La Santa Sede ha ratificado la convención sobre la eliminación discriminación racial, la convención contra la tortura y la convención sobre los derechos del niño. No se ha sumado a los pactos de derechos civiles y políticos, ni a los relacionados con los derechos de la mujer. Tampoco a los que protegen a migrantes ni contra las desapariciones forzadas.
El papa León en la misa del jueves santo este 2 de abril de 2026 en Roma| Reuters/Vincenzo Livieri __________________
Hay, junto a la declaración universal de 1948, la piedra angular, nueve tratados fundamentales internacionales sobre Derechos Humanos, según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. La Santa Sede, que tiene un estatus particular en la ONU, de observador permanente, solo ha ratificado tres de ellos, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) y la convención sobre los derechos del niño (1989).
Así, la Santa Sede no ha expresado su consentimiento, según los datos publicados por la organización de Naciones Unidas (ONU), al pacto de Derechos Civiles y Políticos; el Comité de Derechos Humanos (1966); la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer (1979); la convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990); la convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).
Este 20 de noviembre de 2025 coincide la conmemoración de los 50 años de la muerte de Francisco Franco y el Día Internacional de la Infancia, lo que invita a una reflexión
Internos del orfanato de San Cayetano, en León, con dos de los frailes acusados de abusos, José Francisco Dobón, a la izquierda, y Julio Martínez, en el centro, que era el director de la entidad, en los años sesenta | Fuente Asturias Laica- vía El País ____________________
Juan Antonio Aguilera Mochón, Nueva Tribuna, 20 de noviembre de 2025
Este 20 de noviembre de 2025 coincide la conmemoración de los 50 años de la muerte de Francisco Franco y el Día Internacional de la Infancia, lo que invita a una reflexión.
Desde el Gobierno, lo primero se celebra con el bonito lema «España en libertad. 50 años», pero esta visión tan optimista se enfrenta a una incómoda realidad: la pervivencia de la jefatura del Estado antidemocrática dictada por Franco, y la del principal motor ideológico del franquismo, el nacionalcatolicismo. Éste prosperó durante las cuatro décadas que siguieron al golpe de Estado de 1936 gracias a la complicidad de la Iglesia católica con el dictador, que fue clave para que hubiera centenares de miles de víctimas mortales… y millones de víctimas de conciencia, cuyas vidas –sobre todo las de las mujeres– quedaron menoscabadas por la represión político-religiosa.
Europa Laica-Observatorio del Laicismo, 18 de noviembre de 2025
Comunicado
El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Infancia debido a que en esa fecha de 1959 la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y, ese mismo día de 1989, la Convención de Derechos del Niño, un tratado internacional de obligado cumplimiento para España y otros 195 países firmantes.
Desde Europa Laica exigimos hoy y cada día el cumplimiento de esos derechos, en particular del artículo 14.1 de la Convención de 1989, que proclama «el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», y del artículo 19, que pide proteger a la infancia «contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental». El criterio prioritario de actuación debe ser «el interés superior del menor».
A través del Opus Dei, HazteOír, CitizenGo, la Red Política de Valores del exministro Mayor Oreja y Vox, la ultraderecha española desempeña un papel clave en la difusión global de la agenda antiderechos, según un informe de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos
El fundador y presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga | Eduardo Parra / Europa Press _______________________
En 2010, mientras Argentina debatía la ley que convertiría al país en el primero de la región en aprobar el matrimonio homosexual, las calles se llenaban de pancartas con el lema “los chicos tenemos derecho a una mamá y un papa”. Detrás de las consignas resonaban ecos conocidos: los de la cruzada ultraconservadora que cinco años antes había intentado frenar el mismo derecho en España.
Entonces, entre sus puntas de lanza estaba el fundador de HazteOír Ignacio Arsuaga, que con la experiencia a sus espaldas viajaría a Buenos Aires para sumarse a la ofensiva. Desde allí llegó a afirmar: “Si nosotros participamos en esta batalla cultural y llegamos a las conciencias y corazones de la gente, la mayoría seguirá posicionándose a favor de la vida, la familia y las libertades”.
Si el patriotismo es el refugio de los canallas (Samuel Johnson), el lema del pueblo elegido añade un plus genocida derivado en muchos casos de frases literales sacadas de textos bíblicos
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Pedro López López, Nueva Tribuna, 25 de septiembre de 2025
En estos tiempos del genocidio más obsceno de la historia, en el sentido de que lo estamos contemplando casi en directo, algo inédito, oímos de vez en cuando el discurso justificativo del derecho a la defensa, reforzado en torno al concepto de “pueblo elegido”. Este pertenece a ese grupo de expresiones y palabras que han justificado históricamente el atropello, saqueo y sometimiento de pueblos, en medio de asesinatos, torturas, humillaciones, violaciones, etc., ocurridos en nombre de la civilización, el progreso o la religión, y aquí tiene un papel fundamental la expresión “pueblo elegido”, dando carta blanca a abominables abusos que llegan hasta el genocidio.
¿Qué significa ser un pueblo o una nación elegidos?, ¿que dios elige a un pueblo sobre los demás y que este se cree con derecho a someterlos, perpetrando abusos y carnicerías horrendos? ¿Cómo puede ser un dios tan cruel, y encima querido por sus partidarios?
