierno, empieza a recibir presiones para que el intento de superar la ley de 1980 no vuelva a quedarse en el cajón, como ocurrió en 2010. Dichas presiones llegan tanto de la sociedad civil como de Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno como socio minoritario. Europa Laica y el grupo morado han presentado sendas iniciativas legales. Y no se quedan sólo en la Ley de Libertad de Conciencia, sino que apuntan contra los Acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, anclaje del especialísimo estatus de la Iglesia católica en España.
Por 46 votos a favor y 280 en contra, más 6 abstenciones, el Congreso rechazó esta tarde la toma en consideración de la PL para su tramitación en el Congreso
Resultado de la votación: 307 diputados presentes + 26 votos emitidos telemáticamente
La “Proposición de Ley reguladora del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos“(1), iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, proponía garantizar que los centros educativos concertados que “voluntariamente así lo soliciten” puedan integrarse en la red de centros docentes públicos.
El texto recoge en su articulado las fases del proceso de integración, que se realizará a través de un convenio entre el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente, el ayuntamiento de la localidad y el titular del centro educativo. Dicho protocolo deberá recoger, entre otras cosas, “las deudas de la gestión del centro docente y las garantías establecidas”, así como “un protocolo laboral acordado con la plantilla y la Representación Legal de los Trabajadores”.
El 9 de junio el Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre las amenazas al derecho al aborto en el mundo: la posible anulación del derecho al aborto en los Estados Unidos por parte de su Tribunal Supremo
El pleno condena el retroceso en la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo, incluidos EE.UU. y algunos países de la UE.
Después de un debate parlamentario el miércoles, los eurodiputados adoptaron el jueves, por 364 votos a favor, 154 en contra y 37 abstenciones(1), una resolución(2) en la que recuerdan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que debe respetar la sentencia del caso Roe contra Wade (1973), que otorga protección constitucional al derecho al aborto en el país.
Instan al presidente estadounidense Biden y a su administración a garantizar el acceso seguro y legal al aborto. Los eurodiputados reiteran su petición al Gobierno de Texas para que derogue inmediatamente la ley 8 del Senado estatal y piden a otros estados de EE.UU. con leyes similares que adapten su legislación a los derechos humanos de las mujeres, protegidos internacionalmente
Los eurodiputados afirman que las prohibiciones y otras restricciones al aborto afectan de forma desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza. Resaltan la situación de las mujeres que, debido a barreras financieras o logísticas, no pueden permitirse viajar a clínicas de salud reproductiva en estados o países vecinos, y que corren un mayor riesgo de someterse a procedimientos inseguros y potencialmente mortales.
Consecuencias de la prohibición del aborto en EE.UU. para otras mujeres
Llanes reitera que la iglesia de San Antolín de Bedón es «indudablemente estatal»
San Antolín de Bedón, en el concejo de Llanes, es un templo benedictino románico del siglo XIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC). / G. P.
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Gloria Pomarada, El Comercio / Asturias Laica, 27 de mayo de 2022
El debate sobre la titularidad del monasterio llanisco de San Antolín de Bedón vuelve a estar abierto. La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó ayer por 29 votos a favor y cinco en contra una proposición de Unidas Podemos por la que se insta al Gobierno central a «dilucidar la titularidad estatal de la iglesia» y «así llevar a cabo su inscripción en el Inventario general de bienes y derechos del Estado».
La propuesta, defendida por la diputada Sofía Castañón, sigue la línea de la ya aprobada por unanimidad en junio de 2018 en la Junta General, también impulsada por la formación morada y de la cual no han trascendido avances hasta la fecha. Según recoge la proposición no de ley ayer aprobada, «un expediente firmado por el Subdirector General de Patrimonio en 1996 parece ser el principal obstáculo para que el reconocimiento de la titularidad pública de la iglesia no se haya hecho efectivo a pesar de los múltiples procedimientos administrativos iniciados a tal fin». La idea hace cuatro años pasaba de hecho por derogar o declarar nulo el expediente de 1996 por el cual el templo se habría desinscrito del inventario general de bienes del Estado.
Según explicó Castañón, «el origen del problema se encuentra en la desamortización efectuada en 1823 sobre los terrenos en los que se erige», pues «si bien fue vendida a particulares la superficie circundante, nunca llegó a venderse el propio edificio de la iglesia». Según sus datos, en «un acta de compraventa de 1870 se recoge específicamente que la iglesia queda exenta por ser un bien de propiedad estatal» e incluso el templo «habría de considerarse como un inmueble vacante»
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Documental "Contracampos" / III Jornadas de Educación e Historia con Memoria diciembre 1, 2023
19:00 h. Antigua Escuela de Comercio de Gijón, C. Francisco Tomás y Valiente
Presentación del libro Rosario de Acuña (1850-1923). Actualidad y legado en el centenario de su nacimiento diciembre 4, 2023
20:00h, Librería La Buena Letra, Gijón. Autor: Macrino Fernández Riera
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