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Nuria Alabao, ARA, 28 de abril de 2022
Ha tenido que ser la prensa la que ponga en evidencia la inacción de la Iglesia católica española frente a las acusaciones de abusos sexuales perpetrados por sus miembros durante décadas. De hecho, el Estado español es uno de los escasos países occidentales –junto con Italia– donde todavía no se han realizado investigaciones exhaustivas y procesos de reparación de las víctimas. Hoy, forzadas por la prensa –El Periódico, el ARA, El País–, se han lanzando varias iniciativas que las asociaciones de víctimas consideran insuficientes. La comisión parlamentaria liderada por el Defensor del Pueblo es una de ellas: será a puerta cerrada y aparentemente sin poder coercitivo para obligar al clero a colaborar. Parece que el poder de la Iglesia todavía es capaz de sujetar a buena parte de la clase política. Resuena en este caso, como en otros recientes, el pacto de “no agresión” con el PSOE para poder llevar adelante una legislatura tranquila por ese flanco.
Una investigación de varias universidades ha denunciado la gravedad de la situación y las secuelas que dejan estos abusos. No hay cifras claras, pero se han corroborado al menos 614 casos y 1.264 víctimas –aunque las estimaciones incrementan esta cifra al menos en varios miles más–. En otros países, pueden ascender a cientos de miles. Aunque el grueso de las denuncias parece concentrado entre los 50 y los 80, algunos de estos casos no tienen ni tres años.
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