Vox y el PP han elegido las únicas tradiciones e identidades que violan los derechos humanos. Son también, por desgracia, tradiciones e identidades muy “españolas”: las expulsiones, los autos de fe, la pureza de sangre, la Inquisición
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo / Kiko Huesca/EFE _____________
Santiago Alba Rico, El Diario, 15 de agosto de 2025
La reciente moción del ayuntamiento de Jumilla, presentada por Vox y revisada y apoyada por el PP, no busca defender nuestras “tradiciones” y nuestra “identidad”; constituye en sí misma el ejercicio de una antigua e inquietante “tradición” española y de una de las más ancestrales y peligrosas “identidades” nacionales. No pretende preservar “nuestro país” de influencias extranjeras; es ya la manifestación en acto de uno de los países “auténticos” que este país lleva dentro, un país que creíamos haber dejado atrás para siempre y que vuelve ahora, fúnebre y seco, para meternos el miedo en el alma.
En 1566, una cédula real –o “pragmática”– prohibió las expresiones culturales de los moriscos españoles. Ya en 1499, incumpliendo el compromiso de las Capitulaciones de Granada, Cisneros había impuesto la conversión forzosa de los musulmanes del reino nazarí y quemado sus bibliotecas. Luego, durante décadas, la Corona y la Inquisición presionaron sin cesar a los cristianos nuevos, identificando sus prácticas culturales con la traición religiosa y la felonía anticastiza. La cédula de 1566 fue el colofón de una política mutiladora orientada a defender la “tradición” y la “identidad” católicas, horma de la Castilla imperial que aspiraba a construir una España pura y sin arrugas.
Aunque valoramos muy positivamente todas y cada una de las importantes recomendaciones que el CCPR realiza a nuestro Estado, nos centramos en este Comunicado en los puntos 8 y 9, relacionados con la Lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y, en concreto, con las recomendaciones sobre la desaparición forzada de niños y niñas
Logotipo del Comité de Derechos Humanos Examen Periódico Universal (EPU) _______________________
TLNR (Todos los niños robados son también mis niños), 22 de julio de 2025
La asociación “Todos los niños robados son también mis niños” recibe con sumo agrado la publicación de dicho Informe.
El Comité de Derechos Humanos (CCPR por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que son parte del mismo. Este Comité examinó el séptimo informe periódico de España en sus sesiones 4238ª y 4239ª, celebradas los días 2 y 3 de julio de 2025. En su 4255ª sesión, celebrada el 15 de julio de 2025, el CCPR aprobó las presentes observaciones finales, que fueron publicadas el pasado viernes 18 de julio: esta fecha es una referencia para las víctimas del franquismo y más que adecuada para publicar un Informe por la defensa de los Derechos Humanos, todavía vulnerados en algunos ámbitos en nuestro país.
Los recientes disturbios en Torre Pacheco, tras la agresión a un anciano por tres jóvenes, han vuelto a colocar en el centro del debate la relación entre inmigración, trabajo agrícola y racismo estructural. Lejos de ser un hecho aislado, este episodio revela un modelo económico que se sostiene en la precariedad y un relato social que criminaliza a quienes lo hacen posible.
Racismo estructural y discurso del odio
El incidente ocurrido en Torre Pacheco (Murcia) no puede entenderse de forma aislada. Los disturbios posteriores, alentados por grupos ultras como Deport Them Now, incluyeron auténticas “cacerías de inmigrantes” y consignas como “reunirlos con Alá”, acompañadas de bulos que vinculan inmigración y delincuencia.
«Los datos desmienten ese discurso»
Sin embargo, los datos desmienten ese discurso. Según Javier Guzmán en El Salto Diario[1], el 30% de la mano de obra agrícola en España es extranjera; en regiones como Murcia, ese porcentaje sube al 82%, y en Huelva al 89%.
Hasta 64 países miembros de las Naciones Unidas penalizan los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, de la cárcel a la pena de muerte, pasando por las multas y el ostracismo. Hay mejoras, pero también nuevos miedo
Activistas de la Fundación para la Igualdad Africana protestan en el Día de la Commonwealth, el 13 de marzo de 2023, en Londres, contra los líderes homófobos de África / Mark Kerrison / Getty _________________
Mes del Orgullo LGTBIQ+, tiempo de festejar la diversidad y la libertad, pero también tiempo de pelear por lo pendiente. El Occidente que se vanagloria de apertura y respeto retrocede a zancadas gracias a la agenda de la ultraderecha, mientras que en un 33% largo de los países del mundo, especialmente en África y Asia, hay gobiernos que aún criminalizan el amor, en los que querer fuera del estándar sagrado es cosa de multas, cárcel y hasta muerte.
Las detenciones y los enjuiciamientos por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, o por expresiones de género diversas, continúan sin cesar en todo el planeta, como evidencian un año más las estadísticas de referencia en la materia, las de ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), dadas a conocer el 31 de mayo pasado.
El patriarcado religioso es el principal bastión del heteropatriarcado, Dios es hombre y sus representantes también. Las mujeres son excluidas del acceso directo a lo sagrado y eliminadas de los ámbitos donde se toman las decisiones que afectan a la comunidad religiosa. Son, de facto, consideradas seres inferiores que deben sumisión y servicio al hombre.
La religión, en cambio, eleva la masculinidad a sagrada, legitimando todas las actuaciones del varón, como representante y portavoz divino, por muy perversas que sean. Llegando a justificar, por ejemplo, el maltrato a la mujer.
Hoy, José Antonio Naz y Ana Baragaña, junto con sus invitadas, hablan de qué supone ser mujer en un estado teocrático y de que no podemos abandonar a su suerte a las mujeres afganas, iraníes, saudíes…