Cuando una norma intenta desplazar el centro desde la mujer hacia el embrión, lo que hace es encender de nuevo una guerra cultural que siempre termina en el cuerpo y en la vida de las mujeres.
Foto Martín Benito / Europa Press-Fuente ____________________
Ayuso ha promulgado en la Comunidad madrileña, la denominada “ley del no nacido”, revestida de un vocabulario suave, casi administrativo, como si bastara con vestir de normas lo que en realidad es una disputa por el cuerpo de las mujeres. Pero cuando se baja al suelo -cuando se mira lo que implica en la vida cotidiana- se entiende el mensaje verdadero: no se trata solo de “acompañar”, no se trata solo de “premiar”, no se trata solo de “convivir con la ley”. Se trata de colocar, desde el primer momento, una piedra extra en el camino de decidir ante un embarazo que muchas mujeres no deseaban, y sobre el que dudan si mantenerlo o no.
El aborto es para la derecha el culmen de los males, no les importa que los niños mueran por bombas israelíes o hambrunas, pero si que la mujer considere que es salud pública. Es justicia. Es supervivencia. Es el derecho a que su proyecto vital no sea secuestrado por un sistema que decide por ti.
Los pactos autonómicos y la ley de derechos del “no nacido” delimitan la nueva estrategia derechista. Frente a las críticas feministas a la equiparación del feto con un miembro de la familia, los grupos “provida” aplauden y ya piden más
Los líderes del PP y VOX, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, saludan al papa León XIV | EFE/Ballesteros-Fuente __________________
Enero de 2023. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, anuncia que el Gobierno autonómico obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que pretendan abortar que escuchen el latido fetal para que se lo piensen. ¿En qué queda tan mediático anuncio? En un problema para el PP y para Vox. Primero, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), desautoriza a Gallardo. La medida nunca llega a aplicarse. Por el camino, afloran tensiones en el seno del PP y de Vox y entre ambos partidos. Finalmente, el movimiento autodenominado “provida” se declara decepcionado, lo cual no evita que la izquierda disponga de material para acusar a las derechas de querer restringir el aborto.
El episodio queda lejos. Y no solo en el tiempo. También en las actitudes del PP y Vox, que han reducido sus choques por el aborto, un tema sobre el que la formación de Santiago Abascal parte de una postura más dura que la de Alberto Núñez Feijóo. A pesar de este diferente punto de partida, ambas formaciones han encontrado una forma común de aproximarse a un asunto incómodo, en el que se enfrentan al desafío de cortejar al votante más conservador minimizando costes en los sectores más liberales del electorado derechista, sobre todo entre las mujeres.
Amnistía Internacional presenta un informe sobre la situación de los derechos en el mundo, entre ellos el acceso al aborto
Activistas a favor del aborto en EEUU | Europa Press ___________________
Sabela Rodríguez Álvarez, InfoLibre, 22 de abril de 2026
La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon «con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto». La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.
Las dos primeras sentencias que evalúan la aplicación del nuevo delito contra el acoso antiabortista creado en 2022 absuelven a una veintena de acusados mientras las expertas advierten de que el precepto puede ser ineficaz y apuestan por la creación de “zonas de seguridad” alrededor de los centros
Cinco, diez o quince personas se sitúan frente a la clínica. En algunos sitios, en la misma acera, en otros, enfrente, un poco más alejados. Portan carteles con frases como “no estás sola, podemos ayudarte” o “rezo por tu bebé y por ti” y tienen rosarios en las manos mientras pasan horas orando “por el fin del aborto” frente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. La escena, repetida durante años a las puertas de las clínicas, acaba de llegar por primera vez a los tribunales a la luz de la reforma del Código Penal que en 2022 creó un delito específico para intentar frenar el acoso.
Ha ocurrido en Vitoria y Donosti, donde, cansada de soportar la presión y el hostigamiento que sufre “desde 2014”, la clínica Askabide ha llevado a juicio a una veintena de activistas antiabortistas que en septiembre, octubre y noviembre de 2022 se concentraron frente al centro en ambas ciudades. Las dos sentencias, emitidas en las últimas semanas por el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y el 2 de Donosti, absuelven a los acusados y no consideran que cometieran el delito de acoso con el objetivo de obstaculizar el derecho al aborto: en el primer caso, se trataba de un grupo de 21 antiabortistas y en el segundo, una mujer.
Desde que se despenalizó el aborto en España, diferentes grupos protagonizan concentraciones en las puertas de las clínicas con el fin de acosar, hostigar, insultar, desinformar y coaccionar a las mujeres que acuden a ellas
Con apenas quince días de diferencia se han dictado dos sentencias relativas a unos hechos que, a juicio de los denunciantes, eran constitutivos de un delito de acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Criterio que, aunque fue secundado por el Ministerio Fiscal, no han compartido las juezas quienes no han considerado estas actuaciones merecedoras de reproche penal, lo que ha supuesto la absolución de todos/as los/as acusados/as.
Ambas sentencias resultan transcendentes, ya que son el resultado de las dos únicas ocasiones en que, hasta la fecha, se ha juzgado un delito introducido en el Código Penal en abril de 2022 mediante una modificación [1] que incorporó un nuevo artículo, el 172 quater. Un nuevo tipo penal que buscaba frenar el hostigamiento a mujeres y a profesionales en las inmediaciones de los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo.
Un total de 21 integrantes de grupos contrarios al aborto responderán ante la justicia a partir del lunes 17 de noviembre por hostigar a profesionales y a mujeres que iban a interrumpir su embarazo
Foto Álvaro Minguito _______________________
Patricia Reguero Ríos, El Salto, 15 de noviembre de 2025
Un total de 21 integrantes de grupos contrarios al aborto responderán ante la justicia a partir del lunes 17 de noviembre en un juzgado de Vitoria-Gasteiz. Se les acusa de hostigar, en el marco de la campaña “40 días por la vida”, a las y los profesionales de la clínica acreditada para la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Askabide, y especialmente a las mujeres que acudieron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 a este centro médico. La denuncia fue interpuesta por profesionales del centro médico Askabide en agosto de 2023.
La denuncia recoge cómo en el marco de esta campaña, que de forma recurrente y periódica llama a “rezar por el fin del aborto” durante 40 días, las personas acusadas actuaron respondiendo a instrucciones concretas de este movimiento organizándose en grupos frente a la clínica y siguiente instrucciones de la página web de la campaña, que ofrece instrucciones concretas y señala las localizaciones de los centros a los que acudir.
El último capítulo del debate sobre el aborto y los registros de objetores de conciencia han motivado a las organizaciones que impulsan esta ofensiva a abrir recogidas de firmas, recurrir a la Audiencia Nacional o impulsar una plataforma de médicos liderada por un miembro del Opus Dei
Una mujer, con una cruz, durante una marcha antiaborto en Madrid | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press _________________
La batalla contra el aborto nunca se fue, pero de vez en cuando quienes la lideran se ven impulsados a intensificarla con su mismo objetivo de siempre: acabar con él. A veces lo que les empuja es una noticia que les refuerza, como el fallo que en Estados Unidos acabó con la sentencia que lo garantizaba, y otras veces se rearman para oponerse a un avance. Este octubre se han puesto manos a la obra ante el nuevo capítulo en el debate sobre el aborto, que empezó con el falso ‘síndrome posaborto’ y siguió con la propuesta del Gobierno de incluirlo en la Constitución y la rebeldía de Isabel Díaz Ayuso ante el registro de objetores de conciencia.
Es precisamente frente a esta medida obligatoria desde 2023 ante la que los antiabortistas han iniciado su última ofensiva. La organización Abogados Cristianos, conocida por llevar a los tribunales casos de “ofensa” a la religión, acaba de pedir a la Audiencia Nacional la suspensión del registro, concebido para que los abortos puedan realizarse en la sanidad pública. El recuso se dirige contra la resolución y el protocolo que el Ministerio de Sanidad acordó hace casi un año con las comunidades, con todas ellas, incluida Madrid a pesar de que ahora su presidenta haya reabierto el debate.
A través del Opus Dei, HazteOír, CitizenGo, la Red Política de Valores del exministro Mayor Oreja y Vox, la ultraderecha española desempeña un papel clave en la difusión global de la agenda antiderechos, según un informe de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos
El fundador y presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga | Eduardo Parra / Europa Press _______________________
En 2010, mientras Argentina debatía la ley que convertiría al país en el primero de la región en aprobar el matrimonio homosexual, las calles se llenaban de pancartas con el lema “los chicos tenemos derecho a una mamá y un papa”. Detrás de las consignas resonaban ecos conocidos: los de la cruzada ultraconservadora que cinco años antes había intentado frenar el mismo derecho en España.
Entonces, entre sus puntas de lanza estaba el fundador de HazteOír Ignacio Arsuaga, que con la experiencia a sus espaldas viajaría a Buenos Aires para sumarse a la ofensiva. Desde allí llegó a afirmar: “Si nosotros participamos en esta batalla cultural y llegamos a las conciencias y corazones de la gente, la mayoría seguirá posicionándose a favor de la vida, la familia y las libertades”.
A finales de junio, una mujer fue increpada al entrar en la clínica a la que acudió para someterse a una IVE. Su caso no es una excepción. La reforma aprobada en 2022 para castigar estas conductas no ha frenado los hostigamientos constantes a mujeres. Los grupos antiderechos buscan nuevas estrategias ante la inacción de las instituciones.
El local denominado “Refugio Provida”, promovido por ultras antiabortistas, abierto frente a la clínica Dator en Madrid / Álvaro Minguito ____________________
Patricia Reguera Ríos, El Salto, 17 de julio de 2025
“El aborto no es la solución”, “sois una asesinas”, “locas”. Son los gritos que una mujer que acudió a abortar a una clínica de Madrid tuvo que escuchar cuando intentaba entrar en un centro para acceder a un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), una situación que se viene repitiendo a pesar de las medidas con las que se ha intentado frenarla.
Las dos personas que proferían estos gritos, un hombre y una mujer de mediana edad, trataron de bloquear el paso a la mujer y a sus dos acompañantes. Una de ellas llegó a agarrarla con intención de zarandearla, como figura en el atestado policial que recoge la declaración de las acompañantes, al que ha tenido acceso este medio.
Resulta público y notorio que determinadas organizaciones antiaborto realizan convocatorias desde sus páginas web, desde los medios de comunicación ultracatólicos, a veces incluso desde actos religiosos en las iglesias, llamando a colaborar con ellas para cometer un delito
Según el vigente Código Penal español se entiende por organización criminal 1 la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Igualmente indica que, a los efectos del Código, se entiende por grupo criminal 2 la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos.
Sin entrar en disquisiciones de las diferencias entre organización y grupo criminal, realmente son muy sutiles, es lo cierto que nuestro vigente Código Penal castiga a quienes promuevan, constituyan, organicen o dirijan una organización criminal, así como a quienes participen activamente en la organización, formen parte de ella o cooperen económicamente o de cualquier modo con la misma y ello, de forma autónoma, es decir, con independencia de la condena que corresponda por la comisión del o de los concretos delitos para los que se organicen o agrupen.
Posted by asturiaslaica 
