La toma en consideración de la Proposición presentada en el Congreso por ERC que busca incluir a las mujeres que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra |Vídeo de presentación y debate de la proposición en el Pleno.
La diputada de ERC Etna Estrems Fayos sería la encargada de presentar la PNL en el Pleno | Captura de pantalla __________________
El Pleno del Congreso de los Diputados abordó el martes 14 la toma en consideración de la proposición registrada por ERC en la que se insta al Gobierno a retocar la Ley de Memoria Democrática con el fin de incorporar a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
En su iniciativa, ERC reclama que se reconozca de forma oficial como “víctimas de la represión ejercida durante la dictadura franquista y sus estructuras institucionales”, a las mujeres internadas en centros dependientes del Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985.
La proposición que busca el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, ha sido aprobada este miércoles sin el apoyo de PP y Vox que han votado en contra. La iniciativa ha salido adelante por 176 votos a favor y 170 en contra, tras el debate parlamentario.
La historia de España bajo el régimen franquista está marcada por profundas heridas y silencios. Entre los capítulos menos explorados, y sin embargo de vital importancia para la memoria democrática, se encuentra la represión ejercida específicamente sobre las mujeres. Recientemente, se ha reavivado el debate sobre la necesidad de reconocer como víctimas de este periodo a aquellas mujeres que fueron internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución que operó con un férreo control moral y social durante décadas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en el Pleno del Congreso celebrado el miércoles 26, que el Gobierno estudiará la posibilidad de incluir como víctimas del franquismo a las mujeres encarceladas en el Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985, condicionando este supuesto a lograr una mayoría parlamentaria en las Cortes.
«Estamos abiertos a todas las posibilidades de mejora de la Ley de Memoria Democrática. (…) Precisamos mayoría parlamentaria», ha respondido en el Pleno del Congreso a una pregunta formulada por la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Etna Estrems, antes de insistir en su «compromiso» con las víctimas del Patronato.
El Defensor del Pueblo, tras recibir una queja, pide a Hacienda que los resarcimientos por pederastia del clero queden exentos de tributación, como los de casos de terrorismo
Los obispos, el día que aprobaron su plan integral para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, 9 de julio de 2024 | Claudio Álvarez ____________________
Una víctima de pederastia de un cura en la diócesis de Barcelona, cuyo caso fue destapado por EL PAÍS en 2023, ha cobrado por fin 50.000 euros de indemnización de la Iglesia, pero al preguntar si luego le quitarían una parte en la declaración de la renta, los responsables del arzobispado se encogieron de hombros. “Me dijeron que no sabían nada”, relata. Al parecer, nadie en la Iglesia ni en el Gobierno ha pensado en ello, pese a que se pelean por las indemnizaciones de las víctimas desde hace años. Es un fallo en el sistema que se suma a todos los obstáculos que ya encuentran las víctimas para ser compensadas económicamente.
Esta persona lo consultó en Hacienda y con su asesor fiscal y descubrió que este resarcimiento sí debía tener una retención, porque para estar exento de impuestos, según la ley, debería ser resultado de una decisión judicial, y estos casos no lo son. El de esta víctima y todas las demás, que en este momento, según la contabilidad de este diario, son 2.936, aunque la Iglesia hasta ahora solo ha admitido a trámite 99 indemnizaciones, un 2,9%.
La nueva ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, actualmente en tramitación de urgencias en el Congreso de los Diputados, podría ser la oportunidad para eliminar los delitos de opinión recogidos en el Código Penal, como las injurias en la Corona, el ultraje a la bandera y a otros símbolos nacionales, y las ofensas a los sentimientos religiosos. Ya a principios de la legislatura, Sumar llevó al pleno del Congreso una proposición de ley específica para acabar con los delitos de opinión en nombre de la libertad de expresión; la iniciativa fue tomada en consideración en diciembre de 2023, pero desde entonces está hibernando en un cajón con decenas de ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.
Por eso ahora Sumar ha decidido explorar un atajo, que es aprovechar una ley orgánica en tramitación para añadir su reforma como enmienda. Así lo ha hecho con la ley del acceso a la carrera judicial y fiscal, a la que ha presentado una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, para incluir una disposición adicional que suprima seis artículos del Código Penal y modifique otros tres al entender que «chocan frontalmente con la libertad de expresión o tienen un difícil encaje en un sistema democrático».
El Defensor del Pueblo presentó su informe sobre la violencia sexual perpetrada por los sacerdotes y urge a un pacto entre los obispos y el Estado para proceder a la inmediata reparación de estos crímenes. Sumar, ERC y Bildu reclaman que la jerarquía eclesiástica pague las indemnizaciones.
Ángel Gabilondo durante la presentación del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, este jueves en el Congreso / EFE __________________________
Ángel Gabilondo, ha reclamado colaboración y coordinación entre Iglesia y Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, y anteponer la reparación «a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia». «Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue», ha asegurado el defensor, quien considera que llegado este momento «es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos«.
