La Santa Sede ha ratificado la convención sobre la eliminación discriminación racial, la convención contra la tortura y la convención sobre los derechos del niño. No se ha sumado a los pactos de derechos civiles y políticos, ni a los relacionados con los derechos de la mujer. Tampoco a los que protegen a migrantes ni contra las desapariciones forzadas.
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Raúl Bocanegra, Público, 4 de abril de 2026
Hay, junto a la declaración universal de 1948, la piedra angular, nueve tratados fundamentales internacionales sobre Derechos Humanos, según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. La Santa Sede, que tiene un estatus particular en la ONU, de observador permanente, solo ha ratificado tres de ellos, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) y la convención sobre los derechos del niño (1989).
Así, la Santa Sede no ha expresado su consentimiento, según los datos publicados por la organización de Naciones Unidas (ONU), al pacto de Derechos Civiles y Políticos; el Comité de Derechos Humanos (1966); la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer (1979); la convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990); la convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).
Algunos de estos convenios se complementan con protocolos que desarrollan cuestiones específicas. En total, sumando estos documentos, son 18 los textos que constituyen, por así decir, el núcleo de la defensa y el compromiso con los Derechos Humanos, según Naciones Unidas. El Vaticano solo ha firmado cinco de estos 18 textos, los tres pactos-fuente, por así llamarlos, reseñados y sus documentos adyacentes.
Los países del entorno europeo, Italia, Alemania, Francia y España, han firmado ocho de los tratados -y sus desarrollos, 17 en total-, todos menos la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, según los datos disponibles en la web de Naciones Unidas. El Vaticano, cuya cabeza visible es el papa, tiene previsto acudir al Congreso, en una sesión conjunta con el Senado, el próximo mes de junio como jefe de Estado y algunas organizaciones, como Europa Laica, lo han criticado.
¿Por qué El Vaticano no ha firmado el resto de pactos? Público envió un correo electrónico –sin respuesta en el momento de publicación de esta información– a la Oficina del Nuncio Apostólico en España, la embajada del Vaticano, con estas dos preguntas: ¿Cuáles son las razones para que se hayan firmado tres, pero no los otros seis? y ¿Qué valor le da la Santa Sede a Naciones Unidas y al corpus de protección de los Derechos Humanos?
La Iglesia como Estado
Ana María Vega Gutiérrez, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y directora de la Cátedra Unesco ciudadanía democrática y libertad cultural, explica, en un texto enviado a Público: «La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional sui generis, distinto de un Estado, cuya personalidad deriva de su misión religiosa universal más que de una base territorial. Esto hace que sea muy selectiva al adherirse a tratados multilaterales diseñados para Estados que ejercen jurisdicción territorial plena. Además, varios estudios jurídicos destacan que la aplicación de tratados de DDHH que presuponen control territorial plantea problemas, dada la complejidad entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano y la naturaleza no territorial del gobierno de la Iglesia».
«El tema de los Derechos Humanos es un tema complejo en sí mismo», expone a Público Javier López de Goicoechea, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid y autor de ¿Derechos fundamentales en la Iglesia? (editorial Aranzadi). «Tiene al menos tres dimensiones que hay que interrelacionar y también estudiar por separado. La primera es la configuración de la Iglesia como Estado. El Vaticano se encuentra como observador en Naciones Unidas. No tiene derecho a voto, pero sí de presencia. Y eso en principio no le implica, no le exige, digamos, asumir las declaraciones que Naciones Unidas haya hecho o vaya haciendo. Ese [estatus] no le exige asumir toda la doctrina de Naciones Unidas ni la del pasado, ni la del futuro», expone López de Goicoechea.
El historiador italiano Daniele Menozzi, autor de la monografía Iglesia y Derechos Humanos (editado en castellano por la Universidad de Zaragoza) y profesor emérito en la Universidad de Pisa, que atiende a Público por correo electrónico, explica: «Solo en 1963, con la encíclica Pacem in Terris, la Iglesia reconoció que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, constituía un punto de referencia para cumplir con las exigencias de la doctrina católica (la protección de la dignidad de la persona) en la organización de la vida colectiva. Pero ya en ese documento, la Declaración se presentaba como una aproximación —muy cercana, pero no completa— a la visión de la Iglesia».
Abunda el jurista López de Goicoechea: «El Vaticano es un Estado que tiene una configuración compleja. La ley fundamental del Estado Vaticano, que es del año 2023, la última, bajo el papado de Francisco, sigue estableciendo que el Estado Vaticano es lo más parecido, diríamos en lenguaje normal, a una monarquía absoluta. En la cabeza está el papa y [acumula] todos los poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial».
