Europa Laica-Observatorio del Laicismo, 28 de marzo de 2026
Ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de seis indultos con motivo de la festividad religiosa de la Semana Santa, Europa Laica manifiesta su más enérgico rechazo a una práctica que considera propia de regímenes teocráticos, radicalmente incompatible con un Estado de Derecho moderno.
Europa Laica denuncia que la concesión por parte del gobierno “progresista” (PSOE+Sumar) de estas medidas de gracia, supeditadas a la intervención de cofradías católicas, supone una quiebra flagrante de los principios constitucionales de aconfesionalidad del Estado (Art. 16.3) y de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (Art. 14).
Es inaceptable que el gobierno siga plegándose a los intereses de asociaciones religiosas para dotar de “protagonistas” a sus desfiles procesionales. La justicia debe ser un servicio público basado en criterios jurídicos, de reinserción y de equidad, y no puede quedar al arbitrio de tradiciones medievales o de la «intercesión» de símbolos religiosos.
A petición de las cofradías nuevos indultos gubernamentales. -uno de ellos para un condenado por la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, a petición de la Hermandad de Jesús Cautivo de Oviedo-, para condenados y condenadas por delitos de estafa (dos), contra la salud pública (otros dos), tráfico de drogas y lesiones.
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Fuentes: Eva Belmonte, Civio |El Comercio, María Báscones y Alberto Arce, 26 de marzo de 2026
El BOE de hoy recoge seis indultos a las puertas de la Semana Santa, como pasa cada año. Son para condenados y condenadas por delitos de estafa (dos), contra la salud pública (otros dos), tráfico de drogas y lesiones. En todos los casos, el indulto elimina la pena de prisión pendiente de cumplimiento.}
El Ejecutivo ha tirado la toalla en la lucha por la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba a pesar de los informes, declaraciones y manifiestos que rechazan la titularidad eclesiástica del Patrimonio de la Humanidad. “Si hubiese voluntad política se solucionaría”, opina el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba.
Mezquita de Córdoba | Wikipedia _____________________
Deva Mar Escobedo, El Salto, 12 de noviembre de 2025
El pasado domingo 2 de noviembre, el Gobierno dio respuesta por escrito a la pregunta del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, sobre la titularidad eclesiástica de la Mezquita-Catedral de la capital cordobesa. En su contestación, el Ejecutivo expuso que “no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble”, desde 2006 inmatriculado por la Iglesia Católica, que gestiona el monumento Patrimonio de la Humanidad a través del Cabildo Catedral de Córdoba. “Hay argumentos de sobra. El Ayuntamiento de Córdoba podría emprender mañana acciones judiciales con los informes que ya tiene, pero hay miedo a abrir la caja de Pandora”, disecciona Antonio Manuel Rodríguez Ramos, jurista y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Fue a raíz del incendio en la mezquita el pasado 8 de agosto que Santiago formuló la pregunta: “¿Va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, […] redactar un Código de Buenas Prácticas […] para evitar acciones que perjudiquen la imagen y el significado del monumento, tal y como solicitan la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas?”.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha tenido una primera reunión con el Arzobispado para reformular la situación de la iglesia del Espíritu Santo en Madrid, un auditorio que Franco convirtió en templo y que sigue siendo de uso religioso a pesar de ser un espacio público por un convenio firmado con Rouco Varela
El Gobierno ha tomado cartas en el asunto de la iglesia que es de propiedad pública pero cuyo uso está cedido al Arzobispado de Madrid hasta 2069. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia y al que pertenece el espacio, ha iniciado conversaciones con las autoridades eclesiásticas para “actualizar el régimen de ocupación” del templo, que fue creado en la República como auditorio, pero que, después, Franco convirtió en iglesia. Entre las ideas que baraja el organismo está la de cobrar al Arzobispado por el uso del espacio, según ha podido saber elDiario.es y confirman fuentes del Ministerio de Ciencia.
