El presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, analiza la legislatura que ha culminado y marca sus prioridades para las reivindicaciones laicistas tras el 23J.
El 23 de julio ha terminado formalmente la legislatura del Gobierno de coalición PSOE-UP que arrancó su andadura a finales de 2019. Han sido cuatro años de importantes avances en materias sociales legisladas por iniciativa del Gobierno o de otros grupos políticos que han podido prosperar por la mayoría parlamentaria progresista que se formó en la investidura y que, con sus lógicas diferencias, se ha mantenido unida en las principales decisiones frente a una derecha política renuente y conservadora, cuando no contraria, a los avances en derechos políticos y sociales.
Un Gobierno de coalición y una mayoría parlamentaria que tiene en su “haber” hitos importantes en relación con la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, que Europa Laica reconoce, se congratula y felicitó públicamente en su momento. Como más relevantes:
–Ley de Eutanasia. Promulgar una Ley de Eutanasia y la ampliación del ejercicio del aborto han sido dos derechos inequívocos para el ejercicio de la libertad de conciencia de las personas. Más allá de que esta Ley requiera de aspectos de mejora para garantizar su ejercicio de una forma más ágil y efectiva, la realidad es que supone un avance cierto y muy importante a la vez que pone de manifiesto que cuando existe voluntad política, aun en temas tan sensibles, es posible avanzar en derechos para todos.
Arturo del Villar, Lo quesomos, 22 de julio de 2023
Comenté ayer lo extraño que resulta el hecho de que ningún partido político se refiera en los mítines de campaña a las relaciones entre el reino de España y el llamado Estado de la Ciudad del Vaticano. Parece que todos se hallan satisfechos con los acuerdos vigentes, muy favorables para los intereses de los súbditos de ese presunto Estado consistente en dos edificios y una plaza, en buena parte sostenido por el conocido como óbolo de san Pedro que los obispos entregan a su jefe el dictador absoluto del supuesto Estado: es un dinero recaudado con las limosnas de los crédulos fieles y el pago de los servicios prestados por los clérigos a los catolicorromanos, porque les resulta forzoso pagar desde el bautismo al nacer hasta el funeral al morir, y toda la vida por medio. Quien proteste es anatema y queda excomulgado, como yo, por ejemplo, cosa que nada me importa.
El arzobispo de Uviéu (en el idioma oficial Oviedo, capital del Principáu d’Asturies), Jesús Sanz Montes, que es franciscano de la observancia y miembro de la Comisión Permanente y de la Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, se interesa por el tema. Ha publicado una “Tribuna abierta” en el diario madrileño archimonárquico y protofascista “Abc”, titulada “De incendios y elecciones generales”, fechada el 11 de julio, en la que analiza lo que denomina “el desplazamiento calculado de la presencia cristiana en la sociedad”.
Los partidos olvidan el escándalo de las inmatriculaciones en sus programas del 23-J
Nota de prensa
Ninguno de los cuatro partidos con opciones a gobernar España a partir del 23-J ha incluido en sus programas electorales referencia alguna al escándalo de las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes, entre ellos monumentos de enorme valor cultural, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas, viviendas y hasta frontones.
De los programas del PSOE y Sumar ha desaparecido la cuestión de las inscripciones episcopales cuando en las elecciones anteriores habían ocupado un lugar destacado en las prioridades políticas del Gobierno de coalición. Hasta el presidente Pedro Sánchez hizo una mención inequívoca en su discurso de investidura al anunciar “reformas legislativas” para “revertir” las inmatriculaciones.
Cuatro años después, ninguna iniciativa parlamentaria ha modificado ni un ápice de las disposiciones normativas que permitieron a los obispos apropiarse de miles de bienes de interés cultural. La única decisión que el Ejecutivo de Sánchez tomó en relación al escándalo de las inscripciones episcopales fue la entrega al Congreso de los Diputados del listado de bienes inmatriculados en cumplimiento de una petición parlamentaria formulada con anterioridad.
El arzobispo de Oviedo irrumpe en la campaña para atacar al Gobierno y defender a Vox
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en la inauguración de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela, en agosto / César Arxina (Europa Press) ______________
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha irrumpido en la campaña electoral del 23-J con una carta pastoral en la que, bajo el título De incendios y elecciones generales, critica veladamente al Gobierno, por utilizar “indultos como monedas de cambio”, defiende a los tildados de “ultracatólicos”, en alusión a Vox, y se burla de la activista sueca Greta Thunberg “con sus cambios climáticos y demás corifeos que la jalean”, para acabar pidiendo el voto para los “verdaderos bomberos”, frente a los “pirómanos mendaces”.
Con un lenguaje críptico, que no oculta, sin embargo, sus posiciones políticas, el arzobispo de Oviedo, miembro del Comité Ejecutivo y de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, se queja de la supuesta “censura implacable” que sufre la “presencia cristiana en la sociedad” por parte de los “nuevos predicadores”. A continuación, califica de “adjetivo lleno de prejuicio etiquetador” el término ‘ultracatólico’, con el que los medios de comunicación se han referido a dirigentes de Vox que rechazan el aborto y la eutanasia en cualquier supuesto, se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo y quieren convertir en ley sus propias convicciones morales, además de escribir, como el nuevo presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, que “la mujer es más beligerante porque carece de pene”.