Juan José Tamayo, emérito honorífico de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid, cuyo último libro es Cristianismo Radical (editorial Trotta), añade: «Una de las principales distorsiones de la Iglesia católica es que tiene un doble estatuto, el de religión y el de Estado. El papa, su máximo representante, es líder espiritual y jefe de Estado. El liderazgo espiritual y la jefatura de Estado coinciden en la misma persona. El papa posee la plenitud de todos los poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial».
«El Código de Derecho Canónico -continúa el teólogo- dice que el papa tiene potestad suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia sobre todos los fieles (canon 331). No cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del romano pontífice. No existe por tanto límite alguno a la autoridad papal. Tampoco hay separación de poderes. Incluso cuando el Concilio Vaticano II define a la Iglesia como pueblo de dios, no es un pueblo de dios soberano, porque está sometido a los dictámenes del papa y de los obispos. Eso pone al Código de Derecho Canónico en contradicción con la Declaración de Universal de derechos humanos de 1948″.
Tamayo: «No es un pueblo de dios soberano, porque está sometido a los dictámenes del papa»
Analiza en similar sentido López de Goicoechea: «Esto [la acumulación de poderes del papa] evidentemente contradice muchas declaraciones de Naciones Unidas, comenzando por los pactos del 66, de derechos civiles y políticos, en los que se instaura la idea del Estado democrático con separación de poderes. Habría, por tanto, un matiz político, entre comillas, de la Iglesia como Estado, en esta primera dimensión, que la Iglesia no podría, digamos, aceptar porque su configuración es piramidal y estaría, digamos, fuera del rango de Estados democráticos, que son los que habitualmente suelen estar en estas convenciones internacionales. Esa es la dimensión, digamos, jurídico-política, del Estado Vaticano».
Para Tamayo, «la patología más grande de la Iglesia católica es que históricamente se ha movido, y sigue moviéndose hoy en buena medida, sobre la base de la sumisión y no del derecho. La Iglesia católica se ubica en el paradigma de los deberes y de las obligaciones, que se expresan generalmente en negativo. La Iglesia vive dentro de una incoherencia, lo que yo llamo la incoherencia vaticana ¿Por qué? Porque reconoce los derechos humanos en la sociedad, aunque no todos, y los incumple en su seno».
Tamayo: «La Iglesia vive dentro de una incoherencia»
Así lo resume el historiador Diego Alejandro Mauro, coautor, junto a Vicente Jesús Díaz Burillo, de la investigación La invención del papado contemporáneo (Editorial Catarata). «El Estado del Vaticano no puede suscribir muchos de estos tratados porque no deja de ser, en cierto modo, una monarquía absoluta. Con esto no quiero decir que no se respeten los derechos fundamentales ni las libertades individuales, pero jurídicamente hablando, a pesar de los cambios y ajustes, es un Estado muy particular que deposita en el papa una cantidad de prerrogativas incompatibles con la ciudadanía moderna».
Los derechos de las mujeres
La catedrática Vega Gutiérrez explica: «La literatura especializada y la documentación crítica sobre la actuación de la Santa Sede en foros internacionales señalan que los desacuerdos más intensos se concentran precisamente en los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBIQ+. Informes sobre el rol de la Santa Sede en la ONU muestran una oposición sistemática a enfoques de género amplios, a los derechos sexuales y reproductivos y a agendas de igualdad, lo que influye en su resistencia a compromisos jurídicos vinculantes en estas áreas».
«Además de los derechos sexuales y reproductivos -añade la catedrática Vega Gutiérrez-, la investigación muestra otros puntos de fricción». Entre ellas, enumera: «Concepciones propias sobre la familia, la sexualidad y el matrimonio, basadas en la antropología teológica y el derecho natural, que no coinciden con formulaciones contemporáneas de derechos; temor a interpretaciones evolutivas de los tratados, que el Vaticano considera excesivas y contrarias al principio de interpretación estricta de la Convención de Viena, e implicaciones sobre responsabilidad internacional, especialmente en cuestiones de abusos clericales, donde los órganos de tratados presionan para atribuir responsabilidad extraterritorial a la Santa Sede». «En conjunto, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de la mujer sí son uno de los principales obstáculos, pero no los únicos: también lo son cuestiones de autoridad doctrinal, interpretación jurídica y responsabilidad internacional», añade.
