La Iglesia no puede enajenar bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas, medida ampliada por cinco años más mediante un real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros este 29 de mayo
Archivo – El cuadro de la Virgen de la Paloma, en la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, en Madrid| Joaquin Corchero – Europa Press – Archivo _______________
El Gobierno ha decidido extender por cinco años más la restricción que impide a la Iglesia católica vender o ceder a particulares obras con valor histórico o artístico. Esta medida estará vigente hasta que se concluya el inventario general de bienes pertenecientes a dichas entidades eclesiásticas.
El Gobierno ha aprobado el 29 de mayo de 2026, un real decreto-ley (norma con rango de ley para casos de urgencia) que prorroga durante cinco años más la prohibición a la Iglesia católica de vender o ceder a particulares sus bienes con valor histórico o artístico. La medida se mantendrá activa hasta que se complete el inventario general de bienes de las instituciones eclesiásticas, una tarea pendiente desde 1985.
Los jueces, cuya decisión se apoya en la investigación de EL PAÍS, ratifican la cárcel para los dos cargos que protegieron a Pedrajas, el cura que admitió en su diario que abusó de 85 niños
El jesuita Alfonso Pedrajas juega con unos niños en el internado Juan XXIII en Cochabamba (Bolivia), en los años ochenta __________________
Las víctimas sabían que se enfrentaban a un gigante cuando interpusieron sus denuncias en los tribunales bolivianos de Cochabamba. La Compañía de Jesús es una de las instituciones más poderosas del país latinoamericano y con los suficientes recursos como para pagar los mejores abogados. La verdad, pensó Edwin Alvarado cuando pisó por primera vez los juzgados en mayo de 2023, estaba de su lado.
Pocas semanas antes, EL PAÍS había publicado un reportaje de investigación que revelaba que el ya fallecido misionero español Alfonso Pedrajas había dejado un diario donde admitía haber abusado de al menos 85 niños en Cochabamba y cómo sus superiores lo habían protegido. Pedrajas, conocido como Padre Pica, era el pederasta que agredió a Alvarado en 1984, cuando estudiaba en el internado Juan XXIII. Su denuncia se sumó a más de una decena de otros afectados y a varios legajos de pruebas que aportaron, entre ellas la investigación de este periódico. El procedimiento se alargó dos años, con altibajos por las dificultades de las víctimas para pagar un abogado, pero con un resultado feliz: la justicia condenó a un año de cárcel a dos de los altos cargos que protegieron a Pedrajas, los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix. El entusiasmo duró poco, pues la Compañía recurrió y los afectados temieron que una dilatación del procedimiento sería imposible de costear. Afortunadamente para ellos, el estudio del recurso ha durado siete meses y los jueces han ratificado la condena con contundencia: “Estos delitos son de lesa humanidad”.
Entrevista al presidente de Ateus de Catalunya, una de las entidades que impulsa la campaña ‘Jo no t’espero’ a raíz de la visita del papa León XIV a Barcelona.
Albert Riba, presidente de Ateus de Catalunya |Públic ________________
La asociación Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia y Europa Laica son las tres entidades que impulsan la campaña Jo no t’espero, que suma la adhesión de decenas de organizaciones para denunciar que la inminente visita del papa León XIV, jefe de la Iglesia católica, «sea tratada por las instituciones como una visita de Estado, con el despliegue de recursos públicos que ello implica» y no como un viaje de un líder religioso a un Estado aconfesional.
La campaña tendrá como acto culminante una concentración a las 19h del martes 9 de junio -el primero de los dos días que León XIV estará en Barcelona- en el paseo del Born de la capital catalana. Nos encontramos con el presidente de Ateus de Catalunya, Albert Riba, para hablar de la iniciativa y de las diversas demandas que hacen sus impulsores, como la derogación de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.