Socialistas y populares coinciden en equiparar las exenciones fiscales de todas las confesiones, mientras que Yolanda Díaz reclama sacar la religión de la escuela pública y la ultraderecha pide el cierre de mezquitas y luchar “contra la creciente islamización de España”
Una monja vota en un colegio electoral de Tenerife / ACFI PRESS ________________
Que España ya no es católica es algo que, a tenor de los datos y de los programas electorales, parece más claro que nunca. Tras repasar las propuestas para este 23J de los cuatro principales partidos, la conclusión es evidente: la Iglesia –y, por extensión, la religión– es una de las grandes olvidadas de esta contienda electoral. Ni siquiera Vox, que ha hecho de los postulados ultracatólicos bandera durante años, hace la más mínima referencia a la Iglesia católica en unos programas que apuntan a la absoluta irrelevancia de la institución, tanto para un lado como para otro. ¿Ha dejado de dar votos la diatriba laicismo vs. religión? Eso parece.
La ausencia de referencias a la Iglesia católica es una de las pocas coincidencias en los programas del PSOE y el PP, y singularmente relevante en el caso de los programas de los partidos de la izquierda, quienes obvian una reivindicación histórica tanto del PSOE como, en su día , de Unidas Podemos: la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado . Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz postulan hoy la denuncia del Concordato.
Europa Laica había realizado para estas elecciones, una propuesta de mínimos, frente a las más amplias de ocasiones anteriores, para que los programas electorales recogieran al menos 13 puntos.
De ahí que la revisión de la inclusión de aspectos relacionados con la laicidad en los programas electorales de PP, PSOE, SUMAR y VOX se haya llevado a cabo en torno a dos apartados, siendo el primero de ellos la aceptación/no aceptación de la propuesta en los distintos programas electorales.
La segunda centrada ya en los aspectos puntuales relacionados con la laicidad en los programas
A modo de resumen, como adelanto, podemos señalar que sólo el bloque progresista muestra alguna sensibilidad con aspectos relacionados con la laicidad, pero no asume ninguno de los compromisos que Europa Laica propone. Por otro lado, desde el bloque derechista se realizan propuestas directamente contrarias a la laicidad.
Cuadro de aceptación de las propuestas de Europa Laica
En el Estado español hay actualmente más de un 30% de alumnado cursando la educación obligatoria en centros privados, la mayoría de ellos financiados con dinero público, es decir, en centros privados-concertados. Este porcentaje se dispara en algunas zonas urbanas.
La mayoría de estos centros pertenecen a organismos vinculados a la Iglesia Católica por lo que debemos remontarnos, precisamente, al poder histórico que ha tenido la Iglesia para entender el origen y crecimiento posterior de este modelo. La relación histórica entre el Estado español y la institución católica es de sobra conocida. La educación fue una tarea casi exclusivamente de la Iglesia durante muchos siglos y, a día de hoy, todavía mantiene un control importante sobre la misma. De hecho, en el único momento histórico en el que se apostó decididamente por una separación Iglesia-Estado y, por ende, se intentó apartar a la Iglesia del control casi total que ejercía sobre la educación fue durante la II República.
Cuando éramos niños, al menos en aquella época y en barrios como el mío, nuestros juegos eran un poco brutos. Si el juego consistía en pillar a alguien, el momento en que se le atrapaba, entre la resistencia del pillado que intentaba zafarse con un último tirón y el afán opuesto del que pillaba en que no se le escapase la presa, era un trance de tal fogosidad que no era raro que la presa acabase arrastrada por el grijo del suelo (mi generación se crio con mercromina en las rodillas). Las madres solían desgañitarse porque el agarrón al jersey de la presa, mientras uno trataba de soltarse y otro de no soltar, estiraba y daba de sí la prenda. Cuando estiramos demasiado una prenda de vestir, pierde, como se dice ahora, resiliencia. Es decir, después de dada de sí, ya no recupera su forma original y se hace una vestimenta desaliñada. De esto va la guerra cultural que proclama a los cuatro vientos Espinosa de los Monteros. De esto va también la normalización de la brutalidad, ese paso que va de decir que Irene Montero está donde está por ser la mujer de Iglesias (insulto estándar) a decir que está donde está porque se la chupa a Iglesias (paso a la brutalidad).
Francisco Delgado, Nueva Tribuna, 21 de junio de 2023
Dentro de un mes volveremos a las urnas de nuevo, aunque ya ha comenzado la campaña, tendremos cuatro semanas de mítines, de acusaciones mutuas, de noticias falsas y de medias verdades, de una esperpéntica y zafia campaña electoral, como lo fue la del 28 de mayo pasado. Se hablará poco de programas.
Una vez convocadas nuevas elecciones, las caras más visibles del gobierno saliente (tanto del PSOE, como de UP-Sumar) vienen destacando logros económicos y medidas laborales positivas para las y los trabajadores y para las mujeres durante su mandato, además de señalar a los conservadores del PP de pactar con la ultraderechista VOX y hasta, con ello, “el fin de la democracia”. Mientras que esa misma oposición conservadora (esencialmente el PP) insiste en “derogar el sanchismo” y acusan al PSOE y su coalición de haber gobernado gracias a EH Bildu y al independentismo en general. ¡Y lo que queda por escuchar! Se trata de un guion muy previsible.
En el marco de fin de legislatura del mandato del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, hemos realizado un balance de las medidas impulsadas y una revisión de las propuestas finalmente no ejecutadas en materia de laicidad.
Las medidas en materia de laicidad que quería implementar el ejecutivo se integraron en el pacto “Un nuevo acuerdo para España”. Las más destacadas consistían en: la creación de una nueva Ley de Libertad de Conciencia, que la asignatura de religión no se vinculara a una “actividad alternativa” y que no computara su nota en la evaluación del alumnado, y la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica.
Desde la Fundación Ferrer Guardia presentamos a principios de legislatura el Manifiesto por un Estado Laico. Nuestra principal demanda al ejecutivo era la derogación del Concordato entre España y la Santa Sede, favorecedor de un conjunto de privilegios a la Iglesia católica en detrimento de las demás opciones de conciencia, como paso esencial para consolidar avances hacia la estricta separación de Iglesia y Estado.
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