Tamayo lanza: «¿Por qué el Vaticano no firmo la declaración de la ONU en 1948? Hay una razón teológica de fondo: porque no cita a Dios como fundamento de los derechos humanos. Y otra antropológica: la Declaración establece la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que la Iglesia católica no reconoce dicha igualdad. ¿Por qué no se considera que las mujeres puedan tener acceso a los ministerios eclesiales ordenados, al papado, al obispado, al ministerio sacerdotal?»
Entre los pactos que la Santa Sede no ha firmado, según Naciones Unidas, está en efecto la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer (1979). Llum Quiñonero, de la Junta directiva de Europa Laica, analiza: «El Vaticano es un Estado teocrático, anclado en un poder antiguo, anterior a la Ilustración, que practica, defiende y adoctrina la segregación de los sexos como creencia y la establece en su propia estructura y jerarquía. Las mujeres no son iguales ante la doctrina y las leyes vaticanas. Las mujeres no cuentan más que de manera subalterna en la estructura eclesial y en su mirada en relación al conjunto de la sociedad».
Quiñonero: «Las mujeres no cuentan más que de manera subalterna en la estructura eclesial»
«La subordinación de la mujer —expone Tamayo— tiene su base antropológica. Por ejemplo, Tomás de Aquino consideraba que la mujer era una persona inferior al hombre. Decía que es un varón imperfecto. A las mujeres no se les reconoce como sujetos morales ni eclesiales. Las mujeres no participan en las decisiones fundamentales de la Iglesia católica, ni intervienen en la elaboración de la moral en lo que a las propias mujeres les afecta».
La situación ha generado incomodidad que ha resultado en un movimiento de base llamado Revuelta de mujeres en la Iglesia, quienes plantean en su manifiesto fundador: «Queremos denunciar las múltiples formas de injusticia e invisibilización que sufrimos en la Iglesia. La institución, con su estructura y organización, está quedando al margen de las conquistas sociales en igualdad y corresponsabilidad y está cometiendo un error».
«Ese es, está claro, uno de los motivos por los que tampoco entra de lleno en Naciones Unidas», considera el jurista Fernández de Goicoechea. «La Iglesia, creo yo, es una opinión personal, todavía tiene mucho camino que recorrer a la hora de aceptar digamos la autonomía de la mujer y sus derechos reproductivos. Curiosamente esto sucede cuando la Iglesia está compuesta mayoritariamente por mujeres en sus bases, pero mandada por hombres. Son estas las que obviamente le piden a la Iglesia una evolución de esa moralidad y el respeto a su autonomía. En fin, sí, esa es una contradicción».
«[Cuando se eligió al nuevo papa, se vio]: ¿cómo es posible que 133 hombres elijan un varón, a uno de ellos para dirigir una Iglesia que está formada, repito, mayoritariamente por mujeres. Es algo completamente anacrónico que la Iglesia algún día tendrá que mirar. La Iglesia es una institución bimilenaria y le cuesta mucho adaptarse a los cambios», añade el jurista.
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Continúa Quiñonero: «El Vaticano es una poderosa herramienta conservadora y de presión frente a las conquistas feministas y las políticas de género que no reconoce buena parte de los derechos conquistados. La Iglesia defiende el control de los cuerpos de las mujeres por los hombres, limita la sexualidad a las relaciones matrimoniales para los seglares. Condena las libertades sexuales, los derechos reproductivos. Y a lo largo de los siglos ha perseguido a las mujeres, su sexualidad y sabidurías, tildándolas de peligrosas, identificando pecado con delito. Eva responsable de los males de la humanidad, nacida de varón, según la Biblia. Y la madre de Jesús, según sus relatos, embarazada por ciencia infusa, sin mediar relación sexual con hombre alguno. La Iglesia combate a la vanguardia los derechos reproductivos«.
Quiñonero: «El Vaticano es una poderosa herramienta conservadora y de presión frente a las conquistas feministas»
Algunos obispos lo han expresado abiertamente. Así, el de Ibiza, por ejemplo, Vicent Ribas, en un artículo del año 2022, que se puede consultar íntegro aquí, afirmó: «La Iglesia católica nunca ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo más probable es que no lo supieses. Y te preguntarás: ¿cómo es posible? Te parecerá algo inaudito. […] Sin embargo, la Iglesia, que es la principal defensora de los derechos humanos, considera que estos derechos no son tan universales como dice su propio título».
