Europa Laica constata, en reunión con diputados de IU, que la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede no está en la agenda del Gobierno, y acuerdan unas jornadas sobre la Ley de Libertad de Conciencia

septiembre 3, 2020

Antonio Gómez Movellán, Juanjo Picó (Europa Laica) / Enrique de Santiago, Mauricio Valiente (IU)

Fuente: Europa Laica, 3 de septiembre de 2020

El jueves día 3 de septiembre Europa Laica , su presidente y su responsable de comunicación, se reunieron con Enrique de Santiago y Mauricio Valiente como integrantes de Izquierda Unida en el grupo parlamentario de Unidas Podemos para exponerles puntos inmediatos relativos al laicismo que pudieran ser abordados por su grupo parlamentario o por el gobierno.

Durante la reunión se trataron asuntos tales como financiación de la iglesia católica, la ley de libertad de conciencia, las inmatriculaciones y patrimonio histórico de raíz religiosa o la tramitación de la ley de educación.

Quedó claro también que no está en la agenda del Gobierno la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede y que en la actual situación estos temas no son prioridad. No obstante entregaron a los representantes de Europa Laica la reforma del código penal que su grupo parlamentario ha presentado para la supresión de delitos de blasfemia.

Por parte de Europa Laica se les sugirió que introdujeran reformas a  la ley de educación con el objetivo de, al menos, sacar el adoctrinamiento católico del horario lectivo o que propusieran recortes en la asignación tributaria a la iglesia católica ahora que se está negociando la ley de presupuestos. Igualmente les indicaron que deberían, si se tramitase en esta legislatura una ley de libertad de conciencia una propuesta laicistas y no un modelo multiconfesional.

IU y Europa Laica acordaron  impulsar unas jornadas parlamentarias sobre una ley de libertad de conciencia.


La Justicia y el Tribunal de Cuentas ponen los negocios de la Iglesia bajo la sospecha de beneficiarse de ayudas ilegales

agosto 31, 2020

El órgano fiscalizador apunta a un posible incumplimiento de la legislación europea sobre ayudas de Estado por la financiación de Trece TV vía IRPF

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de agosto de 2020

Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas, el órgano de fiscalización de las administraciones en España, han comenzado a cuestionar que la Iglesia católica haga negocios beneficiándose del dinero público, sea en forma de exención fiscal o de inyección económica.

Puede sonar raro que la Iglesia participe en el juego del mercado. Pero lo hace. Desarrolla actividades lucrativas. Y hace caja. Un ejemplo: la Iglesia, que no es una institución monolítica sino una suma de miles de entidades, pone en alquiler locales por los que no paga impuestos. Además, financia su televisión con dinero salido de las arcas públicas.

Esta última actividad, la que financia a la televisión Trece, acaba de llamar la atención del Tribunal de Cuentas, que la ha puesto bajo sospecha de ser una ayuda de Estado, y por lo tanto ilegal, al dinero salido del bolsillo de los contribuyentes que acaba en las cuentas de esta emisora.

Pero no es el único frente abierto para las actividades comerciales de la Iglesia, que también los tiene en los tribunales españoles y europeos, donde se abren paso los primeros fallos contra sus privilegios económicos. Pese a estos cuestionamientos, las reformas legales en España para que las ayudas a la Iglesia sólo cubran la actividad religiosa y caritativa siguen pendientes.

Del IRPF a Trece

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Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


Europa Laica denuncia las irregularidades que el Tribunal de Cuentas detecta en la financiación de las religiones y exige la acción del Gobierno

julio 30, 2020

El Tribunal de Cuentas ratifica que la iglesia católica no justifica el dinero que recibe de nuestros impuestos por el IRPF, a la vez que denuncia la negligencia de la Administración en la defensa de los dineros públicos

Fuente Europa Laica, 30 de julio de 2020

El Tribunal de Cuentas ha hecho público, finalmente, el informe definitivo realizado sobre la fiscalización de la Asignación Tributaria que la Iglesia católica recibe por la Declaración del IRPF, así como sobre las subvenciones que reciben otras religiones minoritarias. Este informe ratifica punto por punto los contenidos del informe provisional, confirmando lo que Europa Laica venimos denunciando de tiempo atrás así como las críticas mediáticas y políticas que en su momento se hicieron sobre esta anomalía democrática.

