Tramitación LOMLOE: La Iglesia apela a los Acuerdos Iglesia-Estado para recordar que la Religión debe ser evaluable

junio 18, 2020

Los obispos apelan a los Acuerdos Iglesia-Estado y a la jurisprudencia del Constitucional para avalar la presencia de la asignatura y los conciertos. Reclaman que la futura ley, “a diferencia del actual Proyecto” siga recogiendo la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, “desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones

Clases de religión

Clase de religión

Jesús Bastante, Religión Digital, 18 de junio de 2020

Suaves en las formas, abogando por el diálogo y por un “pacto de Estado”, pero sin dejar de reivindicar el papel de la Religión en la escuela, la vigencia de la concertada y recordando al Gobierno que “el Estado no es el sujeto del derecho educativo”. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha contestado a la tramitación de la LOMLOE -más conocida como ‘ley Celáa-, aprobada ayer en el Congreso sin tener en cuenta las enmiendas planteadas por diversos grupos políticos o Escuelas Católicas.

En su nota, los obispos advierten que el proyecto de ley “ha sido publicado en circunstancias tan extraordinarias como las de un estado de alarma”, por lo que “consideramos responsabilidad nuestra participar en el debate público en orden a su tramitación”.

Derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Tras “examinar con atención” el proyecto de ley, la Iglesia española insiste en la necesidad de “proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial”.

En este sentido, los obispos se muestran preocupados por “el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos” frente al Estado, y reclaman que la futura ley, “a diferencia del actual Proyecto” siga recogiendo la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, “desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación”. Lee el resto de esta entrada »

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¿Pueden los obispos poner peros a la renta básica? La Iglesia sí vive acomodada al “subsidio permanente” del Estado

abril 22, 2020

La Conferencia Episcopal afirma que una renta básica “permanente” llevaría a muchos a vivir “de manera subsidiada” y a desincentivar la búsqueda de recursos propios

La institución católica, que paga sueldos de curas y obispos con dinero público, incumple la autofinanciación recogida en el acuerdo España-Vaticano de 1979

“Preferimos una renta mínima que una cola en el comedor de Cáritas”, indica Europa Laica, que acusa a la jerarquía católica de vivir de la pobreza

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta.

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta / CEE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 22 de abril de 2020

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”. Pocas frases describen mejor a la Iglesia, tan dada al disimulo, a nadar y guardar la ropa, a la zona de grises, a la selección cuidadosa de cada palabra, a la diplomacia de seda. Así fue –o quiso ser– la respuesta de monseñor Argüello sobre la renta mínima. Un sí, pero no.

Pero a Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), es decir, portavoz de la jerarquía católica, le salió una respuesta problemática [ver en este vídeo]. Problemática, sobre todo, para su propia institución. Porque al alertar sobre los riesgos de desincentivar la búsqueda de recursos propios que implicaría la medida si se aplicara con carácter “permanente”, hizo lo que parecía de la A a la Z una descripción de la dependencia del Estado que aqueja a la Iglesia. Y condujo a una pregunta: ¿tiene la institución de la cruz autoridad para advertir del riesgo de vivir “de manera subsidiada”?

A tenor del funcionamiento de su economía, no.

Vayamos a las palabras de Argüello. “La necesidad perentoria de una renta básica en este momento no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el poder ejercer un trabajo y desarrollar sus capacidades”, dijo. Se diría que estaba hablando del diseño de la financiación pública de la Iglesia que hicieron el Estado español y el Vaticano en la Transición, supuestamente provisional, pero que ha terminado enquistándose. “Una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un horizonte deseable a largo plazo”, añadió Argüello. Y es una frase que trae a la memoria cómo la Iglesia ha enterrado la prometida autofinanciación. Lee el resto de esta entrada »

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Compromís: El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos partidario de mantener los privilegios económicos de la Iglesia Católica.

marzo 27, 2020

El Gobierno ha dejado sin respuesta varias preguntas formuladas en el Senado por Carles Mulet, acerca de los Acuerdos con el Vaticano y la financiación de la iglesia católica. Compromís considera que el Gobierno es partidario de mantener los privilegios económicos de la iglesia católica

Entrevista Carmen Calvo- Cardenal Parolín

Coalició Compromís / Senado, 27 de marzo de 2020

Texto de la pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet

La Constitución Española de 1978 configura a España como un Estado aconfesional. Textualmente, el artículo 16 dispone que «ninguna confesión podrá tener carácter estatal».  Y añade que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas” , citando expresamente a la Iglesia católica.