El obispo Rivas luego añade: «El artículo 1 de la Declaración dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto, que está muy bien y es digno de alabar, no contiene, sin embargo, referencia alguna a los derechos de los no nacidos. Algo en lo que la Iglesia cree firmemente y que defiende con denodado esfuerzo. Solo habla de aquellos que nacen. Lo que sería extraño es que la Iglesia católica se adhiriera a una declaración que se le queda corta. La Iglesia va más allá. Podemos decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en relación a la enseñanza de la Iglesia, presenta una serie de limitaciones que han llevado a la Iglesia a no suscribirla. Hacerlo sería como un autolimitarse la Iglesia misma en sus más profundas convicciones».
Quiñonero teoriza al respecto: «En el derecho natural de la doctrina vaticana, las mujeres están subordinadas a los varones, criaturas, ellos sí, hechas a imagen divina. En consecuencia, el Vaticano está en las antípodas de los derechos de las mujeres y su propia existencia es prueba de ello. Su posición ante los convenios internacionales que han puesto negro sobre blanco a la mujer como sujeto de derechos, no ha sido firmado por el Vaticano. Tampoco es parte del Convenio de Estambul, de 2014, acuerdo de gran impacto mundial, donde se condenó las diferentes formas de violencia contra las mujeres».
«El problema de calado -añade la portavoz de Europa Laica- es, en lo que nos concierne en el Estado español, donde buena parte de la educación sigue confiándose a congregaciones católicas, a través de la escuela concertada, que imparte doctrina basada en derecho natural, que no reconoce la igualdad de los sexos. En el horizonte no veo ningún cambio sustantivo en estas materias en la doctrina de la Santa Sede. Su propia existencia depende de la fidelidad a estas posiciones patriarcales, misóginas, antidemocráticas».
Tamayo: «Ya es hora de que el Vaticano firme»
«Ya es hora de que el Vaticano firme», dice Tamayo. «Ello exige el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, la separación de poderes y la democratización de la Iglesia. Para mí, y esto es fundamental, el problema más grave que hoy se le plantea a la Iglesia católica no es la falta de fe, ni la crisis de las prácticas religiosas, ni el fenómeno de la secularización, ni el laicismo, que tanto preocupa a los obispos», añade el teólogo.
«Es la estructura —remacha Tamayo— jerárquico-piramidal, patriarcal y clerical, el irrespeto de los derechos humanos en su seno y la falta de reconocimiento de algunos derechos humanos en la sociedad, entre ellos, los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio igualitario, los derechos del colectivo LGTBIQ+. Esta es, creo, una de las razones más importantes de la profunda crisis y del creciente descrédito que está sufriendo hoy en la sociedad».
La ilustración y el derecho natural
Señala el historiador Menozzi, en la misma línea que Quiñonero, otra de las cuestiones relevantes en esta materia, el así llamado derecho natural: «En efecto, la autoridad eclesiástica extrae su conjunto de derechos humanos del derecho natural del que se proclama guardiana e intérprete. Durante el pontificado de Juan Pablo II, la interpretación eclesiástica del derecho natural chocó con el movimiento en la sociedad contemporánea que tendía a presentar los derechos humanos como una construcción histórica variable en el espacio y el tiempo». «En las sociedades occidentales, la deconstrucción de la identidad sexual, considerada un mero producto sociocultural, ha llevado a exigir los mismos derechos para cada caracterización sexual de las personas (hombre, mujer, homosexual, transgénero, etc.). Al mismo tiempo, el desarrollo de la ciencia biológica ha posibilitado intervenciones artificiales en el proceso reproductivo. La Iglesia cree que todo esto no tiene nada que ver con la ley natural y, por lo tanto, no puede aceptar derechos que no se deriven de su interpretación de la misma», dice.
Esta es para el profesor Fernández de Goicoechea la «segunda dimensión» de este asunto: la doctrinal. «En el Concilio Vaticano II (1962-1965) aparecen ya elementos muy importantes para la renovación de la Iglesia, como la aceptación de la autonomía del orden político. Por primera vez en siglos, la Iglesia asume que el orden político tiene autonomía. Esto fue un paso muy importante. Además, también en ese Concilio, la Iglesia rompe, por así decirlo, con la famosa regla de que fuera de la Iglesia no hay salvación, el Extra Ecclesiam nulla salus.Se admite que en otras confesiones, en otras creencias también se puede alcanzar, digamos, a Dios. Ahí la Iglesia hace una apertura muy importante y un giro prácticamente de 180 grados a muchísimos siglos en donde la Iglesia realmente es partícipe del orden político. Se instaura, digamos, una nueva relación de la Iglesia respecto al mundo secular y el orden político».