Así, el Tribunal de Cuentas reconoce que esta Asignación Tributaria es una detracción de ingresos del presupuesto general estatal y por tanto no es un impuesto religioso que afecta solo a los católicos sino, simple y duramente, una pérdida de ingresos en el dinero público que afecta a todos los ciudadanos, sean católicos o no, lo que contradice la aconfesionalidad del Estado.

Igualmente, constata las carencias documentales de la Memoria anual de gastos que la Iglesia católica presenta a la Administración sobre el destino de la casilla del IRPF (285 millones en 2018), así como la ausencia de un control público efectivo que regule esta obligación, sobre los superávits que resultan de este ingreso para “el adecuado sostenimiento de la Iglesia” estipulado en los Acuerdos, sobre las cantidades dedicadas a actividades mercantiles (TreceTV, COPE u otras) que vulnerarían la legislación comunitaria, así con otros temas: también el de la pendiente autofinanciación de la Iglesia, compromiso adquirido por la Iglesia, que sigue sin cumplir ni tampoco le es exigido.

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Tramitación LOMLOE: La Iglesia apela a los Acuerdos Iglesia-Estado para recordar que la Religión debe ser evaluable

junio 18, 2020

Los obispos apelan a los Acuerdos Iglesia-Estado y a la jurisprudencia del Constitucional para avalar la presencia de la asignatura y los conciertos. Reclaman que la futura ley, “a diferencia del actual Proyecto” siga recogiendo la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, “desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones

Clases de religión

Clase de religión

Jesús Bastante, Religión Digital, 18 de junio de 2020

Suaves en las formas, abogando por el diálogo y por un “pacto de Estado”, pero sin dejar de reivindicar el papel de la Religión en la escuela, la vigencia de la concertada y recordando al Gobierno que “el Estado no es el sujeto del derecho educativo”. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha contestado a la tramitación de la LOMLOE -más conocida como ‘ley Celáa-, aprobada ayer en el Congreso sin tener en cuenta las enmiendas planteadas por diversos grupos políticos o Escuelas Católicas.

En su nota, los obispos advierten que el proyecto de ley “ha sido publicado en circunstancias tan extraordinarias como las de un estado de alarma”, por lo que “consideramos responsabilidad nuestra participar en el debate público en orden a su tramitación”.

Derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Tras “examinar con atención” el proyecto de ley, la Iglesia española insiste en la necesidad de “proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial”.

En este sentido, los obispos se muestran preocupados por “el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos” frente al Estado, y reclaman que la futura ley, “a diferencia del actual Proyecto” siga recogiendo la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, “desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación”. Lee el resto de esta entrada »


¿Pueden los obispos poner peros a la renta básica? La Iglesia sí vive acomodada al “subsidio permanente” del Estado

abril 22, 2020

La Conferencia Episcopal afirma que una renta básica “permanente” llevaría a muchos a vivir “de manera subsidiada” y a desincentivar la búsqueda de recursos propios

La institución católica, que paga sueldos de curas y obispos con dinero público, incumple la autofinanciación recogida en el acuerdo España-Vaticano de 1979

“Preferimos una renta mínima que una cola en el comedor de Cáritas”, indica Europa Laica, que acusa a la jerarquía católica de vivir de la pobreza

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta.

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta / CEE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 22 de abril de 2020

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”. Pocas frases describen mejor a la Iglesia, tan dada al disimulo, a nadar y guardar la ropa, a la zona de grises, a la selección cuidadosa de cada palabra, a la diplomacia de seda. Así fue –o quiso ser– la respuesta de monseñor Argüello sobre la renta mínima. Un sí, pero no.