Obviamente esta referencia se realiza dentro del artículo que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los españoles. Por tanto, su contenido se debe enmarcar dentro de la regulación del derecho constitucional a la libertad religiosa. Todo ello, teniendo en cuenta que el precepto citado no habla de cooperación económica, sino de cooperación a secas, por lo que, en definitiva, el texto constitucional ni exige la cooperación económica con las confesiones religiosas, ni la prohíbe.

Dice el punto 5 del Art. 2 del IV ACUERDO sobre los Asuntos Económicos de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado” Lee el resto de esta entrada »

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Europa Laica reclama la denuncia inmediata del Concordato

enero 31, 2020

La organización, que en sus ‘contrainformes’ sobre la Iglesia detectó descontrol antes que el Tribunal de Cuentas, exige al Gobierno que elimine la casilla de la Iglesia del IRPF y de manera inmediata reclama a la Agencia Tributaria que elimine cualquier aviso en favor de las «casillas de asignación tributaria» en la Declaración de la Renta

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de enero de 2020

Existe una elevada “coincidencia” del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las “críticas” de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. “Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como ‘Concordato’, por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado”, señala la organización, que hace hincapié “en ladesidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica”.

“El Tribunal de Cuentas”, señala Europa Laica, ha comprobado que “la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos” es a través de la entrega de una “memoria justificativa de gastos” que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, “no es tal”. La memoria es una “patraña”, añade, y sólo debería considerarse “una memoria de actividades”. El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado “no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios” y el Gobierno debería “exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado”, señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.

Una denuncia continuada

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Calvo insiste en que el Gobierno obligará a la Iglesia a pagar el IBI pero no se plantea la derogación de los Acuerdos con el Vaticano

enero 22, 2020

Declaraciones de la Vicepresidenta, que negociará directamente con la Santa Sede, previas a su reunión de este miércoles con el Nuncio.

El Diario, 22 de enero de 2020

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido en que la Iglesia tendrá que pagar el IBI para los espacios que no sean de culto a lo largo de este mandato. La encargada de llevar las relaciones con las confesiones religiosas del Ejecutivo ha reiterado esa nueva fiscalidad para la Iglesira católica a horas de reunirse con el nuevo nuncio del Vaticano en España. “Vamos hacia una nueva fiscalidad mucho más justa y también la Iglesia va a concurrir”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER. 

Mantenemos una relación muy buena con la Santa Sede, pero tenemos calendario de trabajo por delante que yo le he podido contar al cardenal Parolin [el número dos del Papa] y que vamos a poner en marcha que tiene que ver con la fiscalidad”, ha dicho en su respuesta a la pregunta sobre el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: “Queremos que la Iglesia responda de la fiscalidad como en Francia o Italia”. Lee el resto de esta entrada »

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Objetivo ‘Laicidad republicana’

enero 15, 2020

Es necesario abordar lo religioso como un hecho que ha de ser regulado sin privilegios para nadie en cuanto a su presencia en el espacio social

José Antonio Pérez Tapias, CTXT, 15 de enero de 2020

El Estado español no es laico; debiera serlo. Y como allá por 1931 decía don Manuel Azaña, ahora tan citado, en uno de sus más brillantes discursos en las Cortes Constituyentes de la II República –aquel en el que sentenció que “España ha dejado de ser católica”, lo que no significaba que hubiera dejado de haber católicos en España–, la cuestión de la laicidad no es meramente religiosa, sino “un problema político, de constitución del Estado”. Por desgracia, tal clarividencia es la que no ha llegado a ser compartida en grado suficiente entre quienes representan a la ciudadanía española en las instituciones del Estado desde la transición de la dictadura a la democracia, mediando aprobación de la Constitución en 1978, hasta ahora. Si así hubiera sido, la aconfesionalidad recogida en el artículo 16 de dicha Constitución habría dado paso a un avance hacia un Estado laico en una democracia coherente y consecuente.

