La llegada de migrantes al continente europeo nos hace replantearnos cómo abordamos el tema de la religión y las costumbres, tanto propias como de las nuevas generaciones, hijos de migrantes. En un continente en el que la religión imperante es el cristianismo, la llegada de creyentes musulmanes plantea muchos interrogantes. Las cuestiones y dudas se deben en gran parte al desconocimiento del otro, no solo por parte de la sociedad receptora, sino también por parte de los propios gobiernos que al ignorar la religión, las tradiciones y las costumbres de los “otros” relativizan asuntos religiosos en nombre de la cultura. Los líderes de “las religiones del libro” aprovechan la coyuntura para hacerse fuertes y ejercer su poder sobre la sociedad.
Este excelente ensayo desmenuza y desmonta el nuevo mensaje religioso que ha llegado a Europa desde Arabia Saudí y los países del Golfo a través de los petrodólares, y que nada o poco tiene que ver con la cultura del Norte de África y mediterránea en general.
Su autor, Ilya U. Topper, es corresponsal de la Agencia EFE en Turquía y ha sido reportero freelance en diferentes países del Mediterráneo. Nos pone como ejemplo las mezquitas que Arabia Saudí está construyendo en Europa, para hablarnos de cómo los gobiernos gestionan el islam. Unos partidos intentan prohibir ciertas conductas, otros se oponen en nombre del respeto y la integración. El miedo, la ignorancia y la desinformación son factores clave.
Presidente de Andalucía Laica desde hace tres años, rema contracorriente para combatir los privilegios de la todopoderosa Iglesia católica
Entrevista a José Antonio Naz, Presidente Córdoba Laica / Álex Gallegos ________________
Aristóteles Moreno, Cordópolis, 3 de septiembre de 2023
José Antonio Naz (Almodóvar del Río, 1954) dice que no tuvo niñez. A los diez años, su madre lo metió en el seminario de Santa María de los Ángeles, en plena serranía de Hornachuelos, con el propósito de formarlo para sacerdote. Durante décadas, el vetusto edificio ha exhibido su fantasmal porte de cemento y ladrillo en las estribaciones del río Bembézar. En los sesenta, ingresar en el seminario era una forma de escapar de la penuria y labrarse un futuro.
Naz no recuerda el día en que entró por la puerta de Santa María de los Ángeles. Hay cosas que se borran automáticamente del cerebro. Solo guarda en la memoria que la fila de su curso se organizaba por tallas y que él, debido a su temprana edad, era el primero. También recuerda que nada más levantarse todos los niños enfilaban para rezar. Y que, en materia de sexualidad, recibían una considerable matraca diaria.
PREGUNTA. No hay mejor manera de educar a un laicista que meterlo en el seminario.
RESPUESTA. No creo que tenga nada que ver. Mi conciencia laicista no ha sido una reacción al seminario. Para nada. Ha sido una consecuencia de haber vivido y haber reflexionado. De usar la razón.
P. En el seminario se utilizan los dogmas. No la razón.
R. Sí. Justamente por eso. Otro de mi promoción de ese curso, por cierto, era Félix Ortega [concejal de IU ya fallecido].
El Ejecutivo progresista terminó su mandato dejando casi intactos los privilegios de la jerarquía católica y con apenas tímidos avances en simbología religiosa, eutanasia y ampliación del aborto.
La nueva legislatura, que arrancará formalmente la próxima semana con la constitución del Congreso y el Senado, comienza con un amplio paquete de reformas laicas pendientes, que el anterior Gobierno progresista de coalición dejó sin abordar pese a las notables expectativas levantadas.
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez llegó a poner en marcha algunos cambios significativos, de evidente valor simbólico, pero ha guardado en el cajón gran parte de los desafíos laicos pendientes desde la Constitución de 1978, el más importante de todos la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
Son las asignaturas pendientes de un eventual nuevo Ejecutivo socialista, aunque el juego de mayorías que puede articularse con la composición del nuevo Congreso, e incluso la posibilidad, aunque remota, de un gabinete de PP y Vox, hace temer a los expertos que estas reformas vuelvan a quedarse en el el tintero.