Se trata de la iglesia del Espíritu Santo, situada en el número 125 de la calle Serrano, donde está situado el CSIC. El lugar, sin embargo, no fue siempre de uso religioso: fue construido en 1933 como auditorio de la Residencia de Estudiantes, convertido en epicentro del florecimiento científico y cultural que trajeron consigo aquellos años. Sin embargo, tras la sublevación de 1936 y el fin de la Guerra Civil, los franquistas lo transformaron en iglesia haciendo gala de la concepción nacionalcatólica de las ciencias que arrasó con la modernización republicana.
El Gobierno de España ha concedido este miércoles seis indultos a personas presas, que son liberadas de forma anticipada, como respuesta a la petición de distintas cofradías de culto católico.
Preso indultado a propuesta de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico en Málaga el Miércoles Santo de 2024 / Archivo EFE-Fuente __________________
Europa Laica, 19 de abril de 2025
Comunicado
Como requisito indispensable, los presos indultados han tenido que comprometerse a participar en exhibiciones de adoración y penitencia religiosa: ostentar un preso indultado en la procesión parece que aumenta el interés y el caché de la cofradía.
Artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Es evidente que el Gobierno conculca principios democráticos fundamentales como el de aconfesionalidad del Estado y el de igualdad entre personas sin distinción de religión. La discriminación es clara: los reclusos no católicos y los no seleccionados por la cofradía-capellán son descartados del privilegio.
Las asociaciones memorialistas lamentan que los monjes benedictinos se queden en el mausoleo y creen que eso “dificulta” la transformación del espacio debido al papel de pilar fundamental que la Iglesia desempeñó durante el franquismo
Franco recibe en El Pardo a los obispos de Badajoz, Eugenio Beitia, y de Cádiz, Antonio Añoveros. Febrero de 1955 / EFE/Miguel Cortés _____________________
El pacto entre el Gobierno y la Iglesia para resignificar el Valle de Cuelgamuros no ha sentado bien a las asociaciones de víctimas del franquismo. Aunque en su seno conviven voces diversas sobre cuál es la mejor solución para el faraónico mausoleo mandado construir por Franco para honrar su victoria en la Guerra Civil, todas coinciden en algo: la permanencia en la basílica de los monjes benedictinos, que en varias ocasiones el Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió desalojar, es “incompatible” con una transformación completa del espacio y “una falta de respeto” dado el papel que tuvo la Iglesia durante la dictadura.
“Es una continuidad franquista y un lastre tener allí a unos religiosos que hicieron convenios con el propio Franco y misas diarias por ‘los caídos por Dios y por España’, que es para lo que el dictador lo construyó”, sostiene Fausto Canales, que peleó durante décadas para sacar a su padre de las criptas de Cuelgamuros, donde fueron enterrados miles de republicanos sin consentimiento de sus familias. En 1958 el Estado firmó con la Abadía Benedictina de Silos un convenio por el que los monjes se comprometían a perseguir los fines que dispuso el régimen para el Valle, entre ellos, “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”.
Santiago Cantera dice adiós. El que se había convertido en uno de los principales azotes de la Ley de Memoria Democrática, y que trató de impedir la salida de Franco del Valle y la resignificación de Cuelgamuros, ya no es prior de la abadía benedictina.
El prior de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha sido relevado tras cumplir los tres trienios que marcan el máximo a la cabeza de esta orden por parte del abad presidente de los benedictinos en Solesmes, Geoffroy Kemlin, de quien depende la orden y después de un proceso que se inició en noviembre. Será sustituido por Alfredo Maroto.
Según ha podido confirmar eldiario.es, Cantera ha sido relevado en su cargo, con la excusa de agotar los tres trienios permitidos como prior administrador de la basílica. Su sustituto será otro fraile de Cuelgamuros, Alfredo Maroto, en un proceso que arrancó en noviembre y que ha estado marcado por las negociaciones a tres bandas (Gobierno, Arzobispado de Madrid y Vaticano) para alcanzar un acuerdo que acabara con la salida de Cantera y permitiera un acuerdo básico sobre la resignificación del Valle.
Nuevos avances para el reconocimiento de las víctimas de abusos en España. Representantes de Asociaciones de víctimas de abusos se han mantenido un encuentro ayer miércoles con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el que se abordaron algunos puntos de la reforma de la Ley de la Infancia. y le han propuesto instaurar un estatuto de la víctima. Así lo han planteado la Asociación Infancia Robada (ANIR), la asociación contra abusos sexuales en la infancia Lulacris y la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA).
La reunión, «muy propositiva» en opinión de las víctimas, ha servido para analizar la reforma en la que trabaja el Ministerio, especialmente en dos puntos: el reconocimiento de todas las víctimas de violencia sobre menores en todos los sectores de la sociedad (también, por supuesto, en la Iglesia), para el que se ha solicitado un reconocimiento público; y la elaboración de un Estatuto sobre la Víctima. «Hemos presentado nuestro modelo», señalaron las asociaciones de víctimas a RD. Un modelo que también se presentó, hace meses, ante la Conferencia Episcopal, sin que haya sido incorporado al plan PRIVA.
Constructoras como Dragados o Huarte, que hoy forman parte de Acciona y OHL, recurrieron a la maquinaria de explotación impuesta por los vencedores
Trabajos forzosos en el franquismo / Documental «Estos muros» ________________________
Álvaro Sánchez Castillo, InfoLibre, 27 de enero de 2025
El Gobierno se prepara para meterse de lleno en el espinoso asunto del trabajo esclavo durante la dictadura. El Ejecutivo ya está trabajando, como así lo exige la normativa memorialista, en un censo de empresas públicas y privadas que se sirvieron de mano de obra forzada en multitud de edificaciones y obras distribuidas por toda la geografía nacional. La idea es tenerlo culminado próximamente. Y antes de hacerlo público, según sostienen fuentes gubernamentales, sentarse con las compañías para sugerirles posibles mecanismos de reparación de las víctimas. El ejemplo de referencia es la vía alemana.
A diferencia de la norma de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley de Memoria Democrática pone el foco en la responsabilidad del poder económico en la represión franquista. Lo hace en el artículo 32. En él, se obliga a la Administración General del Estado a impulsar «actuaciones para el reconocimiento y reparación» de las víctimas «que realizaron trabajos forzados». Así, plantea la señalización de zonas relacionadas con esto como lugares de memoria. Y el impulso de «iniciativas» por parte de empresas respecto de las que se constate, a través de un censo, que usaron mano de obra esclava en su beneficio.
Franco creó la Fundación de la Santa Cruz[1]con la misión de «salvaguardar el nacionalcatolicismo del régimen». Este año se cumple medio siglo del fin de la dictadura y los religiosos siguen en el recinto.
Imagen de un banco de la Basílica del Valle de los Caídos que incluye (a la izquierda) el escudo de Franco / Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (Europa Press)- Fuente foto __________________
La cruz cristiana más grande del mundo lleva en pie desde el 1 de abril de 1959. Franco inauguró ese día lo que más tarde se acabaría convirtiendo en su propio mausoleo; una meca para los fascistas, «la enésima herida» para los familiares de sus víctimas. Los restos del dictador no siguen en el lugar. Los de Primo de Rivera, tampoco. El Valle de los Caídos ni siquiera conserva su nombre. Lo que sí sigue «exactamente igual» que hace sesenta años son la cruz, su oscura sombra y los monjes benedictinosque habitan el monasterio del recinto.
Los religiosos han permanecido durante más de seis décadas en la abadía, gracias al contrato que firmaron en su momento con el dictador. La estancia tenía que haber concluido en octubre de 2020, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. «Los benedictinos tienen mucho poder dentro de ciertos sectores ultraortodoxos y de extrema derecha, se mueven con gente de muchísimo dinero», advierte Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En febrero cumplirán cuatro años y cuatro meses viviendo ilegalmente en la abadía de Cuelgamuros.
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