Pero a Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), es decir, portavoz de la jerarquía católica, le salió una respuesta problemática [ver en este vídeo]. Problemática, sobre todo, para su propia institución. Porque al alertar sobre los riesgos de desincentivar la búsqueda de recursos propios que implicaría la medida si se aplicara con carácter “permanente”, hizo lo que parecía de la A a la Z una descripción de la dependencia del Estado que aqueja a la Iglesia. Y condujo a una pregunta: ¿tiene la institución de la cruz autoridad para advertir del riesgo de vivir “de manera subsidiada”?

A tenor del funcionamiento de su economía, no.

Vayamos a las palabras de Argüello. “La necesidad perentoria de una renta básica en este momento no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el poder ejercer un trabajo y desarrollar sus capacidades”, dijo. Se diría que estaba hablando del diseño de la financiación pública de la Iglesia que hicieron el Estado español y el Vaticano en la Transición, supuestamente provisional, pero que ha terminado enquistándose. “Una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un horizonte deseable a largo plazo”, añadió Argüello. Y es una frase que trae a la memoria cómo la Iglesia ha enterrado la prometida autofinanciación. Lee el resto de esta entrada »


Compromís: El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos partidario de mantener los privilegios económicos de la Iglesia Católica.

marzo 27, 2020

El Gobierno ha dejado sin respuesta varias preguntas formuladas en el Senado por Carles Mulet, acerca de los Acuerdos con el Vaticano y la financiación de la iglesia católica. Compromís considera que el Gobierno es partidario de mantener los privilegios económicos de la iglesia católica

Entrevista Carmen Calvo- Cardenal Parolín

Coalició Compromís / Senado, 27 de marzo de 2020

Texto de la pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet

La Constitución Española de 1978 configura a España como un Estado aconfesional. Textualmente, el artículo 16 dispone que «ninguna confesión podrá tener carácter estatal».  Y añade que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas” , citando expresamente a la Iglesia católica.

Obviamente esta referencia se realiza dentro del artículo que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los españoles. Por tanto, su contenido se debe enmarcar dentro de la regulación del derecho constitucional a la libertad religiosa. Todo ello, teniendo en cuenta que el precepto citado no habla de cooperación económica, sino de cooperación a secas, por lo que, en definitiva, el texto constitucional ni exige la cooperación económica con las confesiones religiosas, ni la prohíbe.

Dice el punto 5 del Art. 2 del IV ACUERDO sobre los Asuntos Económicos de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado” Lee el resto de esta entrada »


Europa Laica reclama la denuncia inmediata del Concordato

enero 31, 2020

La organización, que en sus ‘contrainformes’ sobre la Iglesia detectó descontrol antes que el Tribunal de Cuentas, exige al Gobierno que elimine la casilla de la Iglesia del IRPF y de manera inmediata reclama a la Agencia Tributaria que elimine cualquier aviso en favor de las «casillas de asignación tributaria» en la Declaración de la Renta

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de enero de 2020

Existe una elevada “coincidencia” del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las “críticas” de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. “Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como ‘Concordato’, por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado”, señala la organización, que hace hincapié “en ladesidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica”.

“El Tribunal de Cuentas”, señala Europa Laica, ha comprobado que “la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos” es a través de la entrega de una “memoria justificativa de gastos” que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, “no es tal”. La memoria es una “patraña”, añade, y sólo debería considerarse “una memoria de actividades”. El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado “no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios” y el Gobierno debería “exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado”, señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.

Una denuncia continuada

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Calvo insiste en que el Gobierno obligará a la Iglesia a pagar el IBI pero no se plantea la derogación de los Acuerdos con el Vaticano

enero 22, 2020

Declaraciones de la Vicepresidenta, que negociará directamente con la Santa Sede, previas a su reunión de este miércoles con el Nuncio.

El Diario, 22 de enero de 2020

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido en que la Iglesia tendrá que pagar el IBI para los espacios que no sean de culto a lo largo de este mandato. La encargada de llevar las relaciones con las confesiones religiosas del Ejecutivo ha reiterado esa nueva fiscalidad para la Iglesira católica a horas de reunirse con el nuevo nuncio del Vaticano en España. “Vamos hacia una nueva fiscalidad mucho más justa y también la Iglesia va a concurrir”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER. 