La organización Europa Laica y la Fundación Ferrer i Guardia han publicado recientemente sendos informes sobre los avances gubernamentales en materia de conciencia y laicidad del Estado, pero el balance no deja en muy buen lugar al Ejecutivo. Estos son las modificaciones afrontadas por el Gobierno y los olvidos de la agenda laicista.
Socialistas y populares coinciden en equiparar las exenciones fiscales de todas las confesiones, mientras que Yolanda Díaz reclama sacar la religión de la escuela pública y la ultraderecha pide el cierre de mezquitas y luchar “contra la creciente islamización de España”
Una monja vota en un colegio electoral de Tenerife / ACFI PRESS ________________
Que España ya no es católica es algo que, a tenor de los datos y de los programas electorales, parece más claro que nunca. Tras repasar las propuestas para este 23J de los cuatro principales partidos, la conclusión es evidente: la Iglesia –y, por extensión, la religión– es una de las grandes olvidadas de esta contienda electoral. Ni siquiera Vox, que ha hecho de los postulados ultracatólicos bandera durante años, hace la más mínima referencia a la Iglesia católica en unos programas que apuntan a la absoluta irrelevancia de la institución, tanto para un lado como para otro. ¿Ha dejado de dar votos la diatriba laicismo vs. religión? Eso parece.
La ausencia de referencias a la Iglesia católica es una de las pocas coincidencias en los programas del PSOE y el PP, y singularmente relevante en el caso de los programas de los partidos de la izquierda, quienes obvian una reivindicación histórica tanto del PSOE como, en su día , de Unidas Podemos: la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado . Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz postulan hoy la denuncia del Concordato.
En el Estado español hay actualmente más de un 30% de alumnado cursando la educación obligatoria en centros privados, la mayoría de ellos financiados con dinero público, es decir, en centros privados-concertados. Este porcentaje se dispara en algunas zonas urbanas.
La mayoría de estos centros pertenecen a organismos vinculados a la Iglesia Católica por lo que debemos remontarnos, precisamente, al poder histórico que ha tenido la Iglesia para entender el origen y crecimiento posterior de este modelo. La relación histórica entre el Estado español y la institución católica es de sobra conocida. La educación fue una tarea casi exclusivamente de la Iglesia durante muchos siglos y, a día de hoy, todavía mantiene un control importante sobre la misma. De hecho, en el único momento histórico en el que se apostó decididamente por una separación Iglesia-Estado y, por ende, se intentó apartar a la Iglesia del control casi total que ejercía sobre la educación fue durante la II República.
La Sexta Columna dedica su episodio 38 (23 de junio de 2023) al Concordato firmado con el Vaticano en 1953, del que se cumplen ahora 70 años, y a la “revisión” de los Acuerdos de 1979.
Pío XII junto a Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y Fernando María Castiella, embajador ante la Santa Sede en 1953. Ambos firmarían el concordato, junto a Monseñor Tardini el 27 de agosto de 1953 / Foto ________________
El episodio 38 revisa los privilegios legales, políticos, económicos, educativos, patrimoniales y fiscales que la iglesia católica, a cambio de la legitimación moral del régimen ante la comunidad internacional, logró con el Concordato de 1953 y que continúan a pesar del carácter aconfesional que la nueva Constitución otorga al Estado
–1953
La firma del Concordato, rúbrica definitiva del nacionalcatolicismo, llegó el 27 de agosto de 1953 de mano de Domenico Tardini, secretario de Estado de la Santa Sede, Fernando María Castiella, embajador español, y Alberto Martín Artajo, ministro de Exteriores. Los tres firmaron el Concordato, demolición definitiva del ideal laico republicano.