El ensayo Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O.), de Esther López Barceló, Marta García Carbonell y María Palau Galdón, desenmascara la violencia y la explotación de miles de mujeres en España durante el Franquismo y la Transición
Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón | Cortesía de la editorial _____________
El 19 de septiembre de 1983, durante el primer año del primer gobierno de izquierdas de la democracia, Inmaculada Valderrama apareció muerta en el patio del reformatorio Nuestra Señora del Pilar, dependiente del Patronato de Protección de la Mujer, en San Fernando de Henares (Madrid). Tenía 14 años. El relato oficial se construyó alrededor de una caída accidental: la adolescente habría muerto al intentar huir del reformatorio descolgándose con unas sábanas desde un tercer piso. Pese a las negligencias y contradicciones en las declaraciones de los testigos, su historia -una alegoría del silenciamiento de la violencia sistemática contra las mujeres durante el franquismo y la Transición que se alarga hasta nuestros días- quedó archivada como un suceso más.
Cuatro décadas después, el libro Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O.), de Esther López Barceló, Marta García Carbonell y María Palau Galdón, con prólogo de Nerea Barjola, reconstruye y esclarece no solo el caso, sino el sistema que lo hizo posible. “Todas las investigadoras que trabajamos sobre el Patronato de Protección a la Mujer siempre hemos estado obsesionadas con la historia de Inmaculada. Conocíamos aquella pequeña noticia de EL PAÍS sobre la muerte de una joven al caer de un tercer piso en un reformatorio de San Fernando de Henares, pero nunca supimos quién era Inmaculada ni qué había pasado con ella”, explica Marta García Carbonell.
Miguel Hurtado, superviviente y activista, escribe a León XIV recordándole los abusos que se cometieron en el que es considerado un gran santuario del catolicismo, al que él ha demandado por “responsabilidad civil”
La Abadía de Montserrat |Gianluca Battista _________________
En su misiva, Hurtado muestra su “alarma” y “estupefacción” por esa visita oficial. “Desconozco si le han transmitido toda la información fáctica, objetiva y fidedigna para que pueda tomar una decisión sobre la idoneidad de dicha visita”. Hurtado la siente como un “nuevo acto de violencia institucional por parte de la Iglesia católica”, escribe. La carta de cinco folios al pontífice fue enviada por correo certificado con copia al nuncio vaticano, al secretario general de la CONFER, al presidente de la CEE, al secretario de Estado del Vaticano y al presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Sobre cómo el Gobierno de Illa pasa de no investigar las inmatriculaciones a financiarlas con dinero público en nombre de la crisis de la vivienda
Foto de Luis Manglano| LoQueSomos ___________________
Plataforma catalana para la Recuperación de los Bienes Inmatriculados, LoQuesomos, 29 de mayo de 2026
La necesidad de vivienda social es hoy una de las principales emergencias del país, y cualquier política orientada a garantizar ese derecho merece, de entrada, reconocimiento y compromiso. Precisamente por eso, analizar críticamente las medidas que se presentan en su nombre es un ejercicio delicado, a menudo incómodo, pero necesario: porque no todo lo que se articula bajo la etiqueta de vivienda social contribuye, de forma efectiva, a reforzar el interés general ni la mayor disponibilidad de vivienda para quien lo necesita.
En este sentido, las declaraciones recientes de la Secretaría de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Lídia Guillén Simón, en defensa de lo que llama un acuerdo histórico entre el Gobierno de la Generalidad y la Iglesia Católica en Cataluña para la cesión de inmuebles destinados a vivienda social, no son una intervención más en el debate público: fijan marco a las políticas y legitiman. Por eso es relevante partir de la posición y el discurso de quien las formula.
Un juzgado de instrucción cita a dos profesores como investigados y pide que testifiquen los progenitores en Torrent. La Audiencia Provincial de Valencia reabrió el caso en abril tras poner en duda el trabajo de jueces y Guardia Civil
Exterior del colegio El Vedat en la localidad valenciana de Torrent | Mònica Torres _______________
Cuando la Audiencia Provincial pidió el 10 de abril reabrir la causa por un posible delito de agresión sexual a menores de 16 años archivada por el juzgado de instrucción 1 de Torrent, la madre de dos de los niños afectados no se lo creía. “Las abogadas nos dijeron que nos tomáramos unos días para mirar el auto con calma. Según iba pasando las páginas me decía: ‘¿En serio? ¿Está pasando de verdad?’ Fue un alivio y una alegría, pero vivo en el terror de que vuelva a pasar lo mismo porque todo vuelve al juzgado cuyo trabajo ha criticado la Audiencia Provincial”, cuenta sentada junto a su marido en Valencia.
