La Iglesia mantiene sus privilegios a salvo pese al informe del Tribunal de Cuentas

julio 13, 2021

La fiscalización de la relación económica del Estado con la Iglesia, que dejó fuera el dinero de comunidades, diputaciones y ayuntamientos y el grueso de sus ventajas en el terreno fiscal, educativo y patrimonial, tampoco ha forzado cambios a fondo en la justificación de los fondos públicos asignados vía IRPF

Ángel Munárriz, InfoLibre, 13 de julio de 2021

La Iglesia mantiene intacto su privilegiado estatus económico en España, que ha salvado el desafío puntual del histórico examen del Tribunal de Cuentas. Casi un año después de la publicación del informe de fiscalización, una especie de auditoría de las relaciones económicas del Estado con la Iglesia, la evaluación de la situación evidencia que el alcance de los trabajos dejaba fuera el grueso de las ventajas económicas, fiscales, educativas y patrimoniales de la institución católica. Es más, ni siquiera hay cambios significativos respecto a los fondos entregados a la Iglesia vía IRPF.

A la espera de un posible acuerdo reformista entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que negocian discretamente desde hace más de un año, la memoria anual de la Iglesia sigue siendo más publicitaria que justificativa. Mientras tanto, los obispos han logrado el aval del Gobierno a las inmatriculaciones y el anteproyecto de una nueva ley cultural prevé un reforzamiento de la cooperación del Estado con la Iglesia para “enriquecer” su patrimonio.

Un listón bajo

La fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la relación económica del Estado con la Iglesia, aprobada el 28 de julio de 2020, se empezó a realizar tras una campaña de presión que incluyó a fuerzas de izquierdas, como PSOE, Podemos e IU, y a grupos como Europa Laica. A finales de 2016, el Tribunal de Cuentas se había opuesto a realizar este examen, pese a la voluntad de hacerlo de miembros del sector progresista. Finalmente, al año siguiente la institución sí probó la elaboración del informe, que también incluía a las confesiones judía, evangélica y musulmana.

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El Gobierno fija en una nueva ley que el Estado cooperará para “enriquecer” y “conservar” el patrimonio de la Iglesia

junio 22, 2021

La cooperación, sujeta en la ley a la “función social” del patrimonio, se extiende al resto de confesiones “si poseen los necesarios valores culturales”. El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Patrimonio Histórico ha sido aprobado esta mañana en Consejo de Ministros.

Ángel Munárriz, InfoLibre, / Agencia EFE, 22 de junio de 2021

El Gobierno de España establece en una nueva ley que el Estado cooperará con la Iglesia para “enriquecer” y “conservar” el patrimonio histórico eclesiástico. Así lo recoge el último borrador del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley del Patrimonio Histórico Español, que está previsto que llegue este martes al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre.

El texto, redactado por el Ministerio de Cultura y Deporte y que aún debe pasar por toda la tramitación parlamentaria, recoge lo siguiente en una disposición adicional: “La Administración General del Estado cooperará en la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Histórico eclesiástico, garantizando siempre el cumplimiento de su función social”

La colaboración patrimonial de la Iglesia con el Estado topaba en ocasiones con dificultades técnicas, a pesar de estar recogida en el acuerdo sobre asuntos culturales con la Santa Sede de 1979, señala una fuente autorizada del Ministerio de Cultura y Deporte, que afirma que la reforma legal pretende superar estas dificultades.

¿Qué dificultades, concretamente? “A veces resulta complicado cooperar. Por ejemplo, si quieres ayudar [a una institución religiosa] a arreglar una iglesia que se está cayendo, hay dudas sobre cuál es el título jurídico necesario. Si se está cayendo un ábside de la catedral de Palencia, ¿podemos ayudar? Hay funcionarios que tienen sus dudas y alegan que podría hacer falta un acuerdo con la diócesis”, añade. Del mismo modo, continúa, hay interventores que ahora, a la hora de fiscalizar un gasto, piensan que no es posible establecer la cooperación económica con la Iglesia sin “un título jurídico adicional”. Con la redacción del anteproyecto, la colaboración es más sencilla. Queda tallado en la piedra del BOE que “la Administración General del Estado cooperará”. Fuera dudas.