La Constitución vigente, en el citado artículo, reconoce la “libertad ideológica, religiosa y de culto” como afirmación de los derechos civiles que a ello corresponde, declarando a la vez que en el Estado español ninguna confesión tiene “carácter estatal”. El Estado, no obstante, establece para sí la obligación de mantener “relaciones de cooperación” con las confesiones religiosas con presencia en la sociedad española, con el añadido clave que supone enfatizar que dichas relaciones se tendrán con la Iglesia Católica. La sola explícita mención de esta última ha sido y es de hecho la apoyatura en derecho para el trato de privilegio que la Iglesia Católica recibe por parte del Estado español, que sigue respecto a ella pautas que no se guardan en las relaciones con ninguna otra comunidad de creyentes. Tales pautas responden a lo codificado en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, firmados de inmediato tras ser refrendada la Constitución el 6 de diciembre de 1978, como adaptación al nuevo contexto político de los términos del Concordato de 1953 –el que suscribió el Vaticano con la dictadura franquista, a la vez que ésta firmaba los tratados con EE.UU. y entraba en la ONU, todo ello como bendiciones de este mundo y del otro para legitimar el régimen surgido de la Guerra Civil, declarada en su día “cruzada” por parte de la Iglesia Católica–.

Una historia malamente inconclusa: de la Constitución a los Acuerdos con la Santa Sede

A los Acuerdos de 1979 se remite la especial relación del Estado con la Iglesia Católica en muy diversos terrenos, desde el campo educativo hasta los aspectos fiscales, o desde las contribuciones para sostenimiento del clero hasta los capellanes militares con rango de oficiales…, dando lugar a privilegios en el sentido más literal del término. Tales Acuerdos, en relación a los cuales no faltan argumentos para considerarlos contrarios a la misma Constitución de los que se hacen depender, tienen el efecto, más allá de lo estrictamente normativo, de prolongar unas determinadas posiciones de poder social e ideológico de la Iglesia Católica en la sociedad española como prórroga del nacional-catolicismo que tanto ha marcado nuestra historia en tiempos precedentes, con singular fuerza durante el régimen de Franco, en el que el catolicismo era religión oficial. A la vez, tal consideración constitucional de la religión católica refuerza un orden simbólico poco menos que intangible, con función de normalización cultural garante de continuidad gatopardista en medio de los cambios.

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Los acuerdos con el Vaticano, trampa democrática

enero 2, 2020

Escribe Juan José Tamayo

Los acuerdos con el Vaticano, trampa democrática

Juan José Tamayo, El Periódico, 2 de enero de 2020

Cuarenta y un años ha que se firmaron los llamados “Acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno Español”. Digo ‘llamados’ porque en realidad eran un concordato encubierto como los propios Acuerdos reconocen al afirmar que constituían “la revisión de los textos concordatarios” de 1953. Aun cuando se firmaron el 3 de enero de 1979, una semana después de la aprobación de la Constitución, son preconstitucionales porque se cocinaron antes de dicha aprobación, e incluso anticonstitucionales porque transgreden principios constitucionales como la laicidad del Estado, la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa y la igualdad de todas las religiones ante la ley.

Dicho llanamente, fueron una trampa democrática en toda regla y una de las primeras incoherencias de la tan elogiada Transición, que empezaba conduciendo en dirección contraria, porque seguía concediendo buena parte de los privilegios del franquismo a la Iglesia católica. Por eso, de todas las transiciones producidas en España después de la muerte del dictador, la más retrasada es la transición religiosa del Estado nacionalcatólico al Estado laico. Todavía quedan importantes restos de nacional-catolicismo en la esfera pública y no pocas muestras de injerencia de la Iglesia en el Estado.