Los hechos, que se remontan a 2023, se localizan, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en el Colegio Fomento El Vedat, un centro vinculado al Opus Dei en Torrent (Valencia). Un centro con más de 6.000 alumnos. Los denunciaron siete familias -con hijos en edades comprendidas entre los cuatro y los siete años– a partir de enero de 2024. Habría 11 alumnos afectados. Esta madre resume así su periplo hasta hoy: “Todo el proceso ha sido horroroso. Es duro que a tus hijos les pase algo así y luego que la respuesta del colegio siempre haya sido la misma: imposible, aquí no ha podido suceder”.
Rueda de prensa esta mañana en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados con intervención de José Antonio Naz (Europa Laica), Loren Arseguet, Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Sergio López (campaña “Religión fuera de la escuela”), Miguel Hurtado (primer denunciante de abusos en Montserrat) y Francisco Delgado, firmante del manifiesto.
Momento de la rueda de prensa _______________________
Europa Laica-Observatorio del laicismo, 27 de mayo de 2026
Decenas de entidades y centenares de personalidades firmaron un manifiesto exigiendo la derogación de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979, y rechazando que las Cortes Generales reciban al papa católico con honores de jefe de Estado.
La campaña laicista ha reclamado a los grupos parlamentarios que no asistan a la sesión especial conjunta del Senado y el Congreso ante la que intervendrá el pontífice. El BNG y Podemos han anunciado que sus diputadas y diputados no asistirán.
La asociación Europa Laica, la asociación Derecho a Morir Dignamente, la campaña «Por una escuela pública y laica: ¡religión fuera de la escuela!» en representación de otras 69 asociaciones, sindicatos y colectivos; y Miguel Hurtado y Francisco Delgado en representación de los cientos de personalidades firmantes, han registrado en el Congreso de Diputados, un manifiesto, exigiendo la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y los privilegios del catolicismo en España. Asimismo, en el contexto de la visita del Papa, han condenado la invitación que ha cursado la mesa del Congreso al Papa para intervenir en una sesión solemne especial de las dos cámaras. Esto, en opinión del presidente de Europa Laica, José Antonio Naz, «viola claramente la supuesta no confesionalidad del Estado».
La ponencia que tiene que debatir las enmiendas no se reúne desde marzo y los impulsores de la norma temen que el bloqueo se deba a un «pacto» entre los obispos y el Ejecutivo
La ley que promueve que los abusos sexuales graves contra niños no prescriban(1), que emanó del Parlament catalán, ha quedado, de nuevo, paralizada en el Congreso. Las víctimas que han impulsado la iniciativa legal temen que el motivo es que el Gobierno no quiere incomodar a la Iglesia católica durante la histórica visita del Papa a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio.
O aún peor, que los obispos hayan solicitado al Ejecutivo que la norma no salga adelante esta legislatura para no poner en peligro el acuerdo de reparación extrajudicial alcanzado en enero, mediante el cual la Iglesia pagará las indemnizaciones de las víctimas que no han obtenido un resarcimiento judicial, muchas de ellas precisamente por los escasos plazos de prescripción, problema que quiere solucionar la ley que se impulsa en el Congreso.
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que protesta por la «injustificable paralización de la ley»
Cuando suena el primer tiro de la guerra, en Asturias hay más de 350 bibliotecas, sin contar las escolares. Superan, conjuntamente, los 100.000 libros que circulan de mano en mano. Educan, entretienen y conciencian. Y es esta última competencia la que los vuelve peligrosos, venenosos incluso, a ojos de quienes toman el poder a partir de entonces.
1936, Asturias es una de las regiones más leídas de España. Carmen Diego, profesora jubilada de Historia de la Educación explica que «las bibliotecas se desarrollaron mucho por la industrialización a principios de siglo»»
Las más de 350 bibliotecas pertenecen principalmente a ateneos y asociaciones. «Tenían muchos lectores. La red de bibliotecas tiene tradición de uso», semana Carmen Diego. El historiador Ángel Mato asegura que en la época había que pagar para leer esos libros.
Posted by asturiaslaica 
