Recordar y honrar a las víctimas de una tragedia colectiva y arropar a sus familias requiere el máximo respeto institucional, lo que es incompatible con la imposición de ceremonias litúrgicas y la presencia de autoridades públicas sometidas a ritos religiosos.
Un momento del funeral por los fallecidos en el accidente de Urda celebrado en la catedral de Toledo | Fuente _____________________
Europa Laica, 12 de noviembre de 2026
Comunicado
La organización lamenta que las más altas instituciones del Estado hayan vuelto a hacer de un rito católico (la misa funeral celebrada el pasado martes en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda) su forma de homenaje, en lugar de un acto civil, plural e inclusivo.
Recordar y honrar a las víctimas de una tragedia colectiva y arropar a sus familias requiere el máximo respeto institucional, lo que es incompatible con la imposición de ceremonias litúrgicas y la presencia de autoridades públicas sometidas a ritos religiosos.
Ante la celebración de la misa funeral en la Catedral de Toledo, presidida por el arzobispo con la asistencia de las máximas autoridades del Estado, Europa Laica manifiesta su más enérgico rechazo a la utilización de actos institucionales y de Estado para la escenificación de cultos religiosos particulares.
La iniciativa denuncia que las personas adoptadas, aun teniendo reconocidos legalmente a sus padres de origen, pueden ver limitados los derechos que les corresponden como hijos por el hecho de existir legalmente como adoptadas. Esta discriminación revictimiza especialmente a los «bebés robados» sometidos después a una adopción.
Olmo Gómez Aldaz con su padre | Cedida ___________________
Nos hacemos eco de la nota de prensa enviada por Olmo Gómez Aldaz, 28 de octubre de 2026
Nota de prensa
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) se ha adherido a la iniciativa presentada el pasado 6 de septiembre ante el Defensor del Pueblo contra la discriminación de las personas adoptadas y los «bebés robados» respecto de su filiación e identidad de origen. Promovida por Olmo Gómez Aldaz, vecino de Tudela de Duero, reclama que ser adoptado no reduzca los derechos que corresponden como hijo de sus padres de origen.
La reclamación señala que la adopción se ha utilizado para enmascarar el tráfico y el robo de bebés, manteniendo a las víctimas durante décadas identificadas únicamente como personas adoptadas. Denuncia que, incluso después de descubrirse la sustracción y reconocerse legalmente a sus padres de origen, esa condición jurídica puede seguir limitando sus derechos. La adopción que encubrió lo ocurrido se convierte así en un obstáculo para su reparación y en una fuente de revictimización.
El problema alcanza también a quienes fueron adoptados legalmente. La iniciativa cuestiona que una filiación por naturaleza reconocida tenga efectos diferentes según exista o no una adopción. Pide que las limitaciones sobre el parentesco, los apellidos y los derechos familiares tengan una justificación concreta, en lugar de derivarse de forma general de la condición adoptiva. Recuperar esos derechos debe ser posible también para quienes desean conservar su adopción y sus apellidos adoptivos.
Considera «intolerable» el desfile de autoridades en actos eclesiásticos de la capital y «un sinsentido encomendar la sismicidad de Granada a rogativas medievales».
Renovación municipal en 2025 del voto de acción de gracias al Cristo de San Agustín. En el centro de la imagen la alcaldesa Marifrán Carazo (PP) y el arzobispo de Granada. José María Gil Tamayo | Archidiocesisgranada.es ______________
Granada Laica, sección territorial de Europa Laica, ha manifestado su más enérgico rechazo ante lo que califican como un «secuestro confesional del espacio y la agenda pública» en Granada durante el mes de septiembre. El colectivo denuncia la participación oficial y corporativa de representantes del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y otros estamentos civiles y militares (lo que a menudo denomina la “lista de la vergüenza confesional”) tanto en la renovación del «Voto» y procesión de rogativas del Cristo de San Agustín como en el masivo calendario de cultos y ofrendas a la Virgen de las Angustias.
La asociación califica de «flagrante vulneración del principio constitucional de aconfesionalidad» el hecho de que cargos públicos civiles y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado utilicen sus uniformes, condecoraciones y demás atributos de representación para participar en, o incluso presidir, rituales católicos. “Pueden hacer lo que quieran a título personal, pero no como cargos públicos”, declaran. Y añaden que «quienes representan al Estado -al que la Constitución define como no confesional- no pueden actuar como piadosos devotos de una determinada creencia religiosa. Mezclar símbolos del ejército o de la soberanía civil con desfiles de fe es propio de un nacionalcatolicismo que se suponía felizmente superado».
El Ministerio confirma que, desde 2022, solo ha reconocido la condición de víctima a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores.
Olmo Gómez Aldaz, el único hijo reconocido hasta ahora por la Ley de Memoria Democrática como víctima de una sustracción sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores, considera que su adopción encubre esa sustracción y está demandando judicialmente su nulidad. «La adopción en España es irrevocable», lamenta.
La confirmación procede de una respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, fechada el 28 de julio de 2026. Según el documento, la única Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal concedida a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores es la de Olmo Gómez Aldaz, firmada el 19 de febrero de 2026.
