La iniciativa propone que el Parlamento de Andalucía inste a la Junta a «realizar las acciones necesarias para recuperar el uso público gratuito del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla»
Imágenes de la Salida Procesional de la Hermandad de la Corona en su transitar por el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. A 27 de marzo del 2026 en Sevilla | Foto de archivo ____________________
El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha presentado una proposición no de ley (PNL) para su discusión en la comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. El objetivo es que el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla recupere su «uso público gratuito».
La iniciativa propone que el Parlamento de Andalucía inste a la Junta a «realizar las acciones necesarias para recuperar el uso público gratuito del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla».
Además, solicita que se exija al Consejo de Gobierno andaluz «velar por el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en lo relativo a la garantía de acceso público y gratuito a este bien de interés cultural».
A través de la proposición, Sumar insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer
Centro de las Oblatas de Alaquàs en 1966 | Archivo personal de María Palau (1) ______________________
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley de Sumar (2) por la que insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer, institución gestionada por órdenes religiosas de monjas, creada en 1941, y que continuó activa hasta 1985. Ha contado con el apoyo de Sumar, Podemos y ERC, el rechazo de Vox y la abstención de PSOE y PP.
En la iniciativa, Sumar pide que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para «impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica».
El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que reclama que se reconozca como víctimas del franquismo a las miles de mujeres que fueron recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer «por el mero hecho de no seguir los parámetros morales que establecía la dictadura» con el objetivo de «reeducarlas»[1]
En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas recuerdan que esta institución tenía su antecedente en el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas, creado en 1902 bajo la tutela de la Reina María Cristina de Habsburgo, con el objetivo de combatir la explotación de las mujeres.
Pese a que en 1931, durante la Segunda República, fue reorganizado con un enfoque laico y orientado hacia el empoderamiento de las mujeres, su disolución en 1935 dejó el terreno abierto para que el franquismo lo reestructurara con un propósito completamente diferente, convirtiéndolo en «una red de internamiento y control social femenino» y «una herramienta de represión patriarcal y moral».
El coordinador general de IU Andalucía, junto a las direcciones provincial y local de Cádiz, trasladó a colectivos del sector público educativo la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados
Encuentro de Toni Valero con colectivos del sector educativo de Cádiz _______________________
El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, presentó en la capital gaditana la Proposición No de Ley con la que la formación política, a través del grupo Sumar, insta al Gobierno a la supresión progresiva de los conciertos educativos, “mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos”.
Junto al coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez y la dirección local de IU Cádiz, el diputado trasladó a representantes de Ustea, Sindicato de Enseñanza de CCOO, la Flampa y la Coordinadora de la Escuela Pública los detalles de la PNL promovida por IU y que pretende que el Gobierno celebre “una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes con el fin de establecer una red escolar pública única”.
En el pleno ordinario de las Cortes de Aragón del jueves 27 de marzo se debatió (punto 11 del orden del día), para su posterior aprobación, la Proposición no de Ley número 96/25, relativa a la lucha contra la ocupación ilegal, presentada por el G. P. Vox en Aragón.
Ninguna sorpresa en el resultado: El Parlamento aragonés ha apostado por aplicar el «desahucio exprés» recogido en la legislación vigente para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Ha aprobado una PNL de VOX con los votos de PP, VOX y PAR, votando en contra los restantes partidos.
Ninguna sorpresa tampoco en el grupo que presentaba la enmienda. Alejandro Nolasco, su portavoz, ha puesto de relieve «el calvario judicial» que pasan los propietarios de viviendas ocupadas, que en ocasiones dura varios años, tildando de «delirante tener que estar defendiendo que al ocupa hay que echarlo inmediatamente», criticando a «los auténticos delincuentes que se ciscan en los bienes ajenos» y también a quienes entran en España con visado de turista y se quedan a vivir porque España se ha convertido en «un verdadero resort de la delincuencia».
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama facilitar el acceso a los correspondientes archivos para poder investigar las vejaciones de las que fueron objeto y a recoger sus testimonios para hacerles justicia
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego / Fernando Sánchez -Europa Press-Archivo/ Fuente foto _________________________
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere que se reconozca la condición de víctimas del franquismo a las jóvenes que fueron recluidas por el Patronato de Protección a la Mujer, una institución de la dictadura que tuvo diversas ‘casas de acogida’ gestionadas por monjas y que estuvo funcionando hasta 1985, una década después de la muerte de Francisco Franco.