«Sobre la declaración de Derechos Humanos del 48 hay que decir que doctrinalmente todos los papas, todos ellos hasta el último, hasta Robert Prevost, el actual, todos ellos han manifestado que es un gran logro de la humanidad. Que es un elemento bueno para las naciones y para el conjunto de los pueblos. ¿Dónde está el problema entonces?», se pregunta Fernández de Goicoechea.
Fernández de Goicoechea: «Todos los papas han manifestado que la declaración de 1948 es un gran logro para la humanidad»
«El problema -plantea el jurista, en similar línea a la de Menozzi- es de fundamento doctrinal: el fundamento último para la Iglesia no sería el de que la dignidad humana viene del consenso, vamos a llamarlo roussoniano, de la ilustración, sino que, para ellos, se envuelve en su doctrina del derecho natural, en la que el último fundamento de los derechos humanos pues es Dios. En ese momento después de la Segunda Guerra Mundial la humanidad, digamos, se dio para sí misma un mínimo marco común, una ética común«.
«Pues la Iglesia —prosigue— asume el contenido. En todas las declaraciones últimas sobre la guerra, sobre Gaza, pues han apelado a la declaración del 48, a los derechos humanos, a la dignidad humana. Pero el fundamento último para ellos no es el consenso social, por así decirlo, sino fundamentalmente de la aceptación de que todos somos hijos de Dios, en el lenguaje teológico que manejan».
«La Iglesia —abunda la catedrática Vega Gutiérrez— acepta los derechos humanos, pero los interpreta a través de su visión doctrinal, lo que produce tensiones cuando la interpretación contemporánea de los derechos humanos se amplía hacia nuevos derechos (género, sexualidad, identidad), que no reconoce como compatibles con el derecho natural».
Vega Gutiérrez: «La Iglesia acepta los derechos humanos, pero los interpreta a través de su visión doctrinal, lo que produce tensiones»
«En el fondo el problema, más allá de las cuestiones jurídicas que hacen a la realidad sui generis del Estado Vaticano y a los puntos de fricción en términos de los derechos de las mujeres y diferentes minorías, es cómo se fundan esos derechos universales. Para la Iglesia, el hombre no puede fundarlos por sí mismo de manera segura«, resume el historiador Mauro.
Danielle Menozzi profundiza en ello de este modo: «La Iglesia no tiene una visión atemporal de la ley natural: cree que puede comprenderse mejor con el tiempo. Por ejemplo, el concepto neotomista del siglo XIX, que contemplaba los derechos naturales económicos y sociales, pero no los derechos naturales políticos y civiles, no es el que se encuentra en el Catecismo de 1997. Sin embargo, hay un punto fijo: solo la autoridad eclesiástica puede establecer cuáles son los derechos auténticos de la persona humana que pueden proclamarse como derechos naturales y, por lo tanto, inalienables e imprescriptibles. Solo estos derechos verdaderos son válidos siempre, en todo lugar y para todos, y, por lo tanto, deben incluirse en una Declaración de Derechos Humanos verdaderamente universal».
Para el jurista Fernández de Goicoechea, la tercera dimensión de la relación de la Iglesia con los Derechos Humanos, a añadir a la jurídica y la doctrinal, está hoy en los lugares donde estos se ponen a prueba: «Seamos o no creyentes, hay que reconocer la labor de la Iglesia, sobre todo en los lugares más desesperados, en esas periferias. Ahí existe un compromiso con lo que ellos llaman la justicia que brota de la fe. Eso es en definitiva una promoción de los derechos humanos contemplados en la Declaración del 48. Creo que ahí la actitud de la Iglesia es inequívoca. Es esto que relata [el escritor] Javier Cercas en el libro en el que habla de los locos de Dios [El loco de Dios en el fin del mundo] que se juegan la vida, repartidos por los lugares más siniestros del planeta. Esa es la Iglesia más viva y más emblemática a nivel existencial. La Iglesia son muchas imágenes, es enorme. Por otra parte, esto no es tampoco la jerarquía, con toda su pompa«.