Mantenemos una relación muy buena con la Santa Sede, pero tenemos calendario de trabajo por delante que yo le he podido contar al cardenal Parolin [el número dos del Papa] y que vamos a poner en marcha que tiene que ver con la fiscalidad”, ha dicho en su respuesta a la pregunta sobre el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: “Queremos que la Iglesia responda de la fiscalidad como en Francia o Italia”. Lee el resto de esta entrada »


Objetivo ‘Laicidad republicana’

enero 15, 2020

Es necesario abordar lo religioso como un hecho que ha de ser regulado sin privilegios para nadie en cuanto a su presencia en el espacio social

José Antonio Pérez Tapias, CTXT, 15 de enero de 2020

El Estado español no es laico; debiera serlo. Y como allá por 1931 decía don Manuel Azaña, ahora tan citado, en uno de sus más brillantes discursos en las Cortes Constituyentes de la II República –aquel en el que sentenció que “España ha dejado de ser católica”, lo que no significaba que hubiera dejado de haber católicos en España–, la cuestión de la laicidad no es meramente religiosa, sino “un problema político, de constitución del Estado”. Por desgracia, tal clarividencia es la que no ha llegado a ser compartida en grado suficiente entre quienes representan a la ciudadanía española en las instituciones del Estado desde la transición de la dictadura a la democracia, mediando aprobación de la Constitución en 1978, hasta ahora. Si así hubiera sido, la aconfesionalidad recogida en el artículo 16 de dicha Constitución habría dado paso a un avance hacia un Estado laico en una democracia coherente y consecuente.

La Constitución vigente, en el citado artículo, reconoce la “libertad ideológica, religiosa y de culto” como afirmación de los derechos civiles que a ello corresponde, declarando a la vez que en el Estado español ninguna confesión tiene “carácter estatal”. El Estado, no obstante, establece para sí la obligación de mantener “relaciones de cooperación” con las confesiones religiosas con presencia en la sociedad española, con el añadido clave que supone enfatizar que dichas relaciones se tendrán con la Iglesia Católica. La sola explícita mención de esta última ha sido y es de hecho la apoyatura en derecho para el trato de privilegio que la Iglesia Católica recibe por parte del Estado español, que sigue respecto a ella pautas que no se guardan en las relaciones con ninguna otra comunidad de creyentes. Tales pautas responden a lo codificado en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, firmados de inmediato tras ser refrendada la Constitución el 6 de diciembre de 1978, como adaptación al nuevo contexto político de los términos del Concordato de 1953 –el que suscribió el Vaticano con la dictadura franquista, a la vez que ésta firmaba los tratados con EE.UU. y entraba en la ONU, todo ello como bendiciones de este mundo y del otro para legitimar el régimen surgido de la Guerra Civil, declarada en su día “cruzada” por parte de la Iglesia Católica–.

Una historia malamente inconclusa: de la Constitución a los Acuerdos con la Santa Sede

A los Acuerdos de 1979 se remite la especial relación del Estado con la Iglesia Católica en muy diversos terrenos, desde el campo educativo hasta los aspectos fiscales, o desde las contribuciones para sostenimiento del clero hasta los capellanes militares con rango de oficiales…, dando lugar a privilegios en el sentido más literal del término. Tales Acuerdos, en relación a los cuales no faltan argumentos para considerarlos contrarios a la misma Constitución de los que se hacen depender, tienen el efecto, más allá de lo estrictamente normativo, de prolongar unas determinadas posiciones de poder social e ideológico de la Iglesia Católica en la sociedad española como prórroga del nacional-catolicismo que tanto ha marcado nuestra historia en tiempos precedentes, con singular fuerza durante el régimen de Franco, en el que el catolicismo era religión oficial. A la vez, tal consideración constitucional de la religión católica refuerza un orden simbólico poco menos que intangible, con función de normalización cultural garante de continuidad gatopardista en medio de los cambios.

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