El Bloque destaca que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no las incluye explícitamente como tales, a pesar de la duración y extensión de la represión sufrida. La propuesta insta al Gobierno a colaborar con las comunidades autónomas para facilitar el acceso a documentación dispersa en archivos: Diputaciones Provinciales, Archivos Históricos Provinciales y congregaciones religiosas, y a promover estudios sobre esta larga, extensa y poco conocida forma de represión patriarcal.
La propuesta aboga por una reforma de la ley de Patrimonio que «refuerce la transparencia y fomente una mayor corresponsabilidad en la administración de estos monumentos, priorizando criterios científicos, el interés general y el acceso ciudadano sobre cualquier interés privado»
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa | Agencia EFE-Fuente ____________________
Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL)[1]en la Cámara Baja con la idea de reclamar mayor transparencia a la Iglesia en la administración de los bienes de titularidad pública que gestiona. La formación política liderada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que la actual normativa no garantiza un control adecuado sobre estos inmuebles y plantea la necesidad de una reforma legislativa que establezca mecanismos de supervisión más estrictos.
Según la iniciativa presentada, una parte significativa de los 3.161 bienes de interés cultural (BIC)bajo administración eclesiástica fueron adquiridos mediante el controvertido procedimiento de inmatriculación diocesana. Sumar sostiene que esta situación genera distorsiones legales y problemas de gestión que la actual legislación no solventa. La propuesta aboga por una reforma de la ley de Patrimonio que «refuerce la transparencia y fomente una mayor corresponsabilidad en la administración de estos monumentos, priorizando criterios científicos, el interés general y el acceso ciudadano sobre cualquier interés privado».
Promovidas por la Coordinadora RECUPERANDO, se han presentado este pasado jueves dos Proposiciones No de Ley en el Registro del Congreso de los Diputados
Las PNL han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, si bien la Coordinadora RECUPERANDO ha mantenido reuniones también con otros grupos parlamentarios tendentes a conseguir un apoyo lo más amplio posible para sus demandas.
Nota de prensa:
La primera de las PNL solicita «la remisión a las Cortes de la información completa y detallada de todos los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, en los registros de la propiedad, desde 1946 hasta el año 2015 para su debate en la Comisión de Justicia».
Argumenta esta Coordinadora que la información que el Ministerio de Presidencia remitió a las Cortes el 16 de febrero de 2021 resulta incompleta y claramente insuficiente, dado que:
El grupo de Sumar en la Cámara Baja, a través de varios diputados de Izquierda Unida, registran una iniciativa, -trabajo en colaboración con la Coordinadora ‘Recuperando’-, para conocer las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1946 hasta 1998 y para que los datos que se ofrecen sean más exhaustivos.
Turistas admiran la Giralda de Sevilla en junio de 2022 / Joaquin Corchero / Europa Press _________________
Los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago, Nahuel González y Francisco Sierra —todos ellos dentro del grupo parlamentario de Sumar— han registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con la que quieren exigir al Gobierno que se elabore una lista más detallada y, sobre todo, más amplia de las inmatriculaciones de la Iglesia.
Es una reivindicación que ni mucho menos es nueva. Viene de muy lejos. De hecho, tal y como informó Público en abril de 2024 , varios diputados de IU ya preguntaron por escrito al Gobierno por qué no ofrecía una lista de las inmatriculaciones de la Iglesia —los inmuebles que desde la reforma hipotecaria franquista de 1946 pudo registrar la Iglesia como propios, a pesar de no estar dedicados al culto—, que comprendiera todos los años.
El Congreso ha aprobado este pasado jueves la proposición no de ley del PSOE por la que insta al Gobierno a «continuar desarrollando políticas públicas adecuadas para garantizar la igualdad de género, con especial atención a la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos», con 178 votos a favor (PSOE y socios), 33 en contra (Vox) y 138 abstenciones (PP).
En este sentido, se ha incluido una enmienda transaccional del PSOE, Sumar y ERC, en la que instan al Gobierno a culminar el trabajo del Ministerio de Sanidad en la redacción del protocolo de personas objetoras de conciencia, mediante la implementación de las medidas recogidas en el mismo. El objetivo es el de «dar una respuesta inmediata a la urgente necesidad de garantizar un acceso en condiciones de igualdad, dignidad, calidad asistencial y seguridad a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de todas las mujeres en el sistema público de salud».