La Iglesia católica es considerada la mayor propietaria de patrimonio histórico de España, país en el que tiene una implantación secular. La institución acumula 22.993 parroquias, 87 catedrales y 639 santuarios, según la última memoria de la Conferencia Episcopal, que suele alegar –ante las críticas por la aportación de dinero público a su funcionamiento– que su patrimonio tiene un impacto total en el PIB de 22.620 millones de euros y supone 225.000 empleos de manera directa, indirecta e inducida. Los críticos con el apoyo del Estado a la Iglesia, como Europa Laica, denuncian que entre subvenciones, ayudas, asignación vía casilla de la Iglesia en el IRPF, exenciones y salarios, las arcas públicas benefician a la institución religiosa con miles de millones de euros al año.

La institución católica no es la única que se beneficia de la redacción de la nueva ley, que también establece que la cooperación para “enriquecer” y “conservar” su patrimonio histórico se extiende a otras confesiones religiosas “si poseen los necesarios valores culturales”. Las otras tres confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado son la judía, la evangélica y la islámica.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Reforma del la ley de Patrimonio Histórico

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, a petición del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico con el que pretende poner al día la ley del año 1985 y adecuarla, junto a la ley de 2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en un único texto normativo que integre todas las modificaciones legislativas que se han hecho a lo largo de los últimos años.

Según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte, el anteproyecto pasará ahora a los ministerios implicados antes de volver “en unas semanas” al Consejo de Ministros, para iniciar a continuación su tramitación parlamentaria.

Los principales puntos que propone el texto son los siguientes:

— Proteger el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico y las Filmotecas como archivos que guardan bienes culturales.

— Reconocer los Patrimonios Industrial, Inmaterial, Subacuático y Cinematográfico y Audiovisual.

— Regular una nueva categoría de Bienes de Interés Mundial que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

— Crear la figura de los Planes de Salvaguardia para los monumentos.

— Prohibir a la Iglesia enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Públicas.

— Dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España.

— Hacer obligatoria la conservación preventiva para que los bienes culturales no se deterioren.

— Prohibir el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos.

— Definir y regular qué es un Paisaje Cultural.

— Regular el entorno de los monumentos.

— Establecer que los estándares de protección que define la Ley estatal para los Bienes de Interés Culturales son obligatorios para las Comunidades Autónomas.

— Solventar disfunciones en el traslado de una Bien de Interés Cultural de una Comunidad Autónoma a otra.

— Hacer obligatorias las reglas sobre el uso de cables y rótulos en los conjuntos históricos.


El movimiento laico exige en la calle al Gobierno que apruebe la ley de su programa contra las inmatriculaciones

junio 22, 2021

La coordinadora Recuperando presiona a PSOE y Unidas Podemos para el cumplimiento del acuerdo de gobierno y el discurso de investidura que prevé cambios legales para recuperar bienes registrados “indebidamente”

Interior de la mezquita de Córdoba_ EFE

Interior Mezquita de Córdoba

Ángel Munárriz, InfoLibre, 22 de junio de 2021

El movimiento laico, que sale este martes a la calle, presiona al Gobierno para que cumpla con su compromiso pendiente de legislar contra las inmatriculaciones de la Iglesia. La coordinadora de colectivos Recuperando ha convocado concentraciones en 16 poblaciones en “denuncia del incumplimiento del Gobierno”. El acuerdo programático de hacer cambios legales para revertir las inmatriculaciones realizadas “indebidamente” de momento no se ha convertido en realidad.

“El Gobierno […] ha incumplido su compromiso […] y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común”, señala el manifiesto de Recuperando para calentar la convocatoria, que reclama “una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos”.

Programa e investidura

El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, firmado en diciembre de 2019, establecía el compromiso de aprobar las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.