«Al ser el único hijo reconocido, siento una responsabilidad especial: visibilizar lo ocurrido y contribuir a que otras víctimas puedan encontrar respuestas y reclamar su reparación», afirma Olmo Gómez Aldaz.
Ante las recientes declaraciones[1]del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en las que ha tildado al Estado de «banda de ladrones» y ha reprochado una supuesta «falta de ética» en las instituciones públicas, Europa Laica quiere manifestar su más absoluto rechazo a la hipocresía institucional que arrastra la jerarquía católica en España.
Resulta un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en nuestro país acuse de «ladrón» al Estado que la sostiene de forma millonaria. Si la Iglesia católica deseara un sistema más ético, renunciaría a prebendas económicas y fiscales que extrae anualmente de las arcas públicas, es decir, del esfuerzo de toda la ciudadanía, sea cual sea su conciencia.
Por todo ello, y manteniendo nuestra firme defensa de la separación absoluta entre las Iglesias y el Estado, Europa Laica reclama al Gobierno y a los representantes de la ciudadanía:
Partidos políticos, sindicatos y colectivos navarros han pedido al Papa León XIV, en un comunicado conjunto, su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y sus diócesis para que la Iglesia «devuelva voluntariamente» los bienes inmatriculados «indebidamente apropiados».
El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | A. Pérez Meca – Europa Press ________________
El comunicado está firmado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el Colectivo Republicano de Euskal Herria, el sindicato LAB, Contigo-Zurekin, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y Junta de Irazarra Elkartea.
Las entidades que suscriben este comunicado parten del principio de que los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. En el Estado español, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario nacido en el marco del nacionalcatolicismo franquista, pudo inscribir a su nombre miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación expedida por el propio obispo. Mientras cualquier ciudadano o entidad debía acreditar documentalmente su derecho, la Iglesia fue situada en una posición excepcional, como si pudiera otorgarse fe pública a sí misma. Un «privilegio, originado en la legislación hipotecaria de 1946», que «fue ampliado en 1998 y permaneció vigente hasta 2015».
Cruz Aneto (desaparecida en abril de este año) ___________________
MHUEL, Movimiento hacia un Estado Laico, 4 de mayo de 2026
En MHUEL celebramos la derrota judicial de la ultraderecha en Bezas y reclamamos a los responsables de la Administración Autonómica que actúen sin demora en todas las cumbres de Aragón.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel inadmite el recurso presentado en marzo del año pasado por la formación de extrema derecha ante el acuerdo del Concejo Abierto turolense de aprobar el derribo por motivos de seguridad(1)e impone las costas, confirmando que la retirada de la cruz es una decisión técnica y legítima de la Administración.
Desde el Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) valoramos positivamente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel que ha inadmitido los recursos presentados para paralizar el derribo de la cruz de Bezas, en la Sierra de Albarracín, imponiendo a VOX el pago de las costas procesales. La resolución judicial confirma que ni el partido político ni sus representantes tenían legitimación para cuestionar una decisión adoptada por el Gobierno de Aragón por motivos de seguridad pública.
Nota de apoyo a Joan Casajoana contra la apropiación indebida de bienes inmuebles por parte de la Iglesia y su cobertura institucional
Vista aérea del conjunto de Vallhonesta con la ermita de Sant Pere al fondo | Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet ____________________
Coordinadora Recuperando –Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia- |Plataforma Recuperant -Plataforma catalana para la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia-, 25 de abril de 2026 ____________
Desde la Coordinadora Recuperando y la Plataforma Recuperant, integradas por colectivos ciudadanos, entidades patrimoniales y plataformas territoriales de todo el país que trabajan por la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, queremos expresar nuestro apoyo firme e inequívoco a Joan Casajoana en el conflicto de Vallhonesta (Sant Vicenç de Castellet)(1)
El caso de Vallhonesta constituye un ejemplo paradigmático -casi de manual- de lo que está sucediendo en todo el territorio: un proceso de apropiación de bienes con valor histórico, social y comunitario mediante las inmatriculaciones a instancia de los obispos a través de declaraciones unilaterales -las denominadas certificaciones eclesiásticas-, facilitado por la pasividad, la complicidad o la participación directa de responsables políticos e institucionales.
El miércoles 25 de marzo de 2026 se constituyó la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, también llamada “Comisión de la Verdad”. Esta Comisión se forma dentro del Consejo de Memoria que se conformó el 22 de diciembre de 2025 como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
La asociación Todos los niños robados son también mis niños forma parte del Consejo de Memoria, junto a otras organizaciones, entre las que destacamos las entidades compañeras memorialistas. Nuestra presidenta Soledad Luque Delgado, además de representar a la asociación en el Consejo, ha sido designada como integrante de la Comisión recientemente constituida.
La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha escrito a todos los Grupos Parlamentarios Socialistas de los parlamentos autonómicos para que impulsen iniciativas similares a la aprobada en Navarra y para mantener reuniones que permitan analizar la situación en cada territorio.
Una iniciativa ya aprobada en Navarra
RECUPERANDO informa de que el 5 de febrero de 2026 el Parlamento de Navarra aprobó una moción defendida por el PSN-PSOE sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. La moción insta al Estado a anular la normativa que permitió inscribir bienes sin aportar título de propiedad y a promover medidas para la revisión, investigación y recuperación de los bienes afectados.