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¿Qué hacemos con la Iglesia?

diciembre 15, 2019

Si por fin se conforma un Gobierno de izquierdas entre el PSOE y Podemos, debe asumir como una prioridad la revisión del concordato con la Santa Sede y el fin de los injustificables privilegios de la religión católica

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Clara Usón, El Periódico, 15 de diciembre de 2019

Un ministro de Hacienda denunciaba en un informe que los bienes de la Iglesia católica no tributaban a la Hacienda real, en grave perjuicio a la misma y al resto de contribuyentes. Era el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, en su informe reservado de 1787. Más de dos siglos después, en el año 2019, cuando España ya no es una monarquía absoluta, sino una democracia aconfesional y parlamentaria, ese privilegio de la Iglesia permanece incólume, con el agravante de que en el ínterin ha adquirido muchas más prebendas.

En el siglo XIX, durante los Gobiernos liberales, y también bajo el Gobierno conservador de O’Donnell, la mayor parte de las propiedades de la Iglesia fueron nacionalizadas mediante los procesos de desamortización de Mendizábal y Madoz. En aquella época, España era mayoritariamente católica y se libraron las cruentas guerras carlistas; aun así, se consiguió reducir el inmenso poder material de la Iglesia católica.

Vulneración de un principio constitucional

En el siglo XXI, la Iglesia católica vuelve a ser la mayor propietaria de España, gracias en parte al firme apoyo del franquismo, pero, sobre todo, al descarado (e inconstitucional) favoritismo de los gobernantes de la democracia. En 1979, el Gobierno español firmó con la Santa Sede unos acuerdos que prolongaban el concordato firmado por el franquismo en 1953, en clara vulneración del principio constitucional de aconfesionalidad de la democracia española. Gracias a esos acuerdos, que siguen vigentes, la Iglesia católica continua exenta de impuestos, la religión católica sigue siendo una asignatura evaluable, el Estado paga los sueldos de los profesores de religión y de todo el clero español, las escuelas católicas reciben ingentes subvenciones, a través de la ‘x’ de la casilla de renta la Iglesia ingresa cada año 250 millones de euros, y, en conjunto, según cálculos de Europa Laica, el Vaticano percibe anualmente de los contribuyentes españoles alrededor de 11.000 millones de euros, una cifra escandalosa.

A ello debemos sumar la irregular reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar, que ha permitido a la iglesia inscribir a su nombre 30.000 propiedades, solo con la palabra de los obispos, en un procedimiento opaco donde los haya. Lee el resto de esta entrada »

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¿Por qué no se conocen los bienes inmuebles de la Iglesia?

noviembre 8, 2019

Se desconoce el número de propiedades de la Iglesia en Galicia. Desde la reforma hipotecaria de 1998, en todo el estado, la Iglesia Católica ha registrado una gran cantidad de edificios y terrenos. El gobierno central ha exigido una lista de todas las propiedades. Esta lista aún no se ha hecho pública y algunos temen que haya negociaciones entre el gobierno y los representantes eclesiásticos.

Catedral de Santiago / Europa Press Archivo

Moncho Mariño, Galicia Confidencial, 8 de noviembre de 2019

La reforma de la ley hipotecaria hecha por el gobierno de José María Aznar en 1998 permitió a la Iglesia registrar lugares de culto, por lo que podría tener la propiedad de templos y lugares anexos que hasta entonces estaban en una casta de limbo legal. Esto significó que en algunos lugares los residentes y los ayuntamientos, los ayuntamientos y las asociaciones cívicas exigieron la declaración de dominio público de algunas de estas propiedades ante los tribunales. Algunos casos se resolvieron a favor de los demandantes, otros quedaron en manos de la Iglesia con un fallo a favor.

El hecho es que en 2014 se anunció otra reforma de la ley de hipotecas, que elimina ciertos privilegios que los obispos han tenido desde 1946. El estado, anunció la reforma, dará a las autoridades eclesiásticas un año para catalogar y recopilar toda la información y datos sobre sus posesiones. Esta información está en manos del Gobierno, y las estimaciones indican que la cantidad de artículos que componen este catálogo de propiedades está entre 30,000 y 40,000.Pero debe reconocerse que todavía son datos especulativos. Hasta la apertura de estos documentos, no se sabrá qué tan lejos está la capacidad patrimonial de la Iglesia.