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El catolicismo radical ya reúne a derecha y ultraderecha bajo el manto de Mayor Oreja

junio 13, 2021

El exministro, cabeza de un conglomerado organizativo que incluye a One of Us, Valores y Sociedad y Asamblea por la Vida, se erige en referente de un proyecto de “alternativa cultural” al “Frente Popular” que exige la unidad de la derecha

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Jaime Mayor Oreja, tercero por la izquierda, entre los diputados del PP José Ignacio Echániz (PP) y Lourdes Méndez Monasterio (Vox), en una comparecencia del exministro ante el Congreso a la que también acudió Iván Espinosa de los Monteros (Vox) / Europa Press

Ángel Munárriz / InfoLibre, 13 de junio de 2021

Que si habrá o no habrá foto. ¡Cuánto se ha hablado de eso! Tan icónica se ha vuelto la “foto de Colón“, el posado conjunto de Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Santiago Abascal (Vox) en febrero de 2019 para reclamar elecciones a Pedro Sánchez por las “cesiones” al independentismo, que es inevitable que ahora se especule sobre si se repetirá una instantánea parecida este domingo, de nuevo en la Plaza de Colón. A priori, parece que no. Ciudadanos, una parte de cuyo menguante electorado ha sido devorado por Vox, huye de las fotos con la ultraderecha como de la guadaña, aunque arrastra el problema de gobernar gracias a ella en Andalucía y en el Ayuntamiento de Madrid. Incluso en el PP el tema levanta ampollas. Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Fernando López Miras (Murcia) sí tienen previsto ir, pero no Juan Manuel Moreno (Andalucía), Alberto Núñez Feijoó (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Se diría que compartir espacios con el partido de Abascal sigue teniendo algo de línea roja…

… Aunque existe un espacio sociopolítico donde esa línea roja está borrada.

Se trata del lobby integrista, sobre todo en su frente madrileño, aguirrista y aznarista, donde no es sólo que el PP y Vox se hagan a diario su particular “foto de Colón”. Es que se podría decir incluso que es un vídeo. Y si la película tuviera un director, sería Mayor Oreja.

La figura clave

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La Iglesia recibe vía IRPF el doble que en 2007 pese a caer más del 11% en sacerdotes

mayo 12, 2021

El boom de ingresos se produce mientras desciende más de un 18% el número de seminaristas

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La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, en una reunión en junio de 2020 / Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Ángel Munárriz, InfoLibre, 12 de mayo de 2021

La era del 0,7% está siendo dorada en lo económico para la Conferencia Episcopal, en contraste con el declive de su armazón religioso. La Iglesia ha duplicado el dinero público anual que recibe vía IRPF desde 2007, mientras su número de sacerdotes ha caído más de un 11% y el de seminaristas más de un 18%.

El Gobierno de España y el Vaticano acordaron, en diciembre de 2006, subir la asignación a la Iglesia católica de un 0,52% a un 0,7% por cada equis marcada en la casilla de la declaración de la renta. Quedó intacto el rasgo esencial del acuerdo: el dinero que se le entrega a la Iglesia se calcula por el número de equis marcadas, pero se trata de un dinero público, detraído del monto total recaudado. A los que marcan ni se los hace pagar más ni se les devuelve menos. El tiempo ha demostrado que fue un importante logro de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con Ricardo Blázquez como presidente.

La asignación tributaria antes del cambio se situaba en torno a los 150 millones, según la información facilitada a infoLibre por Hacienda. En 2007, fue concretamente de 152 millones de euros. La primera asignación tributaria con el nuevo sistema se produjo en 2008, explica a este periódico la Conferencia Episcopal. La CEE acaba de hacer pública su serie de ingresos púbicos vía IRPF 2008-2019. El dato de 2019, que recoge la inyección obtenida mediante la declaración de la renta de 2020, marca un récord histórico, con 301,2 millones.

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No es sólo religión, boato y turismo: la cara b del destrozo emocional en Semana Santa

marzo 29, 2021

El historiador César Rina muestra cómo el poder político y religioso ha tratado de controlar la Semana Santa, que ha tenido un envés popular, heterodoxo y hasta rebelde a menudo oculto tras el cliché

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Grafiti en una calle de Sevilla, en 2018, incluido en el libro ‘El mito de la tierra de María Santísima. Religiosidad popular, espectáculo e identidad’, editado por el Centro de Estudios Andaluces. / Centro de Estudios Andaluces

Ángel Munárriz, InfoLibre, 29 de marzo de 2021

No es tan pura como parece, ni siquiera tan religiosa. Ni mucho menos tan solemne. La Semana Santa que aparece descrita en el ensayo El mito de la tierra de María Santísima. Religiosidad popular, espectáculo e identidad, de César Rina (Centro de Estudios Andaluces, 2021), asoma al lector a una celebración con vetas populares, heterodoxas y hasta rebeldes, que ha vivido en una histórica tensión con su interpretación más canónica y que es clave para explicar su éxito. Rina, que no se ciñe a Sevilla pero sí le presta especial atención, nos muestra una cara b de la celebración –a menudo ignorada por un relato dominante hecho de religión y turismo– que también tiene su historia y sus hitos. Y que también se ve interrumpida con la segunda suspensión consecutiva de las procesiones.

La autoridad política y religiosa, como muestra el trabajo de Rina, ha tratado siempre de poner bajo control y encauzar la Semana Santa, mimando a los valedores de su línea oficial, dándole visibilidad y recursos públicos. Incluso sin procesiones, como volverá a ocurrir este año, la complicidad del mundo oficial cofradiero sigue siendo objeto de deseo del poder político, que ahora ha compensado a las hermandades con ayudas públicas extraordinarias. “Los enemigos natos de la Semana Santa son el cardenal y el gobernador”, escribió Manuel Chaves Nogales en Ahora en 1935, defendiendo que la celebración en Sevilla no es “ni de los curas, ni de los gobernantes”, por más que se empeñen.

El periodista reivindicaba que la Semana Santa, más que religión, es barrio, familia y recuerdo. Y diversión, por supuesto. “Donde se supone que tendría que haber ayuno y abstinencia, hay jolgorio y pecado. Y luego el Domingo de Resurrección, que se supone que debería ser un día de gozo, lo que hay es depresión porque se ha acabado la diversión”, sonríe el antropólogo Ángel del Río, que resume con una anécdota lo que es también –y a menudo no se conoce, o no se comprende– la Semana Santa: “Estaba viendo la Macarena con un amigo mío ateo, de izquierda, que no pisa una iglesia, y de repente se pone a llorar. Yo estaba sorprendido. Y me lo explicó: ‘Aquí lo que estoy viendo es a mi abuelo, a mi padre, a mi barrio, a mi gente'”.

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El lobby ultracatólico sale a combatir un supuesto ataque a la mujer-madre: “El feminismo es rechazo a la maternidad”

marzo 8, 2021

Women of the World, una red internacional con base en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calienta el 8M denunciando la discriminación  del hombre y con un curso para universitarios que busca “combatir el feminismo radical”

El documento de referencia de Women of the World ante el 8M.

Ángel Munárriz, InfoLibre, 8 de marzo de 2021

“El feminismo ha descarrilado y es odio al varón, es victimismo, es supremacía, es lucha de sexos, rechazo a la maternidad”. Así calienta motores para el 8M Women of the World, el buque insignia del feminismo a la inversa, una red internacional de organizaciones de mujeres, con cuartel general en España, cuya presidenta difunde un curso de formación para que los universitarios aprendan “cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo” ¿Antifeminismo? No, según sus protagonistas: ellas serían defensoras de la “verdadera igualdad”, seguidoras del “auténtico feminismo”, el que prescinde de la “ideología de género” y tiene claro su modelo: “La mujer tiene una identidad propia y exclusiva cuyos rasgos fundamentales vienen determinados por la maternidad, tenga hijos o no”. Es el hombre –aducen– el que empieza a estar discriminado. Esta corriente, a la que se suman perfiles reconocibles de Vox, cuenta con una organización que carga no sólo contra la ley de violencia de género, o del aborto –dos clásicos del lobby integrista–, sino también contra la legislación del divorcio.