Más de 30 colectivos patrimonialistas integrados en la coordinadora estatal Recuperando han enviado una carta a los partidos que negocian la investidura de Pedro Sánchez para que «no se olviden de las inmatriculaciones de la Iglesia» y lleven a cabo «modificaciones legislativas» para anular las inscripciones episcopales.
La coordinadora Recuperando -que aglutina a más de 30 organizaciones- ha reclamado este viernes a un eventual gobierno de coalición que anule las 100.000 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia, un listado completo de estos bienes y que impida la privatización de los monumentos protegidos.
En comunicado, Recuperando explica que ha enviado una carta a los partidos que negocian la investidura de Pedro Sánchez en la que les pide que no se olviden de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia y cumplan el compromiso adquirido en el anterior mandato de ejecutar «modificaciones legislativas» para anular las inscripciones episcopales.
La coordinadora pide también recuperar los bienes de dominio público, muchos de ellos monumentos de un enorme valor patrimonial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda o el tesoro prerrománico de Asturias.
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han pedido que «la opacidad» o falta de colaboración de los centros concertados ante abusos sexuales sean tenidos en cuenta por la Administración a la hora de establecer los convenios por los que reciben fondos públicos.
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso proponen que se tenga en consideración la «opacidad» o falta de colaboración con el proceso de investigación de los casos de abuso sexual por parte de los centros educativos concertados a la hora de establecer los convenios con la Administración pública.
Es una de las siete enmiendas que han presentado conjuntamente las dos fuerzas políticas a la proposición de ley de prevención de los abusos sexuales en los centros educativos, de Esquerra Republicana, cuyo plazo de enmiendas acaba de expirar en la Cámara baja y cuya toma en consideración recibió el aval de la mayoría del hemiciclo en 2021.
La iniciativa quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público para endurecer las medidas por agresión sexual a menores en centros, entre ellas introducir una nueva causa de extinción del contrato de trabajo para los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Esquerra Republicana ha registrado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la que propone que se reduzca del 0,7% a un 0,5% la asignación que la Iglesia católica española recibe del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es decir, a través de la ‘X’ en la Declaración de la Renta.
La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, propone añadir una disposición adicional nueva para que en los PGE de 2023 y los siguientes, se «modifique el porcentaje de la Asignación Tributaria del IRPF a la Iglesia Católica, reduciéndolo como mínimo al 0,5%, para dejarlo al menos tal como estaba antes de incrementarlo al 0,7% actual, y en el camino de su total eliminación y que la Iglesia Católica se autofinancie».
Además, precisa que «el abono de las cantidades recaudadas en cada ejercicio fiscal por la Asignación Tributaria se liquidará a la Iglesia Católica de forma anual, fraccionado en tres pagos una vez cerrado el ejercicio, sin entrega de ninguna cantidad a cuenta».
¿Quién investiga los abusos a menores en la Iglesia? ¿Quién debe hacerlo? ¿Es legítimo que los poderes públicos sólo analicen la pederastia en los ámbitos eclesiásticos? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué la Iglesia no lo hace, o lo hace de manera sectorial? El escándalo de los abusos ha rebasado los límites de diócesis y congregaciones religiosas, y ha llegado al Congreso y al Gobierno.
En los últimos días, y tras comprobar que la Conferencia Episcopal española (a diferencia de los episcopados de toda Europa) no está dispuesta a dirigir una investigación global sobre los abusos en su seno, distintos grupos parlamentarios han presentado propuestas para que sean los poderes públicos quienes lo hagan. Además, esta semana deberían conocerse los resultados de los datos solicitados por la Fiscalía General del Estado a las fiscalías de las comunidades autónomas.
Tres propuestas, tres visiones
En estos momentos, hay tres propuestas presentadas ante la Mesa del Congreso. La primera, planteada por Unidas Podemos, EH-Bildu y ERC, y que ya ha pasado el primer trámite de la Junta de Portavoces, aboga por una comisión de investigación en la Cámara Baja, que lleve al Parlamento a víctimas, responsables eclesiásticos y experto, y que saque conclusiones de obligado cumplimiento para todas las partes.
Es la primera vez en España que se toma la iniciativa en una institución nacional para seguir el ejemplo de otros países y abordar el escándalo
Manifestación contra la pederastia en Barcelona en 2017 / ALBERT GARCÍA
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El País (Julio Núñez-Íñigo Domínguez)/ Religión Digital (Jesús Bastante), 26 de enero de 2022
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu presentarán este miércoles por la mañana en el Congreso una petición para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia católica española, según confirman fuentes de Unidas Podemos. Este grupo había ya anunciado su intención de dar este paso el pasado mes de octubre, en una ronda de consultas de este periódico a los principales partidos sobre la cuestión, y era el único dispuesto a hacerlo. Desde entonces, UP ha hablado con otras fuerzas y finalmente tomará la iniciativa con las formaciones catalana y vasca para “investigarlas agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia católica” y con el propósito de conseguir “información necesaria para poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención a las víctimas de esta lacra”, según aparece en el borrador de la proposición al que ha tenido acceso EL PAÍS. Según el reglamento de la Cámara, las comisiones de investigación pueden ser “sobre cualquier asunto de interés público”.
Posted by asturiaslaica 