“La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico”, dice su artículo 1, preludiando una catarata de privilegios. La garantía de fondos a la Iglesia se expresa a las claras. El Estado se compromete a “proveer” a la Iglesia de lo necesario para cubrir sus “necesidades económicas”. Los eclesiásticos se aseguran “su honesta sustentación” en cualquier caso. Por supuesto, el Estado paga la construcción y el mantenimiento de templos. El Concordato reconoce a la Iglesia “plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes”, pero no acompaña este estatus de deberes tributarios.
“Es el gobierno es el que tiene la responsabilidad de acabar con los privilegios de la Iglesia y con los Acuerdos con la Santa Sede. Pero nadie se atreve”
Juanjo Picó, presidente de Europa Laica / Foto Cullera Laica _____________________
España es cada vez menos católica. Si hace cuarenta años sólo el 8,5% de la población se manifestaba no creyente, hoy cuatro de cada diez personas se declaran ateas, agnósticas o indiferentes ante la religión. En los más jóvenes la cifra se eleva hasta el 60,3% entre la población de 18 a 24 años, y al 57,9% entre quienes tienen de 25 y 34 años. Son los datos del estudio Laicidad en cifras 2023 realizado por la Fundación Ferrer Guardia. Hoy sólo el 18,7% de la población se declara creyente practicante, y se concentra en las personas más mayores.
Este año vuelve a marcar récord y eso se traduce a las ceremonias religiosas.
Ya hay pocas parejas que se casen por la Iglesia. Ocho de cada diez bodas se realizan por lo civil, y en Cataluña, el País Vasco, Baleares y Canarias, el porcentaje aumenta aún más: nueve de cada diez matrimonios son civiles.
La aprobación en la Comisión de Hacienda del Congreso, el pasado 26 de abril 2023, de equiparar a todas las confesiones religiosas en el mismo tratamiento fiscal que gozaba la Iglesia católica, ha suscitado de nuevo uno de los problemas principales que en España se nos presenta a todos, creyentes o no creyentes, es decir, el determinar qué relaciones deben existir entre el Estado español y las confesiones religiosas, particularmente la católica.
El art 16 de nuestra Constitución de 1978 regula estas relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español. En él «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades» (&1).«Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias» (&2) y «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» (&3). Según los autores, aquí se define el concepto de laicidad, que comprende tres notas: Neutralidad religiosa; Separación entre Estado y confesiones religiosas y Cooperación estatal con ellas (GARCÍA MAURIÑO; MORENO DE LA FUENTE 2012: 145). Las dos primeras son propias de una Estado laico, la tercera, en cambio, es objeto de diversas interpretaciones, según sea la clase de cooperación existente entre el Estado y las confesiones religiosas.
Después de la excelente acogida de las sesiones del Curso de Laicismo 2023, Europa Laica se ha planteado profundizar en el laicismo en nuestro país con charlas a cargo de colaboradores de Europa Laica sobre libertad de conciencia y laicidad.
Así, comenzando el 14 de febrero, se están celebrando un martes de cada mes a las 19h retransmitidas en abierto vía Zoom.
La charla impartida por Eduardo Montagut, Doctor en Historia Moderna y Contemporánea (UAM) y profesor de E. Secundaria, fue la tercera de las cuatro programadas. [Datos biograficos, en su blog]
Los acuerdos firmados entre Gobierno y Conferencia Episcopal vuelven a blindar la secular bula fiscal de la Iglesia y sus prebendas bajo el señuelo de dos pequeñas exenciones locales.
El Gobierno y la Iglesia católica presentaron la semana pasada, con toda solemnidad, un acuerdo que suprimía la exención eclesiástica de dos tributos menores: el impuesto de contribuciones especiales y el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llegó a asegurar que el pacto ponía “fin a los privilegios fiscales de la Iglesia católica” en España. La realidad, sin embargo, parece desmentir las grandilocuentes palabras del ministro, interlocutor gubernamental de las negociaciones con la Conferencia Episcopal tras la salida de Carmen Calvo del Ejecutivo en julio de 2021.
Los privilegios fiscales de la jerarquía católica se mantienen prácticamente intactos, pese a la confusión generada en la última semana. Estas son las claves: