¡¡Hay que joderse!! Se disuelven las Cortes generales y el gobierno del PSOE y UP (Sumar) más sus socios parlamentarios (nacionalistas, republicanos, etc.) se van sin dar ni un solo paso para construir el Estado laico, ni siquiera son capaces de cumplir con el mandato constitucional que obliga a las instituciones a tener en cuenta que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal“.
Desde 1978 han pasado 45 años y gobernanzas varias en los niveles municipales, autonómicos y del Estado, por cierto en este último ámbito el centro izquierda a gobernado (desde 1982) dos tercios del tiempo total y los privilegios simbólicos, económicos, sociales, tributarios, patrimoniales, militares y educativos de la Iglesia católica han ido aumentando. Comenzando por los nacional-católicos acuerdos concordatarios de 1979, que no sólo siguen vigentes, sino que la realidad va mucho más allá. En los últimos, tiempos, además y desde 1992, parte de esos privilegios se tratan de extender a otras confesiones de notorio arraigo.
De hecho y desde un punto de vista político institucional se ha establecido un Estado confesional, curiosamente frente a una sociedad cada vez más secularizada.
Fuente: Ateneo Republicano de Andalucía- Sevilla, 16 de abril de 2023
Entre los actos programados para el Abril Republicano 2023 del Ateneo Republicano de Andalucía, el viernes 14 de abril tuvieron lugar, en la sede de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), unas charlas sobre Patrimonio público y Estado laico con la participación de Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Francisco Delgado Ruiz.
En el acto intervendría en primer lugar Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, que hablaría sobre patrimonio público, mientras que Francisco Delgado, ex-presidente de Europa Laica, intervendría para hablar sobre Estado laico.
Las charlas han sido organizadas por el Ateneo Republicano de Andalucía junto con Europa Laica y con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la UPO.
Francia se toma muy en serio el laicismo, hasta el punto de provocar a veces polémicas políticas y ciudadanas que desembocan en pleitos. Así ha ocurrido en Perpiñán, cuyo Ayuntamiento ha recibido la orden judicial de retirar el pesebre instalado en el patio de la sede consistorial por considerar que viola la ley de 1905 sobre la separación entre el Estado y las iglesias.
El tribunal administrativo de Montpellier dio la razón a la Liga de los Derechos del Hombre (LDH), que había presentado un recurso urgente contra el Ayuntamiento de la capital rosellonesa. La decisión, tomada el miércoles de esta semana, estipula que los responsables municipales deben retirar el belén navideño en un plazo de 24 horas, por lo que pena de incurrir en una multa de cien euros por cada día en que el pesebre siga allí.
Según la abogada Sophie Mazas, que es la presidenta de la LDH en el departamento de Hérault, el pesebre viola la ley de 1905 porque se trata de una representación manifiesta católica, con presencia de José, María, el Niño Jesús y los tres Reyes Magos . La LDH no niega que sea una tradición local catalana pero sostiene que el lugar de celebrarla no es el Ayuntamiento, una sede pública, sino la catedral de Saint-Jean. La organización defensora del laicismo deplora que el Ayuntamiento haya violado impunemente la ley en los últimos diez años y que el prefecto no haya actuado.
El Congreso ha retirado finalmente una parte de la reforma fiscal del Gobierno progresista que pretendía retirar las exenciones fiscales a las iglesias
Procesión en la Plaza de Bolivar, en Bogotá, en 2021 / _____________
Camilo Sánchez, El Diario, 14 de noviembre de 2022
El sacerdote católico a cargo del oratorio y los servicios religiosos del palacio presidencial, según trascendió en la prensa hace unos días, gana un salario de algo más de 1.000 euros mensuales. Por su parte, en una pared de la Sala Plena de la Corte Constitucional cuelga un crucifijo. De igual manera, la capilla del Congreso recibe el nombre de María Auxiliadora. Y si a todo lo anterior se añade el lema “Dios y Patria” estampado en el escudo de la policía, la deducción evidente sería que en Colombia aún existe una religión oficial.
No es el caso. La Constitución de 1991 estableció el marco para un modelo plural, incluyente y “laico”. Sin embargo, los constituyentes, conscientes del riesgo que suponía alterar repentinamente un armazón cultural de cuatro siglos de cristianismo, optaron por un texto prudente, salpicado con dos menciones a un Dios no especificado y un margen abierto a interpretaciones y posteriores disputas. Como la que se ha vivido entre sectores políticos interesados en retirar las exenciones tributarias a todas las iglesias dentro de la reforma fiscal del Gobierno del presidente de izquierdas, Gustavo Petro –finalmente el artículo ha sido descartado–.
La Ley de Libertad de Conciencia queda fuera del plan legislativo de 2022 y se incumple el compromiso programático de regular la financiación de las confesiones, la simbología y la educación religiosa, los lugares de culto, la fiscalidad, la igualdad entre credos, la neutralidad de las autoridades públicas y el fin de los privilegios de la Iglesia católica.
“Un Estado que no define con claridad la libertad de conciencia y de religión es un Estado que permite desequilibrios y desigualdades, privilegia a una parte de la ciudadanía y renuncia a la igualdad plena”. Este texto aparece en el programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones de 2015. Siete años después, y cuatro ya al frente del Ejecutivo, la esperada Ley de Libertad de Conciencia, que estaba llamada a regular aspectos clave en la relación entre el Estado, la sociedad y las confesiones religiosas, ha vuelto a ser laminada de las prioridades políticas. El Plan Anual Normativo para 2022 no incluye su desarrollo y todo indica que la legislatura concluirá sin abordar uno de los principales compromisos de la coalición progresista.
Bajo el epígrafe de “Laicidad. Defensa de lo Público“, el PSOE de Pedro Sánchez apostó entonces sin circunloquios por la “construcción de un Estado laico” y desgranó un amplio catálogo de actuaciones que deberían quedar reguladas en una ley orgánica. El texto enumeraba un paquete de medidas muy concretas: autofinanciación de todas las confesiones, religión fuera del currículo escolar, fiscalidad para bienes no afectos al culto, retirada de símbolos religiosos en edificios públicos, cementerios no confesionales,protocolos para actos de Estado, recuperación de bienes inmatriculados y, por encima de todas ellas, denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.
Como habitante atea en un Estado aconfesional solo aspiro a que este derive, más pronto que tarde, hacia un laicismo (no fundamentalista) que no se inmiscuya en la multiplicidad de prácticas religiosas existentes entre la población, pero tampoco privilegie (legal, fiscal, judicial o financieramente) a ninguna de ellas.
Pablo Santiago
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Marisa Pérez Colina, El Salto, 8 de febrero de 2022
Cantabria, a finales de la década de 1970. Entre los 8 y los 10 años solía acompañar a mi abuela a rezar el rosario en la ermita de su pueblo, mi pueblo en vacaciones. Me gustaba ver a las mujeres acariciando una a una las cuentas de sus rosarios, escucharlas cantar, enredar mi mirada en los encajes de los pañuelos que cubrían sus cabellos. Un día que llevaba puesto un vestido de tirantes, mi abuela me dijo que para subir al rosario tendría que cubrirme con una rebequita. El vestido me gustaba mucho pero la rebeca picaba. Así que esa tarde no la acompañé a la iglesia. No volví más. Le cogí miedo a la cosa desconocida que quería verme los hombros. Las intuiciones infantiles son muchas veces asombrosas y qué duda cabe de que esa animadversión de las religiones en general y de la católica en particular por todo lo relativo a “la carne”, despierta, como poco, una desazonante inquietud.
La lucha por establecer una agenda laica en España ha transitado en diferentes etapas históricas, en contextos de alta polarización.
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Julio Cáceres Rondón, elestado.net, 10 de enero de 2022
La lucha por establecer una agenda laica en España, ha transitado en diferentes etapas históricas, en contextos de alta polémica y polarización respecto al tema. Se trata de una reivindicación histórica que ha sido dejada de lado por el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, donde el tema laico no recibe la atención que amerita en su pragmatismo político.
España ha sido testigo de una dinámica de gobernabilidad relativamente novedosa, todo ello a raíz del pacto suscrito entre el PSOE y UP. Dos visiones ideológicas contrapuestas, pero con un parcial esquema funcional en común.
Sin embargo, dicho pacto aún debe reivindicar el desmontaje del anclaje ideológico que el conservadurismo impone a la sociedad por medio de su ultracatolicismo, el cual actualmente sirve de refugio nostálgico del franquismo infiltrado en la actual estructura del Estado.
Las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”(1), fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas.
No sé si nuestros gobernantes y políticos son tan ingenuos como parecen a veces o simplemente, se lo hacen. Tampoco sé qué es peor de las dos cosas, porque si hablamos de ingenuidad, entramos en la incapacidad de ser conscientes de las cuestiones de fondo de los problemas que atañen al país, y si nos referimos a hacer la vista gorda, el cinismo rayano con la crueldad resulta insoportable hasta para quienes estamos curados de espanto.
Todos estos derechos básicos se recogen en leyes meridianamente claras, aprobadas por mayoría de la voluntad popular representada en las Cortes e, incluso, en muchos casos, plasmados en la Constitución Española de 1978, manoseada para las cosas de hiperventilados (banderas, unidad territorial, himnos y monarcas) e ignorada para estas otras del vivir que cito.
Adrián Barbón y Sanz Montes entran en la basílica de Covadonga, momentos antes de la celebración de la misa / 8 de septiembre de 2021
Luis Fernández González, 11 de septiembre de 2021
Sobre la homilía pronunciada por el arzobispo de Oviedo en la misa celebrada en la basílica de Covadonga leo en La Voz de Asturias que:
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha reivindicado este miércoles el Día de la Santina de Covadonga como la celebración vinculada al Día de Asturias, que se conmemora este 8 de septiembre. «Ya quisiera yo que niños abortados o ancianos y enfermos eutanasiados sin paliativos tuvieran la legislación protectora que se les brinda a los toros. Mal asunto cuando la estocada se da en el seno materno, o cuando en el dolor terminal se da la puntilla al enfermo; esto es otra corrida subvencionada», ha dicho durante su homilía en la misa celebrada en honor a la Virgen de Covadonga en la Basílica del Real Sitio, sembrando así una nueva polémica ante la presencia del presidente del Principado,Adrián Barbón, y otros representantes institucionales.
Y, en una primera impresión, siento repugnancia por la obscenidad de las palabras del arzobispo recogidas en el texto. El lenguaje con el que se intenta comparar la no licitación de la plaza de toros de Gijón con dos leyes, aprobadas por los representantes de la soberanía popular, fundamentales para el desarrollo de las libertades (la de las madres sobre su cuerpo y la de los enfermos sobre su vida) es repugnante. Pero además es una flagrante falsedad. Su aportación lingüística con el término “eutanasiados” para retorcer una ley que pretende amparar a los que no pueden físicamente ejecutar su libertad de decidir sobre su vida es una falsedad inadmisible.
El PSOE propone “actualizar” e “impulsar” unos nuevos acuerdos con el Vaticano, según aparece en la ponencia del 40º Congreso del partido. De esta forma, el Partido Socialista recupera la propuesta sobre el Concordato que, a pesar de aparecer en los estatutos, no han llevado a cabo.*
En octubre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el Papa Francisco I por primera vez, después de que el Partido Socialista haya estado pidiendo estos últimos años terminar con los acuerdos entre España y la Santa Sede, firmados en 1979 y que daba ciertos privilegios a la Iglesia.