Menozzi tercia: «El papa Francisco ha propuesto un nuevo enfoque. Su predecesor, Benedicto XVI, proclamó que la visión de la Iglesia sobre los Derechos Humanos debe ser reconocida en todos los sistemas públicos que buscan responder a las necesidades auténticas de la humanidad contemporánea. Por lo tanto, los católicos estaban obligados a trabajar políticamente para lograr este resultado. Esta fue una de las razones de la crisis de su pontificado. Para Bergoglio, sin embargo, los cristianos deben dar testimonio, mediante sus acciones concretas, de los principios en los que creen, pero luego, en el ámbito político pueden colaborar con todos los hombres de buena voluntad que buscan organizar la vida colectiva para el mayor bien posible para el mayor número de personas«.
La respuesta de la ONU y los abusos sexuales
Toda esta situación, analiza la catedrática Vega Gutiérrez, «genera tensiones persistentes en conferencias y espacios normativos de la ONU». Así, resume la profesora: «Informes críticos señalan que la Santa Sede actúa como actor político conservador dentro del sistema ONU, intentando frenar avances en derechos de las mujeres, jóvenes y colectivos LGTBIQ+. En conferencias clave como El Cairo (1994) y Pekín (1995), su participación estuvo marcada por una defensa rígida de la “familia natural” y la oposición a la expansión del concepto de género, lo que creó choques con numerosos Estados y agencias de la ONU. El Observador Permanente del Vaticano ante la ONU ha criticado que los comités de tratados introduzcan conceptos no previstos en el texto original, advirtiendo que tales interpretaciones son nulas y sin efecto».
Con el aumento del papel internacional de la Santa Sede, también con ello también el escrutinio, especialmente por abusos sexuales en la Iglesia. Los órganos de tratados han intentado atribuir a la Santa Sede responsabilidad internacional extraterritorial, lo que ha generado tensiones doctrinales sobre el alcance de sus obligaciones. Los informes y observaciones concluyen que la Santa Sede incumplió obligaciones para prevenir, investigar y sancionar abusos, lo que provocó respuestas defensivas del Vaticano. Investigaciones académicas coinciden en que los comités de la ONU consideran que la Iglesia ejerce suficiente autoridad sobre el clero para generar responsabilidad internacional».
Añade la catedrática: «La Santa Sede responde —de forma consistente— que tiene personalidad internacional, pero que no es un Estado en sentido clásico y que su jurisdicción no puede asimilarse a la estatal. No es un Estado con jurisdicción territorial sobre la Iglesia global. No puede ser responsable por acciones de clérigos en Estados soberanos». «Este —apostilla Vega Gutiérrez— es uno de los conflictos más intensos y jurídicamente complejos, pues afecta directamente a la credibilidad moral y responsabilidad institucional de la Iglesia».
Un poco de historia: tres momentos
El historiador Diego Alejandro Mauro explica, en «un recorrido muy rápido» que «podrían señalarse tres momentos en la relación entre catolicismo y derechos humanos». El primero está «dominado por el rechazo». «Después de la revolución francesa el papado plantea la oposición entre derechos del hombre y derechos de Dios, y combate a los primeros. Las razones, como en muchos temas, no son solo o necesariamente teológicas sino en buena medida políticas: la revolución francesa viene a derribar el Antiguo Régimen y el papado es un actor clave de ese mundo en descomposición».
Después de eso, afirma Mauro, «a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, comienzan a darse diferentes acercamientos a partir de la idea de derecho natural o, más en los márgenes del campo católico, a través de la noción de persona». La idea fundamental, señala el historiador, «es que los derechos del hombre provienen del derecho natural, cuyo fundamente es Dios». Por ejemplo, apunta, «en las críticas a los totalitarismos de entreguerras, los católicos suelen partir de León XIII para condenarlos por violar la ley natural de Dios y los derechos de la persona (diferenciada del individuo)». A pesar de que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, prosigue Mauro, «se advierte la influencia de pensadores católicos como Emmanuel Mounier, Jaques Maritain o John Courtney Murray, así como de entidades como la National Catholic Welfare Conference, la Union of Catholic Women o la International Federation of Christian Trade Unions, Pío XII termina tomando distancia porque el documento finalmente no dice nada sobre el origen divino de los derechos humanos».
«De todos modos, muchos católicos, por ejemplo Maritain, hicieron público su apoyo», apostilla Mauro. A la tercera fase, concluye el historiador, «podíamos situarla a partir de la encíclica de Juan XXIII Pacem in Terris de 1963 que reconoce los derechos humanos como una vía para contribuir a la realización de los derechos de la persona derivados, eso sí, una vez más de la ley natural».