Women of the World

Women of the World (WoW), con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), habitual de los listados de municipios más ricos de España, se presenta como una “plataforma internacional” integrada por 147 organizaciones, que suman 170.000 mujeres en 72 países. España tiene el papel más significativo. La plataforma fue puesta en marcha por la organización española Profesionales por la Ética, en colaboración con la belga Woman Attitute y la francesa Femina Europa, que aparecen como “cofundadoras” con un segundo nivel de protagonismo. De los 24 grupos destacados como socios, cinco, más del 20%, tienen marca española, entre ellos puntales del movimiento ultracatólico como la ya mencionada Profesionales por la Ética, Citizen Go –grupo en el que se integra Hazte Oír– y Enraizados.

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Opus: el nombre en todas las maniobras para limitar el cambio democrático

febrero 21, 2021

Artículo de Ángel Munárriz para InfoLibre que forma parte de un especial dedicado a los 40 años del golpe de Estado

Gregorio López Bravo en el Congreso de los Diputados en marzo de 1978 / EFE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 21 de febrero de 2021

“El Opus no interviene ni puede intervenir nunca en opciones políticas porque sus fines son exclusivamente espirituales”, asegura la prelatura

Al iluminar las zonas de sombra de la Transición, etapa de un sinfín de operaciones y maniobras, suelen aparecer dos palabras y siete letras: Opus Dei. La reciente investigación El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición (Espasa, 2021), del historiador Roberto Muñoz Bolaños, arroja luz sobre el papel de La Obra en el tablero conspirativo de la Transición, un proceso sinuoso, con mucha trastienda, óptimo para la exhibición de los atributos habitualmente asignados al Opus: discreción, influencia, relaciones. De la investigación se deduce: 1) No puede achacarse al Opus una relación con el golpe de Estado. 2) Las figuras vinculadas a La Obra aparecen, y frecuentemente con papeles destacados, en múltiples operaciones destinadas a limitar en sentido conservador el alcance del cambio político.

El Opus –o mejor dicho el conjunto de hombres del Opus en la esfera conservadora de la Transición– emerge como una importante fuerza opuesta al cambio político impulsado por Adolfo Suárez. “Tiene mucha lógica que miembros del Opus estuvieran muy activos durante la Transición. La presencia en el tardofranquismo del Opus fue decisiva. Y durante la Transición lo fue también. Los más destacados miembros del Opus mantuvieron sus puestos, porque la Transición se hizo manteniendo a los grupos de presión, y el Opus es un importantísimo grupo de presión muy metido no sólo en la política, sino en el empresariado, en la escala técnica, entre banqueros, ingenieros… Es un poder fáctico, que tenía muchos intereses que defender”, explica el periodista Mariano Sánchez Soler, que conoce las dinámicas de La Obra por trabajos como Las sotanas del PP (Temas de Hoy, 2002). Lee el resto de esta entrada »


La reforma penal apunta contra un pilar del movimiento ultracatólico español

febrero 10, 2021

La Asociación Española de Abogados Cristianos mantiene abiertos mediante denuncias y recursos 15 casos, entre ellos contra el artista Abel Azcona y Netflix

Performance de Abel Azcona denunciada, tras ser archivada en el Constitucional, en Estrasburgo por Abogados Cristianos

Ángel Munárriz, InfoLibre, 10 de febrero de 2021

Javier Krahe, Willy Toledo, Abel Azcona y Leo Bassi tienen algo en común, además de su condición artística. Sus nombres han estado vinculados a procesos de enorme repercusión mediática y escasa repercusión penal al final del camino. Procesos cuyo saldo hasta ahora han sido incontables artículos y horas de radio y televisión. Mucha discusión y enfrentamiento y polémica. Pero poco más, a la postre. Los cuatro, Krahe, Toledo, Azcona y Bassi, podrían formar parte, seguramente a su pesar, del club del 525por el artículo del Código Penal que los puso o los mantiene en apuros. Se trata del artículo preferido de las organizaciones ultracatólicas, que obtienen mediante su invocación un amplio eco mediático, sobre todo cuando se ven implicadas figuras públicas, pero un escaso fruto penal. La anunciada reforma del Código Penal por parte del Gobierno, a la que se suma una propuesta legal de Unidas Podemos, apunta así contra uno de los pilares de la estrategia de agitación del movimiento integrista: la batalla en los tribunales –o en los medios, a través de los tribunales– contra los supuestos ataques a la fe religiosa, tomando como asidero un precepto que protege algo tan difícil de tasar como los “sentimientos”.

El Ministerio de Justicia incluye dentro de los “delitos de expresión”, que planea reformar, aquellos “contra los sentimientos religiosos”. El artículo más utilizado en la cruzada librada por el lobby integrista, con organizaciones como Hazte Oír y Asociación Española de Abogados Cristianos a la cabeza y el argumento central de que hay en el país una persecución al catolicismo, se encuentra entre los citados por Justicia. Es el 525. Dicho artículo castiga con una multa de ocho a doce meses a los que, “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”. Lee el resto de esta entrada »


Una derrota judicial de la Iglesia golpea la impunidad de las inmatriculaciones

enero 26, 2021

El Tribunal Supremo rechaza el intento de revertir un fallo de la Audiencia de Palma que había tumbado la inscripción de unas murallas junto a una iglesia. La sentencia ahora firme establece que la Iglesia inmatriculó bienes de “dominio público” en Artá, cuyo ayuntamiento gana la batalla judicial

Las murallas de Artà

Ángel Munárriz, InfoLibre, 26 de enero de 2021

La Iglesia ha salido derrotada del Tribunal Supremo en un caso que afecta a un tema especialmente sensible para la institución católica: las inmatriculacionesEl litigio cerrado ahora por el Supremo es de las murallas de Artà, un municipio de unos 7.600 habitantes, en la isla de Mallorca, donde el Ayuntamiento ha logrado el pleno reconocimiento de la titularidad de dichos bienes. Al no admitirse los recursos eclesiásticos, se convierte en firme una sentencia de la Audiencia de Palma que establece que ni las murallas ni los patios son de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor d’Artà, sino del Ayuntamiento. Con el fallo en la mano, el movimiento contra las inmatriculaciones mete presión al Gobierno, que está negociando con la Conferencia Episcopal Española (CEE) una solución global al problema, y señala que la decisión del Supremo lleva a una pregunta, que plantea así el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez: “¿Cuántos bienes hay en la misma situación, habiendo sido inmatriculados por la Iglesia siendo en realidad públicos?”. Según Recuperando, pueden ser “miles”.

La inmatriculación de bienes en bloque, incluyendo los de uso nítidamente religioso junto con otros de naturaleza civil, es una de las prácticas que vienen denunciando los colectivos laicistas integrados en la coordinadora Recuperando. Y ahí es precisamente donde golpea la decisión del Supremo. El caso arranca en 2013, a raíz de una polémica sobre si los responsables de la parroquia podían o no retirar unos carteles colocados en el contexto de una protesta educativa, explica a infoLibre Aina Comas, concejal en el Gobierno del Ayuntamiento por Alternativa Per Artà, que gobierna junto a PSOE y Proposta per les Illes. “La cuestión era que el cura no debía ser el que quitase unos lazos verdes por la educación pública de un espacio que era del pueblo. Y ahí surge la duda, que sale de la propia sociedad civil. ¿De quién son las murallas?”.

El Gobierno local se asesoró en historia y leyes y concluyó que los bienes eran del Ayuntamiento. El tema acabó en los tribunales. El primer resultado fue una derrota del Consistorio en un juzgado de Manacor en enero de 2018. Pero en la Audiencia de Palma cambiaron las tornas. Una sentencia de junio de aquel año anuló la inscripción registral de la parroquia por suponer la apropiación de bienes del Ayuntamiento [ver aquí]. Lee el resto de esta entrada »