Primeros pasos

En 2007 estalló el escándalo. La Iglesia lo ha registrado (ha sido mencionado como su propiedad) con interés cultural en Andalucía, como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Además, también se registran viñedos y otros tipos de tierras rústicas y no rústicas. Al menos siendo propiedad pública, las protestas llegaron al gobierno central.

Todo esto vino de lejos. En 1946, el régimen franquista decidió compensar a la Iglesia por las “pérdidas” derivadas de la “nacionalización de bienes llevada a cabo por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931” , según explicó el Grupo Conjunto de Izquierda (anteriormente In Tide) en una apelación del 12 de noviembre. de 2018.

Esta compensación se realiza a través de una ley hipotecaria que otorga poderes a los obispos, similar a los de un notario. Simplemente tenía que presentar un certificado con su sello y firma para reclamar cierta propiedad. Todavía había lugares de culto que finalmente podrían registrarse con la reforma de la ley de hipotecas de 1998. “Esto hace que miles de propiedades sean nombradas en la iglesia pagando 30 euros, que es lo que vale cada registro”, dice Gómez. Lee el resto de esta entrada »

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Entrevista al teólogo José María Castillo: “Los obispos comercian con las catedrales”

noviembre 2, 2019

El sacerdote y teólogo califica de “escándalo” las inmatriculaciones de inmuebles que ha realizado la Iglesia en España, y dice que todos estos bienes deben ser devueltos al Estado. Defiende que el pontificado del papa Francisco está suponiendo un cambio importante en la Iglesia. “Cuando tomó las riendas, tiró de la manta y apareció toda la corrupción en asuntos de moralidad relacionada con el abuso de menores, que era una cosa que venía de antiguo”.

El sacerdote y teólogo José María Castillo con el papa Francisco.

El sacerdote y teólogo José María Castillo con el papa Francisco

A. Moreno, Público, 2 de noviembre de 2019

Una noche poco antes de cenar, José María Castillo, sacerdote y teólogo, recibió una llamada por teléfono. Era un número oculto. Al otro lado, emergió la voz serena y cálida del papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, pontífice del Vaticano, quería agradecer al prolífico y renovador teólogo granadino, autor de una extensísima obra ensayística, su público apoyo frente al creciente acoso de sectores eclesiásticos ultra conservadores. Y le suplicó: “Rece por mí. Lo necesito mucho”. José María Castillo es un referente imprescindible entre las comunidades cristianas de base de España. De sólida formación teológica, su lectura transformadora del Evangelio le ha ocasionado no pocos sinsabores en el interior de la Iglesia. En 1981, le fue retirada la cátedra de Teología. Y en 1988 le prohibieron de por vida enseñar en una institución católica. Muchos de sus libros han sido proscritos por la Conferencia Episcopal Española. A sus 90 años (Puebla de don Fadrique, 1929), mantiene una lucidez conmovedora a través del teléfono. Su verbo es cristalino, rotundo y punzante como un bisturí.

No se ha llevado usted muy bien con la jerarquía eclesiástica

Me retiraron la “venia docendi” y me lo comunicaron oralmente, sin juicio y sin explicarme los motivos. Me dijeron que había venido la decisión desde Roma. ¿Por qué? Me voy a morir sin saberlo. Hice indagaciones en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y, por lo que me pude enterar, según me dijo el provincial de los jesuitas, la decisión fue el resultado de una entrevista entre Joseph Ratzinger, que luego fue el papa Benedicto XVI, con el cardenal de Madrid, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y el cardenal Javierre.

¿Qué temen los obispos de usted?

No sé qué motivos adujeron. Nadie me lo ha contado. Fui dos veces a Roma, hablé largamente con el superior general de los jesuitas y no conseguí sacarle qué motivos habían dado. No me lo explico. He tenido buen cuidado de no enseñar ninguna doctrina contraria a la fe. Lo que pasa es que me daba cuenta de que la sociedad avanzaba y la Iglesia estaba estancada en sus ideas, en sus prácticas, en sus leyes. Estaba como en la Edad Media. Poco más. Y yo decía que la Iglesia tenía que actualizarse y eso no me lo callaba. Lee el resto de esta entrada »

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