A pesar del intento de PP y Vox de tumbar en el Congreso la reforma penal de Sumar que elimina delitos de opinión como ofensas religiosas, a la Corona y símbolos nacionales.
El diputado de Sumar Enrique Santiago, encargado de defender la iniciativa | César Vallejo Rodríguez – Europa Press _________________
Sin embargo en el Pleno extraordinario de hoy, 14 de julio, sus expectativas se vieron truncadas La mayoría de la Cámara Baja tumba las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a una norma impulsada por PSOE y Sumar que también plantea despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado.
Han sido rechazadas las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y PP:
– Enmienda a la totalidad de VOX: 33 a favor, 179 en contra, abstenciones 138 – Enmienda a la totalidad del PP: 171 a favor, 178 en contra, 0 abstenciones
La mayoría de comunidades autónomas no han aportado datos sobre las indemnizaciones regionales destinadas a víctimas del Franquismo y la Guerra Civil.
Imagen de archivo de la placa conmemorativa de las Trece Rosas durante un homenaje a las víctimas del franquismo | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press ____________________
Este pasado jueves se han publicado los tres informes de las comisiones de Memoria Democrática: sobre la persecución del pueblo gitano, cuantificación de las ayudas económicas a víctimas del Franquismo y vulneración de los Derechos Humanos en la Transición.
Los tres órganos colegiados se convocaron en 2024, siguiendo con las directrices marcadas por la ley. Sus miembros han tenido un año para elaborar un documento que reflejase la información recabada, así como para desarrollar un listado de propuestas con los que avanzar en base a los principios de «verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición».
Calle de Oviedo/Uviéu en la que fue asesinado el transportista en huelga _______________
Fuente Diego Díaz Alonso, Nortes, 19 de junio de 2026
Una comisión impulsada por el Gobierno sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad en el periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, dos de las cuales murieron en Oviedo/Uviéu y en Xixón por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente.
La primera de las víctimas registrada en Asturias es el transportista Valeriano Martínez Pérez, de 41 años, quien murió en Oviedo/Uviéu el 19 de septiembre de 1979 en el contexto de una huelga del ramo.
Casado y con tres hijos, Martínez Pérez formaba parte de un piquete y recibió un disparo de un cabo de la Guardia Civil en un forcejeo entre camioneros y la escolta de un convoy, en el barrio de La Tenderina, cuando los huelguistas trataban de bloquear los accesos a la capital asturiana.
La organización denuncia que la propuesta de despenalizar el delito de «ofensas a los sentimientos religiosos» (artículo 525) y dejar intactos los artículos 522, 523 y 524 del Código Penal, perpetua la sumisión del Estado de derecho a dogmas religiosos.
Ante el reciente anuncio de acuerdo parlamentario entre el PSOE y Sumar para reformar la denominada ‘Ley Mordaza’ y despenalizar las injurias a la Corona y el delito de «ofensas a los sentimientos religiosos», Europa Laica quiere manifestar su rechazo ante lo que considera una reforma a medias, claramente insuficiente.
Valorando positivamente cualquier avance que suponga eliminar el anacrónico artículo 525 del Código Penal, utilizado históricamente por sectores ultracatólicos como un ariete de censura y persecución civil contra creadores, activistas y librepensadores, alertamos de que esta medida se queda coja si no va acompañada de la derogación o reforma profunda de los artículos 522, 523 y 524.
Al acotar la reforma exclusivamente a las «ofensas» (blasfemias) del artículo 525, el Gobierno de coalición consolida un marco jurídico de excepción que sigue blindando los privilegios de las confesiones religiosas, y muy especialmente de la Iglesia católica. Europa Laica denuncia que mantener el resto del articulado penal supone:
El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983. La comisión prevista en la Ley de Memoria para estudiar vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 excluye a asesinados por los GAL. Según el PP, pretendía blanquear a ETA
Los padres de Juan Félix Domínguez, de dos años, muerto por disparos de la Guardia Civil en un control de carretera, velan el cadáver del niño en Getafe en febrero de 1983 | Ricardo Martín _____________________
Fuentes El País (Natalia Junquera) |El Diario, 18 de junio de 2026
El Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación económica a los republicanos
El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978.
PSOE y Sumar han optado por reactivar la tramitación de la reforma del Código Penal destinada a suprimir los llamados delitos de opinión, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos del Estado. Esta fue la primera propuesta que el grupo plurinacional llevó al Pleno en la actual legislatura y, desde diciembre de 2023, permanecía «congelada» en la Comisión de Justicia.
Ahora, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, las dos formaciones que integran el Ejecutivo de coalición han acordado que la Mesa del Congreso, donde cuentan con mayoría, cierre por fin el plazo de presentación de enmiendas al proyecto.
La previsión es que este martes el órgano de gobierno de la Cámara adopte formalmente la decisión. En caso de que algún grupo registre una enmienda de totalidad, deberá aportar un texto alternativo y, si estas son rechazadas, se pasarán a debatir las enmiendas parciales.
Europa Laica-Observatorio del Laicismo, 28 de marzo de 2026
Ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de seis indultos con motivo de la festividad religiosa de la Semana Santa, Europa Laica manifiesta su más enérgico rechazo a una práctica que considera propia de regímenes teocráticos, radicalmente incompatible con un Estado de Derecho moderno.
Europa Laica denuncia que la concesión por parte del gobierno “progresista” (PSOE+Sumar) de estas medidas de gracia, supeditadas a la intervención de cofradías católicas, supone una quiebra flagrante de los principios constitucionales de aconfesionalidad del Estado (Art. 16.3) y de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (Art. 14).
Es inaceptable que el gobierno siga plegándose a los intereses de asociaciones religiosas para dotar de “protagonistas” a sus desfiles procesionales. La justicia debe ser un servicio público basado en criterios jurídicos, de reinserción y de equidad, y no puede quedar al arbitrio de tradiciones medievales o de la «intercesión» de símbolos religiosos.
A petición de las cofradías nuevos indultos gubernamentales. -uno de ellos para un condenado por la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, a petición de la Hermandad de Jesús Cautivo de Oviedo-, para condenados y condenadas por delitos de estafa (dos), contra la salud pública (otros dos), tráfico de drogas y lesiones.
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Fuentes: Eva Belmonte, Civio |El Comercio, María Báscones y Alberto Arce, 26 de marzo de 2026
El BOE de hoy recoge seis indultos a las puertas de la Semana Santa, como pasa cada año. Son para condenados y condenadas por delitos de estafa (dos), contra la salud pública (otros dos), tráfico de drogas y lesiones. En todos los casos, el indulto elimina la pena de prisión pendiente de cumplimiento.}
El Ejecutivo ha tirado la toalla en la lucha por la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba a pesar de los informes, declaraciones y manifiestos que rechazan la titularidad eclesiástica del Patrimonio de la Humanidad. “Si hubiese voluntad política se solucionaría”, opina el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba.
Mezquita de Córdoba | Wikipedia _____________________
Deva Mar Escobedo, El Salto, 12 de noviembre de 2025
El pasado domingo 2 de noviembre, el Gobierno dio respuesta por escrito a la pregunta del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, sobre la titularidad eclesiástica de la Mezquita-Catedral de la capital cordobesa. En su contestación, el Ejecutivo expuso que “no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble”, desde 2006 inmatriculado por la Iglesia Católica, que gestiona el monumento Patrimonio de la Humanidad a través del Cabildo Catedral de Córdoba. “Hay argumentos de sobra. El Ayuntamiento de Córdoba podría emprender mañana acciones judiciales con los informes que ya tiene, pero hay miedo a abrir la caja de Pandora”, disecciona Antonio Manuel Rodríguez Ramos, jurista y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Fue a raíz del incendio en la mezquita el pasado 8 de agosto que Santiago formuló la pregunta: “¿Va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, […] redactar un Código de Buenas Prácticas […] para evitar acciones que perjudiquen la imagen y el significado del monumento, tal y como solicitan la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas?”.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha tenido una primera reunión con el Arzobispado para reformular la situación de la iglesia del Espíritu Santo en Madrid, un auditorio que Franco convirtió en templo y que sigue siendo de uso religioso a pesar de ser un espacio público por un convenio firmado con Rouco Varela
El Gobierno ha tomado cartas en el asunto de la iglesia que es de propiedad pública pero cuyo uso está cedido al Arzobispado de Madrid hasta 2069. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia y al que pertenece el espacio, ha iniciado conversaciones con las autoridades eclesiásticas para “actualizar el régimen de ocupación” del templo, que fue creado en la República como auditorio, pero que, después, Franco convirtió en iglesia. Entre las ideas que baraja el organismo está la de cobrar al Arzobispado por el uso del espacio, según ha podido saber elDiario.es y confirman fuentes del Ministerio de Ciencia.
Se trata de la iglesia del Espíritu Santo, situada en el número 125 de la calle Serrano, donde está situado el CSIC. El lugar, sin embargo, no fue siempre de uso religioso: fue construido en 1933 como auditorio de la Residencia de Estudiantes, convertido en epicentro del florecimiento científico y cultural que trajeron consigo aquellos años. Sin embargo, tras la sublevación de 1936 y el fin de la Guerra Civil, los franquistas lo transformaron en iglesia haciendo gala de la concepción nacionalcatólica de las ciencias que arrasó con la modernización republicana.