El Gobierno y el Nuncio del Vaticano inician el proceso para nombrar al nuevo vicario castrense
El nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza, con Felipe VI tras entregarle sus credenciales en enero de 2020.ZIPI / EFE
Miguel González, El País, 2 de abril de 2021
En julio de 1976, el marqués de Mondejar, jefe de la Casa del Rey, acudió al Vaticano con un mensaje personal para el Papa: Juan Carlos I renunciaba al derecho de presentación de obispos. El nuevo rey se desprendía voluntariamente de un privilegio histórico de los monarcas de la Casa de Austria que Franco recuperó y el Concordato de 1953 consagró, sellando el control de la dictadura sobre la jerarquía eclesiástica. En virtud de esa prerrogativa, Franco elegía a los nuevos obispos a partir de una terna cocinada entre el Ministerio de Exteriores y el Nuncio del Papa en España. Finalmente, el Pontífice se limitaba a ratificar el nombramiento.
Mientras se mantuvo la simbiosis entre el Estado nacional-católico y una jerarquía que había bendecido la Guerra Civil como cruzada no hubo problema pero, tras el Concilio Vaticano II (1962-65), la Iglesia marcó distancias con el régimen y el engranaje empezó a chirriar, hasta el punto de que muchos obispados quedaron sin cubrir y se multiplicaron los obispos auxiliares, nombrados directamente por el Vaticano.
La renuncia del Rey, en 1976, fue ratificada por el Concordato de 1979, que abolió el privilegio de presentación de obispos, y la Constitución de 1978, que consagró el carácter aconfesional del Estado. Sin embargo, aún se mantiene un vestigio del antiguo régimen en el sistema de nombramiento del arzobispo castrense, bajo cuya jurisdicción están los miembros católicos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como sus familias. El único cuya diócesis no tiene límites territoriales, pues abarca toda España, e incluso los contingentes desplegados en misiones internacionales.
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Escrito por asturiaslaica 
